CONOCE LO 脷LTIMO DE LA DISCUSI脫N CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
馃 Una Constituci贸n por la educaci贸n p煤blica
05.08.2022
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CONOCE LO 脷LTIMO DE LA DISCUSI脫N CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
05.08.2022
S贸lo queda un mes para el plebiscito de salida y se est谩 poniendo dif铆cil decidir qu茅 es lo m谩s relevante que debo explicarte para que tomes una decisi贸n informada. Por las preguntas que ustedes me env铆an, puedo concluir que el tema de educaci贸n es importante, as铆 es que aqu铆 vamos.
Primero una curiosidad: ¿sabías que la educación ocupa tres páginas de la propuesta constitucional? Son nueve artículos que me parece que reflejan la relevancia que tenía también este tema para los convencionales. En la actual Constitución, donde los derechos sociales están menos desarrollados, sólo hay dos artículos: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Claro que sí, pero cambian los énfasis. Cuando uno lee el texto, queda claro que la intención de los convencionales fue fortalecer el rol del Estado y sobre todo de la educación pública.
Por ejemplo, el artículo que consagra el derecho a la educación inmediatamente señala que la educación “es un deber primordial e ineludible del Estado”. La Constitución de 1980, en cambio, menciona al Estado como garante del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y dice que el Estado debe “fomentar” el desarrollo de la educación. Aunque no estaba en su versión original, una reforma constitucional de 2003 introdujo la obligación de financiar un sistema gratuito de educación básica y media.
“La propuesta constitucional pone a Chile al día con la forma en que se organizan los sistemas educativos en las democracias avanzadas. La Constitución actual es una anomalía en términos de equiparar el rol del Estado con el de los privados en la educación obligatoria”, resume el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Ernesto Treviño.
En la propuesta que se someterá a plebiscito algo que subraya la importancia que se le da a la educación es que se la considera como “indispensable” para poder ejercer los demás derechos y se establece que debe ser de acceso universal en todos sus niveles, además de obligatoria en la básica y la media. También introduce por primera vez la calidad como la orientación de la educación, la que define como “el cumplimiento de sus fines y principios”.
Es una lista larga, lo que para algunos es un problema porque la enumeración puede dejar cosas fuera o incluir algunas que no generan consenso. Acá te los dejo para que te formes tu propia opinión:
Fines: construcción del bien común, justicia social, respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, conciencia ecológica, convivencia democrática entre los pueblos, prevención de la violencia y la discriminación, adquisición de conocimientos, pensamiento crítico, capacidad creadora y desarrollo integral de las personas, en sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.
Principios: cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, además de los otros principios generales de la Constitución. A esto se suma su carácter no sexista y que debe desarrollarse de manera contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.
Claudia Matus, directora del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional, destaca aspectos como la justicia, la no discriminación y la educación no sexista, que a su juicio requerirán un cambio cultural: “Estas cosas pueden asustar a algunos, pero son básicas para la promoción de la educación en un país como el nuestro, son necesarias porque van indicando un camino hacia lo que podríamos llamar una justicia educacional”.
En educación se crean tres sistemas. El Sistema Nacional es el que reúne a instituciones educacionales de todos los niveles –desde párvulos a educación superior– creadas o reconocidas por el Estado. Eso quiere decir que la componen tanto establecimientos públicos como privados, cuyo reconocimiento se definirá por ley. En este sistema el rol del Estado es coordinar, regular, mejorar y supervigilar.
La legislación también fijará un régimen común, pero desde ya se señalan algunas características de sus instituciones: serán democráticas, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios que mencioné más arriba y tendrán prohibida toda forma de lucro.
Diría que cambia para los colegios particulares pagados, que se financian a través de matrícula y educan a alrededor del 9% del estudiantado, porque se les exigirá no tener lucro. No encontré datos oficiales respecto a cuántos de estos colegios actualmente tienen fines de lucro, pero según Ernesto Treviño los más conocidos o de elite, ubicados en el sector oriente de Santiago, en general son organizaciones sin fines de lucro.
