Prostitución sin control en el Portal Fernández Concha destapa accionar de bandas dedicadas a la trata de personas

CIPER se infiltró durante varias semanas en el edificio patrimonial que es símbolo de la Plaza de Armas de Santiago. Durante ese tiempo pudimos corroborar que el negocio de la prostitución hierve en el portal. También pudimos revisar el registro de ingreso al edificio, donde se anotan los clientes que pagan por sexo. Hay departamentos que en dos semanas acumulan más de 1.500 visitas. En algunos momentos del día ingresan al edificio prostitutas con sus clientes cada un minuto. Hay varias investigaciones judiciales en curso, porque la Fiscalía detectó que allí operan bandas criminales “multipropósito”, que se dedican a la trata de personas y a la explotación sexual de mujeres, pero también al narcotráfico, a la venta de armas, y a los secuestros. Entre esas bandas está el Tren de Aragua. Hace pocas semanas la PDI encontró a una menor de edad que era prostituida en el lugar.

No es una actividad que se esconda. Cualquier persona que vaya a tomarse un café y comerse un completo en los kioscos ubicados frente a la entrada del Portal Fernández Concha, se dará cuenta del masivo ingreso de prostitutas y clientes al edificio patrimonial emplazado frente a la Plaza de Armas de Santiago. En algunos momentos del día, ingresa un cliente por minuto, a veces más.

CIPER conversó con vecinos, prostitutas, administradores del negocio, y también con fuentes a cargo de las varias investigaciones judiciales en curso, y la conclusión es clara: se trata de una actividad sin ningún control, que además esconde otros ilícitos mucho más graves. La Fiscalía ha detectado que en el Portal Fernández Concha, y en la Plaza de Armas, se explota sexualmente a adolescentes, y también a mujeres mayores de edad. Que hay bandas criminales controlando parte del territorio, y que esos grupos también cometen otros ilícitos, como tráfico de drogas, armas, secuestros y extorsiones. Una de esas bandas es el Tren de Aragua, pero no es la única.

El 29 de noviembre del año pasado, la PDI detuvo a una menor de edad, de nacionalidad venezolana, que estaba siendo explotada sexualmente en el portal. Actualmente ella figura en calidad de víctima por el delito de trata de personas. Varios vecinos del edificio aseguraron que no es raro ver a chiquillas que aparentan tener menos de 18 años prostituyéndose en la Plaza de Armas y en los pasillos del portal, pero afirmaron que no tienen cómo comprobar que realmente sean menores.

CIPER se infiltró en el edificio y pudo comprobar cómo opera el negocio, y cuáles son los departamentos que se ocupan para la prostitución. También tuvimos acceso a los registros de entrada, donde guardias y conserjes anotan a los hombres que ingresan a recibir servicios sexuales. Allí queda anotado su nombre, rut y el departamento al que se dirigen. En ese registro no se anotan los datos de las prostitutas, ni tampoco de los vecinos residentes, ni de quienes ingresan a alojarse en el hostal que funciona en el sexto piso, que en general son turistas extranjeros.

El que alguna vez fue un lujoso hotel -inaugurado en 1872 y que ostenta la calidad de edificio patrimonial-, actualmente está convertido en un elefante de hormigón con sus pasillos sucios y orín seco en las escaleras. Las tomas de departamentos también han comenzado a aumentar. Según fuentes de la Municipalidad de Santiago y vecinos, actualmente unos 15 departamentos han sido ocupados, ante el abandono de algunos inmuebles debido a que sus propietarios fallecen, o huyen de la inseguridad que reina en el edificio.

Y hay misterios que por ahora no tienen explicación, como que todas las cámaras de seguridad del quinto piso han sido arrancadas y, por lo pronto, la administración no tiene capacidad de monitoreo de lo que ocurre allí.

