Contraloría objeta gasto de $1.866 millones hecho por Carabineros para arrendar 206 vehículos

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Carabineros advierte que la entidad policial contrató un servicio de arriendo de 206 vehículos sin estudios previos que justificaran ese gasto. La revisión confirmó que algunos de los automóviles no registraron carga de combustible durante meses y que otros no tienen comprobantes de sus salidas. Carabineros debe corregir sus procedimientos, señala el organismo fiscalizador, para evitar el riesgo de pagar por bienes y servicios que no son necesarios.

Un informe final emitido por la Contraloría General de la República el pasado 9 de junio de 2022 -y difundido recién este miércoles 22 de junio- detectó que Carabineros decidió pagar $1.866 millones a Autorentas del Pacífico SPA (ex Hertz Rent a Car), por el servicio de arriendo de 206 vehículos durante 36 meses, sin contar con estudios o análisis para justificar dicha orden de compra (vea acá el informe de la Contraloría). Además, la revisión estableció falta de mantención de algunos automóviles, de reparaciones y reemplazos, así como también la inexistencia de “una administración centralizada que hubiera permitido resguardar las obligaciones y derechos del contrato en cuestión”.

“Se constató que, mediante el proceso de gran compra (…) Carabineros de Chile arrendó 206 vehículos a la empresa (Autorentas del Pacífico SPA) por un monto total de $1.866.035.558, impuesto al valor agregado, IVA, incluido, por un periodo de 36 meses, sin embargo, no se advirtió que la entidad policial contara con un estudio y/o análisis previo que permitiera sustentar el número de vehículos a arrendar, lo que conlleva al riesgo de mantener bienes con capacidad ociosa, realizar gastos innecesarios asociados a éstos y, un eventual uso indebido de recursos públicos”, se lee en el informe. La revisión tenía como objetivo examinar los gastos por arriendo de vehículos realizados por las Direcciones de Logística y de Compras Públicas de Carabineros, entre los años 2019 y 2020. 

Según antecedentes revisados por CIPER, la institución llamó a un concurso público el 14 de diciembre del 2018, instancia a la que fueron invitados proveedores como Piamonte S.A, Salfa Rent, Mediterránea Automotores S.A, Europcar y Autorentas del Pacifico SPA. No obstante, solo estas dos últimas empresas aceptaron la invitación. El presupuesto inicial de la Dirección de Compras Públicas para este servicio de arriendo era de $2.238.232.305.

En los requisitos solicitados para esta licitación, se especificaron los vehículos que se necesitaba arrendar: 168 automóviles, un minibús, 22 SUV, cinco furgones y 10 camionetas. Del total, 61 fueron destinados al OS9, 15 al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), cinco al OS7, 10 a la Dipolcar y 115 a las prefecturas de la Región Metropolitana.

Finalmente, el 4 de enero de 2019 la policía confirmó que la automotora ganadora de la licitación era Autorentas del Pacífico SPA, propiedad del grupo japonés MITTA. La orden de compra del 25 de enero del 2019, entre la Dirección de Logística de Carabineros y Autorentas del Pacífico SPA, confirmó un acuerdo total por $1.866.035.559 por una flota de 206 vehículos arrendada por el plazo de tres años, con pagos mensuales de $51.834.321 (vea aquí esa orden).

En el Acuerdo Complementario entre la institución uniformada y la empresa, se explica que la justificación para realizar esta Gran Compra -como es denominada en el documento-, es “la necesidad institucional de materializar el arriendo de 206 vehículos”, sin ahondar en especificaciones ni detalles.

La auditoría realizada por Contraloría concluyó que la policía no cuenta con un estudio que permita sustentar la cifra de vehículos arrendados, en el cual debería constar, a lo menos, “la demanda proyectada aludida por la entidad policial en sus antecedentes, estadísticas o número de investigaciones que realiza el servicio fiscalizado, promedio de actividades desarrolladas con el Ministerio Público, reporte de las personas y automóviles buscados por la SEBV, entre otras variables que permitan justificar la estimación razonable de los automóviles necesarios para el desarrollo de las labores policiales, situación que no ocurrió en la especie”. 

