UNO DE LOS CONDENADOS TRABAJÓ RESGUARDANDO UN RECINTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Farmacia ilegal que abastecía a vendedores de medicamentos en ferias libres también era proveedora de una red narco de Atacama
02.03.2023
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UNO DE LOS CONDENADOS TRABAJÓ RESGUARDANDO UN RECINTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CALDERA
02.03.2023
Santa Rosa de Lima era una farmacia que incumplía las principales normas para este tipo de locales: vendía medicamentos al por mayor y no pedía receta para fármacos regulados. En realidad, era una farmacia ilegal que operaba sin permiso sanitario. Tenía una bodega en la que se hizo el mayor decomiso de medicamentos registrado en Chile: diez toneladas. Aunque cayó en una fiscalización destinada a evitar que abasteciera a vendedores callejeros de fármacos, la investigación dejó al descubierto una falta mucho más grave: el local abastecía a una banda narco que operaba en Caldera (Atacama). Uno de los imputados trabajó como guardia en un recinto de la municipalidad de esa comuna.
El 16 de febrero de 2022, a eso de las 10:30, los agentes de la Brigada de Sustancias Químicas de la PDI (Brisuq) incautaron cerca de diez toneladas de medicamentos. La inusual cantidad de fármacos decomisados fue detectada en una bodega contigua a una farmacia ilegal denominada Santa Rosa De Lima, la que operaba sin contar con una resolución sanitaria del Instituto de Salud Pública (ISP). El local, propiedad de dos ciudadanos peruanos y administrado por miembros de su entorno familiar, estaba ubicado en Santa Rosa N°10.016, en la comuna de La Granja.
La operación policial que terminó con el mayor decomiso de medicamentos que se ha registrado en Chile, se inició con una inspección sanitaria del ISP. La diligencia estaba destinada a evitar que el local siguiera abasteciendo a vendedores callejeros de fármacos, como los de las ferias libres, tal como se informó en un artículo anterior de CIPER (vea el reportaje “Las farmacias independientes que abastecen el negocio de la venta ilegal de medicamentos”). No obstante, la investigación que se originó por el sorprendente hallazgo de la bodega reveló que la farmacia ilegal también era proveedora de una red narco que operaba en la comuna de Caldera (Región de Atacama).
Con estos antecedentes, el dueño de la farmacia y su pareja fueron detenidos en Perú, en virtud de una orden internacional de captura. Entre los detenidos en la Región de Atacama figura un exempleado de la Municipalidad de Caldera que hasta 2021 trabajaba prestando servicios de seguridad en un recinto comunal.
El local de Santa Rosa de Lima tenía en el frontis un cartel que lo presentaba como perfumería, venta de pañales y artículos de aseo. Pero era una fachada. En el recinto se comercializaban medicamentos en grandes volúmenes. Hasta ahí llegaban personas dedicadas a la venta de fármacos en las calles y ferias libres. Incluso, el local ofrecía el despacho a domicilio de encomiendas con grandes cantidades de productos, servicio que precisamente se utilizaba para el aprovisionamiento de la banda narco. Por esta vía, la farmacia ilegal enviaba a la organización tramadol y clonazepam, que luego eran traficados en Caldera.
Los inspectores descubrieron que el permiso que usaba Santa Rosa de Lima para comprar medicamentos a laboratorios y droguerías estaba a nombre de Farmacia Gabriela, un recinto del mismo dueño, pero ubicado en La Pintana, en la calle General Arriagada 0503. Esa farmacia sí contaba con resolución sanitaria del ISP. Todos estos antecedentes fueron detallados en la instrucción de un sumario sanitario fechado el 8 de abril del año pasado (vea el sumario sanitario N° 1577). Además, en las dependencias del local Santa Rosa de Lima encontraron facturas de compras de medicamentos realizadas a nombre de Farmacia Gabriela.
La historia de la Farmacia Gabriela comenzó a escribirse en octubre de 2012, cuando el ciudadano peruano y residente en Chile, Raúl Medina Collantes, obtuvo en la Municipalidad de La Pintana, la patente para abrir su local (vea el registro de patentes). Entonces, el alcalde era Jaime Pavez, exmiembro del PPD, quien posteriormente se convirtió en concejal de la misma comuna, cargo del que fue destituido en 2016 bajo el cargo de “notable abandono de deberes” por una situación ocurrida cuando era jefe comunal (vea una nota de radio Cooperativa sobre las razones de su destitución).
Raúl Medina Collantes es oriundo de Chimbote, Perú. Una ciudad de la provincia del Santa, ubicada en el Departamento de Áncash. Toda su familia proviene de esa zona y varios de sus parientes atendían y administraban su local que fue allanado en la comuna de La Granja.
