Corrupción municipal: CDE ha presentado querellas en el 40% de las comunas del país y 32 alcaldes han sido imputados

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado 203 querellas, desde 2009, por delitos de corrupción que involucran a municipalidades, corporaciones municipales, funcionarios y autoridades comunales. El registro -entregado por Ley de Transparencia-, indica que el CDE consideró que contaba con datos suficientes para presentar una acción judicial en 135 municipios, casi un 40% de las 346 comunas del país. De estos casos, 95 fueron cerrados o suspendidos, pero en el 58% de ellos no se determinaron culpables. La Municipalidad de Tierra Amarilla (Atacama) lidera el ranking con siete causas y dos exalcaldes investigados.

11 de noviembre de 2017 y Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso desde el año anterior, ingresa una querella por posibles delitos de fraude al Fisco en ese municipio. Cinco meses después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad encargada de defender legalmente los intereses del Estado de Chile, consideró que los datos eran suficientemente serios como para sumarse en la causa con una querella. 

En el escrito que el CDE ingresó al tribunal se detallan las irregularidades detectadas en las cuentas de la Municipalidad de Valparaíso: remuneraciones irregulares en la corporación municipal (Cormuval); un contrato con la empresa Transport para el arriendo y reparación de vehículos que fue modificado 14 veces y que pasó de costar 4.800 UF a 11.400 UF mensuales; una licitación adjudicada a Penta Security por seguros para bienes municipales que significó pagos en exceso a la compañía por $18.143.519 y que incluyó seguros para 14 camiones que no eran de la municipalidad, lo que provocó un pago improcedente de $29.715.644 (vea esa querella). 

Actualmente esa causa se encuentra finalizada. A pesar de las irregularidades detalladas por el CDE, el 9 de diciembre de 2021, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se decidió no perseverar sin siquiera formalizar la investigación.

Tal como ocurrió en el caso de Valparaíso, son muchas las causas en las que el CDE considera que hay datos suficientes para sustentar una querella por graves irregularidades en el manejo del dinero municipal, pero que terminan en nada: sin culpables ni sanciones. Así lo indican los registros de acciones judiciales interpuestas por el CDE a nivel municipal entre 2009 y marzo de este año, información que fue pedida por CIPER vía Ley de Transparencia. El análisis de los datos indica que casi el 58% de los casos que ya se han cerrado termina sin condenas. 

En total, son 203 procesos judiciales en los que el CDE ha presentado una querella por delitos de corrupción que involucran a municipalidades, corporaciones municipales, funcionarios o autoridades comunales (vea la nómina completa). Accedimos a 196 de ellos, porque seis se encuentran bajo reserva y con diligencias en curso, y otro, que es parte del sistema judicial antiguo, no está disponible en la plataforma del Poder Judicial. 

Luego de revisar caso a caso, salta a la luz la primera conclusión: a lo largo de todo el país, los gobiernos comunales parecen ser un campo fértil para los delitos de corrupción. Si en Chile hay 345 municipios, el CDE se ha querellado por irregularidades detectadas en 135 de ellos (cerca del 40%). En 37 de las 196 causas que pudieron ser revisadas, uno de los acusados es el alcalde o un exjefe comunal.

En el Consejo de Defensa del Estado, señalaron a CIPER que la nómina corresponde a las investigaciones que para el sistema del CDE se mantienen vigentes: “Pero, que una causa esté activa en nuestro sistema no significa que sea una causa activa en el proceso penal”. 

El catálogo abarca procesos judiciales entre 2009 y marzo de 2023. Por ese motivo no figura, por ejemplo, la causa del caso Itelecom (luminarias) en Puente Alto, en la que el CDE presentó una querella el pasado 9 de mayo (Caso Itelecom: detectan 66 pagos en efectivo a principal asesor de Germán Codina por $203 millones). 

Es la Municipalidad de Tierra Amarilla, con siete causas, la que lidera el ranking de las indagatorias por casos de corrupción. Le siguen los municipios de Viña del Mar, Talcahuano, Maipú, Cerro Navia y Chillán, con cinco investigaciones cada uno.

El cruce de los datos sobre el estado procesal de las causas muestra que hay una alta ausencia de culpables en los casos que ya fueron cerrados y poco avance en las investigaciones del Ministerio Público. Hasta el 31 de julio pasado -cuando se cerró la revisión de la base de datos para este reportaje-, de las 196 causas chequeadas, 14 se encontraban suspendidas definitivamente y otras 81 estaban concluidas, ya sea con sentencia o salidas alternativas: 21 con decisión de no perseverar, 16 con sobreseimiento definitivo, tres archivadas, tres causas acumuladas en otras investigaciones, otra causa cerrada sin sentencia y con solicitud de reapertura pendiente, y 37 con, al menos, uno de los imputados condenados. 

