A inicios de los ‘90, el abogado Fernando Uribe-Etxeverría integraba un estudio con Ambrosio Rodríguez (Procurador de la República en dictadura y estrecho asesor de Pinochet) y con Alberto Cardemil (subsecretario del Interior del régimen militar). Entonces, Uribe-Etxeverría constituyó una sociedad para el peruano Jorge Saer, quien había llegado a Chile con una identidad falsa y era investigado por ingresar casi tres toneladas de coca a Alemania. Detenido en Santiago, Saer estaba a punto de ser extraditado cuando la justicia militar sorpresivamente le concedió una fianza y se esfumó. En Chile había contratado como jefe de seguridad a un ex escolta de Ambrosio Rodríguez, que era pagado por la CNI, y formaba parte de una red de peruanos indagados por narcotráfico que frecuentaban al químico de la DINA, Eugenio Berrios.
Cuando la PDI investigaba la desaparición del químico de la DINA, Eugenio Berríos, recibió una carta que abrió un camino insospechado en su indagatoria. Firmada por un chileno condenado por narcotráfico en España, la misiva señalaba que un antiguo socio de Berríos estaba detenido en ese país por haber tratado de internar cocaína.
El dato era cierto. Se trataba de Manuel Novoa Contador, un excolaborador de Berríos en su frustrado negocio, de mediados de los años 80, para vender productos de rosa mosqueta y boldo. La carta agregó información que no tenía la PDI: el líder de la red que usó a Novoa para transportar droga de Chile a España, en noviembre de 1991, se llamaba Juan Cornejo Hualpa, un narco peruano instalado en Buin, a las afueras de Santiago.
Tras seguir las pistas de la carta, la Brigada de Homicidios –encargada de investigar el paradero de Berríos, quien guardaba información clave sobre la utilización del gas sarín para eliminar opositores al régimen— terminó por detectar operaciones de tráfico a gran escala, incluyendo una red de narcos peruanos que operó en Chile a comienzos de los ‘90, hasta que algunos se fugaron del país. El recuerdo de estos hallazgos continúa fresco en la memoria del entonces inspector de la PDI, Nelson Jofré, quien afirma que “investigando el caso Berríos incluso nos dimos cuenta de que había una operación viva de tráfico de droga por valija diplomática a través de Montevideo a España”.
CIPER revisó cientos de documentos asociados a los protagonistas de estas historias y encontró vínculos entre personas de estas organizaciones y figuras de la dictadura con una estrecha cercanía con Augusto Pinochet, como Ambrosio Rodríguez, quien había sido nombrado Procurador General de la República por el dictador. Además de ostentar este cargo, el abogado contaba con la total confianza de los Pinochet Hiriart, al punto que la esposa del dictador le encargó su separación de bienes cuando en el Caso Riggs se comenzó a indagar el patrimonio de la familia. En esa investigación se comprobó que Rodríguez representó a Pinochet en compraventas de propiedades y transferencias de dinero.
A comienzos de los ‘90, Rodríguez compartía una oficina de abogados con el exsubsecretario del Interior del régimen y posterior diputado por Renovación Nacional, Alberto Cardemil, y con otro renombrado profesional, Fernando Uribe-Etxeverría.
Por distintos motivos, Uribe-Etxeverría y Rodríguez tuvieron vínculos con las actividades de un peruano de la red narco: Jorge Saer Becerra, quien llegó a Chile en 1989, escapando de una orden de captura internacional debido a que se le acusaba de haber internado casi tres toneladas de cocaína en Alemania.
Aquí, Saer fundó una fábrica de muebles de mimbre, la que, según la PDI, fue usada para traficar coca. Los documentos que originaron esa sociedad, además de sus modificaciones, fueron redactados y protocolizados ante notario por el abogado Fernando Uribe-Etxeverría, incluyendo el que ratificó a Saer como gerente general de la empresa poco antes de ser detenido por usar un pasaporte falso e infracción a la ley de armas, lo que ocurrió en septiembre de 1993.