Según los registros de ingreso del portal, hay departamentos que en solo dos semanas anotan más de 1.500 visitas, y según la misma base de datos son, al menos, 40 los departamentos que funcionan como prostíbulos o como moteles pasajeros. Durante un sólo día, CIPER pudo constatar in situ que los departamentos 203, 301, 250, 240, 242, 326, 219, 233 y 440 reciben una cantidad inusitada de ingresos de prostitutas con clientes.

Se trata de inmuebles que han sido acondicionados para tener varias camas en su interior, en ocasiones solo separadas por material ligero o por cortinas. Como originalmente el edificio era un hotel, la gran mayoría de sus departamentos son de un solo ambiente, aunque muy amplios. 

Otro patrón: no es raro que a los clientes les roben mientras mantienen relaciones sexuales con las prostitutas. Varios de ellos han recibido golpes, incluso han sido apuñalados, pero no denuncian por temor a que se descubra que estaban pagando por sexo. 

Al preguntar a las trabajadoras sexuales del portal por el valor de sus servicios, pudimos chequear que cobran entre $10.000 y $30.000. Una de ellas dijo que accedía a tener sexo a cambio de cerveza o comida. Otra pidió como pago un poco de cocaína.

El 22 de junio de 2021 un proxeneta recibió un disparo en la cabeza luego de que dos clientes le reclamaran porque les robaron dinero de sus mochilas mientras se atendían con unas prostitutas en el departamento 233. Al hombre lo dejaron tendido en el hall de acceso del edificio, y hasta septiembre de 2021 estuvo internado en la ex Posta Central. Los clientes, y ahora imputados, están con medidas cautelares mientras se prepara el juicio.

Los vecinos están cansados del caos. Dicen que, a pesar de que el portal está intervenido judicialmente desde hace tres años, luego de que una disputa entre propietarios revelara un desorden financiero en las cuentas de la comunidad, nadie ha podido controlar el pujante negocio de la prostitución. También acusan que esa actividad esconde otros ilícitos, como los préstamos de dinero por fuera de los marcos legales, y la venta de drogas y armas. 

Cada cierto tiempo los departamentos del portal son allanados por la policía. El 5 de agosto del año pasado la PDI irrumpió en cinco de ellos buscando a traficantes y detuvo a tres personas. Lo mismo ocurrió el 15 de diciembre, cuando allanaron tres departamentos, ya que se habría detectado la existencia de “cocinerías” donde se elabora droga, pero no hay más detalles sobre esos procedimientos. Cuando CIPER le preguntó a la PDI por los delitos que se cometen en el Portal Fernández Concha, respondieron que no pueden referirse a ese tema debido a que se trata de “investigaciones en curso”.

Fuentes que participan de esas investigaciones aseguraron que la situación es delicada, porque se detectó que las bandas criminales no están operando solo en el portal, sino que su actividad se extiende a varios otros edificios del casco histórico de Santiago.

Esas mismas fuentes dijeron que las bandas criminales son, fundamentalmente, venezolanas, y que entre ellas está el Tren de Aragua, aunque no es la única. Agregaron que se trata de organizaciones criminales “multipropósito”, que además de dirigir el negocio de la prostitución, también trafican droga, armas, personas y practican secuestros y extorsiones. 

Quienes conocen el detalle de esas investigaciones, que se mantienen bajo reserva, apuntan que las bandas comenzaron a asentarse en el centro de Santiago durante la pandemia, y ya en 2021 se consolidaron. Las diversas investigaciones judiciales han logrado determinar que, por ejemplo, la Plaza de Armas está repartida entre varios grupos, que llegan a acuerdos para no disputarse el territorio donde operan.

A inicios de 2022 una de esas indagatorias -a cargo de la fiscal Carolina Suazo, especializada en delitos de tráfico de personas, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte-, logró rescatar a una mujer venezolana a la que el Tren de Aragua estaba obligando a prostituirse. La captaron en Venezuela y le ofrecieron viajar a Chile junto a su hijo de tres años para que trabajara cuidando a una mujer embarazada. Pero ya en el país se enteró que su trabajo sería otro. Fue una obligación porque la banda tenía a su hijo bajo su poder. Por esa causa hay dos imputadas en prisión preventiva, mientras que la víctima está a resguardo en un país que no es ni Chile ni Venezuela.

