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ÚLTIMO SECRETARIO GENERAL DURÓ UNOS DÍAS EN EL CARGO Y ANUNCIÓ QUE PRESENTARÁ ANTECEDENTES A LA FISCALÍA
04.04.2023
CIPER revisó los gastos de la Corporación Municipal de San Bernardo, presidida por el alcalde Christopher White (PS), y detectó varios contratos millonarios que siguen un patrón: se adjudicaron por trato directo o por licitaciones privadas, fueron asignados a empresas nuevas, cuyos controladores son militantes del PS o tienen vínculos con miembros de ese partido. En algunos de esos contratos se presentaron garantías falsificadas. Además, las negociaciones con sindicatos docentes elevaron los gastos de la corporación en $6.600 millones anuales. La situación ha provocado una alta rotación de los directivos de la corporación: el último secretario general renunció dos semanas después de haber asumido, pero pidió una auditoría y anunció que presentará los antecedentes al Ministerio Público.
La Corporación Municipal de Salud y Educación de San Bernardo (Corsaber) ha enfrentado la paralización de trabajadores que dependen de ella y que reclaman por cotizaciones previsionales impagas y, en algunos casos, por eventuales reajustes salariales adeudados. La crisis ha golpeado a la gestión del alcalde Christopher White (PS), quien preside el directorio del organismo. Pero no es lo único que preocupa al interior de la corporación. CIPER detectó una serie de millonarios contratos que siguen un patrón: se adjudicaron por trato directo o a través de licitaciones privadas, y fueron asignados a empresas nuevas, sin experiencia, cuyos dueños o administradores son militantes del PS o tienen estrechos vínculos con miembros de esa colectividad. Incluso, en algunos de esos contratos se presentaron documentos falsificados para garantizar pagos.
En febrero de este año, CIPER reveló que en noviembre de 2021 la Corsaber había firmado un contrato con la sociedad FISE SpA para realizar un análisis del estado de las techumbres de diez colegios municipales. La empresa, designada a dedo, vía trato directo, se dedicaba al rubro de los áridos y no tenía experiencia en construcción. Su gerente general, Carlos Contreras, había sido funcionario de la Municipalidad de San Bernardo y de la misma corporación hasta pocos meses antes de firmar el contrato. En esa fecha, el secretario general de la corporación era Gustavo Ruz, ahora jefe de gabinete de la Subsecretaría de Defensa y actual presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista, organismo del cual Carlos Contreras también es consejero.
El controlador de FISE es Gonzalo Neira Novoa, quien en enero de este año prestó servicios como asesor de la Secretaría General de la Presidencia, ministerio liderado por Ana Lya Uriarte (PS). Su tarea fue redacción y revisión de dos informes entregados a la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el que se analizaban normas nacionales e internacionales sobre “probidad, transparencia y prevención de la corrupción”. Por este servicio recibió $1,8 millones, según la información en página de Transparencia del ministerio. Consultado para el reportaje publicado por CIPER en febrero pasado, respecto de si el nombramiento de Carlos Contreras como gerente general de su empresa podía significar algún conflicto de interés para firmar el contrato con la corporación, Neira dijo: “De ninguna manera (…), al momento de la invitación que le realizáramos para integrarse a nuestra empresa, Carlos Contreras era un profesional independiente”.
El contrato con FISE no es el único bajo cuestionamiento en la corporación. A mediados de marzo pasado el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano), ingresó una denuncia al Ministerio Público en la que acusó que se presentaron documentos falsos para garantizar los anticipos pagados por la Corsaber en tres millonarios contratos. Suscritos entre noviembre de 2022 y enero de 2023, estos contratos suman un total de $625 millones y debían mejorar la infraestructura de tres colegios.
Dos de los contratos mencionados en el párrafo anterior se firmaron cuando Mauricio Muñoz ejercía como secretario general de la corporación. Ahora, Muñoz asumió como nuevo presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en reemplazo de la periodista Faride Zerán, designado por el Presidente Gabriel Boric. El CNTV es el organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de TV, fiscalizar el contenido de sus programas y atender las denuncias sobre aquellos que se consideren ofensivos o inapropiados.