En la misma empresa fue contratado como jefe de seguridad un exescolta de Ambrosio Rodríguez, el sargento (r) del Ejército, Raúl Contreras Salas. Según la declaración que Contreras entregó a la policía, ingresó a la empresa de Saer por recomendación de Uribe-Etxeverría. Además, dijo que mientras trabajó en dictadura, su sueldo era pagado por la Central Nacional de Informaciones (CNI) y que una vez que dejó este empleo, trabajó con la familia Edwards, dueña de El Mercurio.
Los delincuentes investigados a partir de la carta que recibió la PDI eran pesos pesados del tráfico internacional. Jorge Acosta Vargas ingresó a Chile en 1990, también con pasaporte falso. Su nombre real era Juan Cornejo Hualpa. En Perú fue acusado de esconder cocaína en un barco de la Marina, por lo que tenía orden de detención en ese país.
Luego de tomar contacto con Saer, Cornejo compró una parcela en Buin que alhajó con canchas de tenis y de fútbol, jacuzzis, piscinas, saunas, una discoteca, malla protectora antibalas y torres de vigilancia. Fundó una empresa de exportación de alimentos y se rodeó de cercanos al exagente de la DINA Eugenio Berríos, incluyendo a su exsocio Manuel Novoa Contador.
Cornejo estaba fuera de Chile cuando capturaron a Saer. Tras enterarse de ello, nunca más volvió al país. Años después, en una entrevista otorgada al medio peruano La República, Cornejo confesó que mientras estuvo en Chile conoció a Berríos y fichó a algunos miembros de su círculo cercano en su negocio de drogas.
“La DINA estaba metida en el narcotráfico”, afirmó.
Juan Cornejo Hualpa
En esa época, el químico de la DINA surgía como una pieza clave para desentrañar algunos de los crímenes de la policía secreta de Pinochet, y para rastrear una eventual responsabilidad del entonces jefe de Estado y del mandamás del organismo represor, Manuel Contreras.
Finalmente, el exagente de la DINA fue sacado de Chile y asesinado en Uruguay para evitar que declarara ante el ministro Adolfo Bañados, quien investigaba la muerte del excanciller Orlando Letelier.
Además de Saer y Cornejo, un tercer narco peruano asociado a este grupo fue Máximo Bocanegra Guevara, quien llegó a Chile en 1990 y se quedó hasta que fue deportado luego de cumplir una condena de 7 años por tráfico. Bocanegra también fue cercano a Berríos: siete testimonios recogidos en la investigación policial sobre el químico de la DINA indican que Bocanegra asistía a lugares públicos acompañado del exagente y que solía ofrecer negocios con cocaína que, según él, podía traer de Perú.
La policía siguió varios de estos antecedentes, pero nunca pudo amarrar los casos: Berríos fue hallado muerto en Uruguay, por lo que la investigación se centró en encontrar a los responsables de su asesinato; Cornejo se fugó antes de ser ubicado y Saer, cuando estaba a punto de ser extraditado a Alemania para enfrentar cargos por tráfico, logró que la justicia militar estableciera una fianza de $50 mil pesos para su libertad condicional, la que se pagó rápidamente. Nunca más se supo de él. En aquellos años en la justicia militar tenía una gran ascendencia el exfiscal militar y luego auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, otro hombre de confianza de Pinochet.
El expediente que se abrió contra Saer, revisado por CIPER, guarda una curiosidad: poco después de que el narco abandonó la exPenitenciaría, Torres Silva pidió revisar la investigación completa de su caso. En 2015, el ministro Bañados condenó a Torres a diez años y un día por formar parte del grupo que se concertó para sacar del país a Berríos. Murió en 2021.
CIPER se contactó con los abogados Rodríguez, Cardemil y Uribe-Etxeverría para conocer el origen y los alcances de su relación con Saer. Mientras el abogado de los Pinochet Hiriart no contestó consultas, Cardemil dijo que nunca tuvo relación con el narcotraficante. Uribe-Etxeverría explicó que conoció a Saer, que estuvo en su casa –en Lo Curro– en varias oportunidades y que nunca supo de sus ilícitos: “No tenía idea y, de haber sabido, por supuesto que jamás me habría involucrado. Se trató de una persona que conocí por medio de un grupo de amigos, nada más. Después de su detención perdí todo contacto con él”, afirmó.
