Nuevo mapa de la información: desconfianza, videos virales y prensa bajo amenaza

Cada vez más personas eligen informarse por vías digitales y plataformas de videos, mientras aseguran desconfiar de los medios tradicionales. En este cambio del mapa informativo global hay responsabilidades compartidas, advierten los autores de esta columna para CIPER, docentes de periodismo: «Un tipo de crítica, indispensable, es aquella que les exige a los medios ser más transparentes, más precisos y menos sesgados. Sin embargo, otras se basan en ataques destemplados a medios y periodistas que cada vez más incluyen abuso verbal, acosos e, incluso, ataques coordinados.»

Durante junio se dieron a conocer los resultados del más reciente informe anual del Instituto Reuters sobre consumo de noticias en medios digitales («Digital News Report 2023»). La encuesta realizada a más de 93 mil personas en 46 mercados advierte que el contenido en videos, distribuido por plataformas tipo TikTok, Instagram y YouTube, se ha vuelto más importante para informarse que medios periodísticos establecidos. Se suman a ello índices al alza en la desconfianza de los encuestados en las fuentes convencionales de noticias. A esta baja credibilidad contribuyen diferentes factores; algunos, de responsabilidad de quienes trabajan diariamente en la información, y otros de quienes deslegitiman el oficio (a veces, desde posiciones de poder).

Un tipo de crítica, indispensable, es aquella que les exige a los medios ser más transparentes, más precisos y menos sesgados. Sin embargo, están también las que se basan en ataques destemplados a medios y periodistas, y que cada vez más incluyen abuso verbal, acosos e, incluso, ataques coordinados. Un clima en el que líderes autócratas o populistas demonizan a periodistas y a la prensa ha alimentado lo que se conoce como «censura de la turba» (mob censorship); suerte de vigilantes ciudadanos organizados para disciplinar a los periodistas.

Según el citado informe, los encuestados que en América Latina confían en los medios y periodistas ronda el 30%; y, en Chile, apenas poco más de tres de cada diez entrevistados  dicen confiar en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Es por eso fundamental que voces prominentes no contribuyan a una esfera pública que sea hostil a la prensa y a los periodistas. El patrón descrito en otros confines del globo demuestra que ese enfrentamiento termina por afectar la libertad de prensa.

La violencia contra el periodismo se ejerce de múltiples formas: amenazas, despidos, procesos judiciales penales y alimentación del odio colectivo en redes sociales digitales (particularmente, contra mujeres reporteras). Por esta razón, cuidar las formas de la relación del poder con la prensa constituye, también, una cuestión de fondo, y resulta fundamental para garantizar el ejercicio seguro del periodismo y de la comunicación pública, así como la subsistencia de espacios para ejercerlo en un ecosistema mediático que llora por mayor pluralismo.

Es así como se mantiene la buena salud de la democracia: sin un periodismo pleno, no hay democracia plena.
 
 
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«Entonces estamos mal». Los testigos presentes en el palacio de La Moneda recuerdan cuando, a mediados de abril pasado, el presidente Gabriel Boric le despachó con encono esta frase a un profesional de Agencia Uno por haberlo fotografiado sin autorización en su oficina; en un momento en que la puerta estaba abierta y las cortinas extendidas. En la imagen, el Jefe de Estado aparece con una pelota antiestrés en una de sus manos y frunciendo el ceño. Es un tiro de cámara a un piso de altura, pero recurrente entre los periodistas gráficos apost(ol)ados en el patio del palacio presidencial: una foto que, con variaciones, les ha sido tomada a todos los presidentes.

Todas las ventanas de La Moneda son públicas, se murmuró en las redacciones de prensa al conocerse el reproche de Boric. Amplió luego el Colegio de Periodistas de Chile en su cuenta de Twitter: «Las autoridades públicas deben ser las primeras en respetar la labor de la prensa. Condenamos el abuso de autoridad ejercido por el presidente Gabriel Boric contra un fotógrafo en La Moneda […]. Las autoridades deben tener un discurso público de respeto irrestricto a la libertad de prensa».

Lo cierto es que el caso citado puede extenderse. La concentración de la propiedad, publicidad y audiencias de los medios tradicionales en Chile; las redes de poder entre las élites políticas, económicas y mediáticas, y el uso de redes sociales digitales para escarmentar periodistas dibujan hoy un medioambiente complejo, a veces hostil, para desarrollar el oficio. La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras rankeó a Chile en el puesto 83 (de un total de 180) en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 (veintinueve lugares más abajo que en 2021). En el último lustro, Chile ha descendido más de cincuenta posiciones en el equivalente al termómetro que mide las condiciones del ejercicio del periodismo en el país. Se indica en el citado informe:

«Aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución chilena y en el ordenamiento jurídico, no siempre se respeta en la práctica. El periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar al periodismo».