Es primera vez que, como medida de protección, una víctima de trata de personas es reubicada en un país distinto al origen y de destino.

Hay otra causa en plena investigación, por el caso de la menor de edad que era explotada sexualmente en el Portal Fernández Concha. Fuentes de esas investigaciones le dijeron a CIPER que el portal está “sobrepoblado” y que eso ha llevado a que comiencen a ocuparse otros edificios del centro de Santiago para explotar sexualmente a mujeres, pero también para que se cometan otros delitos. Hay edificios en las calles Catedral, Merced y Huérfanos que están en esa situación.

EL DEPARTAMENTO DEL ABOGADO

El comercio sexual en la Plaza de Armas tiene un ritmo frenético y el patrón casi siempre es el mismo. Una ronda por la plaza, algunas conversaciones con hombres y de vuelta al Portal a paso firme, mientras el cliente camina a un par de metros a distancia. Una joven, de no más de 20 años, atendió a cinco clientes distintos en una hora.

Todas las personas contactadas por CIPER coinciden en que el movimiento del comercio sexual en el Portal Fernández Concha aumenta en las quincenas de cada mes.

Esa versión encuentra sustento en el registro de ingresos que conserva el edificio. Cada vez que una trabajadora sexual entra al portal con un cliente, el conserje pide el carnet de identidad al sujeto y anota el departamento al que van, su nombre, apellido, RUT y la hora de ingreso.

Ese registro se realiza por motivos de seguridad de las trabajadoras y solo corre para quienes ingresan al edificio con esos fines. De hecho, periodistas de CIPER ingresaron al portal varias veces dentro del último mes y nunca se les solicitaron sus datos.

Las nóminas de ingreso de personas –revisadas por este medio—no solo contienen cifras que ayudan a calibrar el flujo de clientes que entran al portal para pagar por sexo, sino también permiten conocer cuáles son los departamentos que concentran la mayor cantidad de visitas y, a través de otras fuentes de datos, quiénes son sus dueños.

Hay departamentos que registran, como promedio, más de 70 visitantes por día, como el 210, que aparece como el más solicitado por los clientes. Según información disponible en el Conservador de Bienes Raíces (CBR), la propietaria de ese departamento es la exesposa del abogado José Luis Carrasco. Ella indicó que, si bien figura como propietaria en bases de datos públicas, el verdadero dueño es Carrasco. 

Esa versión fue confirmada por el propio Carrasco, quien agregó que en 2014 se inició un proceso de compraventa con su expareja que se anuló en 2018 porque la compradora no pudo pagar el valor acordado. Sin embargo, Carrasco sostuvo que “esa anulación no se pudo inscribir ante el CBR por otra deuda” y el registro público quedó desactualizado. “Yo soy el dueño del departamento y mi ex pareja no tiene nada que ver desde hace varios años”, complementó.

Consultado por los registros internos que ubican a su departamento como el que recibe más visitas, Carrasco negó que allí se ejerza la prostitución: “Las trabajadoras dicen que van al 210 para ‘cargarlo’, pero en realidad van a otros departamentos”. Según su versión, las trabajadoras sexuales serían incitadas a “cargar” el 210 debido a su profesión: “Soy abogado, como saben las personas del edificio, e imagino que intentan respaldar lo que hacen sobre esa base. Hay gente que les dice a las chicas que digan eso”. En 2021 Carrasco interpuso una queja ante la administración del edificio por esta situación. 

El abogado adquirió ese departamento a comienzos de la década pasada, y tiene otro en el tercer piso inscrito a nombre de una sociedad (Quasar 2 Inversiones). Ese inmueble, el 313, registra cerca de 200 visitas durante las últimas semanas.

