La agenda dormida de Cultura

Los proyectos sobre Cultura y legislación en torno a ésta estuvieron en 2022 prácticamente inmovilizados, revela un informe reciente del Observatorio de Políticas Culturales (OPC). En columna para CIPER, la directora general de ese organismo independiente recuerda la urgencia de soluciones para diversos sectores asociados: «Parte sustancial de los compromisos presidenciales de Cultura deberán pasar por el Congreso para ser cumplidos, y aún no hay indicios de que alguno de ellos vaya a ingresar pronto a tramitación. Si a esto le sumamos la “velocidad” con la que se están discutiendo los temas culturales, el panorama no es auspicioso.»

En 2015 se promulgó una ley que modificó de manera sustancial la difusión de la música chilena. Hasta ese momento, el porcentaje de creación nacional que se escuchaba en radio oscilaba entre un 8 y un 10%, sin que ninguno de los programas de financiamiento y promoción implementados previamente por los gobiernos hubiera logrado cambiar en algo la situación. Con la ley, que obligó a las radios a un mínimo de 20% de música nacional en su parrilla, el porcentaje comenzó a subir. Pero para que esa norma —que marcaría un antes y un después para la música chilena— se convirtiera en ley debieron pasar ocho años desde que fue propuesta por un grupo de parlamentarios hasta su aprobación.

Aún más demoró la llamada «Ley de teloneros», que pasó once años esperando su promulgación.

Los proyectos que son ingresados por el Ejecutivo corren un poco más de suerte: el que creó el Ministerio de las Culturas estuvo casi cinco años en tramitación.

Como es evidente, la Cultura no tiene un camino fácil en el Congreso. El último informe sobre el tema publicado por el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) [ver aquí] nos muestra que, lejos de mejorar, el panorama al respecto está empeorando. Hace diez años, cuando comenzamos con el seguimiento, casi un 80% de los proyectos sobre legislación cultural no tenían tramitación durante un año, y en promedio pasaban tres años sin ser discutidos. En los años que siguieron esto comenzó a cambiar para mejor, hasta que en 2018 ya eran más los proyectos que eran debatidos, y más las leyes que pasaban a fortalecer el débil marco legislativo con el que cuenta la Cultura en el país.

Pero tras la pandemia el panorama volvió a empeorar, incluso hasta superar la situación inicial. Durante 2022, el 88% de los proyectos ni siquiera se discutió y el promedio de inactividad para otros en pauta aumentó a cuatro años. Como era esperable además, y por primera vez en una década, ninguna iniciativa se convirtió en ley.

Contar con un marco legal robusto en Cultura es hoy una necesidad urgente. Tal como lo comprometió el programa del Presidente Boric, al menos hay tres ámbitos que requieren procesos legislativos. Por una parte está la modernización de la institucionalidad para el Patrimonio Cultural. Ya cuatro gobiernos antes que este han prometido avanzar en la necesaria actualización de una ley que data de 1970, y cuyas falencias han sido ampliamente diagnosticadas. Por otra parte, los y las trabajadores culturales conforman un sector cuyos niveles de precarización de las condiciones en las que deben desempeñarse son altísimos, y la ley con la que cuentan para regular esta realidad ha demostrado claras debilidades. Finalmente el anunciado nuevo sistema de financiamiento cultural requiere modificaciones legislativas para poder ser el cambio estructural que se comprometió.

Es decir, parte sustancial de los compromisos presidenciales de Cultura —además del aumento de recursos para el sector (uno por ciento del gasto fiscal)— deberán pasar por el Congreso para ser cumplidos, y aún no hay indicios de que alguno de ellos vaya a ingresar pronto a tramitación. Si a esto le sumamos la «velocidad» con la que, como vimos, se están discutiendo los temas culturales, el panorama no es auspicioso.

Una buena noticia es que el Senado acaba de crear una comisión exclusiva para el tema, que ya no deberá disputar con Educación las posibilidades de debatir y tramitar los proyectos en esta cámara. Pero si el Ejecutivo no pone el ritmo necesario para consolidar una agenda legislativa de Cultura en el Congreso, pasarán muchos años antes que una ley impacte de manera significativa al sector, como si es posible hacerlo.