De acuerdo a la Conacep, asociación que reúne a colegios particulares, cerca de la mitad de esos establecimientos tienen fines de lucro. “La decisión que deberán tomar los sostenedores es convertirse a entidades sin fines de lucro o salir del sistema. Esa incertidumbre es terrible, ya que del orden de 200 mil alumnos estudian en colegios particulares pagados”, dijo hace unos meses Hernán Herrera, presidente de la Conacep.
Otro aspecto que no está claro es si cuando se dice que no podrán discriminar en su acceso significa que deberán ajustar sus sistemas de admisión. Si bien en la educación pública y particular subvencionada se eliminó la selección, muchos particulares pagados filtran a través de entrevistas con los padres, tests a los niños que postulan o recomendaciones de terceros, con lo cual eligen a los mejores candidatos y aquellos que se ajustan más a sus proyectos educativos.
Ernesto Treviño cree que se mantendrá la discriminación que se hace indirectamente a través del precio de su matrícula, porque así se financian, pero se limitará la segregación que genera el que puedan elegir a estudiantes por su perfil familiar o hacer exámenes a niños de 2 o 3 años.
La propuesta constitucional no contempla la eliminación de la educación particular subvencionada, que reúne a alrededor del 54% del estudiantado. Sí es cierto que el texto no los menciona nunca explícitamente. “Eso es muy fuerte porque esta Constitución una de las cosas que tiene es la falta de reconocimiento: se le dio reconocimiento a un montón de cosas, por qué negar el reconocimiento a 2 millones de estudiantes. No era tan difícil”, cuestiona Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, quien en todo caso reconoce que la norma transitoria que mantiene las leyes vigentes garantiza que seguirán existiendo los colegios particulares subvencionados.
En este punto hay dos cosas que quizás sea bueno decir: la actual constitución tampoco menciona a los colegios particulares subvencionados y en el pleno de la Convención Constitucional se rechazó una norma que incluía el financiamiento público para establecimientos privados, en parte porque los convencionales de derecha se abstuvieron o rechazaron la iniciativa, alineados con la extrema izquierda.
Quedará bajo el alero del Sistema de Educación Pública, que según la propuesta constitucional será el “eje estratégico” del Sistema Nacional de Educación. Se establece que será un “deber primordial” del Estado su ampliación y fortalecimiento, y que tendrá un carácter gratuito y laico.
“La propuesta hace algo que los expertos han recomendado desde hace muchos años: establece normas, principios para el fortalecimiento de la educación pública, que es una de las principales garantías del derecho a la educación. Eso en ningún caso supone quitarle mérito, importancia o relevancia a la educación particular o la educación particular subvencionada”, dice Alfonso Henríquez, director del Foro Constituyente de la Universidad de Concepción.
Daniel Rodríguez, de Acción Educar, difiere en esa apreciación: “Una cosa es darle un trato preferente a la educación pública y otra cosa es que se le haya dado al Estado un montón de prerrogativas para controlar esa educación de manera mucho más centralizada que hoy”.
Además del énfasis en darle prioridad a la educación pública, el principal cambio está en su forma de financiamiento, que deberá ser “permanente, directa, suficiente y pertinente” a través de aportes basales. Eso significa que, de aprobarse la propuesta, las escuelas y liceos ya no dependerán de la subvención, algo que los iguala con los particulares subvencionados y que genera inestabilidad financiera porque sus costos son estables -incluye el pago de profesores-, pero sus ingresos dependen de la asistencia de los estudiantes y la mantención de la matrícula.
Según Treviño, en la mayoría de los países la educación pública se financia con aportes basales y en Chile ya hay una experiencia con los 64 liceos de administración delegada, que reciben un financiamiento estable con un compromiso de matrícula y sobre esto hay una subvención.
Sí, junto con el deber del Estado de respetar la libertad de enseñanza la propuesta señala que “padres, madres, apoderadas, apoderados y tutores legales” podrán elegir el tipo de educación “de las personas a su cargo”.
Desde la derecha y otros sectores que no están de acuerdo con la propuesta constitucional han cuestionado que esta redacción es más débil que la actual, donde los padres tienen el “derecho preferente” de educar a sus hijos. Daniel Rodríguez explica que ese derecho va más allá de elegir el tipo de establecimiento en que se educará: “Yo voy primero, yo decido antes que el colegio, antes que el Estado, mi colectivo. Yo como padre soy el primer responsable y tengo el deber y el derecho de determinar cómo se educa a ese niño”.
