CARTAS: Anhelos

Señor director:

Como tantas otras migrantes, uno de los principales motivos por el que abandoné mi país y por algún tiempo a mis hijas, por el que tomé la compleja decisión de atravesar por tierra, sola, todo el continente, fue justamente por ellas. Quería procurarles mejores oportunidades y mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, hay muchas barreras difíciles de reconocer en primera instancia, y mucho más difícil es enfrentarlas o resolverlas. Una de ellas es el ingreso a la educación superior de los hijos. Solo por dar un ejemplo de estas situaciones invisibles: de acuerdo a cifras del Departamento de Extranjería y Migraciones de Chile, entre el 2018 y 2019 se otorgaron 311.564 visas a personas de entre 18 y 29 años, lo cual representa un 40,66% del total (766.334).

De acuerdo a datos entregados por el INE, la población extranjera residente en Chile llegó a 1.462.103 personas en 2020 (no entran en esta cifra las estimaciones de quienes ingresan por pasos no habilitados), y se estima que 594.491 de ellas son jóvenes de entre 18 y 29 años. Pero, y de acuerdo a CNED, hay sólo 15.740 alumnos migrantes regulares en educación superior matriculados en 2021; o sea, el 2.64% de la población migrante en el rango de edad antes indicado. La gran interrogante que surge, entonces, es: ¿dónde está el otro 97,36%?; ¿qué están haciendo tantos jóvenes que quieren continuar estudiando después de la Media?; ¿cuáles son las políticas existentes en miras a la construcción de la ciudadanía que será parte de las bases productivas en cinco o diez años más?

La idea de un nuevo marco constitucional representa —aun con los muchos detractores de la misma—  un escenario de oportunidades para la aplicación de políticas públicas más integrales, sistemáticas, justas, que impacten positivamente en la construcción de nuevas ciudadanías y permitan igualdad de oportunidades, que garanticen el acceso a la educación superior y un mejor espacio en la sociedad para esos jóvenes migrantes.

De igual forma, considero que desde cada universidad pueden generarse acciones de cambios,  aumentar la cantidad de alumnos regulares extranjeros y que la cuota de becados sea mayor. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debería incluirlo en sus criterios de evaluación para las universidades (es decir, aumentar los años de acreditación en la medida que estas tengan mayor cobertura de beneficios para los grupos más vulnerados), pues sería una forma de aportar a la sociedad disminuyendo la marginalidad estructural que recae no solo sobre el sujeto migrante sino también sobre un 70 por ciento de la población chilena.

Otro anhelo que como madre y enamorada de este gran país, es que las universidades puedan establecer un mecanismo como lo hace el MINEDUC con el llamado Rut provisorio (un número de identificación temporal) con el cual los jóvenes migrantes puedan tener derecho a presentar la PAE y postular a las distintas becas (para ambas se necesita el Rut definitivo, el que además depende del estatus migratorio de la persona mayor que la o lo tenga como carga). Revisando las carreras en mifuturo.cl, si se le entregara anualmente una beca de estudios a un estudiante migrante por cada programa tendríamos en cinco años a 52.750 matriculados, y si le restamos la retención promedio de becados podríamos inferir que estamos cerca de los 47.000 estudiantes migrantes que se incorporarían a la sociedad ampliando posibilidades de empleabilidad y sobre todo, formados para aportar mejor como ciudadano.