No son culpas individuales pero tampoco simples circunstancias lo que explican tragedias como el reciente incendio en la Quinta Región, sino una profunda interconexión entre procesos sociales y ambientales en el territorio, recuerdan los autores de esta columna para CIPER: «El concepto de riesgo permite comprender fenómenos como este desde una perspectiva sistémica: la acción particular de una persona es solo el último eslabón de una sucesión de factores que desencadenan la tragedia, pero a la cual contribuyen también muchos otros actores, incluido el propio Estado.»
El incendio del pasado jueves 22 de diciembre en la quebrada de Nueva Esperanza de Viña del Mar es, sin duda, de los eventos más trágicos del año recién pasado. Como suele ocurrir en los días posteriores a una tragedia de estas proporciones, el hecho acaparó gran atención: el Presidente de la República se constituyó en la zona para anunciar medidas, los medios de comunicación difundieron una y otra vez imágenes de la destrucción y persiguieron testimonios de los afectados —en ocasiones, al límite de lo ético—, y agrupaciones de la sociedad civil organizaron ayuda social. Todo ocurría bajo el entendido de un desgraciado infortunio, que no cabía más que lamentar, para luego agradecer la ayuda concedida. Si bien la gravedad de la tragedia es innegable, cabe preguntarse por el carácter fortuito de su ocurrencia: ¿acaso se desconocía el riesgo que corrían las familias al vivir en esos lugares? ¿No había antecedentes técnicos sobre la exposición de esa población a la amenaza de incendios forestales? ¿No estaban las autoridades municipales ni regionales al tanto del riesgo que a vista y paciencia de todos se incubaba en la quebrada de Nueva Esperanza? Es un lugar común sostener que los incendios forestales tienen, en la mayoría de los casos, origen antrópico; es decir, en la actividad humana específica de una persona o grupo de personas (sea con intencionalidad o por mera negligencia). Sin embargo, en un contexto de cambio climático, planificación territorial deficiente y urgencias sociales, cabe cuestionar hasta qué punto este lugar común es correcto. El concepto de riesgo permite comprender fenómenos como este desde una perspectiva sistémica: la acción particular de una persona es solo el último eslabón de una sucesión de factores que desencadenan la tragedia, pero a la cual contribuyen también muchos otros actores, incluido el propio Estado. Técnicamente, el riesgo es definido como el potencial de ocurrencia de un desenlace dañino sobre un sistema humano o natural. En el caso de los incendios forestales, el riesgo resulta de la interacción de tres variables: (1) vulnerabilidad, entendida como propensión o predisposición a ser afectado negativamente (en el caso de los campamentos de Viña del Mar, viviendas construidas con material ligero incrementan su vulnerabilidad frente a incendios forestales); (2) nivel de exposición; es decir, cercanía de una población a lugares de alta amenaza. (3) Y amenaza climática, como las sequías, olas de calor y condiciones de viento (factores que facilitan la propagación del incendio). *** El incendio de Viña del Mar es un caso paradigmático de un riesgo que fue previamente calculado. En 2018 el Ministerio del Medio Ambiente priorizó fondos internacionales para la elaboración de un proyecto denominado «Programa de Resiliencia Climática para el Área Metropolitana de Valparaíso», el cual, entre otros aspectos, analizó el riesgo de incendio forestal para esta conurbación (incluyendo Viña del Mar). El proyecto fue coconstruido por académico/as de las mejores universidades regionales y por autoridades de la región, congregados en el denominado Comité Regional de Cambio Climático (CORECC). Entre las autoridades participantes destacan el gobierno regional, seremías de variadas carteras y otras instituciones relevantes en temas de incendios (como Conaf). El resultado del análisis fue categórico: las zonas de quebradas e interfaz urbano rural presentan un altísimo riesgo de incendio forestal en el presente, con una proyección que solo aumenta en el futuro. El objetivo central del trabajo fue precisamente adelantarse a los posibles impactos negativos del cambio climático y tomar las medidas de adaptación para evitar daños en la población más expuesta. Sin embargo, y a pesar de esta evidencia, en marzo de 2022 el MINVU de la región de Valparaíso inició el proceso de regularización del Campamento Felipe Camiroaga (uno de los más grandes del país), ubicado en lo alto de la quebrada, en la zona más severamente afectada por el incendio. La reacción institucional más común frente a tragedias de esta magnitud es buscar la responsabilidad del Estado para que, en lo que se pueda, repare el daño mediante indemnizaciones en dinero. Así ocurrió recientemente con las víctimas del terremoto del 27-F de 2010 [véase, entre otros, rol N°4658-2017, 16.11.2017], y más atrás en el famoso caso Bajos de Mena, en el que el Estado construyó viviendas sociales sobre un antiguo vertedero [rol Nº10.156-2010, 07.05.2013]. Sin embargo, la herramienta de la responsabilidad pecuniaria es muy limitada para enfrentar problemas como éstos. Primero, porque ésta siempre llega tarde, cuando los daños ya se han producido. Y segundo, porque mediante la responsabilidad se busca sancionar comportamientos específicos en beneficio de personas específicas (los demandantes). Sin embargo, la responsabilidad es un arma enteramente inocua para enfrentar las causas más profundas del problema: el incendio desnuda una atomización de las funciones y atribuciones en el Estado, que resulta en acciones fragmentadas frente a desafíos que, en realidad, son interconectados. Es tan profunda esta interconexión entre procesos sociales y ambientales en el territorio, que supera las estructuras actuales del Estado, exigiendo una toma de decisiones coordinada entre diferentes sectores y escalas de administración. Sin duda, la responsabilidad patrimonial del Estado podrá perseguirse en el caso que motiva esta columna, y no es improbable que sea acreditada. Sin embargo, el incendio de Viña del Mar, tal como el terremoto del 27-F o las viviendas de Bajos de Mena, dan cuenta de que las condenas indemnizatorias no apuntan a la solución real del problema. Las comunidades viviendo en zonas de riesgo de incendio en la V Región son solo un pequeño porcentaje de la totalidad de familias viviendo al borde del precipicio. Seguir descansando en la herramienta de la responsabilidad es, literalmente, sentarse a esperar la próxima tragedia.
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Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
No sólo en Chile se producen estos mega incendios ¿Qué hay de Australia, California, Amazonía, etc.? ¿habrá una relación con los grandes empresarios e inversionistas de éste planeta? ¿Qué hay del Proyecto Haarp o sólo es una de las historia más que se nos cuentan? ¿por qué el cambio climático tan drástico?, ¿la proliferación de la droga y los drogadictos?, ¿los cahuines de los políticos?. Se trata de crear el caos y nadie sepa que está pasando en lo más oculto, sólo que nos están adormeciendo total somos una masa amorfa que no entiende nada de nada, somos número. Lo que importa es producir, producir a bajo costo pero a un alto precio de la dignidad humana.
Diego Anz | 09.01.2023
El lugar incendiado probablemente representa menos de un 10% del territorio comunal y la ciudad casi completa está "expuesta a zonas de riesgo" de incendios. Se agradecen las ganas de aportar de los columnistas, el documento está interesante y colabora con abrir la discusión, sin embargo, la síntesis no es correcta, aunque entiendo proviene de un prejuicio histórico en torno a los campamentos en Viña (que en esta oportunidad no comentaré pues es un tema complejo especialmente en nuestra ciudad). Es importante destacar que en el reciente incendio se quemaron pocas casas irregulares y el fuego comenzó en el bosque, directamente sabemos que no fue a causa de un problema eléctrico en las "tomas" como se especulaba las primeras horas (instalando ya un prejuicio del caso), la mayoría de poblaciones afectadas eran construcciones sólidas y tenían décadas de historia, cito como ejemplo el reconocido caso del club deportivo "Huracán Sur" con 60 años de antigüedad (nombre que refiere al viento del sector). La falta de Estado en Viña del Mar es transversal, el año pasado me tocó visitar un edificio condominio nuevo literal en la punta de un cerro, con departamentos de hasta $90millones, en que las calles alrededor y accesos eran de tierra y sufrían constantes derrumbes de rocas desde un cerro cercano, entonces la ciudad completa está abandonada (salvo las primeras 10 cuadras desde la playa), los pocos grifos que hay a veces no funcionan, pocas compañías de bomberos (deficiencia de todo servicio público en los cerros), calles descuidadas... Entonces, enfocar la crítica en los campamentos en estos momentos es desviar la atención, pues si vamos a discutir sobre Viña del Mar y los incendios, debemos discutir sobre desigualdad entre el "Plan" y los cerros donde vivimos el 90%, el sistema de grifos, inversión vial y cómo integrar en el Estado a las cientos de comunidades que de forma voluntaria y por décadas han protegido activamente nuestras decenas de parques naturales, en vez de reducirlos, alejarnos de ellos y vivir entre cemento para "prevenir incendios".
Dato curioso: En nuestra cultura local, históricamente solemos referirnos a "Viña" sólo en relación al pequeño "Plan" de la ciudad (centro histórico al nivel del mar). Decimos "vamos a Viña", "estoy comprando en Viña", "voy a trabajar a Viña". En los cerros definitivamente somos otra ciudad.
