Ocho días antes del crimen: Carabineros fue informado de un asalto en el que participó el mismo auto del asesinato del suboficial Palma

El 28 de marzo el mismo auto azul que ocho días después sería utilizado en el homicidio del suboficial Daniel Palma, fue grabado por las cámaras de seguridad de Vitacura. La municipalidad informó a Carabineros la patente y las características del vehículo. Pero, la policía uniformada no inició la búsqueda activa del auto. El caso finalmente lo tomó la PDI, la que solo horas después de la muerte del suboficial ubicó y tomó declaración al dueño del auto. Los datos aportados por el propietario, que fueron clave para identificar a los venezolanos que cometieron el crimen, podrían haber servido para detenerlos antes del asesinato. En los ocho días que el auto transitó por la capital, pasó por al menos tres comunas, por los puntos de registro de la Autopista Central y participó de un robo en Lo Prado sin ser alertado. Las municipalidades invierten cientos de millones en sistemas de televigilancia que, bien aprovechados, podrían prevenir delitos y no solo ayudar a resolverlos.

Una hora después de que el suboficial Daniel Palma fuera herido de muerte en la intersección de avenida Matta con Arturo Prat, el hallazgo de un auto Chevrolet azul, abandonado con un arma en su interior, prendió las alarmas entre quienes lideraban una frenética búsqueda en el corazón de Santiago. Aunque en la esquina donde se cometió el crimen no hay cámaras municipales, ni de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, un dispositivo de televigilancia municipal ubicado en las cercanías (Bío Bío con San Francisco), registró el momento en que cuatro personas se bajaron del auto para abordar un taxi y escapar. Es en esa esquina y en ése automóvil, donde la Fiscalía situó, utilizando registros gráficos, geolocalización, y distintas pericias, a dos de los detenidos por el caso del carabinero: Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés.

Conocida la patente del auto, apenas pasó otra media hora para que Carabineros ubicara a su dueño. Era un suboficial del Ejército que informó que había entregado en arriendo el auto y que aportó datos clave para identificar, al menos, a Luis Lugo, hoy imputado en la causa. La pinza se había cerrado sobre el grupo de venezolanos que disparó contra Palma, según la investigación de la Fiscalía.

Pero, no era la primera vez que la patente del auto azul era detectada por una cámara de televigilancia municipal. Ocho días antes -el 28 de marzo- el vehículo había sido grabado en Vitacura cuando sus ocupantes asaltaron a un transeúnte para robarle un reloj Rolex, en Alonso de Córdova.

Carabineros recibió un aviso de Vitacura alertando sobre el auto y su patente. CIPER comprobó que la institución policial, a través de su Central de Comunicaciones (Cenco), emitió una alerta radial el mismo 28 de marzo en la que se detallaron las características del vehículo y su placa patente. El aviso, según confirmaron desde esa institución, no constituía una denuncia formal, y como el auto tampoco tenía encargo por robo o receptación, solo quedó en una notificación general a través de Cenco. Es decir, no se inició una búsqueda activa del auto, tampoco se consultaron los registros para ubicar a su propietario, lo que probablemente habría permitido dar con los autores del robo antes de que el suboficial Palma fuera baleado.

La oficina de comunicaciones de Carabineros informó a CIPER: “A nosotros se nos dio un aviso radial desde la municipalidad por un auto que podría estar involucrado en un robo con violencia. La idea (del aviso que emitió Cenco) es que los carabineros que están de servicio de población (patrullando en las calles) lo puedan fiscalizar y verificar si tiene algún encargo por robo vigente. No solamente el vehículo, sino también las personas que van conduciendo”.

La denuncia por el robo en Vitacura quedó plasmada en la Fiscalía de Flagrancia de la zona Oriente, la que delegó la investigación en la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, que lleva las causas por el robo de relojes de lujo en la zona. Ese mismo día, la policía tomó declaraciones de la víctima y de testigos, también recolectó la evidencia en las cámaras municipales, entre las que -según señaló el municipio de Vitacura a CIPER- se incluyó una foto del auto con su patente. El 4 de abril el caso del robo pasó a la Fiscalía de Las Condes, la que instruyó nuevamente diligencias para el caso, según explicaron desde el Ministerio Público.