Desde la institución respondieron a las observaciones iniciales de Contraloría que el OS9 ha conseguido desbaratar organizaciones criminales complejas y detener a sujetos vinculados a delitos graves, como instalación de artefactos explosivos y homicidios seriales, entre otros. A juicio de la institución policial estos serían resultados medibles a la fecha, y para lograrlos se requirieron recursos móviles, de manera que los funcionarios pudiesen ejecutar las acciones de investigación. Pero en su informe final, la Contraloría desestimó estas respuestas, porque no fueron respaldadas con documentos: 

“La entidad policial entrega variadas justificaciones en cuanto al uso de automóviles arrendados, entre los cuales se puede mencionar la creación de nuevas secciones y el aumento de personal, como también asegura el logro de resultados y haber tenido en consideración variables medibles al momento de la determinación de la contratación del servicio, aspectos que no fueron demostrados documentalmente. Además, no proporcionó un estudio y/o análisis a fin de acreditar que haya considerado y ejecutado las acciones expuestas en sus descargos”.

Otra arista planteada en el informe final, es que algunos vehículos entregados al SEBV y OS9 no presentan carga de combustible durante meses y otros en que la cantidad de kilómetros recorridos es inferior al promedio de los demás automóviles en uso. De la revisión efectuada a las planillas Excel proporcionadas por Carabineros y al sistema de cargas de combustible, se detectó que 45 (OS9) y 11 (SEBV) automóviles no presentaron cargas mensuales de combustible, en el período comprendido entre abril de 2019 y diciembre de 2020.

“En efecto, se comprobaron 56 automóviles sin carga de combustible, entre los cuales destaca uno con 9 meses sin registros de consumos, lo que denota que la entidad mantiene una parte de su flota sin y/o con escaso uso, situación que no permite asegurar la real necesidad de contar con todos los móviles arrendados -206- para desarrollar las actividades que requiere la institución, ello teniendo en consideración que mensualmente Carabineros de Chile debe efectuar el pago del arriendo de estos bienes, independiente si el vehículo se utilizó o no”. 

En cuanto a los registros de ruta de cada automóvil utilizado por el OS9 y el SEBV, se constató que en los libros “no se deja constancia del motivo que origina la respectiva salida de las dependencias en las que se encuentran los automóviles, situación que no permite validar las actividades propias para las cuales fueron arrendados y en qué tareas o procedimientos se están utilizando”. Respecto a esto, la entidad policial aseveró que contaban con libros de kilometraje y bitácoras, sin embargo, no los adjuntó en su respuesta a Contraloría. 

Sobre el uso de uno de estos automóviles, a través de una solicitud vía Transparencia se comprobó que el furgón Peugeot LDLW67 -perteneciente a esta flota arrendada- fue utilizado por funcionarios del OS9 para realizar detenciones durante el estallido social, como ocurrió en los arrestos de Nicolás Ríos, Francisco Hernández y César Yáñez, detenidos en procedimientos realizados por agentes “intra marchas”. 

Además, la Contraloría determinó que Carabineros le pagó $39.020.189 a Autorentas del Pacífico SPA, monto correspondiente a la cuota de marzo de 2019, a pesar de que la flota vehicular entró en funcionamiento en abril de ese año, debido a que recibieron los últimos automóviles el 3 de ese mes. Sobre este punto, el organismo fiscalizador indicó en su informe: “Se hace necesario que la entidad, en lo sucesivo, adopte las medidas para que los bienes y/o servicios contratados sean utilizados con la oportunidad que corresponde, a fin de evitar que la administración invierta recursos públicos innecesariamente, como aconteció en la especie”.