Jorge Saer, instalado en Sudáfrica hace varios años, conversó brevemente con CIPER por teléfono. Antes de anunciar acciones legales ante la publicación de este artículo y de cortar la llamada, afirmó que nunca se dedicó al tráfico y que fue perseguido por la policía chilena sin razón: “Nunca conocí a Berríos ni me dediqué a lo que decían que me dedicaba. La PDI me metió en eso y yo no tenía nada que ver”. No contestó las preguntas sobre sus antecedentes en Perú y Alemania, y tampoco acerca de sus vínculos con expersoneros de la dictadura.
SAER: CONEXIONES PODEROSAS
Jorge Saer Becerra llegó a Chile bajo la identidad de Jorge Sáez Rivera. Abandonó su país en medio de una investigación por tráfico de cocaína. En Lima tenía una fundición con un socio. Ambos fueron acusados de integrar una red que habría ingresado 2.854 kilos de droga a Alemania. La policía peruana allanó la empresa de Saer, pero solo encontraron a su socio, quien fue detenido. Saer se refugió en casa de conocidos y contactó a su abogado para buscar una salida alternativa.
Óscar Medelius, defensor de Saer, logró un acuerdo: a cambio de entregar información sobre los cargamentos enviados a Europa, su cliente podría salir a Chile con un pasaporte bajo otra identidad.
Saer llegó a Santiago y se instaló en una casa en Lo Curro. Allí profundizó lazos con chilenos que conoció en Lima. A través de ellos tomó contacto con Fernando Uribe-Etxeverría, según explicó el propio abogado:
-Yo tenía un grupo de amigos con los que jugaba a la pelota. Ellos me presentaron a Jorge Saer, un peruano que invitaba a comer y beber con todo pagado. Era impulsivo, bueno para el “carrete” y simpático. Fui a su casa unas seis o siete ocasiones a comer, y a un cumpleaños. No éramos amigos, no compartimos un círculo social íntimo.
Uribe-Etxeverría dijo que no recuerda cómo, de ese contacto esporádico, pasó a redactar documentos notariales de la sociedad que Saer utilizó en Chile para fabricar muebles de mimbre: Los Cipreses S.A. “Debe haber sido porque uno de nuestros amigos en común me lo pidió”, sostuvo. En enero de 1990, Uribe-Etxeverría protocolizó amplios poderes de representación a Jorge Saer, quien podría mover dinero y abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad.
En esos años Uribe-Etxeverría integraba un estudio con dos figuras prominentes de la dictadura: Ambrosio Rodríguez y Alberto Cardemil.
La venta y exportación de muebles fue la principal actividad visible de Saer en Chile. Así lo demuestran las decenas de facturas por miles de dólares que emitió a nombre de sociedades extranjeras en Sudáfrica, Australia, México y Estados Unidos. CIPER rastreó los nombres de esas empresas y los de sus dueños. La mayoría de los documentos tributarios emitidos a compañías norteamericanas llevan el nombre de Rattan del Sur, una sociedad de su propiedad junto con Heinz Gildemeister, hermano del extenista chileno.
El 27 de enero de 1992, Jorge Saer contrató como jefe de seguridad de su empresa al sargento (r) del Ejército Raúl Contreras Salas. Vinculado a la CNI, Contreras fue escolta de autoridades de primera línea de la dictadura: del exsecretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra (1984-1987), de quien lo reemplazó en ese cargo, Orlando Poblete Iturrate (1987-1989), y de Ambrosio Rodríguez.
Contreras relató a la policía que, una vez terminada la dictadura, continuó trabajando para Rodríguez, hasta que Uribe-Etxeverría le recomendó el puesto de jefe de seguridad de Los Cipreses. Diversas fuentes contactadas por CIPER señalan que, además, Contreras fue chofer de Saer.