No está claro el momento en que la PDI y la Fiscalía Oriente tomaron conocimiento de que el dueño del auto era el militar Boris Medina, del Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares de Angol. En la PDI dijeron a CIPER que el dato debía permanecer bajo reserva porque es parte de la investigación. Pero, en concreto, los efectivos de la policía civil tomaron contacto con el propietario del vehículo al día siguiente del asesinato del suboficial Palma, cuando ya todo el país estaba al tanto de la participación del auto azul en el baleo del carabinero. Incluso, llegaron hasta el militar después de los carabineros que investigaban la muerte de Palma. 

La misma noche del asesinato del suboficial Palma, la Fiscalía Centro Norte, que lleva la causa por el homicidio, fue alertada por la Fiscalía Oriente de que el auto que estaba apareciendo en todos los reportes de prensa era el mismo del robo en Vitacura. Por eso, apenas una hora y media después del asesinato de Palma, personal de carabineros llegó hasta el regimiento en Angol para tomar la declaración del militar Medina, como lo confirmó un comunicado del Ejército. Recién al día siguiente de la muerte de Daniel Palma, el 6 de abril, el militar declaró ante la brigada de la PDI por la causa de Vitacura, según confirmó Fiscalía Oriente a CIPER. También lo hizo Bladimir Díaz Pardo, quien oficiaba como intermediario entre el militar Medina y Luis Lugo.

En la audiencia de formalización por el crimen del suboficial Palma, realizada el jueves 13 de abril en contra de Lugo, Garcés y David Fuentes Escalona, no se expuso ninguno de los antecedentes recogidos en Vitacura. Ni el Ministerio Público ni la defensa de los acusados aludieron al robo del Rolex ocurrido el 28 de marzo, pese a que estaba involucrado el mismo auto. De acuerdo con lo que pudo recabar CIPER, esa investigación continúa por un carril propio en la Fiscalía de Las Condes y todavía no ha sido agrupada a la causa que se inició con la muerte del carabinero.

Lo que el  Ministerio Público sí ventiló en la audiencia, fue otro delito que se cometió a bordo del Chevrolet azul: un robo a tres personas en Lo Prado, a las 23:30 hrs. del 2 de abril.

Según relató el fiscal Cristián Meneses, las víctimas se acercaron a una comisaría casi una hora después para denunciar el hecho. Dijeron que tres sujetos a rostro descubierto, uno de ellos con un arma de fuego, los abordaron y les robaron un iPhone, una billetera y un bolso con ropa. 

En esta ocasión, no se pudo identificar la patente del auto. Pero, en el parte policial se recogió que una de las víctimas recordó que los asaltantes andaban en un Chevrolet Sonic color azul. Aportó, incluso, que la primera letra de la patente era una H.

Tras un reconocimiento fotográfico, se logró determinar que los asaltantes eran Garcés, Lugo y Cortez. Un cuarto sujeto, que iba al volante y que nunca bajó del auto, permanece sin ser identificado. La Fiscalía Centro Norte detalló que los registros de las cámaras de seguridad del sector fueron clave para investigar este ilícito.

NO SE LEVANTÓ UNA ALERTA OFICIAL

El auto azul estuvo en circulación ocho días entre que se le identificó en Vitacura y el asesinato del suboficial Palma. Durante ese período de tiempo, recorrió al menos tres comunas (Vitacura, Lo Prado y Santiago) y transitó varias veces por la Autopista Central, según los registros que conserva esa carretera y que revisó CIPER. 

La activación de un operativo municipal en Vitacura, que incluyó el convencer a la víctima de que denunciara el robo, más la revisión de la red de televigilancia -compuesta por más 700 cámaras-, no logró evitar que días más tarde el automóvil estuviera ligado al asalto en Lo Prado y, luego, al trágico hecho en Santiago. Todo, porque nunca se levantó una alerta oficial, un encargo de la patente que advirtiera el paso del automóvil por alguno de los 45 pórticos de lectura de patentes que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región Metropolitana, cuya información es cotejada por el Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.