El abogado insiste en descartar que alguno de los dos sea utilizado como prostíbulo: “Ambos tienen cinco habitaciones y están arrendados a personas chilenas y extranjeras”. Varias fuentes que viven y trabajan en el edificio le dijeron a CIPER que en esos departamentos sí se ejerce la prostitución. Fuimos de noche para comprobar la versión del abogado de que allí residen arrendatarios comunes, sin embargo, el departamento 210 estaba cerrado con reja y candado, y ninguna persona abrió la puerta cuando la golpeamos insistentemente. “Ese departamento lo trabajan exclusivamente de día”, dijo uno de los vecinos del edificio.

CIPER le preguntó a Carrasco si sabe con qué fines específicos ocupan sus dos departamentos sus arrendatarios. “Yo no puedo asegurar que no se utilice para uno u otro fin, porque eso ya escapa de mis manos. Lo que sí puedo asegurar es que ambos están arrendados por habitación”, respondió.

LA ADMINISTRADORA

Los otros dos departamentos que lideran en el registro de visitas, el 240 y el 250, ambos con más de 1.000 ingresos en un par de semanas, son propiedad de la sucesión de Alfonso Palma Cádiz, un antiguo propietario de inmuebles en el portal, que falleció hace cinco años. Ahora esos departamentos (diez en total) los administran sus hijos. Fuentes de la familia le dijeron a CIPER que mientras los arrendatarios paguen a tiempo y cumplan con los requisitos que establecieron, no se hacen mayores problemas.

Una de las arrendatarias es Sandra Barrientos Araya, otra antigua propietaria del portal, que actualmente vive en el balneario de El Quisco. Ella durante años ha administrado departamentos que han sido utilizados en el negocio de la prostitución. En 2015, un reportaje de CHV Noticias la mostró como la mujer que le arrendaba departamentos y piezas a prostitutas, y luego reaccionando con rabia cuando funcionarios municipales, junto a personal de Carabineros, fueron a fiscalizarla.

Trabajadores del edificio le dijeron a CIPER que ella es una de las administradoras históricas del negocio de arriendo de inmuebles para la prostitución. No hay pruebas de que ella tenga que ver con el reclutamiento y trabajo de las prostitutas. Pero sí de que ella es quien administra los departamentos propios y los que le arrienda a otros propietarios, como los hijos de Alfonso Palma Cádiz. 

El negocio de Sandra Barrientos consiste en la compra, venta y arriendo de departamentos. Por ejemplo, el 207 fue de su propiedad hasta 2019 cuando la sociedad Diagonal Inversiones se lo compró en $95 millones.

Antes, en 2016, figuraba arrendando el departamento 215, aunque entonces la dueña de ese inmueble la demandó para que lo abandonara. En las bases de datos públicas aparece comprando y vendiendo otros departamentos. Actualmente, según los registros del CBR, ella mantiene la propiedad del departamento 239, y su hijo es dueño del 548.

En conversación con CIPER, Barrientos señaló que hace años que no vive en el edificio Portal Fernández Concha. Aseguró que algunos de sus departamentos han sido tomados y que mejorar la situación es difícil ya que “es un edificio donde corre mucha plata” y es ocupado por “mafias” y grupos organizados. “Es como estar en la cueva del lobo”. 

Ella alega que un departamento que le pertenece es el 245, aunque en el CBR ella no aparece como la dueña. Ese inmueble en 2014 fue clausurado debido al ejercicio de la prostitución, y en 2020 Barrientos interpuso una acción legal en contra de dos ciudadanos peruanos por ocupación ilegal del inmueble.    

“Me encantaría que me sacaran a ese sinvergüenza, que lleva dos años y medio viviendo gratis en el departamento y la madre tiene un prostíbulo al lado donde transitan 40 mujeres y cobra 20.000 o 10.000 pesos diarios por llaves. (…) Venden anticuchos con drogas, son terribles”, dijo Barrientos a CIPER.