En 2021 se asoció con su pareja, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía: Carlos Alfredo Palacios Reyes, también peruano. Ambos crearon la Sociedad Comercial Santa Rosa De Lima SpA., dueña del negocio donde se decomisaron diez toneladas de fármacos y continuadora de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) que había sido constituida por Medina Collantes en 2016.
En local de la farmacia ilegal comenzaría la venta descontrolada de medicamentos y el flujo de fármacos hacia Caldera. Las ventas se empinaban cerca de los $10 millones diarios, según declaró el día del decomiso el administrador del local: Paony Vergara Rabines. “Vergara se encargaba de abrir el establecimiento, supervisar a los trabajadores, pagar a los proveedores de medicamentos y administrar la empresa”, se detalla en la sentencia del Tribunal de Caldera. Paony Vergara integraba el círculo familiar de los dueños del negocio: era sobrino del hermano de Raúl Medina Collantes.
Otro cercano que trabajó en el local de La Granja fue Junior Alexis Muñoz Reyes, familiar de Carlos Palacios. El negociaba con los proveedores y adquiría los medicamentos y, según la sentencia ya citada, ordenaba los documentos tributarios para que figuraran a nombre de Farmacia Gabriela.
El 16 de agosto de 2022, Paony Vergara y Junior Alexis Muñoz fueron condenados en primera instancia a una pena de 880 días por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas y a la misma pena, además de una multa de 10 UTM ($587 mil), por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Por último, se les declaró culpables del delito de expendio de medicamentos deteriorados y se les aplicó una multa de 5 UTM ($293 mil).
Los registros del Diario Oficial indican que el hermano de Raúl Medina, Eduardo, también ha constituido sociedades relacionadas con el rubro de las farmacias. En 2022, tras el cierre de Farmacia Gabriela y del local de Santa Rosa, Raúl Medina se asoció con dos de sus familiares directas para constituir Medinas SpA, sociedad que utiliza el nombre de fantasía Farmacias Medinas SPA y que fue inscrita el 9 de septiembre del año pasado, un mes antes de que Raúl Medina y Carlos Palacios fueran detenidos en Chimbote.
La primera vez que a Farmacia Gabriela se le aplicó un sumario fue en 2014. El ISP descubrió que en ocasiones no contaba con químico farmacéutico, incumplía con las condiciones de venta para medicamentos con receta retenida, carecía de remedios del petitorio mínimo requerido por la autoridad y mal manejaba la cadena de frío de ciertos medicamentos. Los dueños de Gabriela tuvieron que pagar una multa de 1.681 UTM (unos $70 millones al valor de la época) (vea la sentencia de sumario sanitario N°2274).
El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Renán Gallardo Ángel, señaló que el día del decomiso de “fármacos más grande realizado en la historia de Chile», los dueños del negocio, Raúl Medina Collantes y Carlos Palacios, se encontraban fuera del país.
Ese día la PDI decomisó 172 mil unidades de tramadol en distintos formatos –comprimidos, cápsulas y jarabe–, 2.500 unidades de clordiazepóxido y 2 mil unidades de codeína. “Se encontraron dichos medicamentos empacados en cajas, rotuladas con el nombre de las sustancias y los datos de los clientes a quienes iban a ser enviados. El local contaba con una oficina donde se despachaban los medicamentos; una bodega que contenía un sinnúmero de fármacos y oficinas administrativas”, declaró el fiscal a cargo de la investigación.
Renán Gallardo detalla que “los medicamentos se hallaban guardados sin control de temperatura y humedad. Estaban corroídos”. Esto, para el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, es grave. Los fármacos expuestos a estas condiciones pueden hacer que no surta ningún efecto o que no sea el esperado por el consumidor. “En el primer caso, algunas personas suelen recurrir a aumentar la dosis, causando intoxicaciones o, simplemente, que abandonen la terapia por desconfianza en el producto, lo que acarrea aún más problemas en la salud”, señala Jorge Cienfuegos, presidente del colegio.
El Diario de Chimbote reveló que Raúl Media y Carlos Palacios, los dueños de la farmacia ilegal, fueron arrestados por la Interpol y el Escuadrón de Emergencia Central de Perú el 18 de octubre de 2022. Hoy están presos en la cárcel de Chimbote y a la espera de que la Corte Suprema peruana autorice su extradición. A los dos se les imputa el delito de asociación para el tráfico de drogas.
“Varias personas trabajaban en Santa Rosa de Lima con distribución de funciones permanente en el tiempo, incluso, con contrato de trabajo. Esto nos permite presumir y afirmar que se trata de asociaciones que el legislador considera, en su forma, como ilícita”, aclara el fiscal. La investigación todavía sigue en curso.
