Peligro en las redes: hombre acosó y extorsionó a más de 30 mujeres luego de acceder a sus fotos íntimas

Un hombre de 32 años hackeó las cuentas de redes sociales de más de 30 mujeres. Luego de obtener sus fotos íntimas, las acosó y extorsionó. En varios casos difundió esas imágenes entre los familiares y conocidos de las víctimas. La justicia acaba de condenarlo por delito informático y amenazas. Las denunciantes coinciden en la falta de protocolos de las policías y la Fiscalía al momento de tomar las denuncias. Una de ellas le dijo a CIPER que los registros íntimos de decenas de mujeres estaban expuestos en carpetas que se revisaban en oficinas sin ningún resguardo, y otra aseguró que tuvo que insistir para que su denuncia fuera tomada en serio. Estos son los obstáculos para investigar un tipo de agresión que viene al alza.

Lorena recibió un email de alguien que no conocía. Era junio de 2021 y lo que ella leyó en la pantalla fue que un “hacker malo” había tenido acceso a sus datos personales. El desconocido que le escribía se presentó como un “hacker bueno” que la alertaba de un peligro inminente. Le recomendó que cambiara el correo electrónico asociado a sus cuentas de redes sociales como Instagram y Facebook. Pero ella sospechó y el supuesto “hacker bueno” se sacó la careta. José Zárate no tiene tolerancia a la frustración.

La primera amenaza fue que le iba a quitar el acceso a sus cuentas virtuales. Después le envió fotos de ella en bikini y en ropa interior. Luego subió el tono: le envió fotos íntimas y le dijo que si no obedecía sus órdenes le enviaría esos registros a sus amigos y familiares. Lorena es una de las víctimas del hombre que acaba de ser condenado por la justicia por amenazar a decenas de mujeres. El modus operandi casi siempre era el mismo.

Desde las cuentas en redes sociales de su emprendimiento de venta de desayunos, José Zárate les ofrecía un canje: si ellas accedían a promocionar el negocio, él les enviaría productos gratis. Quienes recibían la invitación siempre eran mujeres atractivas y, por lo general, jóvenes. Cuando ellas aceptaban debían llenar un formulario con su nombre, un correo electrónico asociado y una contraseña. Cuando esa contraseña coincidía con la que utilizaban en sus emails, él penetraba sus correos y cuentas de redes como Instagram y Facebook. Desde ahí extraía fotos íntimas y comenzaba la pesadilla.

En el caso de Lorena, Zárate encontró una barrera, porque el email que ingresó en el formulario de inscripción para el canje no coincidía con el que ella utilizaba para manejar sus otras cuentas virtuales. Por eso él se hizo pasar por un “hacker bueno” que le recomendaba cambiar sus correos asociados. 

La investigación judicial detectó más de 30 víctimas de José Zárate, aunque solo 19 de ellas participaron en el proceso. Zárate acaba de cumplir 32 años y hasta hace un tiempo estudiaba biología en la Universidad Católica de Valparaíso. Su vida pública no tenía nada que ver con lo que hacía cuando se escondía tras la pantalla del computador y extorsionaba mujeres. Muchas veces cumplió sus amenazas y las fotos de sus víctimas desnudas recorrieron correos y perfiles de redes sociales. Una solicitud recurrente de Zárate era que para evitar esa afrenta, ellas debían enviarle otros packs de fotos sexuales. En al menos uno de los casos se detectó que él comercializaba esos registros en sitios especializados de internet. 

Lorena le contó a CIPER que la pesadilla no terminó con el secuestro de sus cuentas en redes: “Me acerqué a la PDI de La Serena y me dijeron que no podían hacer nada porque estaba en La Serena y yo era de Coquimbo, que me iban a contactar con un PDI de Coquimbo para que hiciera el relato. Pero no podían hacer nada porque no habían amenazas, que las amenazas tenían que ver con muerte, y que esto solamente era extorsión, pero mientras no concretara la extorsión, tampoco era delito.  Para mí fue horrible, decía ‘y si este tipo llega y sube las fotos qué hago, a quién recurro’”.

Saliendo del cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) empezó a recibir mensajes de sus conocidos, sus fotos íntimas estaban expuestas en sus perfiles de redes sociales: “Nunca más pude entrar a mi Instagram”, dijo a CIPER.

Su relato es parte de más de una decena de testimonios que recoge la carpeta investigativa del fiscal Marco Núñez, por delito informático y amenazas condicionales en contra de Zárate, un hombre que vive en la comuna de San Joaquín (Región Metropolitana), y quien por al menos un año se dedicó a atormentar a mujeres aprovechando los vacíos de la ley, la que no sanciona este tipo de conductas, en específico el ciberacoso sexual.