De acuerdo con la revisión realizada, las causas suspendidas y concluidas suman 95. Y el 57,8% de esos casos se cerraron sin culpables o condena. 

Los 101 procesos restantes continúan en tramitación contra al menos un acusado. Pero hay un detalle importante, en 21 de esos casos no se han hecho esfuerzos por avanzar en la investigación en casi dos años y tampoco hay formalizados. Además, hay otros cuatro que tienen fijada la audiencia para comunicar la decisión de no perseverar. De esta forma, las causas ya cerradas, las que están a punto de hacerlo y en las que no ha habido avances suman 120. Los 76 restantes mantienen diligencias en curso. 

Las figuras penales que se repiten una y otra vez en las querellas interpuestas son las de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y negociación incompatible. Pero, también hay nueve casos en los que se ha investigado un delito mucho más difícil de probar: la presunta existencia de asociaciones ilícitas entre funcionarios y particulares.  

En la mayoría de las investigaciones, las figuras denunciadas afectan el patrimonio público, como es el caso de la malversación o el fraude. Hay 131 procedimientos por estos delitos, en los que las querellas interpuestas por el CDE y las acusaciones realizadas por el Ministerio Público determinan, preliminarmente, el perjuicio fiscal causado a cada municipio. La suma de esos 131 casos indica que la cifra total asciende a casi $79 mil millones.

LOS ALCALDES ACUSADOS

El 16 de junio la noticia de que Raúl Torrealba (ex RN), exalcalde de Vitacura, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, copó la agenda. Pero, entre los 37 procesos judiciales en que un jefe comunal ha sido acusado por delitos de corrupción, el caso de Torrealba es una excepción. Pocos de ellos han pisado la cárcel, ya sea como medida cautelar o en cumplimiento de una sentencia. Es más, según el registro trabajado por CIPER, solo cinco de ellos han sido condenados en un tribunal.

Son 32 los alcaldes que aparecen como imputados en estos procesos judiciales. En el extenso repertorio de causas, CIPER identificó aquellas que involucraban directamente a un edil como imputado y hay casos en que una misma persona ha enfrentado más de una investigación en su contra, como sucedió con Osvaldo Delgado (Tierra Amarilla), Pedro Sabat (Ñuñoa) y Christian Vittori (Maipú).

Tierra Amarilla también lidera el ranking de la municipalidad con más alcaldes o exalcaldes imputados: dos (Mario Morales y el fallecido Osvaldo Delgado). Según una querella del CDE, en 2017 el representante de una constructora habría entregado dinero al entonces concejal Mario Morales (ex PS), para asegurarse la adjudicación de una licitación de alumbrado público. De acuerdo con la versión sostenida en la querella, Morales habría usado el dinero para asegurar su designación como alcalde suplente. Una vez en el cargo, según la denuncia del CDE, adjudicó el proyecto a la constructora y habría ocupado el mismo mecanismo para favorecer en otro concurso a una segunda empresa (vea esa querella). 

Aunque la causa continúa en desarrollo, de acuerdo con la información de la plataforma del Poder Judicial el procedimiento se encuentra suspendido respecto de Mario Morales. 

El fallecido exjefe comunal de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado (PRO), enfrentó cuatro investigaciones por irregularidades detectadas durante su gestión. Aunque tres de esos procesos continúan en tramitación, todos concluyeron respecto de Delgado, luego de su muerte en octubre de 2021.

Entre otras cosas, se le acusó de autorizar sin fundamento -junto al concejo municipal- viajes al extranjero por montos que superaban los $80 millones. En otra causa, se le imputó por la contratación de una prima como secretaria ejecutiva en la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo, quien, luego de asumir el cargo, empleó a su núcleo familiar más cercano y habría sustraído dinero de las cuentas corrientes de la corporación. 

En esta nómina también se ubica la investigación que debió enfrentar la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), en el caso “Horas Extras 1”, donde el tribunal determinó decisión de no perseverar en el procedimiento contra la exjefa comunal; el exedil de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex RN), por la contratación en la municipalidad de Alain Goffard Rodríguez (socio de su hijo en la empresa Saygo SpA), caso por el que fue condenado a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo; el ex representante comunal de Maipú, Christian Vittori, por el Caso Basura, proceso judicial del que fue absuelto junto a otros seis imputados; Mario Gebauer (ex PPD), edil de Melipilla entre 2008 y 2016, en la investigación vigente sobre la licitación de luminarias a Itelecom; el exalcalde subrogante de Chillán, Ricardo Vallejos, en el Caso Aljibes, indagatoria que tiene fijada la audiencia de juicio oral para el próximo 11 de diciembre; Álvaro Berger (ex PS), el exalcalde de Puerto Varas que fue condenado a cinco años de libertad vigilada por fraude al fisco; y la exedil de Antofagasta, Karen Rojo, condenada por la polémica contratación de la compañía Main Comunicación Estratégica por parte de la corporación municipal que lideraba. 