Uno de los contratos en los que se habrían presentado garantías falsas, firmado en enero de 2023, fue asignado a la empresa Q Soluciones Tecnológicas SpA (QST), creada en junio de 2021 por el técnico eléctrico José Cruz Vega. La empresa no registra otras órdenes de compra ni adjudicaciones en la plataforma de Mercado Público y tiene escaso movimiento tributario: sólo siete facturas electrónicas emitidas desde su fundación.
Los otros dos contratos fueron firmados en noviembre y diciembre de 2022 con la constructora Castro y Cerda SpA (CyC), propiedad de los hermanos Diego y José Castro Cerda. Este último es socio del militante socialista William Ara Droguett en la sociedad Clínica IMSIMED, creada en julio de 2020.
Funcionarios de salud de la Corsaber movilizados (Fuente: Facebook de San Bernardo Opinión)
William Ara fue jefe jurídico de la Municipalidad de San Ramón en 2013. Al año siguiente llegó a la unidad jurídica del ministerio Secretaría General de Gobierno, cuando esa cartera era encabezada por el socialista Álvaro Elizalde. Su nombre se vio asociado a la investigación de irregularidades en San Ramón cuando se reveló que Francisco Andrés Olguín, entonces militante socialista y jefe de gabinete del ahora exalcalde Miguel Ángel Aguilera, fue detenido en 2014 por manejar sin licencia y en estado de ebriedad un vehículo que estaba a nombre de William Ara Droguett. Olguín tenía antecedentes por receptación de vehículos robados (vea el reportaje de CIPER “Los protagonistas del narcoescándalo de San Ramón van a las elecciones municipales”).
El documento falsificado del contrato con QST fue advertido por un funcionario de la corporación. Aunque ya había sido emitida la factura para el pago del anticipo, se levantó una alerta y la empresa que debe acreditar la existencia de la garantía, Maxxa, confirmó que el documento era falso. El contrato con QST fue dado de baja. El dueño de la empresa, José Cruz Vega, dijo a CIPER: “Salimos para atrás en esta aventura”. Y explicó que a “una persona que trabajaba con la empresa se le encargó pedir esos documentos, pero esta persona hizo ese documento falsamente emitido”.
CIPER tuvo acceso a un documento enviado a la corporación por la empresa MásAVAL -que supuestamente había extendido la garantía de QST-, en la que informa que se querellaría por esta falsificación. A su vez, Maxxa confirmó a CIPER que ya se querelló por esta misma situación.
Los contratos con CyC siguen en ejecución. CIPER consultó a José Castro, uno de los dueños de la empresa, por los dos documentos de garantías que figuran en la denuncia que llegó al Ministerio Público. Pero, ante la recomendación de su abogado, prefirió no hacer declaraciones. En la corporación también optaron por guardar silencio ante las consultas de CIPER.
Al mismo tiempo en que se firmaron los contratos con garantías cuestionadas, la crisis que estallaría en la Corsaber en marzo de este año se comenzaba a cimentar. En el segundo semestre de 2022 se firmaron tres convenios colectivos, uno con los asistentes de la educación, otro con el Sindicato Único de la Educación (SUTE) y otro con el Colegio de Profesores de San Bernardo. Este último fue comprometido personalmente por el alcalde White, según explicó a CIPER la presidenta del organismo gremial, Jenny Caro. Entre los tres contratos se estima que se generó un aumento de $6.600 millones anuales extras para la corporación, lo que puso en alerta a los concejales a fines de 2022. Aún así, aprobaron el presupuesto para este año.
El secretario general de la corporación que estuvo a cargo de las negociaciones con las organizaciones docentes fue el exmilitante socialista Pablo Veloso Alcaide, quien duró sólo cinco meses a la cabeza de la Corsaber. En esas fechas, el jefe jurídico de la corporación era Mauricio Muñoz, quien asumió el cargo de Velozo tras su salida. En manos de Muñoz quedó la negociación que culminó con los acuerdos que dispararon los gastos de la corporación.