También critica que dentro de la libertad de enseñanza no se incluya el derecho a abrir colegios, que sólo se menciona como un derecho de los pueblos indígenas, pero no de otras personas o grupos que quieran crear establecimientos educativos según sus propios valores. Dicha norma se rechazó en el pleno de la Convención, pero en términos genéricos se garantiza la libertad de emprender y se reconocen como parte de la Constitución tratados internacionales que lo contemplan.
Se trata del Sistema de Educación Superior, que incluye universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, academias creadas o reconocidas por el Estado, y escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas. Entre las novedades está que en cada región deberá haber una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional.
Al igual que en el resto de los artículos, hay un mayor desarrollo respecto a las instituciones públicas, para quienes se garantiza el financiamiento para cumplir sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad. Para ellas se contempla un financiamiento basal que deberá regularse por ley, mientras que para las privadas se habla de financiamiento sin detalle.
Este énfasis ha generado críticas desde el mundo de las universidades privadas, en particular de aquellas tradicionales que se caracterizan por tener un rol público. “Lo que esperábamos era que se recogiese la historia, que se resguardara el rol de todas las universidades, independiente de su propiedad o modalidad de provisión“, dijo Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente de las universidades de la Red G9, organización que logró juntar las firmas para una iniciativa popular constituyente que no fue aprobada dentro de la Convención.
Al respecto, Ernesto Treviño señala que el tema tampoco está tratado en la actual Constitución y es materia de ley, pero explica que entre este grupo de universidades, que tienen proyectos de largo plazo, hay incertidumbre respecto a cómo va a transformarse el sistema de financiamiento.
Sí, hay un artículo que dice que la educación superior conducente a títulos y grados iniciales será gratuita en las instituciones públicas y en aquellas que defina la ley. “La norma pareciese muy categórica en el sentido de que asegura la gratuidad, entonces pareciera que fuera casi de un día para otro, pero aquí hay que recordar que una de las normas generales que se establecen en materia de los derechos fundamentales es el principio de progresividad, que implica que el Estado tiene necesidades múltiples, recursos escasos y tiene que ajustar su política presupuestaria a esas necesidades”, explica Henríquez.
Además, una norma transitoria explicita que el financiamiento de la gratuidad deberá ser progresivo, lo que calza con la actual regulación, en que accede a este beneficio el 60% de los estudiantes más pobres y se contempla un incremento gradual tendiendo a la universalidad, dependiendo el incremento del PIB tendencial.
Según Daniel Rodríguez, la redacción de la propuesta constitucional “genera incomodidad”, porque no queda claro si es que la ley puede decidir cuáles son las universidades privadas que son gratuitas o si, como es hoy, se establecerán requisitos y ellas pueden decidir si adscriben. “Para mí es súper claro que el texto pretende elegir arbitrariamente qué instituciones van a ser gratuitas”, opina.
Para ser sincera, la propuesta constitucional no da detalles. ¿Qué dicen los expertos? Rodríguez cree que es un error incluirlo para la educación escolar, porque los profesores podrían ir contra el proyecto educativo de su propio colegio.
Treviño, en cambio, dice que el principal riesgo es que no se siga el currículum, pero que la propuesta garantiza suficientemente el cumplimiento de las orientaciones que deben seguir los colegios. En cambio, cree que esto permitirá a los profesores tener libertad para tocar temas contingentes y generar discusiones abiertas en la sala de clases, algo que hoy se ve limitado por la extrema sensibilidad de algunos apoderados que denuncian adoctrinamiento o cuestionan que los profesores aborden temas sensibles. “Garantiza que no exista censura”, concluye el experto.
Además de la libertad de cátedra, la propuesta constitucional reconoce un “rol fundamental” de los educadores y garantiza el desarrollo pedagógico y educativo de quienes se desempeñan en instituciones que reciban fondos públicos, junto con resguardar sus condiciones laborales y su autonomía profesional.