La carpeta investigativa de la Fiscalía, a la que CIPER tuvo acceso, señala que la líder de la red que distribuía los fármacos en Caldera era Magdalena Aguirre González. Ella era abastecida a través de encomiendas que le enviaba una familia de feriantes que compraba los productos en la farmacia ilegal Santa Rosa de Lima.
Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, el 1 de marzo de 2021 ocurrió el primer envío. La sucursal de Chilexpress en Caldera recibió una encomienda con 16,7 kilos de tramadol. El paquete fue enviado por Nicolás Valdés Báez desde la Región Metropolitana. Nicolas y sus padres, Ricardo Valdés e Ivonne Báez Báez, todos feriantes, compraban los fármacos en Santa Rosa de Lima. Los tres fueron condenados en primera instancia por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. La pena fue sustituida por reclusión parcial nocturna domiciliaria por el mismo periodo de la condena.
Entre marzo y noviembre de 2021, de acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía, la familia de feriantes habría enviado 84,41 kilos de tramadol y 14 cajas de clonazepam (cada una de 30 comprimidos de 2 mg.) a Magdalena Aguirre. Los fármacos no se comercializaron solo en Caldera, pues la investigación penal indica que en mayo y agosto de 2021, Aguirre despachó a Los Vilos (Coquimbo), a nombre de Michael García Castillo, encomiendas con tramadol.
Los datos recabados por la Fiscalía establecieron que Magdalena Aguirre trabajaba con Denise Gaytán Uribe, quien en primera instancia fue declarada culpable de tráfico de sustancias estupefacientes y recibió una pena de cárcel que fue reemplazada por libertad vigilada intensiva.
Giovanni Alberto Maurel Nuñez vivía en Caldera. Era uno de los hombres que le prestaba seguridad a la red narco. De acuerdo al relato del fiscal Renán Gallardo, mantenía una relación sentimental con Magdalena Aguirre. El 29 de diciembre de 2021 la PDI allanó su domicilio y detectó una bolsa con 16,87 gramos de marihuana y un blister de clonazepam con 19 comprimidos. En la maletera de su auto –bajo la rueda de repuesto– había 29,41 gramos de cocaína, una balanza digital y un envase de Tramadol Clorhidrato.
Los antecedentes que figuran en la carpeta investigativa muestran que Maurel Nuñez le había encargado a Luis Alberto Olivares Araya que le escondiera tres armas de fogueo, dos de ellas adaptadas como armas de fuego. Entonces, Olivares Araya estaba contratado a honorarios para cuidar un recinto de la Municipalidad de Caldera. La policía encontró en su poder un bolso con las tres armas.
De acuerdo con la versión del fiscal, Luis Olivares prestaba seguridad a la red criminal, lo que se habría comprobado gracias a una denuncia efectuada por funcionarios de la seguridad ciudadana. A esto se suma las interceptaciones telefónicas y la declaración de un testigo protegido que lo vinculó con Magdalena Aguirre y Denise Gaytán.
El Tribunal de Caldera condenó a Giovanni Maurel a tres años y un día por el delito de posesión de armas prohibidas y a 541 días por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. A Luis Olivares le dictó una pena de tres años por posesión de armas prohibidas. Tanto en el caso de Gaytán como en el de Olivares la pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva.
El último envío de fármacos sucedió el 29 de diciembre de 2021. La familia de feriantes despacho 5,9 kilos de tramadol a Magdalena Aguirre. Pero, las encomiendas ya eran rastreadas por la PDI. Los policías detuvieron a la mujer con el paquete en su poder. Además, según los datos aportados en la acusación, llevaba en su cartera “dos blíster de clonazepam de 2 mg. con 10 comprimidos cada uno, una bolsa con 9 gramos de cannabis sativa y otra con 11,07 gramos de cocaína base”.
Ese mismo día se registró el domicilio de Magdalena Aguirre, en Caldera. La PDI informó que allí encontró 203,8 gramos de marihuana, 100 frascos de tramadol, 365 comprimidos de clonazepam y 340,18 gramos netos de cocaína con un 36% de pureza. Además, en el antejardín de la vivienda se descubrieron 478 cajetillas de cigarrillos marca Carnival, provenientes del contrabando.
La causa judicial de Magdalena Aguirre, según detalló el fiscal Renán Gallardo, fue separada del caso principal y el pasado 20 de febrero comenzó la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público solicitó 12 años de presidio y una multa de 400 UTM (cerca de $25 millones) por tráfico ilícito de drogas, además de tres años y un día por el delito de receptación aduanera, este último relacionado con los cigarrillos encontrados en su antejardín.
*Este artículo fue actualizado el 3 de marzo a las 12:41 hrs