Las cifras de las residencias sanitarias: «Los contratos firmados por la dirección son por cama se use o no se use, con valores muy fuera de banda»

Hasta hoy, el Ministerio Público lleva adelante una investigación relacionada con el manejo de las residencias sanitarias en la que están querellados Jaime Mañalich, Enrique Paris, Arturo Zúñiga y Orlando Durán. Los correos del Minsal revisados por CIPER no solo revelan errores en el conteo de los cupos disponibles, sino también condiciones contractuales que perjudicaban al sector público: deficiencias sanitarias advertidas después de firmado el trato; pagos por un número determinado de camas, se utilizaran o no; valores por sobre el mercado; pago duplicado del servicio de vigilancia y contratos que debían ser revisados por la Contraloría, pero que no se enviaban a esa entidad.

Vicky Barahona -exalcaldesa de Renca y madre de la exvocera de gobierno, Karla Rubilar-, era asesora de la Subsecretaría de Salud Pública en junio de 2020, cuando se produjo el momento más crítico de los contagios por Covid en Chile. En esos días, estaba preocupada. El jueves 11 de ese mes -dos días antes de que Jaime Mañalich renunciara al ministerio-, ella recibió un informe con datos alarmantes sobre los cupos en las residencias sanitarias, los lugares habilitados para aislar a contagiados que no podían hacerlo por su cuenta. Entonces, decidió compartirlo con la subsecretaria Paula Daza:

“Remito a Ud informe elaborado a petición de la suscrita, por el abogado, Sr (dato tarjado), en relación a diferencias de cifras y cambios permanentes de nomenclatura en informes de (dato tarjado) en lo que se refiere a Residencias Sanitarias, y que ha generado importantes distorsiones en lo que a la efectiva ocupación de éstas se refiere”. Eso es lo que decía parte del mensaje que Vicky Barahona envió a Paula Daza a las 22:14 de ese jueves. 

Apenas cuatro días antes, la Presidencia de la República había celebrado haber alcanzado los 10 mil cupos en residencias sanitarias, meta que había comprometido como parte de la estrategia para frenar la pandemia. Pero, internamente, el escenario era distinto. Y el correo de Barahona evidenciaba que las cifras expuestas al país y las que se registraban de manera interna, no calzaban.

Un archivo adjunto que CIPER encontró en los correos del Ministerio de Salud (Minsal) indicó que al 11 de junio había 6.985 cupos habilitados en residencias sanitarias. Mientras que, en público, ese mismo día se dijo que los cupos habilitados eran 12.310. Y si en el reporte matinal de las autoridades del ministerio se informó que esa jornada había 3.926 usuarios en residencias, el número que se manejaba internamente era de 4.326. Así, según el reporte público el 31,8% de las camas habilitadas en las residencias estaban ocupadas, mientras que los números internos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales indicaban que en realidad la ocupación era casi el doble: 61,9%.

Poco después, el 7 de julio, CIPER advirtió que existían diferencias y problemas con la cifra de disponibilidad en las residencias que se hacía pública: de los 12.310 cupos que se anunciaron en junio, al menos 3.296 no existían. Parte de los lugares informados correspondía a hoteles con los que no existía relación contractual y solo se había llegado a un acuerdo de palabra (vea reportaje).

El informe preparado a petición de Vicky Barahona y adjunto al correo enviado a la subsecretaria Daza, mostraba otro factor que provocaba errores en el conteo de los cupos ofrecidos por las residencias. El abogado que hizo el documento había comparado las cifras que reportaba Redes Asistenciales con las que se manejaban en la Subsecretaría de Salud Pública. Y no calzaban. ¿Por qué? Porque entre ambas entidades había diferencias respecto de qué se entendía por “cupo” en residencia sanitaria. 

“Las diferencias en la información de las que da cuenta la comparación resulta evidente, ya que (tarjado) Asistenciales ha modificado el concepto que hoy define como ‘cupos’, en tres oportunidades, pasando previamente por informar en dicho acápite habitaciones, posteriormente camas y finalmente cupos, todo lo cual genera confusión en cuanto al dato que aporta en este apartado”, menciona el email.

Y sigue: “La observación apuntada ha generado importantes distorsiones en el porcentaje de ocupación de cada residencia que informa Redes Asistenciales”, indica el abogado, cuyo nombre aparece tarjado en el correo revisado por CIPER.