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Las donaciones para la campaña del plebiscito ya ascienden a $523 millones según los datos del Servicio Electoral hasta el 3 de agosto. Las organizaciones del Rechazo acumulan más de $464 millones en donaciones, es decir, un 89% del total. El Apruebo superó los $58 millones en aportes (11%), de los que $40 millones corresponden a un auto aporte de Revolución Democrática.
De acuerdo con los datos del Servel, un 56% del total donado proviene de aportes públicos, mientras que las donaciones anónimas (menos de $1,3 millones) conforman el 44%.
En los registros destaca la aparición de familiares entre los aportantes del Rechazo. Por ejemplo, la familia Cuneo acumuló $66 millones para Amarillos por Chile con las donaciones de Juan Cuneo Solari, ex presidente de Falabella y del Club Hípico, y sus hijas Paola y Giorgianna Cuneo Queirolo, quienes son parte del directorio de Falabella y de Aguas Andinas respectivamente.
Otro conjunto de donaciones corresponde a la familia Ossandón: Gabriel Ossandón Valdés –socio fundador de Ossandón Propiedades y parte del directorio de Golf y Deportes Lomas de La Dehesa S.A.–, donó $12,5 millones para “Aquí estamos por Chile”, que acumula la mayor suma de aportes. El mismo monto también fue aportado por sus hijos Gabriel, Bernardo y María Teresa Ossandón.
Para el Apruebo los únicos aportes públicos son la donación de $40 millones de Revolución Democrática y $1,5 millones que aportó al Partido Comunista Galo Eidelstein, subsecretario para las Fuerzas Armadas.
El 4 de julio la Convención Constitucional entregó la propuesta de nueva Constitución 📜 al Presidente de la República, Gabriel Boric 🇨🇱. Entonces mi trabajo llegó a su fin…
Jaja. Te asusté 😱. No me iré a descansar tan pronto. Voy a acompañarte hasta el plebiscito 🗳️ en que ustedes decidirán si aprueban o no el texto acordado por la CC. ¿Estás leyendo el texto? ¿Has oído o leído cuestiones que te generan dudas? ¿Quieres profundizar en algún tema? 🤔 Voy a darte mi correo electrónico para que me envíes tus preguntas: robotlabot@gmail.com 📥. Y haré todo lo posible por responder tus dudas en este newsletter.
Menos de un mes 😱. Eso queda para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Parece poco, pero ante una decisión así de trascendental, vale la pena destinar tiempo a debates más reposados. Aquí, dos recomendaciones.
TVN: 24 debates camino al plebiscito. La periodista Constanza Santa María conduce este programa en que expertos debaten sobre un tema presente en la propuesta constitucional, defiendo la opción Apruebo y Rechazo. El primer episodio abordó el capítulo sobre “Sistemas de Justicia” y participaron los abogados Javier Couso y Jorge Correa Sutil. En el segundo los economistas Álvaro García y Michelle Labbé se abocaron a los temas económicos. Y en el tercero, los expertos en educación Cristián Bellei y Sylvia Eyzaguirre discutieron sobre educación. Aunque cada episodio dura menos de 30 minutos, el formato permite ahondar en cada tema. Acá puedes ver todos los episodios.
Hablemos de la Constitución: Espacio Público organizó un seminario internacional en que se pudo escuchar el análisis de expertos nacionales y extranjeros sobre distintos aspectos de la propuesta constitucional. En el primer panel se habló sobre la distribución del poder y participaron la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, Victoria Murillo; el director del doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Gabriel Negretto; y la integrante de la Red de Politólogas y académica de la Universidad Católica, Julieta Suárez-Cao. En este link puedes ver el resto de los paneles, en que se habló de derechos sociales, plurinacionalidad y conflictos.
La Convención Constitucional entregó la propuesta formal de nueva Constitución 📜para ser plebiscitada el 4 de septiembre 🗳️. Esta robota espera que la discusión del texto sea lo más informada posible –estoy haciendo lo posible para contribuir a ello– y que llegue hasta el infinito 🚀 y más allá 🌎. Reenvíale este boletín a tus amigas/os y cuéntales que para recibirlo una vez a la semana 📬, solo necesitan escribir su dirección de correo electrónico acá: