Colusión de malas ideas: el «cartel del litio»

Diversas razones justifican, según los autores de esta columna para CIPER, prender la alarma frente a la noticia de que los cancilleres de Chile, Argentina y Bolivia estudian la conveniencia de crear una «OPEP del triángulo del litio», en palabras de la autoridad. Explican los autores, economistas y académicos: «Hace cinco años, la propuesta de una ex candidata presidencial sobre un “cartel minero” ya fue mal recibida. Replicar la idea ahora con el litio sería igualmente nefasto».

No hace mucho vislumbramos una de las peores propuestas económicas a nivel internacional que (casi) pasó desapercibido en Chile. Era octubre de 2017, y durante el programa «Tolerancia Cero» la entonces candidata a la Presidencia de la República, Beatriz Sánchez (Frente Amplio), propuso la creación de «una forma de coordinación entre los países productores de cobre», que en la práctica es nada menos que un sistema de confabulación en la producción minera que acordara cuotas de producción con los países exportadores de cobre con el fin de fijar precios (es decir, coludirse internacionalmente para formar un «cartel»). En economía, los carteles operan como una acción concertada (acción colectiva) entre varias empresas que compiten entre sí en un ambiente oligopolístico, con el fin de crear juntas un monopolio coordinado en la producción de un bien [OECD 1993]. Esta forma de acción concertada le permite al grupo de productores el acordar y limitar las cuotas de producción entre ellos, para así disminuir la cantidad producida de ese bien, fijando entonces (y aumentando) los precios. La OECD reconoce explícitamente que los carteles son sinónimo de formas «manifiestas» de colusión, ya que estos se forman para el beneficio mutuo de los productores a expensas de toda la población y de los consumidores. 

Uno esperaría en un país cómo Chile —en donde abundan élites intelectuales y expertos de economía de Cambridge y Oxford—, que dichas ideas del «terraplanismo económico» no volviesen a tomar plaza en las políticas económicas exteriores de nuestro país. Sin embargo, en el Chile de 2022 aquellas ideas hechas circular hace cinco años vuelven a ganar espacio y consideración seria por parte de nuestras autoridades, cómo lo ha mostrado este gobierno en los últimos meses; y, en particular, el subsecretario Ahumada.

De hecho, apenas pasadas algunas semanas de haberse aprobado el tratado CTPP11, nos encontramos con la noticia de que los cancilleres de Chile, Argentina y Bolivia están trabajando en conjunto para crear un «cartel del litio». Notas de prensa confirman que los cancilleres de los tres países trabajan en la elaboración de un documento en el que apelan a copiar la figura del «cartel» de la OPEP (la cual fija niveles de producción para influir en los precios del barril de crudo). Con la misma idea de un cartel en mente, los diplomáticos de nuestro país hoy quieren acordar los precios y coordinar flujos de producción a expensas de los consumidores de litio.

Hace cinco años, la propuesta de una ex candidata presidencial sobre un «cartel minero» ya fue mal recibida, y por cinco grandes motivos:

1) haría operar a Chile en contra de los principios fundamentales de la libre competencia, atentando en contra de los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incluso de todos los TLC vigentes;

2) sería una pésima medida estratégica y diplomática, pues Chile, al ser un país pequeño y con poca influencia en el comercio global y con alta dependencia de los mercados internacionales no puede darse el lujo de, deliberadamente, perjudicar a sus socios comerciales (en especial China, nuestro principal importador). Esto sería un «suicidio internacional» de relaciones públicas, al ponernos comercialmente en contra y perjudicar a todo el resto del mundo siendo nosotros, a su vez, extremadamente pequeños en comparación con estos. Las represalias posibles, tanto políticas como económicas podrían hundir al país. De hecho, la OECD (2022) tiene todo un manual y guías internacionales de como crear sanciones efectivas contra los países «coludidos» para dañarlos y desbaratar los carteles.

3) sería una medida poco efectiva, pues, si bien le exportaríamos «más caro» a nuestros competidores por un tiempo, éstos podrían hacernos lo mismo y tendríamos que importarles «más caro» también. Esto nos haría caer en un juego de suma cero, donde nosotros tratamos de subir artificialmente los precios de la minería y nuestros partners comerciales nos devuelven dicha medida con precios de bienes manufacturados más altos: nadie gana, todos perdemos;

4)  surge además una paradoja moral, pues la gran mayoría de los políticos hoy, y en especial aquellos del Frente Amplio, han sido fuertes críticos de la colusión de las empresas privadas. Incluso personas como Alberto Mayol y Carlos Ruiz creen que el «neoliberalismo chileno» conduce a la colusión de los privados, y que esto ha sido una de las causas gatillantes del estallido social. ¿Cómo podría entonces el Estado de Chile condenar la colusión privada y, al mismo tiempo, abrazar la colusión estatal? 