Si la Subsecretaría de Redes Asistenciales entendía por “cupos” en residencias el número de camas disponibles, cometía un error. Así lo explica el abogado en el email: “Según su informe, la definición de cupos se refiere a cantidad de camas disponibles por residencia, en circunstancias que la ocupación de las residencias se ha verificado en cada región siguiendo el único criterio informado formalmente hasta la fecha y que consiste en que el ingreso de un paciente a una habitación en residencia, bloquea el cupo asociado a la misma, independiente de su capacidad en camas”. Así, si una habitación tenía tres camas, al albergar en ella a un contagiado se bloqueaban las dos restantes.

La disparidad de criterios, según el informe pedido por Vicky Barahona, no solo generaba errores en la cantidad de cupos disponibles, sino que también en el porcentaje de ocupación de los mismos: “Igual situación se presenta al analizar los datos relativos a número de usuarios en residencia, coincidiendo los informes solo en las regiones de (dato tarjado) Aysén y Metropolitana”. 

En la fecha en que fue enviado ese correo, se registraban diferencias inauditas en los informes oficiales con que el Ministerio de Salud informaba el número de residencias y la disponibilidad de cupos en ellas. Por ejemplo, el 3 de junio en la Región de O’Higgins se informaron poco menos de 100 cupos y en sólo 48 horas esa disponibilidad aumentó a 1.894 habitaciones. Luego, el 17 de junio, 13 días después, esa cifra cayó a 180.

El correo de la asesora Barahona es parte de los 72 mil emails a los que CIPER accedió, vía Ley de Transparencia, de las casillas de los exministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris; de la exsubsecretaria Paula Daza; de la entonces jefa de la Diplas, Johanna Acevedo; del epidemiólogo Rafael Araos y del exjefe del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS), Carlos Sans. Este es el tercer reportaje de la serie especial Correos de la Pandemia.

Para este artículo se revisaron decenas de correos relacionados con residencias sanitarias. Encontramos desde hoteles que operaban como residencias sin tener los contratos respectivos, hasta tratos comerciales que fueron investigados por el pago de sobreprecios. Hasta ahora, ninguna de las autoridades mencionadas en estos correos ha querido entregar su versión a CIPER. 

DÍAS CRÍTICOS Y ESTADÍSTICAS DUDOSAS

Las críticas por el manejo de las residencias surgieron en un momento crítico para el gobierno. El 13 de junio había estallado la controversia por el conteo de los fallecidos con un reportaje de CIPER que mostraba que el gobierno informaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una cifra mucho más alta de muertes por Covid que la que se difundía en el país. Los cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Salud arreciaron y ese mismo día Jaime Mañalich renunció a la conducción de la cartera. Fue en ese clima que la polémica por los cupos en las residencias sanitarias también explotó. 

Al día siguiente de la renuncia de Mañalich, el 14 de junio, Interferencia publicó  el artículo “Arturo Zuñiga contrató por $205 millones residencia sanitaria que estaría vinculada a alto funcionario del Minsal”. La nota constató que la Subsecretaría de Redes había contratado los servicios de un hotel vinculado a un funcionario del ministerio, militante de la UDI, encargado de coordinar las residencias sanitarias. Poco después, el 1 de julio, se reveló que la subsecretaría había suspendido el contrato con un hotel de San Antonio relacionado con la familia del exsubsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia.

En los primeros meses de la pandemia la Región de O´Higgins concentró buena parte de las irregularidades relacionadas con residencias sanitarias. Uno de los problemas fue que en mayo, ya en pleno avance del Covid, no había residencias habilitadas en Rancagua y sus alrededores.

El 13 de mayo, Vicky Barahona le escribió a la subsecretaria Paula Daza y le compartió un email de la entonces seremi de O’Higgins, Daniela Zavando. Las alertas son dos: la primera, que adultos mayores estaban en riesgo en la Fundación Mi Refugio, porque compartían espacio con un grupo de jóvenes en rehabilitación por drogas que tenían autorización para salir; y la segunda, que en O’Higgins no existían, a esa fecha, residencias sanitarias. La alarma se activó porque uno de los adultos mayores de residente en Mi Refugio se contagió con Covid.

CIPER no solicitó los correos de la casilla del exsubsecretario Arturo Zúñiga, porque originalmente investigamos los reportes de fallecidos y contagiados, que no se relacionaban con su área del Minsal. Pero, en la revisión de los emails encontramos huellas de las condiciones contractuales fijadas con algunos recintos que fueron ocupados como residencias, que era parte de las tareas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que dirigía Zúñiga.

Con el turismo congelado por la pandemia, la industria hotelera encontró en las residencias sanitarias una forma de paliar la baja en sus ingresos. El negocio también operó para empresas médicas que se encargaron de proveer el personal sanitario que atendía a los pasajeros contagiados en esas residencias.