Tampoco existe un sistema integrado que agrupe los registros gráficos y procese la información y denuncias que surgen desde los centros de televigilancia municipales. Un dato preocupante, toda vez que la inversión para instalar un centro municipal con 40 cámaras de punta, puede llegar a los $630 millones. Sólo entre 2020 y 2022 la Subsecretaría de Prevención del Delito ha destinado $3.307 millones para la instalación de cámaras en municipios y $756 millones en la implementación de pórticos para la lectura de patentes. 

“No hay un (sistema) centralizado”, explicó Ignacio Pefaur, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), de la Fiscalía Sur. “En cada comuna, en el fondo, quedas un poco al contacto que exista con los encargados de seguridad”, aunque destacó que “si bien es cierto, que no tenemos un centralizado si tenemos bastante buena respuesta, no nos pasa que no están disponibles”.

Angela Parra Muñoz, directora de Seguridad Humana de La Pintana dijo que lo deseable es que “las comunas tuviéramos un sistema integrado de cámaras, porque nosotros tenemos un límite comunal: si hay un hecho que pasa por nuestra comuna y se va a otra, perdemos la guía de esa situación. Se traspasa a otra comuna, que no sabemos cuántas cámaras tiene, cuántas están activas, si notificaron a Carabineros. Pasa con las persecuciones, se les pierde la huella”. Y agrega: “Esperaría que esto fuera monitoreado en línea por las policías”.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, revela que cada municipio trabaja con sus propios registros y que “las listas de patentes que tienen carabineros no las tenemos, tenemos nuestras propias listas y las que se obtienen de las empresas de seguros”. La alcaldesa recalca que el Ministerio del Interior “tiene que liderar para que todos los municipios de la Región Metropolitana, junto con Carabineros, tengamos la información de los autos involucrados en delitos violentos, tiene que estar en línea, es más difícil identificar a las personas”.

La potestad de generar este tipo de iniciativas fue delegada por la Subsecretaría de Prevención del Delito a las gobernaciones regionales. Por ahora, se está trabajando con un piloto en la Región de O’Higgins.

LAS DUDAS SOBRE LAS GRABACIONES DE VITACURA

El primer delito en el que participó el Chevrolet azul ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del 28 de marzo pasado. Frente a un café de Alonso de Córdova, uno de sus dos ocupantes se bajó y le robó un reloj marca Rolex a un transeúnte. Testigos indicaron que el asalto no duró más de 15 segundos.

Según diversas fuentes consultadas para esta nota, la víctima estaba reticente a denunciar y fueron los inspectores de seguridad de Vitacura quienes lo “instaron” a que lo hiciera. Finalmente, se decidió a presentar la acción judicial el mismo 28 de marzo. La PDI confirmó a CIPER que, instruida por la Fiscalía de Flagrancia, ese día “tomó la denuncia a la víctima” e inició una investigación que continúa vigente. Por su parte, el Ministerio Público agregó que también solicitó la declaración de testigos y un levantamiento de las cámaras de seguridad del sector.

¿La PDI revisó esas grabaciones? Y si fue así, ¿permitían conocer con nitidez la patente del auto y la identidad de sus ocupantes? Allí hay versiones encontradas. Por un lado, en la Municipalidad de Vitacura indican que proveyeron imágenes en las que se identificaban ambos elementos, tal como sostuvo la alcaldesa Camila Merino a través de redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía Oriente afirmó que los registros entregados por el municipio no permitían ver la patente.

El Ministerio Público informó que la causa se derivó a la Fiscalía de Las Condes el 4 de abril y que allí se repitieron las diligencias instruidas previamente. Entre ellas, revisar las cámaras. Según su versión, la patente no se pudo identificar hasta ese momento, siete días después del robo. Con esa información rastrearon al dueño del auto y dieron con el militar, Boris Medina.