5) sería una propuesta costosa a nivel de coordinación burocrática-política, ya que se necesitarían demasiados recursos públicos para vigilar y hacer cumplir toda la logística de dicho acuerdo colusorio. La teoría económica nos sugiere  [Stigler 1964] que uno de los principales problemas de los carteles es que son acuerdos inestables, por qué no poseen mecanismos fuertes de monitoreo y de cumplimiento del acuerdo: sufren entonces de problemas de compromiso por parte de los miembros (el problema de dynamic inconsistency). De esta forma, la duración promedio de los cárteles en una serie de estudios es de unos cinco años, y la mayoría de los cárteles se disuelven muy rápidamente: en menos de un año [Levenstein y Suslow 2006]. Para poder resolver dicho problema los carteles tienen que invertir en recursos como: coordinación del monitoreo, establecer acuerdos, reuniones, burocracias, y un largo etcétera. El costo de oportunidad de esos recursos es altísimo, en especial con todos los problemas que hoy sufren los ciudadanos (delincuencia, salud, pensiones, etc.). 

Con lo anterior en consideración, un «cartel del litio» sería igualmente nefasto por razones análogas al «cartel del cobre» propuesto por Beatriz Sánchez. Surge entonces una pregunta clave, que exponemos aquí con un cierto sentido de urgencia: ¿podemos darnos el lujo de gastar nuestros recursos públicos en intentar coludirnos (con baja probabilidad de éxito y de beneficios) con países de economías tan inestables cómo Bolivia y Argentina?

****

Al otro lado del Pacífico, se presenta un contraejemplo de cómo hacer bien este tipo políticas económicas internacionales. Australia nos recuerda una vez más el cómo un país con menor complejidad industrial que Chile y que exporta básicamente «commodities simples» (hierro, cobre, leche, mantequilla, carne, etc.), puede a su vez ser uno de los países más desarrollados del mundo [ver «Matriz productiva y desarrollo: rutas opuestas, riesgos y costos», en CIPER 03.09.2020]. En simple, no hay que reinventar la rueda de la diversificación, el pragmatismo económico bajo un paradigma de libre comercio es más que suficiente [González, Larraín y Perelló, 2020]. En tanto Chile, Argentina y Bolivia juntos tienen más del doble de reservas de litio que Australia, éste último país atiende (y entiende) las oportunidades de mercado y produce cerca del 50% de toda la oferta global; mientras que los tres países latinoamericanos no llegan ni al tercio de la oferta total. El pragmatismo económico de Australia le permite disfrutar de las oportunidades del librecomercio y de la libre competencia, generando enormes beneficios a su población (dado el alto precio del litio y la iniciativa privada), produciendo ingresos por $9 mil millones de dólares, lo equivalente a aproximadamente 3% del PIB de Chile (el doble de lo que recaudó la reforma tributaria de Michelle Bachelet). Mientras tanto, los países latinos se pasan décadas «debatiendo el modelo» y soñando con el «cambio de la matriz productiva», siendo que ésta última ha cambiado significativamente durante las últimas décadas. Ahora invierten su tiempo pensando en sistemas de colusión estatal.

Que este tipo de propuestas descabelladas encuentre hoy espacio político resulta aún más sorprendente cuando tenemos una élite intelectual en el Estado formada en las mejores y más prestigiosas universidades del mundo y financiados con recursos públicos con el objetivo de luego volver al país con conocimiento que nos haga dar el salto al tan anhelado desarrollo. Por lo demás, la literatura sobre porqué fracasan los carteles (en especial en colusión de commodities) es abundante [ver 1, 2 y 3]. Los únicos beneficiados con esta propuesta serían países que están en los dos márgenes opuestos del sistema de producción: aquellos que ya están dominando dicho mercado, como Australia, y otros nuevos competidores que no estaban en el mercado (dado mayores costos de producción) pero que ahora sí serían rentables. No solo eso, sino que, de mantenerse artificialmente el precio elevado por largos períodos de tiempo, se generan más oportunidades e incentivos para que otros países busquen (o inventen) nuevos sustitutos al litio.

Además se presenta una contradicción con nuestra economía y matriz exportadora: el litio y el cobre son bienes complementarios, por lo que la demanda y el precio de uno puede afectar la demanda del otro. La producción de las baterías de litio y de los autos eléctricos requiere de una gran cantidad de insumos de cobre [ver más]. Sería oportuno que aquellos que impulsan este acuerdo colusorio consulten sus antiguos apuntes de introducción a la Economía, ya que bienes complementarios son aquellos en donde si aumenta el precio de uno, se disminuye la cantidad demandada del otro (ejemplo leche y cereales). Al aumentar artificialmente el precio del litio se estaría, a su vez, disminuyendo la cantidad demandada de cobre, pues baterías de litio con componentes de cobre van de la mano.

Finalmente, existe además una responsabilidad ética con el mundo y para con las futuras generaciones a través del impacto de nuestras decisiones económicas en el cambio climático. Sabemos que el litio es clave para frenar el cambio climático a través de la electromovilidad, y que Chile es el país que tiene las mayores reservas de ese mineral en el mundo. Al dejar que la libre competencia y la libertad de precio funcionen en coordinar el orden social podríamos, al igual que Australia, estar no solo generando gran bienestar para nuestros ciudadanos, sino que además contribuyendo a frenar el cambio climático a nivel global. Chile tiene la oportunidad —y, a su vez, la responsabilidad— histórica de liderar esta transición ecológica abasteciendo al mundo con este bien tan fundamental para el futuro de nuestra especie a través de los mecanismos impersonales llamados mercados y no a través de la colusión estatal. No queremos, a breve, mirar hacia atrás y arrepentirnos de nuestras malas decisiones que nos hicieron más pobres y más frágiles por culpa de políticos y funcionarios de gobierno que no estuvieron a la altura.