El 13 de julio de 2020 el director médico de la empresa Xinermed Sociedad Prestadora de Servicios Hospitalarios y Domiciliarios S.A. (cuyo nombre aparece tarjado), le escribió un correo a la subsecretaria Daza. El problema era que la empresa había firmado dos contratos para gestionar residencias en las comunas de La Granja y Puente Alto. Lo hizo con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, pero luego la administración de las residencias pasó a manos de la Seremi de Salud. Y ahí la empresa quedó en un limbo.

“Te escribo con preocupación para enterarte de una situación compleja que está afectando a la empresa que soy el responsable clínico, pero puede transformarse en un problema para Minsal, en el marco de la gestión de las residencias sanitarias”, le escribió el director médico de Xinermed a Daza.

Según información alojada en Mercado Público, el 16 de junio de 2020 se emitió la resolución que autorizó la contratación vía trato directo de Xinermed para gestionar la residencia de La Granja, por $131 millones, durante 90 días y por un total de 26 camas (vea aquí). El contrato había sido firmado un mes antes, el 18 de mayo. 

El acuerdo con Xinermed por la gestión de la residencia de Puente Alto fue por $227 millones (40 camas). Ese contrato también se firmó el 18 de mayo y la resolución que autorizó el trato directo se emitió un mes después (vea aquí). El problema fue que desde el viernes 10 de julio ambas residencias estaban vacías.

“El día viernes recién pasado, se presentó una camioneta de la Seremi y con un chofer trasladó a todos los pacientes que en ese momento se encontraban. Como no teníamos a ningún interlocutor responsable ni documento formal, pedimos la autorización a la enfermera responsable de Residencias del SSMSO (Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente) quien autorizó el traslado. Desde ese momento ambas residencias están sin pacientes, pero con todo el personal y su implementación que se solicitó en el contrato”, señaló el director médico de Xinermed a la subsecretaria Daza.

El viernes 27 de marzo de 2020, un correo de Alexis Flores (exconcejal UDI por La Cisterna y que entonces ejercía como asesor del subsecretario Arturo Zúñiga), alerta que se había firmado un contrato con tres hoteles cuyas instalaciones no fueron validadas para integrarse como residencias sanitarias: el Hotel Almacruz (propiedad de Carlos Cardoen), ubicado en calle San Antonio, en el centro de Santiago, y otros dos recintos que aparecen tarjados.

“Nos hemos enterado ayer que desde la Subsecretaría de Salud Pública se contrató 3 hoteles, 2 ubicados en calle (tarjado) y el Hotel Almacruz, donde se incorporó a cerca de (tarjado) personas en cuarentena. De acuerdo a lo informado por la Seremi Subrogante, por instrucciones de la Subsecretaría. No sabemos las condiciones económicas, no sabemos si se entregaron los protocolos que se están utilizando con trabajadores. No existe registro alguno de si están utilizando mascarillas, guantes ni nada de lo que hemos pedido como subsecretaría de redes asistenciales”, indicó Flores.

Y agregó “simplemente nos enteramos ayer por denuncias que se han hecho en la prensa y que las mismas personas alojadas han dado a través de los medios de comunicación. Por lo mismo y entendiendo que hemos informado de la capacidad en habitaciones diariamente a las autoridades, dejo por escrito que la hotelería donde actualmente se está poniendo en cuarentena a personas que entiendo además vienen del Aeropuerto, NO ha sido validada y menos consideradas dentro del programa de Residencias Sanitarias que lidera la Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

La respuesta a ese email la dio Javier Cruz, entonces coordinador de las seremi en la Subsecretaría de Salud Pública: “Estos hoteles entiendo que son para la gente de Aeropuerto y se instalaron el (tarjado) de febrero. No es para pacientes de Covid. Si alguien sale positivo o estrecho se le deriva al servicio. Pero ahí se preparará una respuesta oficial pues yo no tengo los datos exactos”.

La orden de compra original, disponible en Mercado Público, señalaba que se trataba de una contratación para “servicios de hospedaje para personas en cuarentena por virus Covid-19”, aunque esa orden, del 31 de marzo de 2020, fue cancelada y reemplazada por otra emitida el 9 de abril que indicó “servicio de hospedaje para pasajeros en tránsito”. El costo de ese trato fue de $30 millones.