Consultado por la declaración de Contreras, Uribe-Etxeverría dijo que recuerda perfectamente al exmilitar, pero descartó haber conversado con él sobre oportunidades laborales:
-Lo conocí porque era escolta de Ambrosio (Rodríguez) y pasaba horas sentado en el estudio. Habremos cruzado palabras unas dos ocasiones, hablando de fútbol y cosas así, pero nunca le recomendé un trabajo ni mucho menos entrar a Los Cipreses.
El 11 de junio de 1993, Uribe-Etxeverría nuevamente protocolizó una sesión de directorio de Los Cipreses. Esta escritura se redujo en una notaría de Santiago apenas tres meses antes de que el peruano fuera detenido por la PDI, por usar pasaporte falso e infracción a la ley de control de armas en septiembre de 1993. El Sexto Juzgado del Crimen, que tramitaba el caso de la desaparición del químico de la DINA, se declaró incompetente respecto del segundo delito y derivó la causa a la justicia militar.
La PDI conocía los antecedentes de Saer en Perú y, de acuerdo con una investigación del periodista Manuel Salazar, también sabía que el peruano había internado casi una tonelada de cocaína desde su país, la que habría sido almacenada en una bodega en el oriente de Santiago para luego enviarla al extranjero. Además, contaba con testimonios que indicaban que los muebles de mimbre eran acondicionados con doble fondo.
Mientras Saer estaba recluido, la justicia chilena inició los contactos para enviarlo a Alemania. Fue entonces que, el 23 de diciembre de 1993, Saer logró que la justicia militar le fijara fianza. Se pagó al día siguiente, en vísperas de Navidad, y el peruano se esfumó. Tiempo después, uno de sus hermanos dijo a la PDI que cruzó a Argentina por un paso no habilitado de Puyehue, y que burló los controles hasta llegar a Sudáfrica.
Finalmente, la causa se cerró con el sobreseimiento de Saer por “rebeldía”, hasta que su paradero fuera identificado nuevamente.
CIPER pudo corroborar que, hasta hace un mes, Saer continuaba en Sudáfrica. En la corta conversación telefónica no alcanzó a referirse a otros datos que sugieren una conexión política importante con exautoridades de su país. Esto, porque el abogado que le consiguió el acuerdo para dejar Perú, Óscar Medelius, figura en los registros de ese país vinculado a la denominada mafia “fujimontesinista”, liderada por el expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Ambos cumplen condena por delitos asociados al narcotráfico, venta de armas y violaciones de derechos humanos.
Entre 1995 y 2000, Medelius fue diputado por los disueltos partidos Cambio 90-Nueva Mayoría. Antes de eso, fue notario público y regidor de Callao (Lima). En 2006, fue arrestado por su participación en la falsificación de firmas y huellas dactilares que permitió la reelección de Fujimori en 2000, un delito orquestado por el Servicio Nacional de Inteligencia, a cargo de Montesinos. Medelius volvió a la palestra pública en 2016, cuando defendió a un “capo” de la droga sentenciado a 35 años.
Saer también tenía un amigo que lo visitó durante largo tiempo en Santiago. La PDI logró recopilar algunos antecedentes sobre su estadía en Chile, ya que varios contactos de Saer declararon conocerlo. Su nombre era Alberto Pérez Caneto, quien se suicidó en 2002, cuando la justicia peruana investigaba un cargamento de 174 kilos de cocaína descubierto en 1996 en un avión presidencial de Perú, bajo el mandato de Fujimori. Según un narco detenido por estos hechos, Pérez y Montesinos jugaron un rol fundamental en ese ilícito.
Poco tiempo después del deceso de Pérez Caneto, el diario La República profundizó en estas acusaciones: “La vinculación de Pérez Caneto con la red de narcotráfico Montesinos-Fujimori fue revelada por el narcotraficante Eduardo Ureta Santander o Víctor Gallardo Susanívar, al ser interrogado el 7 de abril de 2001 en el consulado peruano en Córdoba, Argentina, país donde cumple pena de cárcel por narcotráfico (…) Eduardo Ureta dijo que Pérez Caneto era el encargado de pagar los cupos a policías y militares por el tráfico de drogas”.