A esos nombres se suma también el actual alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao (Ind), contra el cual el CDE presentó una querella en 2017, luego de que el jefe comunal obligara a una funcionaria a generar un decreto municipal ideológicamente falso, ya que, el documento aseguraba que el edil debía cumplir labores propias de su cargo en la comuna de Negrete, cuando en realidad utilizó ese tiempo para actividades de esparcimiento e, incluso, se vio involucrado en un accidente de tránsito. En paralelo a la acusación del Consejo de Defensa del Estado, Reinao enfrenta cargos por violación y abuso sexual cometidos contra seis víctimas, en hechos que, según reveló Mega Investiga, habrían ocurrido entre 2006 y 2019. Acusaciones por las que se espera sea formalizado el próximo 25 de septiembre.

Aunque los casos de corrupción parecen ser transversales en los partidos políticos, son los miembros y exmiembros del PPD quienes lideran el listado: ocho de los 32 alcaldes imputados han militado en ese partido. Hay otros cinco que lo han hecho en Renovación Nacional, cinco más en el Partido Socialista, cuatro en la UDI y tres en la DC (vea la lista completa aquí).

PRINCIPALES CASOS: LUMINARIAS Y DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

En mayo de 2020 se hizo público el caso Luminarias, en el que se descubrió que la empresa Itelecom llevaba años adjudicándose licitaciones en las comunas de Iquique y Chillán. Actualmente, son más de 12 las municipalidades investigadas por soborno y cohecho a lo largo del país (vea notas sobre Itelecom). Ese caso, además, se vincula a las anomalías detectadas en los contratos de camiones aljibes en Chillán, pues tienen en común a un exadministrador municipal. 

Entre las 196 causas revisadas para esta investigación, hay al menos nueve que apuntan a fraudes relacionados con licitaciones de luminarias LED y alumbrado público. Principalmente, los cuestionamientos responden a la envergadura de los contratos suscritos, tanto respecto a los montos, como a los plazos pactados. Pero Itelecom no es la única empresa objetada. También lo está Chilectra y CAM Chile (prestadora de servicios de Chilectra), por una licitación adjudicada por La Cisterna en 2015 y que tiene al exjefe comunal, Santiago Rebolledo (PPD), involucrado en el proceso judicial. Esta causa continúa sin ser formalizada (vea esa querella). 

Otras empresas que figuran en el listado son ELEC Chile, en Iquique, por un contrato que nunca llegó a firmarse; Constructora Sol, en Tierra Amarilla, y LG Electronics Incs Chile Limitada en Cauquenes.

Además de las luminarias, los registros del CDE muestran otro foco de corrupción municipal: licencias de conducir y permisos de circulación. Hay, por lo menos, 20 investigaciones abiertas por irregularidades en esta materia, las que involucran a 15 municipalidades. 

La mayoría de las causas son por el otorgamiento de licencias de conducir o permisos de circulación ideológicamente falsos, pues se entregan a personas que, por razones médicas, educacionales, capacidades técnicas o situación migratoria, no cuentan con los requisitos. Según las querellas, los funcionarios municipales investigados por estos casos cobraban entre $80 mil a $300 mil por distintos servicios. 

Las irregularidades con licencias y permisos han ocurrido en comunas de todo el país, como San Joaquín, Angol, Coelemu, Carahue, La Pintana, Santa María, Doñihue, Sagrada Familia, Quilicura, La Florida, Peñalolén, Pencahue, Pirque, Lo Barnechea y Calera de Tango. 

En Pirque, por ejemplo, un exconcejal, David Nieto Barrera (PPD), fue acusado por el entonces alcalde de la comuna, Cristián Balmaceda Undurraga, de utilizar su condición de autoridad frente a dos funcionaras municipales, para obligarlas a emitir un permiso de circulación a su favor, aun cuando su vehículo registraba 33 condenas por infracciones a la Ley de Tránsito y multas impagadas que superaban el millón de pesos. En esta causa, el Juzgado de Garantía de Puente Alto dictaminó la decisión de no perseverar en el procedimiento. 

Pero hay otros casos relacionados a las direcciones del tránsito de los municipios, que no tienen que ver con licencias de conducir o permisos de circulación. En una causa de 2019, que afecta a la Municipalidad de Providencia, el CDE acusó al entonces director del Tránsito de esa comuna de intervenir en licitaciones para favorecer a dos empresas en las que ejercía labores de administración uno de sus socios.  Y aunque esa investigación se encuentra cerrada, el pasado 26 de julio, el Consejo de Defensa del Estado solicitó la reapertura del procedimiento. 

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.