Barrientos fue la gestora de la acusación judicial que sacó del cargo al antiguo administrador del edificio, Osvaldo López, a quien acusó de robarse dinero de los vecinos y de “permitir la prostitución”. 

LA PARTE DE MIRTA

El nombre de Mirta López Cisternas apareció en varias de las entrevistas que realizamos a vecinos y trabajadores del Portal Fernández Concha. Algunos la mencionaron como una de las regentas del negocio de la prostitución, mientras otros aseguraron que ahora está retirada.

Lo cierto es que, según registros públicos, López tiene tres departamentos a su nombre: 452, 446 y 741. De ellos, solo el 446 registra una cantidad importante de ingresos entre las fechas revisadas por este medio: más de 300 en menos de un mes. El 440, a nombre de su hermana Ruth, registra más de 100 visitas en las últimas semanas. Ella le dijo a CIPER que ese departamento no es un prostíbulo. El 552, propiedad de otra de sus hermanas, Viviana, aparece con 40 visitas en pocos días. 

Sin embargo, su negocio se extiende a la administración de otros departamentos que, oficialmente, están a nombre de otras dos mujeres, Roxana Piccardo, quien reside en el extranjero, y Nury Vacarisas.

Sumando esos departamentos, López tendría bajo su gestión, en total, 19 inmuebles (los correspondientes a Piccardo, o sus familiares: 347, 343, 442, 407, 408, 411 y 443; y los que figuran a nombre de Vacarisas: 314, 333, 341, 342, 344, 402 y 553). De ellos, el 341 y 342 aparecen con un número elevado de ingresos durante las últimas semanas.

Quienes han abordado el tema con Mirta López comentan que no tiene problemas en admitir que arrendó departamentos a personas que los utilizaban como prostíbulos o, al menos, como lugares donde se pagaba para tener relaciones sexuales.

Desde el punto de vista legal, la diferencia es muy importante, pues define la potestad que tienen los organismos sanitarios para determinar la clausura de un departamento. La mayoría de los propietarios que prestan sus departamentos para ello conocen la legislación y saben cómo actuar para no caer dentro de los motivos para ser sancionados.

López incluso ha admitido que dos de los departamentos que tuvo bajo su administración fueron clausurados años atrás por ese motivo. Ahora, sin embargo, afirma que se retiró del negocio por agotamiento y que estaría abocada al mejoramiento del edificio. Consultada por CIPER, no estuvo disponible para entregar declaraciones. 

DUEÑOS DESENTENDIDOS

Otro empresario relacionado con departamentos que destacan en el registro de ingreso oficial del edificio, es el joyero Juan Miguel Mimica Huidobro. Su esposa, Edith Godoy, es propietaria del departamento 301, el que aparece con cerca de 150 ingresos durante los últimos días de diciembre. En conversación con CIPER, Mimica señaló que ese departamento lo tiene arrendado, y que no estaba al tanto de lo que allí sucedía: “La conserjería no me había informado. Yo soy de los que toma medidas de inmediato, y ante estas situaciones, opto por cortar los contratos de arriendo”.

Rodrigo Iasalvatore es el dueño del departamento 233, el mismo donde en junio de 2021 un proxeneta ecuatoriano recibió un balazo en la cabeza luego de que un cliente de prostitución acusara de que le habían robado. Ese departamento sigue operando como una sede de la prostitución. Durante unos pocos días de diciembre de 2022 registra cerca de 500 ingresos en la base de datos del portal.

Contactado por CIPER, Iasalvatore no quiso emitir comentarios. 

Uno de los argumentos que más se repitió entre los propietarios que prefirieron hablar con CIPER con micrófono apagado, es que sus departamentos los arriendan a personas con las que nunca han tenido algún problema legal o administrativo: pagan al día, no existen quejas en su contra y cumplen con el contrato.