Según La República, el narco detenido también dijo que Pérez y Montesinos “eran los verdaderos cabecillas del transporte de cocaína en el avión presidencial y en los buques de la marina”. El medio peruano sostuvo que el fiscal de la investigación había ordenado la detención de Pérez poco antes de su suicidio.
JUAN CORNEJO Y LOS SOCIOS DE BERRÍOS
Según la carta que llegó a manos de la PDI con información sobre la red de narcos peruanos, Juan Cornejo Hualpa era una pieza central del esquema. Al igual que Saer, Cornejo era buscado por Interpol por haber participado de la internación de 285 kilos de coca en un barco de la Armada peruana, llamado “Eten”.
De acuerdo con la declaración que Saer entregó a la PDI en septiembre de 1993, la solicitud de recibir y ayudar a Cornejo le fue instruida telefónicamente desde Perú, por alguien que identificó como “Fico Carnero”. Además, señaló que Cornejo no tardó en ofrecerle negocios: “Fue a mi casa en unas tres o cuatro oportunidades, y a mi fábrica de muebles iba más seguido. Recuerdo que me ofreció en unas dos o tres veces la oportunidad de ingresar al mundo del narcotráfico, y en la cual me decía que podíamos ocupar los muebles que yo importaba a Europa, para ser más específico a España, para introducir cocaína. En esa oportunidad no acepté, por ser muy riesgoso, ya que yo vine a Chile a trabajar en forma honrada”.
Saer, eso sí, admitió que habitualmente le compraba 10 o 15 gramos para consumo personal. Los antecedentes más importantes que entregó Saer en esa declaración tienen que ver con las redes que tejió su compatriota en Chile. Nombró a dos personas clave: Francisco Pascal Dittborn y Rodolfo Robinson. El primero fue socio de Cornejo en la empresa de exportaciones Suset. El segundo, fue empleado de esa compañía y se erigió como el asesor más cercano del narco peruano, quien le encargó la vigilancia de sus finanzas personales y de su empresa. Según los antecedentes que recopiló la PDI, Suset también funcionó como un negocio de pantalla para mover cocaína de Perú a Estados Unidos y Europa.
En los apuntes de la policía, Pascal destacaba por haber estado preso en Tahiti en 1991 por posesión e internación de cocaína y por haber conocido a Saer en Perú, antes de que se radicara en Lo Curro. Robinson, por su parte, era amigo cercano de dos contactos del químico Berríos: Manuel Novoa y Emilio Rojas, quien trabajó como agregado cultural de Chile en Uruguay desde mediados de 1991.
Rojas siempre concitó el interés de la policía en la trama de la desaparición de Berríos. Existían motivos: había trabajado como relacionador público del químico cuando este intentó instalar su negocio con boldo y había tenido contacto telefónico con él cuando ambos estaban en Uruguay, mientras el ministro Bañados y la PDI buscaban al exagente de la DINA. Según un reportaje publicado por Mónica González en revista Siete+7, el sumario que se inició en la Cancillería a raíz de estos hechos comprobó que Rojas nunca informó esa llamada a sus superiores, pero sí lo hizo al coronel Emilio Timmermann, agregado militar en Uruguay.
El 15 de septiembre de 1993, la policía consultó a Rojas por Robinson y Cornejo. El empleado del consulado chileno admitió conocer a ambos. Agregó que una vez cenaron los tres en Montevideo.
Las conexiones entre Cornejo y el entorno más cercano de Berríos se estrecharon cuando llegó a manos de la PDI la carta mencionada al inicio de este artículo, escrita por un chileno con antecedentes por narcotráfico y estafa, Juan Momberg Villarroel.
El 7 de octubre de 1993, Momberg declaró en el marco de la investigación de la justicia militar contra Saer. Entre otras cosas, mencionó la parcela que Cornejo tenía en Buin. Según los registros revisados por CIPER, Cornejo adquirió ese inmueble el 6 de diciembre de 1991. En ese lugar ocurrió un episodio que conecta la red de narcos peruanos cercanos al exagente Berríos, con la trama de Focus, la empresa controlada por narcos internacionales y traficantes de armas que dirigía Edgardo Bathich, y con la que tuvieron vínculos de negocios los dos hijos varones de Pinochet: Marco Antonio y Augusto (vea el primer reportaje de esta serie: “Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes”).
