Una política nacional inclusiva para los estudiantes extranjeros

Diagnóstico y sugerencias al MINEDUC de parte de especialistas en educación en la siguiente columna para CIPER, ante «una escuela que hoy debe enfrentarse a una diversidad de labores y tareas, principalmente administrativas, sin los recursos necesarios, rutas claras de acción ni un modelo teórico de acogida para atender a un estudiantado de creciente diversidad.»

El Ministerio de Educación se encuentra actualizando la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros (2018-2022), con el objetivo de incluir con más fuerza que antes un enfoque inclusivo, así como acciones y recomendaciones concretas relacionadas con la incorporación al sistema educativo de estudiantes y familias extranjeras. Para ello, desde el año pasado se lleva a cabo un proceso de consulta, colaboración y participación de diversos actores de la sociedad civil, del ámbito académico y del mundo escolar (entre otros), de manera de diseñar una política que aborde de manera más efectiva las necesidades y requerimientos de las escuelas con relación al fenómeno migratorio.

Como Grupo Interdisciplinario de Investigación y Transformación Educativa (GRÏNTE), y en el contexto de dos investigaciones educativas, hemos analizado los dispositivos de acogida orientados a las comunidades migrantes en el ámbito escolar, además de revisar la acción pública sobre migración y escuela, indagando también en cómo las escuelas público-municipales de Chile han abordado el desafío del progresivo aumento de la matrícula de estudiantes extranjeros y la diversificación cultural que la compone [Fondecyt 1190349 y Fondecyt 1231114]. En relación con la acción pública sobre migración y escuela, analizamos dieciocho documentos oficiales; entre ellos, instructivos presidenciales, documentos ministeriales y orientaciones técnicas, con el propósito de comprender qué se espera que realicen las escuelas para la gestión de la diversidad cultural. Los documentos revelan una escuela que debe enfrentarse a una diversidad de labores y tareas, principalmente administrativas, sin los recursos necesarios, rutas claras de acción ni un modelo teórico de acogida para atender a un estudiantado de creciente diversidad.  Los equipos directivos operan de forma centralizada en la dimensión administrativa, mientras que el profesorado lidera la dimensión pedagógico-curricular.

Los documentos oficiales carecen de estrategias concretas para abordar la diversidad cultural presente hoy en las comunidades educativas a lo largo de todo el país, lo que no se ha visto modificado en los nuevos documentos surgidos en los últimos años. En el contexto de pandemia, si bien aparecieron documentos que abren nuevas dimensiones y nuevas posibilidades, replican lo señalado anteriormente: un discurso mayoritariamente declarativo marcado por un excesivo voluntarismo de los centros educativos.

Por otro lado, con respecto a cómo las comunidades educativas han abordado la inclusión de estudiantes extranjeros, hemos analizado 42 protocolos de acogida de escuelas pertenecientes a las regiones Metropolitana, de Tarapacá, del Maule y Biobío. Al mismo tiempo, realizamos entrevistas con actores claves que han estado a cargo de liderar los procesos de acogida de estudiantes y familias extranjeras. Los resultados muestran que las escuelas han creado protocolos de acogida liderados principalmente por los equipos psicosociales; que estos protocolos cuentan con una función centrada en lo administrativo y que, en consonancia con la documentación pública, se caracterizan por la falta de acciones y lineamientos estratégicos para apoyar la dimensión pedagógica y formativa con un enfoque de inclusión. Esto implica dificultades para avanzar hacia un modelo intercultural a nivel institucional, y dificulta una mirada más comprensiva de la diversidad cultural y sus desafíos. Si bien los protocolos actúan como dispositivos que organizan las prácticas escolares, acaban por reducir y concentrar la respuesta a la diversidad en las escuelas a un conjunto de acciones desarticuladas que responden a la emergencia migratoria desde los esfuerzos propios y aislados de cada comunidad educativa.


***

De los resultados de ambos estudios surge un conjunto de recomendaciones y sugerencias que, a nuestro juicio, pueden ser útiles para fortalecer la próxima Política Nacional de Estudiantes Extranjeros (2023-2026), pero también para apoyar a las propias comunidades escolares que deben abordar, muchas veces de manera creativa y solitaria, la inclusión de estudiantes extranjeros:

a) Para garantizar un contexto escolar de acogida amplia es necesario trabajar sobre la base de objetivos transversales que consideren tres dimensiones: lingüística, convivencia y pedagógica. Estas dimensiones deben tributar al desarrollo personal, ético, social y educativo del estudiantado extranjero.

b) Es clave priorizar la dimensión pedagógica como una preocupación interdisciplinaria y con enfoque intercultural. Para ello, se requiere contar con un profesorado capacitado para flexibilizar la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, así como gestionar interacciones pedagógicas bajo el lente de la interculturalidad. Es necesario vincular estas dimensiones al interior de los documentos ya existentes en las escuelas para deslindar metas, acciones, medios de verificación, productos y responsables.

c) Se debe permitir y estimular la autonomía del financiamiento para incorporar nuevos elementos de apoyo al quehacer de las escuelas, como puede ser facilitadores lingüísticos o mediadores interculturales, con el objetivo de apoyar las diferentes dimensiones escolares y desconcentrar la carga administrativa que tienen las escuelas en esta materia.

d) Disponer recursos para la capacitación permanente de las y los docentes en temáticas con foco en el trabajo con la diversidad cultural con énfasis en el ámbito pedagógico.

e) Aportar a las escuelas un financiamiento externo (fuera de los SLEP, por ejemplo), a través de políticas educativas focalizadas para desarrollar estrategias de inclusión educativa que no tensionen la administración de los recursos económicos (ya de por sí limitados).

f) Crear el desarrollo de unidades de interagencias profesionales de trabajo (academia, sociedad civil, Estado, entre otras) para discutir las problemáticas de las comunidades escolares y ofrecer posibilidades colectivas de mejoras.

g) Propiciar espacios formativos de colaboración entre Estado, escuelas y academia para apoyar a las comunidades educativas.

En síntesis, los desafíos a los que se enfrentan las escuelas constantemente, y en especial en lo relativo a la inclusión y acogida de estudiantes migrantes, no puede ser un trabajo de responsabilidad única de las escuelas, por un lado, ni del MINEDUC, por otro. Abordar en plenitud la diversidad cultural requiere de una perspectiva coral e interdisciplinaria que permita hacer sinergias, conectar diferentes conocimientos y experticias y de esta manera dar respuesta de la manera más adecuada posible a las necesidades y requerimientos de las propias escuelas, de sus estudiantes y las familias de origen extranjero. Una nueva Política Nacional de Estudiantes Extranjeros debe necesariamente ser en sí misma una propuesta inclusiva, que sea el resultado del trabajo de todos los actores educativos implicados.  

*Firman esta columna: René Valdés (Universidad Andrés Bello), Paloma Abett de la Torre (Cocorocoq Editoras), Felipe Jiménez (Universidad de Las Américas), Ramiro Catalán (Universidad de Concepción) y Rolando Poblete (Universidad Bernardo O’Higgins) – Grupo Interdisciplinario de Investigación y Transformación Educativa (GRÏNTE).