LAS DECLARACIONES SOBRE EL CHEVROLET AZUL

Medina prestó declaración dos veces: el 5 de abril, luego del asesinato del cabo Daniel Palma, y un día después en el marco del robo en VItacura. También lo hizo Bladimir Díaz Pardo, quien actuaba como un intermediario entre el integrante del Ejército y los ocupantes del Chevrolet azul.

Según Medina, a fines de 2022, Díaz le comunicó que el auto azul sería entregado finalmente a un joven de nacionalidad venezolana para que lo manejara. “Solo me dijo que este tipo trabajaba con un abogado en Concepción. Ese sujeto le pagaba a Bladimir, y este tipo me pagaba a mí. Algo así como un subarriendo. Hasta el 12 de marzo me pagaron sin ningún tipo de complicación. Luego del 20 de marzo, me avisó Bladimir que este venezolano quería empezar a pagar de manera mensual”, agregó en su declaración.

La línea de tiempo que trazó Medina en su declaración podría entregar algunas luces sobre la fecha en que Luis Lugo –el sujeto que ocupaba ese auto– dejó Concepción y se trasladó definitivamente a Santiago. 

CIPER tuvo acceso al registro que dejó el Chevrolet azul cada vez que pasó por la Autopista Central de la capital. Según esa base de datos, el vehículo pasó el 14 de marzo y luego no tuvo movimientos hasta el 21, cuando aumentó su frecuencia de anotaciones: su patente quedó registrada el 22, 23, 24, 25, 27 y 28 de marzo. Esta última, la misma jornada en que ocurrió el asalto en Vitacura. 

Luego, no hubo registro por tres días, hasta que nuevamente transitó por allí el 1 y 2 de abril, cuando se perpetró el segundo delito, en Lo Prado. A esa altura, la patente la conocían las policías desde hace cuatro días. 

Pese a los registros que conservó la Autopista Central, no saltó ninguna alarma.

MÁS CÁMARAS, ¿MÁS SEGURIDAD?

Las descoordinaciones y la tardanza con que actuaron las instituciones encargadas de prevenir e investigar el robo del reloj en Vitacura, desnudan problemas que, a juicio de las fuentes contactadas por CIPER, atentan directamente contra la eficacia de los sistemas de seguridad a nivel comunal.

En la práctica, esos nudos críticos se expresan, por ejemplo, en los sistemas de vigilancia que manejan los municipios de la Región Metropolitana. En algunos casos son precarios o reducidos. En otros, existen grandes inversiones, pero la experiencia demuestra que, si no se conectan a un sistema integrado con las policías y con la Subsecretaría de Prevención del Delito, toda la información y los registros puede quedar en nada.

CIPER se contactó con diez municipios de la Región Metropolitana y sus encargados de seguridad o comunicaciones, para conocer detalles sobre sus programas de televigilancia. Lo primero que salta a la vista es la desigualdad entre comunas para tener acceso a estos dispositivos. En la región hay comunas que registran 64 cámaras de vigilancia, como La Pintana, y otras con más de 2.659, como Las Condes. Hay casos en que “el presupuesto completo de una municipalidad es el mismo que otra ocupa sólo para seguridad”, explicó un encargado de seguridad municipal.

Dar el paso para instalar un sistema de televigilancia es caro. La última en subirse al carro fue la comuna de Lo Prado, la que figura con una orden de compra por $623 millones para la instalación de una nueva red de televigilancia que incluye una estación de monitoreo y 40 cámaras, las que se suman a las 17 que ya tenía la comuna. El proyecto fue financiado a través de fondos del Gobierno Regional, pero la “mantención es con financiamiento municipal”, dijo el alcalde Maximiliano Ríos a CIPER.

Centro de televigilancia comunal. Fuente Gobernación Metropolitana.

 Tras la instalación otro paso es la mantención de los dispositivos, que por lo general tienen una vida útil de cinco años. La comuna de Santiago cuenta con 628 cámaras, pero sólo 437 se encuentran operativas. De las 191 restantes, 136 se encuentran en reparación y 55 están “judicializadas” en un proceso que lleva el municipio en contra de la empresa que estaba a cargo de su mantención.