CIPER conversó con tres de las mujeres que denunciaron en la justicia a Zárate. Sus nombres reales fueron cambiados para resguardar sus identidades. Todas coincidieron en que uno de los problemas a la hora de denunciar es que policías y fiscales no están preparados para protegerlas cuando se realizan las diligencias o cuando recogen sus testimonios.

Ellas tampoco recibieron apoyo en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), que depende del Ministerio de la Mujer. Desde ese organismo le dijeron a CIPER que ese servicio “tiene facultades por ley para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia en casos muy específicos, que es violencia en contexto de pareja o expareja, en casos de violencia sexual también. Pero la ciberviolencia la ven otras instituciones”.

DENUNCIAR: LA PRIMERA BARRERA

Todos los relatos de las mujeres que denunciaron cuentan una historia similar, un modus-operandi que se repetía una y otra vez. Zárate ocupaba la cuenta de Instagram de su emprendimiento de desayunos “Dekoratina Regalos Chile” -que inició en 2013-, y le escribía únicamente a mujeres ofreciéndoles un canje: les enviaba uno de sus productos a cambio de promocionarlo en redes sociales. Para acceder debían registrarse en la página web de su pyme, incluyendo un mail y una contraseña. Al día siguiente sus cuentas de redes sociales eran hackeadas. 

Esto le ocurrió a Josefa, que un día de marzo en 2021 despertó con múltiples correos electrónicos que notificaban ingresos sospechosos a sus redes sociales desde otro dispositivo. Al intentar ingresar a Instagram, Facebook y Twitter, se dio cuenta que habían cambiado los datos asociados a sus cuentas. El extorsionador había ingresado con la contraseña y correo con los que días antes Josefa se había registrado en la web de desayunos. 

Ese día la mujer recibió un mismo mensaje en su Facebook e Instagram junto a dos fotografías adjuntas. “Tengo tu cuenta secuestrada. Hagamos un trato simple, manda un pack bueno y te la devuelvo”. Click y una foto se abrió: una imagen íntima de Josefa de 2009, casi 12 años atrás.

El dueño del emprendimiento de desayunos no aceptaba un no por respuesta. “’Esta es la última advertencia’, tienes hasta las 23:59 para hacer lo que te digo, si no lo haces, tus profesoras de la universidad, tu familia, tu trabajo van a recibir tus fotos, no creo que te quieras hacer conocida por esto”, fue una de las amenazas que recibió Josefa. Él cumplió su palabra. En otros casos, denunciantes cuentan que, ante la negativa de enviarle más imágenes, José Zárate subía sus fotos íntimas a la cuenta que había usurpado, ofreciéndolas como escorts chilenas y entregando el número telefónico a quienes lo solicitaban.

Josefa cuenta a CIPER que llamó múltiples veces a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso -la comuna en que reside-, sin tener respuesta. Recordó que vivía a pasos de una comisaría de Carabineros, pero años antes había intentado denunciar amenazas que recibió de otra persona sin éxito. Desesperada, la mujer recurrió a una conocida que trabaja en Fiscalía, quien le dijo que probablemente su caso quedaría en nada por la falta de una ley que penalice este tipo de conductas. “Yo estaba súper desamparada, porque en realidad a mí me estaba pasando algo que legalmente no estaba ocurriendo”, dijo. 

Días más tarde Josefa recibió una llamada de la PDI. “Me respondieron de cibercrimen diciendo que era mejor que siguiera el curso de la denuncia en Fiscalía online, y que efectivamente por la pandemia no estaban atendiendo al público”.

Marta, quien vive en Coquimbo, es modelo de fotografías artísticas y también a veces actúa en videoclips. Las redes sociales son claves para su trabajo, principalmente Instagram. A principios de junio de 2021 se percató de que sus cuentas estaban caídas, cuando logró entrar de nuevo parte de los archivos originales de sus fotos habían sido removidos: “Solo en Instagram tenía más de 400 fotos y en los archivos eran como 6.000 fotos, entonces, si alguien se adueñaba de mis archivos, imagínate la cantidad de información, fotografías sin editar, me sentí super vulnerada en general”. 

A una de sus cuentas de Instagram le habían cambiado el nombre y ahora se compartían imágenes de desnudos caseros de otras mujeres, “los hashtags eran puros insultos, odio hacia la mujer, decía, no sé, #perra, #prostituta, como seis hashtag, todos eran insultos”. Pensó que había sido un ex pololo, una mujer “celosa”, o alguien que estaba obsesionado con ella, pero cuando comenzó a contactar a otras mujeres que eran etiquetadas en las fotos que se compartían se dio cuenta de que no era algo personal. Una de ellas le dio el contacto del policía Marcos Varela, por desconfianza llamó antes a la PDI de Santiago para confirmar su existencia. Luego, se unió a un grupo de WhatsApp que tenían otras denunciantes “ahí me empecé a sentir más acompañada con las chiquillas”, dijo a CIPER. 

