En las 煤ltimas semanas te he hablado sobre igualdad ante la ley y sobre pluralismo jur铆dico, pero ten铆a pendiente explicarte de manera m谩s amplia los cambios al sistema judicial. Como una robota que sigui贸 minuto a minuto el trabajo de la Convenci贸n y ha le铆do detalladamente la propuesta constitucional, me parece que el cap铆tulo de Sistemas de Justicia 鈥搎ue reemplaza al de Poder Judicial鈥 es uno de los m谩s complejos de entender porque usa un lenguaje m谩s jur铆dico.
¿La justicia ya no será un poder del Estado? 🏛️
En términos formales, el capítulo se llama Sistemas de Justicia y contempla un Sistema Nacional de Justicia que coexiste coordinadamente con los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. El texto de la propuesta sí contempla capítulos denominados Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pero en la Constitución vigente se los denomina Gobierno y Congreso Nacional y aún así se les considera poderes del Estado.
Christian Viera, ex convencional del Frente Amplio que co-coordinó la comisión que redactó el capítulo de Justicia, explica que el cambio de nombre se debe a la idea de que no existe un Poder Judicial como tal, sino que cada juez está investido del poder de impartir justicia.
Varios expertos descartan que el nuevo nombre implique algún cambio. “Lo relevante no es el nombre, es quién ejerce jurisdicción y si la ejercen los tribunales tenemos que decir que es uno de los tres pilares del Estado”, opina Gaspar Jenkins, abogado del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, quien asesoró a varios convencionales de Independientes No Neutrales. Añade que la propuesta es más explícita que la Constitución actual en consagrarla como una organización independiente, imparcial, con potestad de imperio y cuyas sentencias son obligatorias.
Sin embargo, debido a las críticas que ha generado el cambio de nombre, el acuerdo político alcanzado esta semana por los partidos oficialistas contempla volver a llamarlo Poder Judicial. “Si esto ayuda a que no haya dudas, no tengo objeción”, dice el constitucionalista de la UDP Javier Couso, quien estima que hay falta de racionalidad al atacar la propuesta por este asunto, si la Constitución de 1833, que estuvo vigente casi 100 años, denominaba al capítulo judicial como Administración de justicia.
¿Entonces sólo se considera un cambio de nombre? 📛
No, además del nombre se propone una completa reestructuración a la forma cómo funciona el sistema, al crear una nueva institución llamada Consejo de la Justicia. Te adelanto que en este tema entre los académicos y expertos hay bastante desacuerdo. Los dividiría en tres categorías: quienes creen de frentón que un consejo de este tipo es una mala idea; quienes consideran que su composición y/o atribuciones están mal definidas; y quienes opinan que la fórmula propuesta está planteada de manera correcta.
¿Qué hará el Consejo de la Justicia? ⚖️
El consejo se creó luego de un diagnóstico que fue compartido por los distintos estamentos del Poder Judicial que expusieron ante la Convención Constitucional, incluyendo a la Corte Suprema, respecto a que era necesario separar las funciones jurisdiccionales –el impartir justicia– de las administrativas.
Se trata de un órgano autónomo que estará encargado de los nombramientos, el gobierno, la gestión, la formación y la disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. El texto dice que la finalidad del consejo es “fortalecer la independencia judicial”.
En la jerga judicial se habla de la independencia externa –de los poderes políticos– y de la independencia interna, que tiene que ver con la autonomía de los jueces para impartir justicia sin la presión de sus superiores. Respecto de esta última, con el nuevo consejo no serán jueces superiores los que designen o sancionen a los de menor rango (de hecho, también se elimina la jerarquía en el sistema judicial). El histórico “besamano”, prohibido formalmente en 2015, es una muestra de los problemas del actual sistema: la práctica es que quienes aspiran a ascender visitan privadamente a los superiores antes de que éstos resuelvan los concursos para pedirles su voto.
“En el derecho le dicen el temor reverencial a cierto grado de respeto excesivo hacia los jefes. Eso ha sido criticado internacionalmente en el caso de Chile porque afecta la independencia en su parte interna, dentro del propio poder. La propuesta trata de romper eso entregando la mayoría de esas atribuciones a este nuevo órgano que es el Consejo de la Justicia”, explica Jenkins.
¿Quiénes integrarán ese consejo? 1️⃣7️⃣
Tendrá diecisiete miembros: ocho jueces o juezas elegidos por sus pares; dos funcionarios judiciales; dos personas elegidas por pueblos indígenas; y cinco integrantes elegidos en sesión conjunta de ambas cámaras legislativas a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.
¿Por qué lo critican? 🔪
Quienes se oponen a este modelo dicen que se ha politizado y ha fracasado en países como Argentina o España, pero quienes lo defienden argumentan que sí ha funcionado en otros como Francia o Bélgica.