Entonces, explican esas mismas personas, el asunto se reduce a que si no hay atrasos con el pago del arriendo ni grandes conflictos con el arrendatario, poco importa el uso que le den al departamento. El problema es que las pistas recogidas por este medio sugieren que muchas veces los inmuebles son subarrendados a tal punto que el propietario no conoce realmente quién y para qué se ocupa su espacio. Y esa falta de conocimiento puede ocurrir por conveniencia o derechamente desinterés.

Estas situaciones no solo vulnerarían los contratos de arriendo de los departamentos, sino también ejemplificarían hasta qué punto la corrupción ha logrado corroer la seguridad del edificio: “Si se paga, se arrienda. Y me da lo mismo lo que se haga ahí adentro”, afirmó la propietaria de un departamento ubicado en el tercer piso.

BALAZO EN EL 233

Aunque el ejercicio de la prostitución no es una novedad en el Portal Fernández Concha -hay registros de fiscalizaciones y clausuras de departamentos por ese motivo, al menos, desde 2014-, en junio de 2021 se produjo un quiebre.

Pasadas las cinco de la tarde del 22 de junio de ese año, cuando la comuna de Santiago estaba bajo cuarentena por la pandemia del Covid-19, un disparó resonó en todo el segundo piso. La bala se percutó en el departamento 233, propiedad de Rodrigo Iasalvatore Marín, justo cuando en su interior estaban atendiendo tres prostitutas.

Quien recibió el disparo fue Josel Salas, un ciudadano ecuatoriano que es hermano de una de las prostitutas que atendían en el 233. Según declaraciones de testigos, contenidas en la causa judicial, ayudado por un grupo de mujeres bajó las escaleras del edificio y quedó tendido en el hall de acceso. Desde allí fue auxiliado por Carabineros y trasladado hasta la ex Posta Central. En septiembre de 2021 salió de la Posta, aunque no en buen estado. El disparo le provocó pérdida de masa encefálica y, al menos durante los meses en que estuvo hospitalizado, estuvo en estado de coma persistente. 

Una hora antes de que Salas fuera herido por una bala en su cabeza, Bayron Carmona y su tío Enrique Díaz entraron al portal y subieron directo al departamento 233. Allí los esperaban dos trabajadoras sexuales, de nacionalidad ecuatoriana. Cada uno se atendió en una pieza distinta, mientras, una tercera persona mantenía relaciones en otro lugar del departamento. 

La investigación de la Fiscalía determinó que alrededor de las 17:30 Carmona le disparó a Joel. Su defensa acusa que le habían robado dinero de su mochila mientras mantenía relaciones con una de las prostitutas. Carmona reconoció el hecho, pero afirmó que actuó en defensa propia y que el arma no le pertenecía, sino que estaba en el departamento y él la tomó. Él y su tío están imputados por el mismo delito: homicidio simple.

Fuente: Facebook del Portal Fernández Concha.

Que la versión de Carmona indique que todo ocurrió por un intento de robo, no sorprende a los residentes históricos del edificio. Un vecino le dijo a CIPER que “es común que las mujeres le roben a sus clientes, ya que la paga es muy poca”. También, según él, ofrecen “dosis de drogas y alcohol”.

María Ignacia Barrera, defensora pública de Enrique Díaz  (tío del hombre que disparó), explicó a CIPER que las mujeres involucradas, y los testigos, son de nacionalidad ecuatoriana y que “no han regularizado su situación migratoria, desde que llegaron a Chile están ejerciendo el comercio sexual, (una de las prostitutas en su declaración) no da detalles, pero señala que arrienda habitaciones (en el Portal Fernández Concha) para ejercer el comercio sexual. Josel es quien las protege, las cuida, y selecciona a los eventuales clientes”.

Trabajadores del portal le dijeron a CIPER que, en general, las prostitutas trabajan con hombres que las cuidan. Hay quienes dicen que esos hombres pertenecen a distintas bandas que les prestan un servicio de seguridad, aunque esa es una arista que ha sido complicada de dilucidar para la justicia, porque cuesta que las víctimas de trata de personas y explotación sexual colaboren con las investigaciones. Un factor que pesa es la falta de redes de esas mujeres en Chile. Fuentes que conocen el detalle de estas indagatorias, indicaron que muchas de estas mujeres son extorsionadas por terceros, quienes les retienen sus pasaportes y, en algunos casos, a sus hijos.