Alexis Flores junto a Orlando Durán, entonces jefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, se vieron involucrados en la contratación y los pagos al Hotel Clínico SpA, del centro de Santiago, que funcionó como residencia sanitaria, al que Durán habría estado vinculado. Por este hecho, se inició un proceso penal. Según los datos que aparecen en el registro del Poder Judicial esa causa estaría vigente.

Fue el mismo Durán quien escribió un correo con el asunto “Residencias Sanitarias” a un remitente tarjado y a Alexis Flores, Jorge Hubner (jefe jurídico del Minsal) y Camila Skewes, sobre lo importante que era mantener todo “centralizado técnicamente y financieramente para resguardo de todos, caso contrario podríamos tener criterios dispares de selección de oferentes o mismo oferente con igual servicio a precio distinto”. El correo iba con copia a Paula Daza, Arturo Zúñiga y Daniela Zavando, seremi de Salud de O´Higgins.

"VALORES FUERA DE BANDA"

“Estoy extremadamente preocupada por la situación detectada en materia de Residencias Sanitarias en O´Higgins”. 

Así comienza un correo enviado el miércoles 1 de julio por la entonces Seremi de Salud de esa región, Daniela Zavando, a Patricio Herrera, jefe de la División de Finanzas y Administración del Minsal. El mensaje iba con copia para Daza, Zúñiga y Jorge Hubner, jefe de la División Jurídica del ministerio.

Ese día Daniela Zavando recibió el traspaso de la gestión y coordinación de todas las residencias de la región. Inicialmente, los servicios de Salud se habían hecho cargo de las contrataciones de esos servicios. En sus correos, la entonces seremi explicó que la situación en que recibió las residencias era un caos:

“Los contratos firmados por la Dirección son por cama se use o no se use, con valores muy fuera de banda y por (dato tarjado) días. (…). Se menciona en el anexo de contrato (dato tarjado) habitaciones. En lo real son (dato tarjado) habitaciones con (dato tarjado) camas, no todas cuentan con baño privado. Además se agrega por medio de otra resolución, la tercerización de los servicios de personal de salud a una empresa por (dato tarjado) millones de pesos”.

Días antes, en un email enviado el 17 de junio,  Zavando ya había manifestado al gobierno central sus reparos: “Informar la necesidad que existe en la región de O’ (dato tarjado) que previo a la contratación de las residencias sanitarias, se hace imprescindible que se realice una visita de la autoridad sanitaria. Hasta hoy, las residencias que se han abierto en O’Higgins solo son informadas para su visita una vez que son contratadas. Lo anterior ha tenido como consecuencia que al ir a hacer una visita a las instalaciones de la última contratada se encontraron graves deficiencias sanitarias, además de una mala infraestructura”. 

El correo de Zavando cerró con un mensaje directo: “Nos preocupa enormemente que la meta de aumentar camas en las regiones no se haga a expensas de contratar lugares que no reúnan condiciones adecuadas”.

Antes de que las residencias pasaran a la administración de la Seremi, el servicio de Salud local había contratado a tres establecimientos. Un nombre se repetía en todos los contratos: Grupo JMG SpA. La sociedad, conformada por Jaime Marin Gutiérrez y Milenko Tank Randolph, se había adjudicado tratos directos por la intermediación en el arriendo del Hotel Rancagua Casa Millán y Hotel Doria. Todos esos contratos fueron finalizados luego del cambio de administración.

“Complemento que además existe la intermediación de Sr. (dato tarjado) que en principio aparecía con 2 de las 3 residencias (casa (dato tarjado) y Hostal (dato tarjado)), sin embargo descubrimos que también se relaciona a Hotel (dato tarjado). Por lo anterior no me es posible realizar un addendum de contrato y creo que es imprescindible la respectiva auditoría. Hoy estamos muy afligidos porque varios de los proveedores nos han indicado que van a judicializar para que se les respete las condiciones de los contratos. Estamos a la espera de aperturar otra residencia sanitaria, pero no me puedo quedar con la gente en la calle”.

Los términos establecidos por el Minsal indicaron que todas las residencias del país debían contar con personal de seguridad. Pero en O´Higgins esto no se cumplió. Ni la residencia Mining House (Machalí), Casa Millán (Rancagua) o el Hotel Terraviña (Santa Cruz), cumplieron con este requisito, a pesar de que recibieron dinero por ello, porque en el contrato que firmaron con la Seremi se estipulaba este servicio. Su omisión no se tradujo en un descuento en el precio final.

