Armas de fuego entre particulares: más riesgos que resguardos

«Las armas en tenencia privada lejos de reducir la posibilidad de ser victimizado, o de lograr defenderse de morir o ser herido como víctima en un delito, abren y potencian otra serie de riesgos asociados a un uso diferente a aquel para el que fueron adquiridas.»

Es prometedor el anuncio hecho por el presidente Gabriel Boric sobre la creación de una Agencia Civil de control armado (de la que venimos acusando necesidad con antelación y urgencia; ver columna previa en CIPER). Orientar el rumbo de la política pública hacia la prohibición total de armas en manos de civiles ha generado inmediata resonancia, pues conlleva explícitamente que la autoridad da por asumida la acreditada e indisoluble relación existente entre delitos y armas de fuego, con especial énfasis en aquellas inscritas por particulares. Como medio funcional delictivo, las armas transversalizan una amplia gama de crímenes, entre los que estadísticamente se destacan hoy en Chile los homicidios consumados y frustrados, robos agresivos con intimidación y violencia, y protección del mercado del narcotráfico, además de la violencia armada como nueva ostentación contracultural en redes sociales y apología delictiva en imágenes asociadas a la nueva música urbana.

Esperamos que el enfoque del gobierno se proyecte en perspectiva y más allá del miedo que naturalmente genera entre la población la peligrosidad de las armas o la indignación ante el (des)control estatal en temas de delincuencia (en un contexto de hiperexposición mediática de diversos casos). Considerando presupuestos, cabe referir que parte del problema de las armas de fuego radica en su disponibilidad de acceso para uso delictual, así como la desviación desde las inscripciones que se registran. 

Al respecto, merece intentar profundizarse en al menos dos reflexiones: (1) la preocupante desproporción entre las armas que entran y las que egresan al mundo delictógeno, (problema de disponibilidad por desvío); y (2) la (in)eficacia de la tenencia responsable de armas y su representación como fantasía de sensación securitaria.

(1)
Si atendemos al último boletín del Observatorio de la Violencia emanado desde la Fiscalía Nacional, pionero en la materia, en el período 2016-2020 los homicidios y el uso de armas en homicidios han aumentado en Chile. De las casi en promedio 3.000 armas que se incautan anualmente en Chile —al menos en la zona central del país—, la mayoría corresponde a armamento inscrito por civiles. Ello, versus las casi 5.000 armas que se reportan como robadas o extraviadas (y que van a caer en manos delincuenciales) y las más de 7.500 armas nuevas que se inscriben al año en nuestro país. Es decir, y en un desbalance preocupante: es menos lo que se logra extraer del mercado delincuencial que aquello que ingresa a alimentar la disponibilidad de armamento para uso criminal.

La cifra oficial de armas inscritas por particulares ya casi alcanza las 800.000 unidades, según la base de datos actualizada a 2020 de una agencia estatal uniformada, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) [ver aquí resumen de versión 2022]. Esta ha perpetuado una visión ya en desuso internacional comparado: mantener el registro de las armas de fuego bajo una perspectiva de defensa nacional y soberanía contra un enemigo externo o interno; si bien un informe de la Contraloría General de la República lo considera insuficiente en recursos y capacidad de fiscalización, e ineficiente en la proporción gestión/resultados (pues sólo se logra fiscalizar poco más del uno por ciento del parque armado civil).

Sin perjuicio de investigaciones relacionadas con el desvío de fondos, probidad funcionaria y problemas de control de instituciones castrenses sobre su propio armamento [ver previamente en CIPER: 1 y 2], el registro contiene armas inscritas a nombre de fallecidos, condenados, prófugos, personas inexistentes, etc.

Desde las cifras de la propia DGMN, las armas particulares extraviadas desde 2005 hasta mayo de 2020 acumulan 35.000 unidades; y las armas denunciadas como sustraídas (robadas o hurtadas) en el período 2005-2020 suman casi 25.000. En suma, desde el parque armamentista particular inscrito ha egresado un acumulativo de alrededor de 60.000 armas de fuego de origen particular o inscrito por civiles que actualmente se encontrarían por desvío en el mercado ilegal a disposición de su uso delictual, y que inevitablemente se harán sentir en episodios criminosos que cobrarán vidas y heridas en Chile.

No se logra contrapesar la balanza con las armas de fuego incautadas (se excluyen aquí,  por razones de método, las entregadas voluntariamente, por cuanto resulta difícilmente razonable que una arma sustraída o extraviada que llegó a uso delictual sea devuelta por propia iniciativa). Así, si en promedio anual se denuncian como perdidas y robadas 4.000 armas particulares inscritas, las que se extraen por incautación policial no son poco más de 2.500 (y no todas ellas son de origen convencional inscritas en Chile, sin perjuicio de ser las más).

(2)
¿Logran en su tenencia aquellas armas inscritas por civiles (cuyos propietarios no han fallecido ni han sido condenados, y que cumplen cabalmente la reglamentación) ser eficaces para repeler oportuna y proporcionalmente agresiones criminales, en defensa propia, de familia o de terceros y sus bienes? No hay estudios que en nuestro país evidencien tal afirmación, sin perjuicio de las múltiples justificaciones informales en cuanto a que su adquisición (a un alto costo y precio, sobre todo exacerbado en tiempos de pandemia) compensa hoy el incumplimiento de las expectativas de protección estatal en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Observando realidades comparadas con Estados Unidos, donde los discursos pro-armas son explícitos, destacan los estudios de David Hemenway, profesor de la Universidad de Harvard, quien desde su centro especializado de análisis ha manifestado ya en 150 documentos conclusiones que evidencian que la tenencia de armas de fuego inscritas por civiles permitieron repeler menos del 1% de los casos bajo una hipótesis de defensa.

Además de la ineficacia de la tenencia intradomiciliaria de armas inscritas en cuanto a resultados concretos para la generación de seguridad y frustración de ataques criminales, los planteamientos de Hemenway confirman que éstas aumentan los riesgos para los residentes y sus vecinos (en caso de departamentos), se ven accionadas con más frecuencia contra la propia familia que contra intrusos (en un conjunto de hechos relacionados con accidentes fatales no intencionales), que triplican el riesgo de suicidios y además se utilizan en casos de violencia intrafamiliar, incluyendo femicidios.

En otras palabras, las armas en tenencia privada lejos de reducir  la posibilidad de ser victimizado, o de lograr defenderse de morir o ser herido como víctima en un delito,  abren y potencian otra serie de riesgos asociados a un uso diferente a aquel para el que fueron adquiridas.

El de las percepciones de seguridad es ya un lucrativo negocio, que a cambio de un alto precio otorga una fantasía de resguardo privado de cuyos peligros no se hace mención. Pero no existe evidencia comprobable que dé cuenta de que mantener armas inscritas para defensa personal en el interior de los domicilios logra disuadir o prevenir la comisión de delitos, ni tampoco de que quienes las tienen logran oportuna y eficazmente repeler un delito en su contra en un valor superior al 1%. Hoy en Chile, el debate sobre seguridad debe saber diferenciar y enfrentar en planos paralelos delincuencia, victimización y sensaciones de inseguridad, que son temas que no siempre avanzan de manera simétrica. 

Sobre lo que sí hay evidencia es que las armas de fuego matan chilenos, que las armas matan cada vez más, que lo que más se recupera incautacionalmente son armas de fuego inscritas y que el registro y control es insuficiente.

Sin duda que lo comprometido desde el Ejecutivo es una decisión concreta, que logra enfocar el problema más allá de la cíclica herramienta del miedo y de la indignación que genera, y que, desde la academia, esperamos forme parte de una política pública de carácter preventivo global, que en seguimiento logre evidenciar que es posible obstruir la disponibilización de armamento particular e inscrito para que no caiga en manos delictivas. Debe recordarse que —y a diferencia de la cadena del tráfico de drogas, en que el último eslabón es siempre un consumidor enfermo y adicto—, en la cadena del tráfico de armas el último peldaño es siempre un delincuente, bajo cuya pisada, finalmente, habrá una víctima vulnerabilizada, asesinada, herida o despojada, y para siempre arrebatada de su propia y más definitiva sensación de seguridad.