Mauricio Muñoz renunció a la Corsaber en febrero pasado. A mediados de marzo fue confirmado en el puesto Javier Marguirott Alegría, quien también milita en el PS. Su nombramiento causó ruido en la corporación por haber formado parte de los equipos que acompañaron al cuestionado exalcalde Aguilera en San Ramón, donde fue director del área de salud. Pero, el viernes 31 de marzo Marguirott renunció al cargo apenas dos semanas después de haber asumido.
La fórmula que se utilizó durante años en la Corsaber para asignar contratos era el “trato directo”, sin licitaciones ni consultas al mercado. Así, a diferencia de las normas de compras públicas que se aplicaban en la Municipalidad de San Bernardo, en la corporación se escogían “a dedo” las empresas que prestaban servicios millonarios, los que se pagaban con dinero aportado por la misma municipalidad. Ese fue el caso del contrato con FISE: una empresa nueva, sin experiencia en el área ni contratos con otros organismos públicos, que, además, según explicaron sus dueños a CIPER, necesitaba el anticipo pagado por la corporación para ejecutar el contrato. Este mismo patrón fue detectado por CIPER en cinco acuerdos suscritos durante el último año por la Corsaber.
Si bien a partir del segundo semestre de 2022 en la corporación comenzaron a aplicar la fórmula de “licitaciones privadas”, obligados por un dictamen de 2021 de la Contraloría General de la República -que exigió a las corporaciones municipales ser parte del sistema de Compras Públicas a partir de enero de 2023-, la mayoría de los procesos de licitación siguieron siendo secretos, sin convocatorias abiertas.
En el caso de las empresas Q Soluciones Tecnológicas y Constructora Castro y Cerda, ambas eran nuevas, sin experiencia, ni contratos con otros organismos públicos y fueron invitadas directamente por la Corsaber.
“La empresa es nueva para ese proyecto”, reconoció José Cruz Vega, de QTS, a CIPER. Aunque él hizo hincapié en que acreditó profesionales y empresas con experiencia en el área de la electricidad, que era el principal objetivo del contrato que firmó el 16 de enero de 2023 con la Corsaber, por $243 millones, para realizar obras en el colegio Fidel Pinochet Le Brun. Aunque en el contrato se estipula un anticipo del 50% ($121 millones), Cruz Vega explicó que eso no estaba incluido al inicio de las negociaciones. Un “muchacho que trabajaba con nosotros”, sostuvo el empresario, “nos dijo que sí había la posibilidad de tener anticipo”. Y la garantía falsificada, reconoció, corresponde a la de ese anticipo.
El caso de la Constructora Castro y Cerda es distinto. Sus dos contratos, el del Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo (firmado el 18 de noviembre pasado por $246 millones) y el del establecimiento Manuel Magallanes Moüre (celebrado el 19 de diciembre por $136 millones), no contemplaban la entrega de anticipos. Pero fueron modificados posteriormente, debido a que “no se visibilizó la necesidad imperiosa de lograr que las obras contratadas estén listas para el mes de marzo del 2023”, según se detalla en la resolución 573/2022 de la corporación, que autorizó el anticipo para el contrato del liceo. La garantía que la empresa presentó para las obras de la escuela Manuel Magallanes Moüre, por $68 millones, es la que no figura en el sistema de Maxxa. La otra garantía de CyC que tampoco aparece en los registros de Maxxa, es por $123 millones y corresponde al contrato del liceo industrial.
CyC también es una empresa nueva: fue creada en mayo de 2020, aunque ya ha firmado 11 contratos con la Corsaber, por un total de $551 millones, según la información del Portal de Transparencia de la misma corporación. Además, tiene un contrato por $30,7 millones con la Municipalidad de San Bernardo, vía trato directo, para arreglar el Estadio Municipal, firmado en enero de 2023. Esta es la única experiencia que se puede acreditar de CyC en el área de la construcción, ya que no registra contratos con otras entidades públicas ni otras órdenes de compra en Mercado Público. Pero, José Castro Cerda, sí tiene empresas dedicadas al área.
Una de las empresas de José Castro del rubro de la construcción es MC Asociados SpA, la que firmó dos tratos directos con la Municipalidad de Estación Central en 2021. Entre sus sociedades figura la “Clínica IMSIMED SpA” en la que es socio con William Ara Droguett.
