Militares y carabineros que robaron armas: sus vínculos con bandas y narcos que quedaron registrados en la justicia militar

En varios procesos seguidos por la justicia militar contra uniformados que robaron armas en sus unidades, se consignó que las especies estaban destinadas a bandas delictuales. CIPER revisó las condenas dictadas por la Corte Marcial entre 2012 y 2022, y en al menos 15 casos hay pruebas o fuertes indicios de que las armas tenían ese destino. En seis de estas causas la justicia militar pudo registrar el nexo con delincuentes, incluidos narcotraficantes. En otras nueve surgieron potentes detalles que apuntaban en esa dirección.

Cuando los tuvieron frente a frente en el tribunal, el militar dijo que sí lo conocía, pero que no había participado en ningún delito con él. Unos minutos antes, el civil le rogó que admitiera las cosas, que no sacaba nada con ocultarlo, que estaban pillados. También mencionó que en el lugar donde se había realizado el tráfico de armas, a él lo tenían amenazado. “Reconoce y termina”, sentenció casi al final.

Al cabo primero del Ejército que participó en este careo lo acusaron de vender armamento que había sustraído de su cuartel y fue condenado por la justicia militar. El caso ocurrió en 2015 y entre los antecedentes que se enumeraron en la sentencia, y que CIPER revisó en los archivos de la Corte Marcial, se incluyó que el civil vendió las subametralladoras robadas por el uniformado a sujetos que tenían antecedentes delictuales y que estaban en la mira de la justicia.

Entre 2012 y 2022 la Corte Marcial de Santiago (con jurisdicción sobre el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros) y la Corte Marcial de la Armada (ubicada en Valparaíso) registraron al menos 38 casos de robo de armamento –y de materiales afines, como chalecos antibalas, uniformes y otros– perpetrados por militares o carabineros, los que culminaron con condenas para 54 uniformados. CIPER revisó cada uno de estos procesos y en al menos 15 de ellos hay pruebas o indicios de que las armas sustraídas estaban destinadas a delincuentes, incluyendo narcotraficantes. En seis de estos casos las investigaciones de la justicia militar consiguieron registrar de manera fehaciente el nexo entre los uniformados involucrados y los delincuentes. En otros nueve, aunque no se describe de forma taxativa el vínculo con criminales, se incluyen detalles que apuntan en esa dirección.

En varias de estas investigaciones fueron los propios militares y policías quienes confesaron el destino que tenían las especies robadas. También quedó a la vista cómo se establecieron los contactos entre los funcionarios y los delincuentes.

NEXOS CON BANDAS

A las seis de la mañana de ese 24 de diciembre de 2012, la policía se dirigía hacia la Población Guañacagua, en Arica. Su objetivo había sido determinado unas pocas horas antes por el fiscal militar a cargo del caso: encontrar cuatro fusiles de marca FAMAE que habían desaparecido el día anterior desde el Regimiento Reforzado 24 Huamachuco, en Putre. Su investigación arrojaba que podían estar en un inmueble de ese sector.

A las 6:20 entraron a la casa, revisaron algunas pertenencias y encontraron las armas sustraídas. Estaban en la maleta de un auto, en un bolso negro. Pero hallaron más especies, según se describió en uno de los documentos que constan en el proceso que siguió la justicia militar:

“El personal policial al revisar el segundo piso del inmueble (…) encontraron e incautaron una bolsa de nylon blanca, la cual mantenía en su interior droga tipo cocaína base a granel, asimismo se encontró un contenedor confeccionado con cinta de embalaje de color café, que también mantenía en su interior droga tipo cocaína base, presentado en su totalidad un peso bruto de 799 gramos, con un peso neto de 730,6 gramos y una pureza del 14%. Asimismo, se incautó una balanza digital y dinero”.

Las armas habían sido robadas el día anterior por los dueños de la droga. Las habían sacado del regimiento sin ningún problema, con la ayuda del soldado conscripto implicado en el delito. El uniformado, mientras hacía su guardia en la madrugada, le dio la pasada a uno de los ladrones para sustraerlas.

En el proceso, llevado por el Sexto Juzgado Militar de Iquique, se incorporaron antecedentes sobre cómo el militar había conocido al narcotraficante. En su confesión, el soldado dijo que lo ubicaba porque meses atrás le había comprado un automóvil Hyundai Elantra del año 97. Cuando el vendedor se enteró de que él estaba haciendo su servicio militar, le comentó que le podía ofrecer más de un millón de pesos si escondía un fusil, lo sacaba del regimiento y se lo entregaba. Esa propuesta inicial no se concretó, pero luego vino la noche en Putre donde se robaron los cuatro fusiles.

