¿Son justas las sanciones económicas a Rusia?

También la guerra tiene parámetros de justicia y moralidad, y entonces cabe analizar si acaso el modo en el que la comunidad internacional sanciona hoy al gobierno de Vladimir Putin por su invasión de Ucrania tendrá o no los efectos buscados. En columna para CIPER, un académico recuerda que los castigos económicos hoy vigentes tienen un efecto injusto, que no sólo «pueden no lograr el objetivo de disuadir al Estado agresor, [sino también] generar un sufrimiento innecesario en su población.»

No sólo la invasión rusa a Ucrania puede ser hoy objeto de una reflexión sobre su legitimidad moral, sino también las sanciones económicas con las que las potencias occidentales buscan responderle al gobierno de Vladimir Putin. En esta columna intento mostrar que la condena a lo primero ―en términos generales, la guerra siempre es un mal para todos los bandos involucrados― no tiene por qué justificar lo segundo. 

Los grandes sufrimientos sobre las personas y las pérdidas ―materiales y humanas― que produce una guerra no necesariamente implican que librar una guerra sea siempre moralmente incorrecto. Existen razones que lo legitiman, como así también existen condiciones morales que deben ser cumplidas por quienes se involucran en una guerra. Las primeras razones han sido llamadas por la teoría de la guerra justa, el ius ad bellum; o, en otras palabras, la justicia de la guerra. Las segundas condiciones, en tanto, han sido llamadas ius in bello: la justicia en la guerra. Una de las condiciones de la justicia de la guerra es poseer una justa causa, como por ejemplo puede serlo la defensa frente a una agresión ilegítima. Por su parte, una de las condiciones de la justicia en la guerra es la proporcionalidad y la discriminación.

Las partes de un conflicto deben proceder con el enemigo de manera proporcionada; es decir, a través de medios militares que sean lo menos costosos posibles ―en términos humanos y materiales― para alcanzar el objetivo. Por su parte, la discriminación manda distinguir entre objetivos militares y no militares; en el entendido de que, por ejemplo, los civiles y sus dependencias no pueden ser objetos de acciones militares. 

Así, en términos de la justicia de la guerra todo parece indicar que Ucrania está librando una guerra justa, dado que la causa de su participación en este conflicto es su defensa frente a una agresión ilegítima (lo cual no obsta que, durante el conflicto, ambas partes cometan actos moralmente ilegítimos en términos de la justicia en la guerra).

La distinción anterior nos permite comprender también la ética de las sanciones económicas en el contexto de la guerra. Como ha argumentado Joy Gordon, las sanciones económicas, en términos generales violan las exigencias de la justicia en la guerra. Su argumento se basa en la analogía entre las sanciones económicas y la guerra de asedio. Ambas tienen similitudes en cuanto a que, en el caso de esta última, se busca bloquear al país en cuestión por medios militares, privándolo de acceso a bienes básicos para la subsistencia de las personas. Las sanciones económicas tendrían un efecto similar, afectando a las personas en peor posición en los países sancionados. En este sentido, al igual que en la guerra de asedio, las sanciones económicas atentan contra la exigencia de discriminación.

Se puede contestar que las sanciones que han sido impuestas a Rusia no son analogables al asedio. En este sentido, habría que distinguir entre sanciones globales (o totales) y sanciones específicas. Las sanciones de las potencias occidentales a Rusia han sido específicas: según la plataforma OpenSanctions, la mayoría de las sanciones impuestas hasta ahora a Rusia por parte de la comunidad internacional son de índole personal, y afectan a personas específicas vinculadas con los sectores de poder del Kremlin.

Pero también ha habido otro tipo de sanciones, las que en rigor pueden ser consideradas como no específicas, en el sentido que las define la Unión Europea (aquellas que tienen por objeto «ocasionar graves consecuencias a Rusia por sus actos y frustrar con eficacia sus capacidades de continuar la agresión»). En esta misma línea, el Ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha señalado que lo que se persigue es «provocar el colapso de la economía rusa». Tanto las «graves consecuencias» como el «colapso» que las entidades sancionatorias buscan provocar en la economía rusa no cumplen los principios de discriminación de la justicia en la guerra. De este modo, las sanciones impuestas a Rusia no sólo no tienen el carácter de específicas, sino que implican un claro perjuicio contra personas y comunidades no involucradas en el conflicto.  Estas sanciones total o parcialmente globales incluyen restricciones financieras, aéreas y de importaciones.

Pero incluso si consideráramos que las sanciones a Rusia son exclusivamente específicas, igualmente pueden violar los principios de la justicia en la guerra. Brian Early y Marcus Schulzke han argumentado que las sanciones específicas pueden igualmente perjudicar a civiles inocentes. Por ejemplo, cuando una sanción dirigida a algún sector de la economía del país que es relevante para la élite política provoca graves daños a quienes allí trabajan, a sus familias y a los demás sectores de la economía que dependen de dicho sector.

Finalmente, tanto las sanciones comprehensivas como las específicas pueden ser altamente desproporcionadas, en el sentido que pueden constituir una medida que, por una parte, no logre el objetivo de disuadir al estado agresor, y, por otra, genere un sufrimiento innecesario en la población del país sancionado. Si bien esto aún está por verse en el caso de Rusia, la historia de las sanciones económicas ha demostrado que son altamente inefectivas, como también que el efecto generado en su población es muy perjudicial. Esto ha llevado a crisis humanitarias que han tenido por consecuencia el empoderamiento de los regímenes sancionados.

Junto a lo anterior, tenemos que considerar que los efectos de las sanciones tienen directa relación con la inflación de los países occidentales; entre ellos, Chile. El caso más claro es el alza de los precios de los combustibles. Esto es un ejemplo de la violación del principio de discriminación de la justicia en la guerra.

De todo lo anterior podemos concluir que, en general, las sanciones económicas son una respuesta injusta a las agresiones militares. La respuesta de los países occidentales no sólo muy probablemente no disuadirá a Rusia de su invasión; e incluso es tanto más posible que termine por empoderar a Putin. Como así también generará, como está siendo el caso, consecuencias para partes no involucradas, incluyendo a los propios países occidentales.