“Cuando llegamos al municipio no había mantención de las cámaras”, explicó el encargado del área de seguridad municipal, Kevin Díaz. El 1 de febrero de este 2023 se puso en marcha el contrato para la revisión preventiva y corrección del circuito de cámaras, a cargo de la empresa Visionaria, una de las favoritas por el mundo municipal. “El presupuesto se incrementó en $800 millones”, agregó Díaz, debido a los cambios en el costo de los implementos.

Otra comuna que también reconoce tener un alto número de cámaras fuera de servicio es Maipú, que a pesar de ser una de los municipios más populosos solo tiene 55 cámaras operativas en la vía pública, 27 en dependencias municipales y 15 fuera de servicio.

La coordinación con Carabineros es fundamental. Hay comunas como La Pintana que en su sala de monitoreo tienen personal de Carabineros, en otras cuentan con lo que se denomina “sala espejo”: Carabineros recibe una señal que muestra las mismas imágenes a las que tienen acceso el municipio. En otros municipios han optado por instalar la sala de monitoreo dentro de una comisaría. Es el caso de Providencia, que cuenta con 159 cámaras operativas (93 públicas y 66 en dependencias privadas), que opera en la 19° Comisaría de Providencia.

La comuna de Ñuñoa cuenta con 151 cámaras en 58 puntos del municipio, más cinco pórticos de lectura de patentes. A la fecha están todas activas, pero reporta algunos problemas aislados debido a cortes de energía programados. Algo similar ocurre en Lo Barnechea, que tiene 341 cámaras entre lectoras de patente y televigilancia. Allí reconocen que han tenido problemas “sólo excepcionalmente con el suministro energético de las cámaras”.

LOS REGISTROS COMO MEDIO DE PRUEBA

Frente al combate de delitos complejos, los registros de cámaras han demostrado ser un buen aliado, sobre todo por la cada vez mayor reticencia de los testigos para concurrir a declarar. Así lo advertían fiscales y jueces en el especial de prensa Matar al otro, realizado por el CIP de la UDP, en alianza con Vergara 240 y CIPER. Ignacio Pefaur, fiscal jefe del SACFI, de la Fiscalía Sur, reconoce que a medida que las cámaras van teniendo una mayor resolución, se convierten en mejores medios de pruebas, pues permiten leer patentes, registrar rasgos de personas sospechosas y hasta identificar vestimentas. Es más, revisar las grabaciones, dice, “es una de las primeras diligencias” que se ordenan. Por ejemplo, “cuando hay un delito en flagrancia, se instruye justamente el levantamiento de cámaras”, dijo.

Entre los casos que reflejan la efectividad de los registros audiovisuales se cuenta el del asesinato de Francisca Sandoval, periodista baleada en el barrio Meiggs durante la marcha del 1° de Mayo de 2022. La instalación de cámaras para controlar la seguridad “ha sido clave en ese sector”, recalca Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Ciudadana de Santiago.

Mapa del recorrido realizado por los imputados en el caso, inmediatamente después del ataque al suboficial Daniel Palma, captado por cámaras de la comuna de Santiago. Fuente: Ministerio Público.

En el caso del cabo Daniel Palma el uso de estos registros también fue clave. Una cámara de la municipalidad, ubicada en las cercanías del sitio donde fue herido, registró el momento en que los sujetos que ocupaban el Chevrolet Sonic azul se subieron a un taxi que estaba estacionado en una esquina del Barrio Franklin.

Según la exposición de los fiscales en la audiencia de control de detención del pasado lunes 10 de abril, estos registros son parte de las pruebas a periciar previo a la formalización del caso. “Existen cerca de 20 horas de grabaciones de distintas cámaras de seguridad; 20 horas de posible evidencia de interés criminalístico que deben seguir siendo analizada”, dijo el fiscal Cristián Meneses al solicitar la ampliación de la detención.