Según declararon distintas personas, incluyendo familiares de Cornejo, entre fines de 1991 y principios de 1992, Carabineros allanó la parcela y encontró cocaína. El oficial a cargo del procedimiento, de acuerdo con esos testimonios, fue el entonces comisario de Buin, Marcelo Vargas Goas.
Los testigos del allanamiento señalaron que Vargas habló en privado con Cornejo y no presentó los antecedentes a los tribunales. Días más tarde, fue a cenar a esa misma casa, forjando una relación de amistad con su dueño. Los mismos testigos afirmaron que Cornejo le regaló un auto Hyundai cero kilómetro y figuras de porcelana y oro, y que una vez fueron a la casa del carabinero a festejar su cumpleaños.
En la lista que entregó a la PDI, Momberg identificó a Vargas como “protector” de Cornejo y de Edgardo Bathich. En la trama de Bathich, el nombre del oficial apareció en la lista de compradores de camiones de Transportes BM, empresa vinculada al comerciante de ascendencia siria.
Vargas fue citado a declarar y señaló que conocía a Bathich, ya que ambos provenían de San Vicente de Tagua-Tagua. Además, fue objeto de una investigación sumaria que terminó con una amonestación, por haber adquirido dos vehículos para desempeñar funciones, lo que iba en contra del protocolo (los carabineros no pueden ejecutar labores que supongan un conflicto de interés con su rol policial).
"LA DINA ESTABA METIDA EN EL NARCOTRÁFICO"
A diferencia de Saer, Cornejo nunca fue detenido en Chile. Según declaró su pareja de ese momento, Susana Balcazar, en enero de 1993 viajó a Argentina y no volvió.
Archivos de prensa de Perú indican que, menos de diez años después, Cornejo regresó a su país y purgó 20 años por el caso del barco “Eten”. Así lo señaló una entrevista que La República publicó el 18 de enero de 2002, en la que habló sobre su estadía en Chile y en la que reveló un dato hasta entonces desconocido: que conoció al químico de la DINA y que estuvo con él en Uruguay y Argentina.
Sobre Berríos, dijo que “era un vicioso (pero) él no estaba metido en el narcotráfico”. Consultado por cómo conoció al químico, Cornejo señaló que no lo recordaba con exactitud, pero que debe haber sido por medio de personas que frecuentaban su parcela de Buin.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos (…). La DINA estaba metida en el narcotráfico, igual que el Servicio de Inteligencia Nacional con Montesinos. Aquí no puedes traficar si no estás con la policía”, afirmó.
Además de esto, corroboró que no volvió a Chile luego de enterarse de la detención de Saer: “Yo estaba en Argentina y un amigo coronel de Carabineros me dijo: no regreses, te están buscando. Yo tenía mi problema en el Perú y me quedé en Argentina, en Uruguay, y después regresé a Lima. Quiero solucionar mis problemas”.
Cornejo olvidó esas palabras. Según una nota de El Comercio, fue detenido en 2019 en un operativo que desbarató a una banda narco que enviaba coca al extranjero.
LOS "TRAJES" DE MÁXIMO BOCANEGRA Y BERRÍOS
En el expediente policial sobre la desaparición de Berríos, al menos siete personas declaran haberlo visto en sus últimos años de vida junto a Máximo Bocanegra Guevara, otro peruano que ingresó a Chile en 1990. Nunca quedó claro cómo Bocanegra apareció en la vida de Berríos, pero sí que eso ocurrió cuando el exagente estaba a punto de colapsar: acechado por deudas con prestamistas y bancos, y atormentado por los crímenes en los que participó, se mudó a Viña del Mar para disminuir su nivel de exposición. Ahí fue detenido por una pelea callejera y trasladado a Capuchinos por una orden de detención pendiente por giro doloso de cheques. Estuvo recluido entre febrero y marzo de 1991.