Mientras iniciaba el proceso en la PDI de Santiago, el policía a cargo le pidió que bajara la denuncia previa que había realizado en Coquimbo días después de que empezó el ataque. En el intertanto recibió la notificación de que ésta había sido desestimada por falta de antecedentes, aunque no le dieron las razones. Recuerda que en Coquimbo no la querían atender porque era un crimen cibernético “me dijeron que ellos no lo veían, que llamara al número de Valparaíso. Les insistí que no me iba a ir hasta que me tomaran una declaración de que yo sí fui y sí me sentía asustada, que me estaban atacando. Me hizo pasar y me tomaron la declaración escrita. Al mes me llegó una carta de que no habían tomado mi declaración por falta de datos. Si no me hubiese comunicado con los de Santiago, mi declaración quedaba en la basura”. 

El victimario tenía conciencia de las fallas del sistema, las denunciantes relataron que a la hora de advertirle que irían a la justicia él se mofaba de ellas: “Le dije ‘vengo saliendo de la PDI y te voy a llevar a que te encuentren’, y me decía con puras groserías ‘¿tú crees que yo soy hueón?, yo llevo mucho tiempo y nunca me han pillado y no me van a pillar’”. Otra de las querellantes recuerda que al increparlo él le enrostró que llevaba “más de 10 años hackeando cuentas”. Los registros de estas conversaciones también fueron parte de la investigación.

La PDI no cuenta con un protocolo especializado para acoger denuncias de ciberacoso de carácter sexual y extorsión, en este tipo de casos solo se aplica el procedimiento genérico. Consultados por CIPER, la institución afirmó que la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, cuenta con un equipo especializado en la Investigación contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y que dentro de esa unidad se investigan delitos sobre violencia de género digital. Afirman que desde marzo de 2021, la brigada mantiene un WhatsaApp 24 horas, los siete días de la semana (+56 9 34599762), para recibir denuncias relacionadas.

TRATAMIENTO DEL CASO

—Necesito que te busques y que te identifiques —cuenta Josefa que le dijo un detective de la PDI mientras le pasaba una carpeta con el logo de la institución. —Porque esto tengo que registrarlo, para comprobar que tú si eres una de las víctimas. 

Eran pasadas las tres de la tarde y el aire caliente de la primavera se mezclaba con el olor a comida de la hora de almuerzo, a Josefa la mascarilla le comenzó a asfixiar. Se encontraba en una oficina en la que al menos otros 30 policías continuaban trabajando. Ese fue el día en que entregó su declaración. 

La mujer abrió la carpeta que el detective le tendió, se fijó que esta estuvo siempre sobre el escritorio junto a varios archivos y documentos, a la vista de todos. Josefa abrió la carpeta y hojeó las páginas.

—Sí, esta soy yo —dijo con discreción cuando reconoció su foto. 

Josefa intimidada, comenzó a contar el detalle de cuándo, cómo y porqué se sacó esas fotografías. Su voz se mantuvo baja, tímida de que los otros funcionarios la escucharan, igual que cuando minutos atrás reconstruyó el relato del hackeo de su cuenta y de la extorsión. Casi un año después, la mujer recuerda el momento con resquemor. “Yo abro esta carpeta impresa a hoja completa y fue muy chocante, porque eran las fotos explícitas de muchas víctimas, pero impresas completas, fue muy violento”, cuenta Josefa a CIPER. 

Para Marta la situación fue distinta, aunque no menos traumática. Cuando fue a declarar por segunda vez a la PDI de Coquimbo, una policía le hizo una serie de preguntas y posteriormente la hizo pasar a una sala en la que no había nadie. Tuvo que revisar los registros de, al menos, 27 mujeres: “Fue fuerte, porque ya no solamente era como el caso con este tipo, sino que tú te das cuenta de que la gente de la PDI ven todas estas fotografías íntimas tuyas, andas de mano en mano, de archivo en archivo. Entonces, yo digo ya, están haciendo su trabajo, es parte de su trabajo (…) Me fui a buscar y yo misma vi a todas las mujeres desnudas, en cuatro, que las pechugas, sus partes, todo. Entonces, son cosas que yo no quería ver y las tuve que ver hasta encontrarme, y en la mayoría de las fotos se veía el rostro”. Desde esa fecha, nunca más ha vuelto a tener contacto con la policía o el fiscal a cargo de la investigación.

CIPER le consultó a la PDI si el contexto de estos procedimientos cumplen con el protocolo establecido: “Todos los procedimientos que realizan los detectives que investigan delitos relacionados a violencia digital y abuso sexual impropio, siempre resguardan la integridad e intimidad de las personas”, aseguraron desde la PDI. 