En todos los pisos hay hombres merodeando los departamentos que son utilizados como prostíbulos. Algunos son clientes esperando su turno y otros son “cuidadores”. Estos últimos recorren lentamente los pasillos, atentos a cualquier riesgo o movimiento fuera de lo común. Diversas fuentes comentaron que esos hombres andan armados, pero CIPER no pudo corroborar esas versiones.

Desde mediados de julio de 2021 Bayron Carmona permanece en prisión preventiva a la espera del juicio. Hace un año su defensa (el abogado Daniel Jorge Venegas) solicitó que lo trasladaran de celda porque había recibido amenazas de familiares del hombre al que le disparó. La preparación del juicio oral comenzará el próximo 25 de enero.

El departamento 233 se mantiene como uno de los centros de la prostitución en el Portal Fernandez Concha, durante el periodo revisado por CIPER aparecen más de 400 ingresos.

LOS CARROS DE COMIDA

La escena no dejó a nadie indiferente. Durante la tarde del 22 de diciembre el hall de acceso al portal estaba lleno de personas que volvían de sus trabajos, de prostitutas que aprovechaban las últimas horas disponibles para buscar clientes (solo atienden hasta las 21:00), y de vendedores ambulantes que viven en el edificio y que a esa hora hacían fila para subir sus carros con mercancía por el ascensor.

Justo en medio de ese trajín vespertino, un carabinero, sin casco ni gorra, pero con uniforme, recibió dos completos que le preparó en el mismo hall de entrada -en uno de los carros de supermercado acondicionado como cocinería ambulante-, uno de los vendedores que pocos minutos antes ofrecía sus productos en los alrededores de la Plaza de Armas. Luego de recibirlo, el policía salió del edificio y compartió uno de los completos con uno de sus colegas.

La escena no pasó desapercibida porque durante las últimas semanas la Municipalidad de Santiago, las policías, y el gobierno han desplegado esfuerzos para contener el comercio ambulante que se concentra entre los paseos Puente y Ahumada.

Ver una serie de carros para la venta ambulante de alimentos agolpados en la entrada del Portal Fernández Concha se ha convertido en escena habitual en el lugar. Semanas antes de este hecho, un operativo de Carabineros y la Seremi de Salud Metropolitana requisó 11 carros de supermercado, que habían sido “modificados para la venta clandestina de alimentos”, señaló a CIPER la autoridad sanitaria. 

Esos carros, y los ingredientes para preparar los alimentos, eran guardados en el subterráneo del edificio, mismo lugar donde hasta hace poco existía una plaga de ratones.

Los carros eran almacenados a vista a paciencia de los residentes en la recepción, mientras que otros estaban guardados en el espacio abierto del subterráneo del histórico edificio. Esa área es arrendada por grupos que se han apropiado del lugar, para que los comerciantes guarden carros y mercaderías. “No son necesariamente de personas que viven en el edificio”, aclaró un propietario del inmueble, aunque no descartó que hayan residentes que se dediquen al comercio en la calle.

“Además, se verificó que las medidas de disposición de residuos, por parte de la administración del edificio, eran deficientes, favoreciendo la proliferación de vectores como roedores e insectos”, agregaron desde la Seremi de Salud. El organismo inició un sumario sanitario dirigido a la administración del edificio, el que sigue en proceso. La multa podría fluctuar entre 0,1 y 1.000 UTM (hasta cerca de $61 millones) dependiendo de la sentencia.

INTENTOS DE CONTROL

En el séptimo piso del Portal Fernández Concha se observa otra realidad, la luz del sol se hace espacio entre los pasillos y los adornos navideños abundan en las entradas a los departamentos. “Acá es distinto”, dijo uno de los vecinos del lugar. La convivencia se hace más familiar y se suele ver turistas deambulando. Es el único piso luminoso y que luce limpio.