Las cintas que reveló el CIP-UDP en su podcast, muestran que la PDI indagó el nexo entre el químico y Bocanegra sin poder comprobar que el peruano se dedicaba al tráfico. En una conversación entre Berríos y Bocanegra, grabada secretamente por el químico, hablan de “motes” y “ternos” como sinónimos de kilos de cocaína. El diálogo se sumó al cúmulo de evidencias que la PDI anotó en su investigación. Cuando fue requerido por la policía, el propio Bocanegra dijo que Berríos le regaló cápsulas de metanfetaminas en más de una ocasión.
“En relación a lo que ha salido en los diarios sobre mi relación con él, es totalmente falso, lo único que me ligó a Eugenio Berríos, fue una amistad sin ningún tipo de interés”, concluyó Bocanegra cuando fue entrevistado por la policía.
El caso de Berríos se apagó con los años y Bocanegra echó raíces en el país. Eso, hasta que el 17 de junio de 2001, fue detenido en San Bernardo como pieza de una red de traficantes peruanos y colombianos que internaba cocaína, para luego exportarla a Europa y Estados Unidos. Por este delito, fue condenado a siete años de cárcel y deportado.
Carabineros allanó su casa y una propiedad que tenía en Melipilla. No encontró droga. Sin embargo, la ubicación de la parcela de Bocanegra podría ser relevante para esclarecer una de las grandes preguntas que dejó Berríos antes de ser asesinado: ¿qué le dijo al agente chileno de la DEA, Jorge Alarcón Dubois, cuando se reunió en privado con él en 1991?
INTERPOL VERSUS DEA
Según información que publicó la prensa de la época, Berríos intentó entregar información sobre sus supuestos socios peruanos en el negocio del tráfico de drogas a cambio de protección. Sin embargo, la DEA habría descartado sus denuncias por motivos que no están del todo claros.
CIPER detectó que una respuesta plausible se encuentra en uno de los cuadernos derivados del caso Riggs. Específicamente, en un informe policial del 24 de abril de 2003, cuando –en plena investigación por el homicidio de Berríos– Interpol Chile solicitó al FBI que le entregara algunos datos sobre Jorge Alarcón Dubois y el jefe que en 1991 tenía en la DEA.
El agregado civil de la Embajada de Estados Unidos en Chile y funcionario de la DEA, James Kuykendall, coordinó una entrevista con los oficiales investigadores para conocer más detalles sobre su requerimiento. En esa cita, Kuykendall rayó la cancha: Alarcón todavía era agente de la DEA y la entrevista debía esperar hasta que sus superiores norteamericanos la autorizaran.
Tras cinco días de silencio, la policía chilena decidió ir a buscar a Alarcón a su casa para citarlo. El documento policial indica que el oficial a cargo de la diligencia conversó con Alarcón, quien “manifestó que no tenía ningún inconveniente en entregar toda la información respecto a los antecedentes que obtuvo y su contacto con Eugenio Berríos Sagredo, quedando esta entrevista para el día siguiente”.
24 horas después, Kuykendall apareció en la Oficina Central Nacional de Interpol junto con Alarcón. El norteamericano expresó su “incomodidad” por la citación y, además, frustró cualquier opción de que Alarcón colaborara, aduciendo que la información que manejaba era secreta y protegida por leyes norteamericanas”.
En el mismo informe policial, se consignó la declaración del suboficial de Ejército (r) David Morales Lazo, quien conoció a Berríos a principios de los 70 en el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Lazo contó que le había preguntado al químico qué antecedentes había aportado a la DEA. Así recordó su respuesta:
“Me comentó que había hablado todo del (gas) sarín a la gente de la DEA y había entregado la ubicación de dos laboratorios ubicados en ‘tierra de nadie’ en la frontera de Iquique, un laboratorio de elaboración de cocaína en Melipilla y una tonelada de cocaína que estaba oculta en la ciudad de Talcahuano. Ahí me enteré que uno de sus socios era un peruano de nombre Máximo Bocanegra, y que Berríos era su ‘cocinero’”.
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