CARTAS: El histórico afán de coartar la soberanía popular

Señor director: 96 días demoró en erigirse un acuerdo para el próximo proceso constituyente. Será un órgano mixto con 50 escaños de elección popular y 24 «expertos» designados por el Congreso. Con el mecanismo zanjado, ya es un hecho que parte importante de quienes conforman la mesa constitucional tienen una reticencia importante a la soberanía popular, y que, más triste aún, siguen con un triste legado que parecía haberse extinguido de la política nacional.

Los primeros vestigios de este ideario en el Chile republicano lo vemos en la famosa carta de Diego Portales a José Manuel Cea, en la que se precisa que la democracia sólo sería bienvenida cuando los ciudadanos se hayan «moralizado», pues esta es un absurdo en países como los americanos, donde los ciudadanos están «llenos de vicios y donde carecen de toda virtud».

Claro, son declaraciones decimonónicas que pueden llegar a ser inteligibles al situarnos en el Chile de 1822, pero, por poco comprensible que sea, estos ideales persistieron aún en la segunda mitad del siglo XX, y lamentablemente parecieran volver a tomar fuerza doscientos años después.

En 1947, Gabriel Gonzalez Videla promulgó la primera ley de «Sindicación Campesina», que más allá de ser un aporte, truncó parte importante de la organización rural que venía en alza. Un año después, el mismo mandatario promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la cual proscribió al Partido Comunista. Con Pablo Neruda al exilio, sus tres ministros comunistas totalmente vetados de la política y un campo de concentración en Pisagua, Gonzalez Videla culminaba su segundo año de mandato con la promulgación de una ley inédita tanto en la forma como en el fondo. Cualquier limitación asociativa o proscripción es de por sí poco democrática, pero estas dos medidas, más allá de ser poco democráticas, sólo buscaban dar freno a la asociación de los trabajadores, escudándose en la potencial «amenaza comunista», limitando la voluntad popular y aplacándola en beneficio de ciertos grupos de poder.

De 1948 pasamos a 1973, donde el cruento ascenso de la Junta Militar al poder es el más excelso ejemplo de quebrantamiento a la soberanía popular en Chile; no solo por derrocar un gobierno legitimo y democratico como el de Salvador Allende, sino por además suprimir el Congreso, gobernar según decretos con fuerza de ley, censurar cualquier tipo de oposición al régimen, e incurrir en gravísimas violaciones a los DD.HH. Es más: ciertos integrantes del organismo «constitucional» que revisó el anteproyecto de la Comisión

Ortuzar, llegaron a cuestionar el voto universal, «en la medida que se aplique a todos los niveles de generación del poder público, mayor será la cantidad de limitaciones que habrá de contemplar» —decía Carlos Caceres—, a lo que el expresidente Jorge Alessandri replicaba: «Eliminemos hasta donde sea posible la influencia nociva de éste —el voto universal—, en forma que las cosas de importancia las resuelvan unos pocos» (Consejo de Estado, 1978, 2-3).

La dictadura militar logró darle un tinte malévolo a la política, donde tratarla como tema de conversación se transformó en casi un tabú, donde cualquier cambio al modelo es inaceptable, donde la soberanía, sí, constitucionalmente reside en la nación, pero cuando la nación realmente tiene deseos de inmiscuirse en sus asuntos y ejercer soberanía, es simplemente ignorada.

Para muestra, un botón: Michelle Bachelet en 2016 impulsó un proceso constituyente sumamente democratico, más de 200 mil personas participaron en las consultas individuales, cabildos y encuentros que buscaban acercar de una manera inédita la discusión constitucional a la ciudadanía. Se redactó una propuesta oficial y se entregó al Congreso. ¿Que sucedió con dicho instrumento? Nada, el Congreso no lo tramitó y el gobierno siguiente lo desechó.

Con todos estos antecedentes históricos, y con el mecanismo del nuevo proceso zanjado tras el fracaso de la Convención Constitucional, como ciudadanía hemos terminado en el peor escenario posible: a merced de voluntades partidistas y honorables que ignoraron la voz de 5 millones 600 mil personas quienes dieron un no rotundo al órgano constitucional mixto.

Honorables que ignoraron algo con lo que no se negocia: la soberanía del pueblo.