“Ahora está mucho más tranquilo, en la pandemia aquí pasaba de todo, deambulaba gente todo el día”, explica una residente del séptimo piso. Ha sido un esfuerzo de la comunidad del portal, se han puesto reglas de convivencia, como por ejemplo, el comercio sexual no se puede ejercer después de las 21:00, de esta forma dejan de circular los clientes y comienzan a aparecer los residentes, los niños jugando se ven en los pasillos, y las puertas de los departamentos que funcionan como prostíbulos se cierran con candado. Pronto retomarán un sistema automatizado para registrar a las personas externas.

Aunque el Portal Fernández Concha es visto como “el vecino indeseado” del barrio, según locatarios de la zona, los esfuerzos para su recuperación y recomposición son un tema cotidiano en las reuniones con autoridades. Hace tan solo una semana, en una mesa de conversación en la que participaron representantes de la Municipalidad de Santiago, miembros de la 1° Comisaría de Carabineros y de la PDI, más juntas de vecinos y locatarios de ese y otros inmuebles ubicados en el casco histórico de la capital, se planteó que el portal estaba “desbordado” por el comercio sexual y delitos como tráfico de drogas y trata de personas. 

En esa reunión, celebrada a escasos metros del Portal Fernández Concha, el municipio se comprometió a continuar con los trabajos que ha articulado con las policías para mantener a raya los ilícitos que ocurrirían en el edificio y sus alrededores, como la Plaza de Armas. 

Los testimonios que se escucharon en esa instancia encendieron varias alarmas. Una de las personas que estuvo presente en la cita, pidió la palabra para contar que tuvo que abandonar el departamento que adquirió en el portal luego de que miembros de su familia fueran acosados a pocos días de haberse instalado en una de las plantas superiores.

A esto, se suma el temor a la toma de departamentos, una problemática que afecta a cientos de inmuebles en la comuna, en el que el Municipio muchas veces queda de manos atadas ya que judicialmente es un conflicto entre privados, en donde cada propietario debe iniciar un proceso judicial para sacar a los ocupantes. Eso puede durar años, dice una de las propietarias del lugar que está desde 2020 tratando de sacar a una pareja de extranjeros que ocupan uno de sus departamentos en el segundo piso. 

Al interior del portal es sabido que cuando se desocupa un departamento o es clausurado por distintas situaciones, como la prostitución, al día siguiente se transforman en tomas. Rompen los sellos y se instalan, los mismos u otros ocupantes, es una realidad que se repitió entre distintos propietarios que decidieron dejar el portal. Algunos se han esforzado en arrendar en regla, aunque sea por montos bajo el mercado, otros, se han rendido y optado por arrendar a grupos organizados que pueden pagar más de $1 millón en efectivo por tener uno de los departamentos.

Distintas iniciativas han surgido para contener esta situación, una opción que se baraja es instalar oficinas municipales al interior del edificio, por otra parte, algunos vecinos han optado por entregar en arriendo sus departamentos al hostal que opera en el sexto piso, y que aún logra llevar turistas a recorrer los pasillos del edificio patrimonial.

La concejala de Santiago, Dafne Concha (PC), le dijo a CIPER que “desde nuestro país y no solo desde el Municipio, necesitamos enfrentar la prostitucion. Hoy miramos ésto solo con herramientas de orden local que ayudan, sin duda, a mitigar algunos dolores, a disputar el espacio y coordinar esfuerzos inter institucionales pero que -hasta ahora- son aún precarios e insuficientes en término de resultados. Nuestra apuesta como concejalía es entrar en un debate profundo con la ciudadanía y el Estado, que permita generar caminos para  penalizar a los proxenetas y a los consumidores de prostitución, saliendo en ayuda de quienes ejercen el trabajo sexual y protegiendo especialmente a los niños, niñas y adolescentes”, señaló.