A José Castro y William Ara los une también el gusto por las carreras de caballos. En la siguiente fotografía se les puede ver en la jornada del pasado 16 de enero en el Club Hípico. En esa imagen también aparece Miguel Abdo Ara, primo de William y exconcejal de la UDI en Estación Central. Miguel Abdo sucedió en la alcaldía de esa comuna a Rodrigo Delgado cuando este se fue al gabinete del entonces presidente Sebastián Piñera. Abdo está contratado a honorarios en la Corsaber como asesor en el proceso de traspaso de las escuelas al nuevo Sistema de Educación Pública, según la información publicada en Transparencia Activa de la corporación.
William Ara con José Castro y Miguel Abdo Ara en el Club Hípico.
Un exalto funcionario de la corporación señaló a CIPER que a fines de 2021 el señor William Ara Droguett lo contactó para ofrecerle un cargo, luego, en enero de 2022 se volvió a reunir con el militante socialista, pero esa vez también asistió al encuentro el alcalde Christopher White. En esa reunión, sellaron el acuerdo para que llegara hasta la Corsaber.
Entre los documentos revisados por CIPER también figura una orden de compra, vía trato directo, con Netmed Pharma Chile SpA, que data del 21 de abril de 2022. Se le pagaron $206 millones por 492 mil mascarillas N95, además de 1,4 millones de mascarillas desechables pediátricas y 1,4 millones de mascarillas de tres pliegues para las escuelas municipales. La empresa es propiedad de Luis Vizcarra Sandoval, involucrado en un caso de fraude al fisco en 2013 por una contratación con sobreprecio de una de sus empresas para la construcción de una escuela en Lago Ranco.
En este contrato con Netmed Pharma, la Corsaber pagó cada mascarilla N95 a $130 pesos. Según la revisión realizada por CIPER en Mercado Público, este es un precio superior al registrado en otras órdenes de compra fechadas entre marzo y agosto de 2022 a nombre de corporaciones o municipios. En esas órdenes, el promedio pagado por unidad es de $90 en compras por volúmenes muchos menores (de hasta 25 mil unidades).
Otra orden de compra de la Corsaber, del 9 de noviembre de 2022, para la empresa Netmed Laboratorios SPA, involucró el pago de $80 millones por 100 catres clínicos de tres posiciones con manivela. La empresa también era nueva. Según los datos del Diario Oficial había sido constituida cuatro meses antes por Paola Flores Anderson, esposa de Luis Vizcarra Sandoval e hija del exalcalde y actual consejero regional de Los Ríos, Waldo Flores Vega (DC).
Flyer del evento
Otro contrato que ha sido cuestionado al interior del Consejo Municipal de San Bernardo es el de la actividad Dinosaurio Animatronic, realizada en vacaciones de invierno el 2022. Según una denuncia presentada a la Contraloría por la concejala Mariela Araya Cuevas (UDI), esta actividad se habría financiado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), los que solo pueden ser destinados a financiar necesidades educacionales de los estudiantes más vulnerables. La concejala Araya obtuvo esta información a través de una consulta vía Ley de Transparencia. En la respuesta se le entregó el memo interno N°45 de la Corsaber, firmado por la gerenta de administración y finanzas, donde se indica que la actividad se financió con fondos SEP (vea aquí el requerimiento ante Contraloría con el memo N°25).
El costo de Dinosaurio Animatronic fue de $25 millones y el contrato aparece firmado el 25 de octubre de 2022 -tres meses después de las vacaciones de invierno- con Vibra Marketing SpA, de propiedad del conocido representante de jugadores de fútbol Fernando Felicevich.
La versión que circula al interior de la Corsaber es que el contrato no fue financiado con fondos SEP y que la información entregada vía Ley de Transparencia a la concejala Araya Cuevas se debe a un error de la gerencia de finanzas. Pero, en la Corsaber no respondieron la consulta de CIPER sobre este tema.