Respecto a las críticas por su composición, hay dos tipos de cuestionamientos que se contradicen. El más común –y que es compartido por la Corte Suprema–, es que debiera haber una mayoría de jueces, que conocen cómo funciona la judicatura y evitarían que el sistema se politice con integrantes nombrados por el Legislativo. Hubo mucha presión sobre esto durante el trabajo de la Convención y el número se aumentó de seis a ocho, además de los dos funcionarios judiciales. El acuerdo político del oficialismo incluye revisar la composición del consejo para que haya una mayoría de jueces.
Por otro lado, hay quienes cuestionan el poder que tendrá el estamento de los jueces si son elegidos por sus propios pares. “Como el consejo tiene tantas atribuciones, se va a desarrollar una dinámica política propia y el gran problema entonces es que el propio Consejo de la Justicia se transforme en un punto de referencia de la política de los jueces y que por esa vía se politice el Poder Judicial”, dice el académico de la Universidad Católica de Valparaíso y ex director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate, quien agrega que el problema se agrava por la falta de control que tiene el consejo. Más que la cantidad de jueces, lo importante sería quién los nombra. Y agrega que existe experiencia comparada en que hay participación de la ciudadanía o de organizaciones de abogados, por ejemplo.
Como se ve, no hay una manera evidente o consensuada respecto a la integración del consejo. Para Claudia Sarmiento, constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, aún es muy temprano para tener un juicio claro sobre la composición y habrá que ver cómo funciona cuando se conforme. A su juicio, debe haber un equilibrio con personas que conocen el sistema, pero evitar que se produzca endogamia, por lo que es clave la mirada externa de las designaciones del Legislativo y de los pueblos indígenas, que debieran prevenir que se reproduzcan las lógicas internas del sistema.
¿Va a afectar de alguna manera a las personas? 👩 👨 🧑
Si funciona bien debería mejorar la gestión de los tribunales. Como explica Jenkins, hoy los ministros visitadores van muy esporádicamente a los tribunales, por lo que el control es muy tenue.
“La atención de público en Chile es una de las peor evaluadas dentro de los países OCDE. Nadie está controlando y en el sistema de calificación en el Poder Judicial, donde se le ponen nota a los jueces por su desempeño tanto para resolver causas como en gestionar el tribunal, el promedio es una nota 6,7. Es como si fuera perfecto, pero no es posible que el índice externo nos diga que estamos mal y el índice interno nos diga que estamos tan bien”, cuestiona el abogado. Por eso cree que delegar esta función al consejo podría ayudar a “ventilar” el sistema, para que mejore.
¿Hay novedades respecto a la forma en que se imparte justicia? 🧑⚖️
Sí. Una importante es que el recurso de protección será reemplazado por la tutela de derechos. A diferencia del primero, que sólo permitía recurrir a la justicia por la vulneración de un número limitado de derechos, la nueva herramienta ampararía todos los derechos fundamentales, que además se amplían. Ya no estarían a cargo de las Cortes de Apelaciones, sino de los tribunales de instancia.
Una duda importante es si habrá una avalancha de recursos, que podrían atochar a los ya saturados juzgados. “Si uno quiere tener derechos que se cumplan va a haber judicialización. Significa que hay un remedio judicial para una vulneración de un derecho. Es bastante estándar crear una tutela de derechos fundamentales en el derecho comparado y que lo vean los tribunales de instancia. La Corte de Apelaciones, como lo dice su nombre, es para ver apelaciones, no primera instancia”, afirma Couso.
Sarmiento agrega que con el Estado social de derecho hay un cambio de paradigma que incluye la ampliación de los derechos sociales y es previsible que como los tribunales de instancia son más cercanos a las personas se masifiquen los recursos, pero lo importante es ir revisando que funcionen bien, pues por definición la resolución de las acciones de tutela es urgente.
¿Habrá nuevos tribunales? 🏢
Sí, habrá tribunales ambientales en todas las regiones (hoy hay tres en el país) y se crearán nuevos tipos de tribunales de instancia, como los tribunales administrativos, los juzgados vecinales (reemplazarán a los de policía local) y tribunales de ejecución de penas.
También habrá un cambio mayor en la justicia electoral, que es la que certifica las elecciones. Hoy funciona de manera autónoma al Poder Judicial, aunque con la participación de éste. En el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cuatro de sus cinco integrantes son sorteados entre los ministros de la Corte Suprema y los tribunales electorales regionales incluyen al presidente de la Corte de Apelaciones y dos abogados externos designados por el Tricel.
La propuesta constitucional traspasa la gestión administrativa, superintendencia directiva y correccional del Tricel al Consejo de la Justicia, que además elegirá a sus integrantes y los de los tribunales regionales entre los jueces.
“Es un órgano que pierde autonomía”, cuestiona Aldunate, quien agrega que la propuesta incluye más procesos electorales, lo que lo hace aún más relevante. “Cuando uno ve la evolución de otros sistemas políticos que vemos con ojos más críticos en la región, usualmente el proceso ha tenido algún punto en que el órgano del control electoral ha sido intervenido”, agrega.