Un problema constante que aparece en los testimonios de las víctimas es la revictimización en el proceso judicial, por un lado la sensación de abandono por la falta de comunicación expedita con Fiscalía y las policías, además de exposición a cuestionamientos por parte de los encargados de acoger a las denunciantes. Josefa recuerda haber recibido comentarios -principalmente de hombres- que le decían: “¿Cómo tan pava, no te diste cuenta que si tú te sacas fotos las pueden publicar?”. Según la denunciante son juicios “de la entidad pública que lo único que hace es no darte seguridad como ciudadana respecto de lo que tú puedes ejercer y esperar del Estado”. 

Otro ejemplo de esto es la experiencia que tuvieron con el psicólogo del sistema de apoyo a víctimas de la Fiscalía. Lorena asegura que nunca recibió apoyo y que el psicólogo solo le hacía preguntas sobre la defensa de sus abogados privados: “Nos preguntaba, ‘¿Y tu abogado te ha informado que en este caso al no haber una ley es probable que el tipo salga libre?’. ‘Olvídate de que el tipo va a ir preso, porque él no tiene antecedentes para atrás’”.

Desde el Ministerio Público no quisieron participar de este reportaje. 

LA AUTODEFENSA

Otro bache en el camino es conseguir asesoría legal. Quien lideró esta búsqueda fue Josefa, que durante el proceso de denuncia había contactado a Jessica Matus, fundadora y directora de la Fundación Datos Protegidos, para conseguir orientación sobre su caso en particular. “El tema de los abogados privados es carísimo, no lo podíamos pagar y ninguna vez sirvió actuar de manera individual”, sostiene Josefa.

Para Jessica Matus este caso es estratégico: “Por primera vez en Chile había un imputado que estaba en prisión preventiva por un caso de estas características”. A su juicio era “esencial apoyar con una querella particular, que las afectadas pudieran presentar”.

Josefa y el equipo de la fundación comenzaron un trabajo hormiga, recopilando información sobre otras mujeres afectadas, la forma más fácil de identificarlas era bucear entre los usuarios etiquetados en las publicaciones de las cuentas que usaba el extorsionador para subir las fotos robadas.

En marzo del 2022 este grupo de mujeres logró adjudicarse US$8 mil del fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales en América Latina (FRR), entregado por la Fundación Ford, de origen estadounidense, lo que logró financiar los costos asociados a la querella criminal colectiva. Sus actuales abogados son Daniela Horvitz, Libertad Triviño y Rodrigo Astudillo, sus servicios en gran parte son probono. 

PROYECTO DE LEY

El pasado 30 de agosto la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general con 123 votos a favor el proyecto de ley que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas. La iniciativa que se originó en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que fue liderada por la diputada Maite Orsini (RD), prohíbe el ciberacoso sexual -entre otras conductas-, la difusión no consentida de contenido íntimo, en cualquier formato y que fuere difundido de forma privada o pública en diversas plataformas. Este delito tiene como pena máxima el pago de una multa de hasta 600 UTM, unos $36 millones (ver proyecto). La iniciativa recién está en su primer trámite legislativo.

Sobre las dudas de si no sería importante que el delito fuera condenado con penas de cárcel, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sostienen que “hay que tener presente que mayores penas de cárcel no inhibe que se cometan delitos. En el último tiempo se han agravado las penas para el manejo en estado de ebriedad y el exceso de velocidad, para los portonazos y para los homicidios, y ello no ha tenido mayor redundancia en su comisión”.

Francisca Millán, abogada y socia fundadora de AML Defensa de Mujeres, estudio jurídico privado que se especializa en la atención de mujeres e infancias, asegura que si bien es importante tipificar este tipo de conductas, “lo cierto es que en sí, su tipificación y las penas asociadas a ella, no necesariamente generan un efecto de prevención o erradicación de esa violencia”. Según Millán, la importancia de este proyecto de ley es que “tiene como principal objetivo el visualizar un fenómeno social que es de relevancia. Pero las soluciones deben ser más estructurales, que tiene que ver con como social y culturalmente nos educamos para lograr espacios digitales libres de violencia”. 

El juicio abreviado contra José Zárate se desarrolló el pasado miércoles 30 de noviembre. Durante esta instancia se le procesó por delito informático y amenazas condicionales. Zárate fue sentenciado a cuatro años de libertad vigilada, pena a la que se le restará el año y dos meses que estuvo en prisión preventiva. En total, el extorsionador de más de 30 mujeres deberá estar bajo la supervisión de un oficial de cumplimiento de su pena por dos años y 10 meses. 

Por su parte, las mujeres de este caso esperaban que el acusado siguiera en la cárcel, para ellas “este es un delito tal cual como un asesinato, porque es como que te maten en vida”.

*Este reportaje fue actualizado a las 22:24 horas del 1 de diciembre de 2022 y a las 0:46 del 2 de diciembre de 2022.