La última Navidad en San Bernardo se celebró en grande: carro alegórico, trineos, música, luces y el Viejo Pascuero, recorrieron la comuna por cuatro días. En el camión iba el alcalde White, además de algunos concejales y funcionarios municipales. Las cinco jornadas de “Navidad en tu barrio” tuvieron un costo de $24 millones y el servicio fue prestado por Eventos RM SpA, empresa creada en noviembre de 2020 por Rodrigo Martínez Barra, según el registro del Diario Oficial. Fue contratada a través de trato directo por la municipalidad.
Hasta inicios de marzo de este año el pago a Eventos RM estaba suspendido. El área de administración y finanzas de la municipalidad puso reparos a haber utilizado la modalidad de trato directo en lugar de una licitación (vea documento). En el oficio interno 391/2023 emitido por la Secretaría de Planificación de la municipalidad, se defendió el trato directo, argumentando la magnitud del evento (fue presenciado por 45 mil personas) y la necesidad de contar con un proveedor de confianza. Pero, a esa fecha, Eventos RM solo registraba un contrato anterior con un organismo público: la Municipalidad de Navidad (Región de O’Higgins), en 2021.
En el mencionado oficio se destaca que la actividad fue encargada personalmente por el alcalde al departamento territorial, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, división en la que trabaja Christián Pino, otro antiguo colaborador de confianza del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Pino aparece en las imágenes de la caravana navideña como el principal animador de la actividad, arriba del camión y al lado del alcalde White y del Viejo Pascuero.
Pino, quien años atrás compitió contra White por el sillón municipal, tras renunciar al Partido Socialista, figura ahora en San Bernardo con un sueldo de $3,5 millones líquidos por el cargo de asesor en la planificación y coordinación de tareas de fortalecimiento de organizaciones comunitarias.
La esposa de Pino, de profesión ingeniera y también ex funcionaria de la Municipalidad de San Ramón, aparece contratada en la Corsaber como asesora en el desarrollo de políticas de colaboración con el sector empresarial. Ella registra una remuneración de $1 millón mensual.
Otro nombre que aterrizó en San Bernardo después de haber trabajado en San Ramón en tiempos del exalcalde Aguilera es el de Patricio Ossandón (PS), ex concejal de La Cisterna. Hasta 2020 fue asesor en el área de seguridad pública de la Municipalidad de San Ramón y hoy es asistente social de una escuela de San Bernardo.
Los vehículos utilizados en la caravana navideña también tienen conexión con el antiguo equipo del exalcalde Aguilera en San Ramón.
Rodrigo Martínez, dueño de Eventos RM, la productora del espectáculo pascuero itinerante, confirmó a CIPER que camiones e infraestructura utilizados en la caravana eran del empresario y excandidato a alcalde de Paine, Ramón Sandoval. En 2020 CIPER reveló los nexos de Sandoval con Roberto Martínez, ex encargado de seguridad del municipio de San Ramón y parte del círculo de confianza del exalcalde Aguilera. En noviembre de 2017, Roberto Martínez fue detenido portando balas que eran de Sandoval, mientras conducía una camioneta encargada por robo. La PDI lo seguía tras haber interceptado una comunicación en la que el narcotraficante Jorge Pinto -que estuvo contratado en la Municipalidad de San Ramón-, le pedía que consiguiera municiones.
Roberto Sandoval declaró en el juicio contra Roberto Martínez que este le había robado las municiones, pero ante la PDI había dicho que él se las había pasado. Sandoval también reconoció tener negocios con la imprenta de Francisco Andrés Olguín, el exjefe de gabinete del alcalde Aguilera.
Para nadie en San Bernardo es una sorpresa que la Corporación Municipal de Educación y Salud enfrenta una crisis económica. Algunos concejales han hablado de una “inminente quiebra” del organismo que se sostiene de los traspasos que realiza la Municipalidad de San Bernardo. El déficit millonario se arrastra desde la administración de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI). De hecho, el actual alcalde Christopher White se querelló contra Cuevas y el expresidente de la Corsaber por la supuesta mala utilización de $9 mil millones de los fondos SEP.
En marzo los trabajadores de la salud y educación, que dependen de la Corsaber, estuvieron en paro por cotizaciones impagas, desde enero, correspondientes a profesores contratados bajo el estatuto docente y, además, por el despido de asistentes de la educación.