La muerte de la comunicadora Francisca Sandoval el 1 de mayo de 2022 mientras cubría una marcha sigue sin condenados. Sandoval es la primera víctima trabajadora de las comunicaciones asesinada desde la dictadura y su caso conmocionó a un país que aún no ha perdido —afortunadamente— su capacidad de asombro ante un crimen como el suyo. En otras naciones de la región, las experiencias de periodistas y comunicadores caídos o secuestrados se acumulan en notas breves publicadas en las páginas de crónica roja.
 
 
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Los medios, a veces, se equivocan. En otras ocasiones, coinciden con agendas políticas o económicas específicas. En algunos momentos, están más cerca del poder y de los poderosos de lo que resultaría sano para una sociedad democrática e igualitaria. Como la historia demuestra, hay momentos en que los medios han sido cómplices de proyectos antidemocráticos y racistas (durante la Alemania nazi o el macartismo estadounidense, bajo las dictaduras sudamericanas o en medio del genocidio en Ruanda, por ejemplo).

En democracia se espera que tanto las instituciones como los medios corrijan y reparen eventuales errores. Existe el derecho a réplica y la retractación (cuestiones que también contemplan los tratados internacionales en la materia a los que Chile está suscrito). Sin embargo, el ecosistema se empantana cuando un presidente interviene directa y públicamente en estas discusiones y asesta golpes duros al ejercicio del periodismo, alimentando una bola de nieve sobre polémicas de poca monta. Lamentablemente, desde el regreso de la democracia, a la prensa chilena no le han faltado telefonazos, reprimendas y/o restricciones para acceder no solo a La Moneda, a las giras o a los aviones presidenciales, sino también al Parlamento, la Convención Constitucional o a las actividades en terreno de autoridades de distinto calado.

En entrevista de hace unos años, el entonces relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, comentaba que en América Latina hay una incomprensión del rol que juega la prensa en los sistemas democráticos: «El estándar que tiene la Comisión y la Relatoría en este sentido es que para casos de interés público no se debería utilizar el derecho penal, sino otros tipos de mecanismos, como el derecho a la rectificación y respuesta o, eventualmente, el fuero civil; pero no el derecho penal».

Pero la persecución penal de periodistas en Chile ha existido en democracia y sigue existiendo, si consideramos que tan sólo en lo que va de 2023 al menos dos responsables de medios (los de los sitios Interferencia y Resumen.cl) han sido condenados en primera instancia por delitos de injurias y calumnias, en el marco de investigaciones judiciales.

También el hostigamiento en espacios digitales se ha vuelto recurrente en contra de profesionales de la prensa, y va desde el acoso y difusión de información personal hasta amenazas de muerte. Según el Colegio de Periodistas de Chile, «el acoso y el hostigamiento masivo y sistemático contra mujeres periodistas tiene como finalidad acallarlas o sacarlas del espacio público digital. No sólo las afecta a ellas, sino que se expande como una ola de censura. Dichas acciones buscan un efecto disciplinador y afectan a las comunicaciones como pilar de la democracia. Desde el periodismo y la ciudadanía debemos conocer las diferencias entre las líneas editoriales de los medios y el rol que cada periodista cumple». Estudios recientes en Chile y en América Latina demuestran que no se trata de casos aislados. Siete de cada diez reporteras encuestadas en un estudio global de la UNESCO señalan haber sufrido violencia digital. Un cuarto de las encuestadas reportan haber recibido amenazas físicas a través de las redes.
 
 
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En el otro hemisferio, el presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO), se ha mostrado en numerosas ocasiones carente de escrúpulos para atacar con nombre y apellido a periodistas y medios de comunicación de su país. En lo que va de su administración se ha referido a la prensa con epítetos como «hampa del periodismo», «prensa fifí» y «conservadores». En ocasiones, el mandatario incluso detalla sin filtro la vida privada de algunos profesionales. Evidentemente, no es la única autoridad que ha adoptado este tipo de relación confrontacional con la prensa. En la actualidad, existen periodistas latinoamericanos que viven en el exilio o están encarcelados por hacer su trabajo. Nuestro continente sigue siendo el más mortal para el ejercicio del oficio.

No existe una ecuación para aquilatar la relación entre periodismo y presidencia, pero apuntar en cualquier nivel desde el poder a la prensa siempre será un error. En una democracia existe un variopinto conjunto de herramientas para discutir sobre el rol ético de los medios, desde las escuelas de periodismo hasta los tribunales de medios o de gremios, lo cual invita al debate y la discusión.

Un medio con varias causas éticas abiertas pone en tensión la máxima del oficio: la credibilidad. Pero un presidente que apunta con el dedo a quienes ejercen el periodismo no solo coarta la libertad de prensa, sino que horada su propia confianza como autoridad. Lo de AMLO llegó al paroxismo: en abril de 2019 citó en Twitter el poema “Mmmh!”, del chileno Mauricio Redolés, dedicándoselo a sus opositores que «solo ven el árbol y no miran el bosque». Paradójicamente, esos versos de Redolés servirían para describir al propio López Obrador y su persistencia en atomizar la libertad de informar:

Hubo una vez un reino
en el cual la ley principal decía
«SERAS SECTARIO»

¿Resultado?
Las mariposas se negaron a trabajar con las flores
y sucumbió la primavera.