En total, a través de las distintas órdenes de compra que la Subsecretaría de Salud Pública pagó a estos recintos, el Hotel Terraviña recibió $641.682.200, Casa Millán $272.242.250 y Mining House $524.713.474 vía trato directo. La Seremi de Salud no hizo cotizaciones para adjudicar el servicio de residencia sanitaria a las ofertas más convenientes. 

Zavando anunció su renuncia a la Seremi el 31 de julio de 2020. El panorama luego de su salida no mejoró. El organismo terminó contratando empresas externas de vigilancia y siendo investigado por la Contraloría Regional debido a una eventual duplicidad de servicios contratados. Aunque el informe final de este órgano estableció que solo se pagaron de manera duplicada $12.783.456, un reporte interno de la Seremi señala un monto mucho más abultado (vea ese informe). En ese documento se asegura que, en total,  entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, la entidad desembolsó $373.172.100 por concepto de seguridad y vigilancia, aunque se suponía que ese servicio estaba incluido en los pagos que se hicieron a los hoteles y residencias (vea ese documento).

El 1 de julio de 2020, Hotel Doria renunció a continuar como residencia sanitaria, el principal motivo: se les había informado que se hospedaría personal del servicio de salud, pero solo llegaron casos de Covid positivo. La gerente de ese hotel, Marisol Barriga, confirmó que también se le exigió cumplir con el servicio de seguridad, el mismo que luego no sería solicitado a otros establecimientos contratados.

CIPER contactó en múltiples ocasiones a la exseremi Daniela Zavando, quien no respondió las consultas. Patricio Herrera, entonces jefe de la División de Finanzas y Administración del Minsal, tampoco respondió.

SIN CONTRATO

En  junio, Véronica Chicaguala, funcionaria del Servicio de Salud de Antofagasta, recibió un email de la Contraloría Regional. En el mensaje le solicitaban remitir todos los antecedentes sobre la contratación como residencia sanitaria del Hotel Alto del Sol, ubicado en Mejillones.

Chicaguala respondió a la Contraloría: “Estimada (dato tarjado), junto con saludar, y de acuerdo a lo conversado le informo  lo siguiente. El Hotel Alto de (dato tarjado), abrió sus puertas el sábado (dato tarjado) de abril del presente año, según consta en informe entregado por el Hospital de (dato tarjado), por gestión directa de la SEREMI de Salud, Sra. (dato tarjado), los motivos por el cual ella contactó al hotel, por qué decidió usar ese lugar y no otro, etc. son preguntas que ella debe responder y esclarecer, en este sentido la Dirección del Servicio de Salud no tuvo parte en esa decisión, el hotel comenzó a operar por indicación de dicha autoridad. No existe contrato elaborado por parte de la SEREMI, solo una minuta al respecto”.

Meses más tarde, el 16 de octubre de 2020, CIPER reveló que ese hotel -que albergó casos de Covid positivos y contactos estrechos desde el 25 de abril y por tres meses-, era propiedad del grupo empresarial Korlaet, en el cual la esposa del diputado José Miguel Castro (RN), Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio (vea ese artículo). El contrato -que involucraba un pago de $513 millones- debía ser revisado por la Contraloría, pero hasta octubre de ese año el órgano fiscalizador no había recibido copia. 

El correo de Contraloría ya había despertado las alarmas al interior del Minsal. El 2 de julio, Patricio Herrera escribió a la entonces seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz, mostrando preocupación sobre la situación de esa residencia:

“He recibido este correo del SS. Me preocupa la nota del Director(s) de sobremanera, donde expone la situación de esta residencia, de la cual se puede deducir que está operando sin contrato y que el Servicio de Salud atribuya a la Seremi la potestad contractual de dicho contrato en circunstancias que fue latamente informado por las autoridades, que los contratos antes del 30/06 debían estar todos suscritos por los Servicios de Salud. Sugiero que de inmediato se haga reunión con el Director para regularizar esta deuda dado que no esta considerado, pagar con presupuestos de Salud Pública, moras de contratos que no han sido debidamente formalizados”.

El 23 de octubre de 2020, el Hotel Alto del Sol presentó una demanda contra el Fisco por el adeudamiento de una factura por $350.812.000 que la Subsecretaría de Salud Pública había emitido por el servicio de residencia sanitaria al 30 de junio de ese año. En esa causa, que continúa en tramitación en el 2° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, Vania Korlaet es abogada patrocinante de Alto del Sol S.A.

En paralelo, el caso también está siendo indagado por el Ministerio Público en la misma investigación en que Jaime Mañalich, Enrique Paris, Arturo Zúñiga y Orlando Durán, se encuentran querellados por negociaciones incompatibles y fraude al fisco.