El abogado constitucionalista del Partido Socialista Gabriel Osorio va más allá y dice que el cambio es “una aberración” que a su juicio no tiene lógica. El riesgo, agrega, es la captura política y el debilitamiento de la democracia.
Couso descarta estos riesgos: “Si el Consejo de la Justicia está de acuerdo al estándar internacional de independencia de los poderes políticos, que son elegidos entre jueces, francamente me parece que si uno quiere ver amenaza puede verla siempre en cualquier órgano. La sensación es que el Consejo de la Justicia es lo suficientemente desintegrado y pluralista, elegido por entes vinculados a la judicatura. Imaginar que ellos van a tener interés en ser capturados para que la justicia electoral en Chile no funcione me parece que es un poco exagerado”.
HASTA EL INFINITO Y M脕S ALL脕 馃殌
La Convención Constitucional entregó la propuesta formal de nueva Constitución 📜para ser plebiscitada el 4 de septiembre 🗳️. Esta robota espera que la discusión del texto sea lo más informada posible –estoy haciendo lo posible para contribuir a ello– y que llegue hasta el infinito 🚀 y más allá 🌎. Reenvíale este boletín a tus amigas/os y cuéntales que para recibirlo una vez a la semana 📬, solo necesitan escribir su dirección de correo electrónico acá:
IMAGEN CONSTITUYENTE 馃搳
Según los datos del Servicio Electoral hasta el 10 de agosto, las donaciones para la campaña del plebiscito ya superaron los 1.000 millones. Aunque la diferencia entre las organizaciones que apoyan las opciones Apruebo y Rechazo se acorta, la primera opción consigue el 25% de los aportes ($307 millones), mientras la segunda consigue el 75% ($937 millones).
El crecimiento del Apruebo se explica, en buena medida, por los aportes a la campaña realizados directamente por el Partido Socialista y Revolución Democrática, con $164 millones y $80 millones, respectivamente, que equivalen al 80% de las donaciones del Apruebo. En el Rechazo todos los aportes a sus partidos adscritos los han hecho terceros y sólo representan el 5% de lo que han recaudado.
Los datos también muestran que entre los donantes del Apruebo ha sido más recurrente realizar aportes por montos de $5 mil, $10 mil, $20 mil y $100 mil. Para el Rechazo, en cambio, las donaciones que más se repiten son por sumas de $250 mil, $100 mil, $50 mil y 1 millón respectivamente.
Durante las últimas semanas ambas opciones registraron las primeras donaciones de terceros para parlamentarios independientes, con $10 millones para el senador por Valparaíso, Kenneth Pugh, quien va por el Rechazo, y $200 mil para Mónica Arce, diputada por el distrito 12, inscrita por el Apruebo.
馃幆 DATO CONSTITUYENTE
La ONG Derechos Digitales revisó quiénes están invirtiendo en publicidad en Facebook e Instagram con miras al plebiscito constitucional. El resultado: las cuentas que más dinero han invertido no están registradas ante del Servicio Electoral y, por lo tanto, estarían transgrediendo la normativa.
Según el análisis, hasta el 9 de agosto la página “Hagamos una buena” había invertido más de «$13 millones a favor del Rechazo, al igual que “Hola Soy Nono” (más de $2 millones), “La Pancha” ($1,3 millones) y “Creando puentes” ($1 millón).
En contraste, señala el informe, “el partido político que más ha invertido en propaganda electoral en Facebook e Instagram es el Partido Comunista ($1.015.081) siendo además el anunciante que más ha invertido en favor de la opción Apruebo. Le sigue la UDI, con $868.426 de inversión publicitaria en favor del Rechazo. Ambos partidos son parte del registro de Servel.”
El reporte de Derechos Digitales forma parte de la iniciativa PubliElectoral, realizada en conjunto con la organización argentina ADC, que hace un monitoreo de la propaganda política en Facebook. En el pasado, han realizado informes sobre el Plebiscito de Entrada 2020 y las Elecciones Presidenciales 2021 en Chile.
El 4 de julio la Convención Constitucional entregó la propuesta de nueva Constitución 📜 al Presidente de la República, Gabriel Boric 🇨🇱. Entonces mi trabajo llegó a su fin…
–¡¿Qué?!
Jaja. Te asusté 😱. No me iré a descansar tan pronto. Voy a acompañarte hasta el plebiscito 🗳️ en que ustedes decidirán si aprueban o no el texto acordado por la CC. ¿Estás leyendo el texto? ¿Has oído o leído cuestiones que te generan dudas? ¿Quieres profundizar en algún tema? 🤔 Voy a darte mi correo electrónico para que me envíes tus preguntas: robotlabot@gmail.com 📥. Y haré todo lo posible por responder tus dudas en este newsletter.
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