Compromiso en Salud: ¿el programa abandonado?

Las isapres y el fallo de la Corte Suprema en contra de sus intereses acaparan el grueso del debate sobre Salud en nuestro país. Sin embargo, recuerda esta columna para CIPER, el gobierno mantiene pendiente una definición más profunda y relevante prometida en su programa: la reforma hacia un Fondo Universal de Salud.

La extensa cuenta pública presentada la semana pasada por el presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional incluye muchos temas pero también deja otros muy sensibles fuera. Se extraña en el documento, por ejemplo, alguna mención al principal compromiso programático que su futuro gobierno hacía durante la campaña electoral en materia de salud: la reforma hacia un Fondo Universal de Salud (FUS); una reforma financiera que permitiría comenzar a eliminar la segmentación del sistema, que es la causa más primaria de la inequidad brutal que enfrenta la población, en una lógica asentada de una salud para ricos y otra muy distinta para pobres.

El FUS no es la única reforma necesaria, sin duda, ni tampoco la prioridad para el debate público que hoy parece tomado con la situación de las isapres [ver columnas previas del autor al respecto en CIPER Opinión]. Pero sí constituye un pilar que al fin permitiría comenzar a construir justicia financiera en salud para todos, sin diferencias, y es lamentable su ausencia del principal discurso presidencial del año.

Acaso no se trate sólo de un menor énfasis en la narrativa del gobierno, sino un cambio real de las prioridades desde el Ministerio. Si se revisa el documento de la Cuenta Pública 2023 para el Sector Salud, que describe las prioridades de las autoridades para los años 2023 y 2024 —es decir, casi hasta el fin del gobierno—, se advierte un viraje de timón que a nuestro juicio no tiene justificación alguna. Una cosa es la contingencia de las isapres —más aún con el nuevo Supremazo de la ministra Ángela Vivanco— y otra diferente es no querer avanzar en el compromiso del FUS. Se hace evidente la incongruencia en la conducción del sector.

Por un lado, el documento describe las definiciones estratégicas ministeriales; es decir, aquellas que derivan del programa de gobierno, y señala como su misión «ser un sistema universal de salud, basado en acciones de promoción, prevención, reparación, rehabilitación y cuidados paliativos a lo largo del curso de la vida y en la muerte digna de las personas, y que cuente con un Fondo Universal de Salud (FUS) que actúe como un administrador único de los recursos, que asegure protección financiera y acceso, según necesidad, a toda la población del territorio nacional, mejorando las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la salud, fortaleciendo la participación y el trato digno entre usuarios y prestadores.»

Enseguida, dentro de los objetivos estratégicos, incluye en su letra c.: «implementar el Fondo de Salud Universal, que actúe como administrador único de los recursos, asegurando protección financiera a las personas, con eficiencia y equidad en el financiamiento.»

Tales conceptos expresan de manera clara, cuál era y es la prioridad que se deriva del original programa de gobierno. En la misión del MINSAL indicada en el documento, los conceptos de «sistema universal de salud» y de «fondo universal de salud» no son accesorios, sino centrales.

No obstante, luego del diagnóstico inicial y de los avances del primer año de gobierno, el documento establece la programación para el periodo 2023-2024, lo que expresa el compromiso por el cual serán evaluadas las autoridades del sector. Allí, la única mención al FUS se encuentra en la página 46, bajo el subtítulo «Reforma de la salud y agenda de transformación y fortalecimiento del sector» (eje 4: «Nuevo sistema de seguridad social»). Luego de un párrafo referido a un convenio de Fonasa para dar acceso a medicamentos a través de farmacias independientes y compra por Cenabast, se establece:

Se avanzará en la creación e implementación del FUS, que implicará la incorporación de la actual población beneficiaria de Isapre, con sus aportes financieros obligatorios (siete por ciento), que a su vez mantiene una demanda por atenciones sanitarias con prestadores preferentes de carácter privado, de acuerdo a los planes previamente contratados con sus aseguradores privados.

 
Y sería todo sobre el tema.

Dicho de otro modo, el documento con la reciente cuenta pública del gobierno de Gabriel Boric cumple formalmente, en materia de Salud, con decir lo que parece ser incómodo: que se avanzará en la creación e implementación de un Fondo Universal. Pero no indica cómo ni cuándo. Más aún, hace una referencia al menos curiosa respecto a las preferencias de atención de los beneficiarios de isapres (prestadores privados) y sobre los planes previamente contratados con sus aseguradores. El sentido de ello habrá que deducirlo de las acciones que se vayan emprendiendo.

A la luz de la ausencia de este tema en la reciente cuenta pública, parece justo exigirle al gobierno sincerar definiciones que la propia administración había compartido hasta ahora,  ya que el deterioro del liderazgo político en Salud está afectando gravemente al gobierno y contribuye al extenso malestar que se incuba contra la clase política (especialmente ahora, contra el llamado «progresismo»). Parece repetirse la idea de lo que alguna vez fue llamado, en alusión al primer gobierno de transición democrática, el «Programa abandonado», al menos en estas materias.