En entrevista con Chilevisión, el alcalde White dijo que ha “entendido la situación que ellos (los trabajadores) han planteado” y que debe hacerse “cargo de una deuda que es insostenible para la municipalidad”. Agregó que a fin de año necesitará $25 mil millones para financiar el gasto en recursos humanos.
En la entrevista también destacó que había “construido una negociación colectiva para el beneficio de los y las trabajadoras”, en referencia a los acuerdos firmados el año pasado con el sindicato de asistentes de la educación, el SUTE y el Colegio de Profesores, los que hoy son apuntados por distintas fuentes como principales gatillantes de los problemas de liquidez que encara el municipio. De estos tres contratos, el más grande fue el suscrito con el sindicato de asistentes de educación.
Eduardo Velozo, quien era secretario general de la corporación cuando se negoció con los asistentes, defendió los términos de ese acuerdo: “Lo que yo hice es que llevé sus sueldos al salario mínimo y después lo subimos escalonadamente a un sueldo base mínimo de $500 mil bruto, eso es todo”. Según una respuesta entregada por la corporación a una consulta hecha por Ley de Transparencia, este contrato significara pagar alrededor de $2.400 millones anuales extras.
El convenio con el SUTE fue otra historia. Por primera vez hicieron la negociación reglada, a través de la Dirección del Trabajo (DT). Tras ingresar el contrato a la DT, el tiempo reglamentario para que la Corsaber respondiera se venció y nunca entregó una contrapropuesta. “Yo me entero cuando el contrato llega a mis manos, estaba fuera de plazo”, dijo Velozo a CIPER. El entonces director del área jurídica de la corporación, Mauricio Muñoz, explicó que su división no fue parte de las negociaciones y que no tuvo conocimiento de lo ocurrido con el contrato del SUTE, hasta que tuvieron que ver su aplicación. Este convenio, según información entregada por la Corsaber en respuesta a una solicitud por Ley de Transparencia, implica un gasto extra de $2.500 a $3.000 millones anuales.
De acuerdo con los datos que la propia corporación incorporó en su respuesta al requerimiento hecho a través de la Ley de Transparencia, el conjunto de negociaciones hechas con organismos docentes implicaría un gasto extra de alrededor de $6.600 millones.
En el área de la salud, los funcionarios han paralizado debido al quiebre de stock de medicamentos en la droguería municipal, el que alcanzaba hasta el viernes pasado una lista de 60 remedios, según la versión de los dirigentes sindicales del área.
Roberto Delpin, ahora exgerente general de Corsaber, dijo en el Consejo Municipal del 16 de marzo pasado: “La municipalidad en algún minuto va a tener que decir ‘no basta con los $4 mil millones que le pasan a salud para financiar el sistema’. Debieran haberse hecho unas transferencias de, por lo menos, $7 mil u $8 mil millones para mantener el sistema”.
En esa misma sesión, Delpín informó que habían encontrado en la corporación una caja fuerte con cheques y documentos que nunca fueron cobrados. La Corsaber difundió un comunicado en el que informó que fueron 254 cheques y seis vales vista vencidos, por un total de $84 millones, todos fechados en los meses de mayo y junio de 2022., y que se inició un sumario interno.
El pasado viernes 31 de marzo el secretario general de la corporación, Javier Marguirott, presentó su renuncia a sólo dos semanas de haber sido nombrado oficialmente. En su carta de renuncia (vea ese documento) señaló que tuvo “profundas desavenencias” con las directrices que le entregó el alcalde White, sumado a “malas decisiones y prácticas gerenciales que no comparto”. En el mismo texto dijo que White y el administrador municipal, Franco Guerra, le solicitaron al exgerente general de la corporación que pagara las remuneraciones de marzo con cargo a las subvenciones municipales de salud y de la Ley SEP, entre otras fuentes.
Marguirott cerró su carta diciendo que solicitó una auditoría interna y que acudirá al Ministerio Público con dichos antecedentes.
Socio/a 3 años y 1 mes
Socio/a 2 años y 5 meses Socio/a 3 años
