CARTAS: Indicios de corrupción en la creación del Parque Nacional Patagonia
10.07.2023
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10.07.2023
Señor director: Una de las alegrías más grandes que vivimos en Aysén luego de la ardua batalla en contra del proyecto hidroeléctrico de HidroAysén fue precisamente el desistimiento de Enel-Italia, empresa que había comprado los derechos de la intención a Endesa-España, de llevarlo a cabo, fundamentando su desistimiento en haber entendido la importancia de la cuenca del Lago General Carrera no solo para la región y el país, sino también para el porvenir del planeta. Poco tiempo después, se confirmó en la misma zona la creación de la Ruta de los Parques de la Patagonia, y la apertura de los parques nacionales Patagonia, Cerro Castillo, Pumalín y Melimoyu con sus respectivos decretos. El sueño de Douglas Tompkins celebrado oficialmente por Michelle Bachelet en las postrimerías de su segundo período de gobierno.
Qué más se podía pedir, luego de una batalla que fue sustentada por una ciudadanía que salió a las calles y visitó la Moneda por una «PATAGONIA SIN REPRESAS».
Sin embargo, no tardamos en enterarnos, en marzo de 2018, que el decreto de creación del Parque Nacional Patagonia mostraba irregularidades. El documento, diseñado por los entonces ministros (Bachelet II) de Bienes Nacionales, Nivia Palma, y de Medio Ambiente, Marcelo Mena, no contaba con las 302.535 hectáreas que un año antes había determinado el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, sino más. Esta diferencia no fue investigada a tiempo por Contraloría como corresponde, si bien se mandató al siguiente ministro de BB.NN. (Piñera II), Felipe Ward, la readministración del Parque. Luego de sostener reuniones con un representante de la minera australiana Equus, Ward presentó el informe solicitado. Este mostraba la devolución de 4.720 hectáreas mal introducidas al Parque, pero también la expropiación de otras 37.1 ha. en el sector de Los Domos, descritas como aptas para un proyecto de la minera Equus por recomendación del Ministerio de Economía.
Así, el segundo decreto para la creación del Parque Patagonia fue firmado en diciembre de 2018 con nuevas irregularidades, robándole al Parque 2.360 ha. para el desarrollo de un negocio minero privado.
En enero de 2020, los socios fundadores de la Corporación Costa Carrera iniciamos una investigación por Ley 20.235 de Transparencia y Lobby en Contraloría y Ministerio de Bienes Nacionales, buscando demostrar cabalmente las irregularidades cometidas por Nivia Palma, Marcelo Mena y Felipe Ward y que lamentablemente fueron avaladas por el Contralor Jorge Bermudez Soto y por la Comisión de Medio Ambiente del Senado (integrada por Guido Girardi, Ximena Órdenes, David Sandoval, Alvaro Elizalde e Isabel Allende). Junto a todo un arsenal de pruebas, denunciamos en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al contralor Bermudez por avalar dichas irregularidades, que a nuestro juicio muestran claros indicios de corrupción. Más tarde, y por recomendación del propio CDE, interpusimos una denuncia por prevaricación en la fiscalía Centro Norte de la RM contra todas las autoridades mencionadas.
No tenemos encono ideológico ni político en contra de nadie. Nuestro único objetivo como Corporación es salvar la cuenca del lago General Carrera de la intervención minera de Equus, cuyo proyecto amenaza con contaminar también las aguas de los lagos Carrera y Bertrand, así como del Río Baker. Diversas comunas de la zona dependen de lo prístinas de estas aguas para sus actividades agrícolas, ganaderas, vitivinícolas y turísticas. Consideramos inaceptable que empresas foráneas corrompan a nuestra institucionalidad, políticos y gobiernos para hacer en nuestro país lo que no pueden hacer en el suyo, contaminando la vida de los chilenos, tal como lo han hecho las salmoneras un poco más al norte.
Nuestra investigación ha descubierto, además, actitudes traicioneras en gran parte del mundo ecologista, el cual ha callado estas irregularidades para usufructuar de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Persistimos en la lucha por las explicaciones que al respecto adeudan autoridades locales, nacionales, técnicas y políticas, de todos los sectores, funciones y responsabilidades.