En el proceso, el soldado dio algunas luces de la utilidad que se le quería dar al armamento: supuestamente iba a ser usado en una quitada de drogas a otra banda de narcos, lo que en la jerga de los traficantes se conoce como una “mexicana”.

El 23 de noviembre de 2018 ocurrió otro caso en que un uniformado que robó armamento de su unidad estaba relacionado con narcotraficantes. Involucró a un cabo segundo de Carabineros que trabajaba en la Subcomisaría de Gómez Carreño, en Viña del Mar. La investigación registró que los contactos se habían iniciado antes de la sustracción, pues se detectó un chat entre el cabo y el sujeto que le propuso el negocio, en el que le decía al cabo que sacara un “juguete” (arma) del lugar donde trabajaba y que él se lo compraría. El funcionario le dijo que sí, pero no fue hasta fines de 2018 que se efectuó la operación.

En su testimonio, el cabo dijo que sabía cuál sería el destino del arma. Acorde a sus declaraciones ante el tribunal, el civil ya le había dicho que “efectivamente la UZI, la iba a vender a un loco cototo en Concepción, un narco que movía hasta carabineros del sector y que con eso se le abrirían las puertas para poder tener la confianza del tipo y le entregaran droga para vender”.

Unos días antes del robo, un compañero del uniformado escuchó que el cabo segundo decía que enfrentaba problemas económicos, porque su padre tenía una enfermedad grave.

Otro episodio tuvo lugar en el Campo Militar Antofagasta, donde un cabo le pasó municiones a un traficante de armas hasta 2018. Otro caso tuvo como protagonistas a conscriptos del Regimiento de Artillería 1 Tacna, ubicado en San Bernardo, quienes ingresaron al almacén de material de guerra y sustrajeron dos fusiles. Uno de los implicados declaró que conocía el destino del armamento, porque su cómplice tenía contactos con un narco que pagaría dos millones por uno de los fusiles:

“Se iba a llevar un fusil a Talca y el otro lo iba a dejar escondido en un lugar que yo ignoraba, para cuando él llegara de su franco (salida del regimiento) lo iba a dejar donde el traficante con quien habíamos acordado el pago de los dos millones”.

HEBRAS PARA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN

En al menos nueve sentencias –dictadas entre 2012 y 2022– CIPER detectó que se mencionaban algunas hebras que llevaban a vínculos con bandas de delincuentes o que indicaban que los delitos se habían reiterado en el tiempo, por lo que podría haber una relación con compradores habituales. En esos procesos constan afirmaciones de los involucrados que daban a entender que había contacto con terceros o que los mismos uniformados habían protagonizado varios robos. Los documentos de estos juicios, que fueron revisados por CIPER en la Corte Marcial, no permiten establecer si estos hechos fueron investigados. Son los fiscales militares los que debían determinar si estas hebras ameritaban ser indagadas.

Uno de estos episodios tuvo como protagonista a un cabo primero del Ejército, cuyo delito fue perpetrado en 2008, pero su sentencia ocurrió nueve años después. Mientras estuvo destinado al Departamento de Control de Armas y Explosivos de la Comandancia General de Guarnición de la Región Metropolitana, falsificó decenas de certificados para facilitar la adquisición de armas por parte de civiles. Entre quienes aparecen en la nómina, CIPER detectó a una persona de Talca que fue juzgado por estafa, apodada “El Rey de la Chatarra” y también a un reconocido narcotraficante de la población La Legua.

Otro episodio de este tipo lo protagonizó una banda compuesta por soldados que robaron chalecos antibalas en el Regimiento de Infantería 1 Buin, ubicado en Recoleta, entre mayo y junio de 2017. De las declaraciones de los acusados se desprende que las especies sustraídas iban a parar a la casa de una persona en Puente Alto conocido por un apodo, sin que en la indagatoria se especificara quién era.

Las últimas causas mencionadas fueron investigadas en el Segundo Juzgado Militar de Santiago. CIPER consultó en ese tribunal si se habían perseguido estas pistas, pero desde el organismo indicaron que “no es factible dar respuesta a las consultas formuladas, considerando la multiplicidad de causas citadas, las que fueron tramitadas cada una de ellas conforme a su propio mérito, por las respectivas Fiscalías Militares, las que se encuentran terminadas y archivadas la gran mayoría de ellas”. Por último, aseguraron que, como se trata de un tribunal militar, no ve temas que tengan que ver con civiles y que por ende la investigación de estas hebras que conducen a involucrados que no son uniformados “corresponde al Ministerio Público”. Pero, no está claro si se hicieron las denuncias para que interviniera la fiscalía.

En todo caso, el Sexto Juzgado Militar de Iquique informó a CIPER que en ese tribunal sí se investigó una causa de características similares. En un caso sucedido en 2018 saltaron a la vista posibles vínculos con bandas delictuales que sí fueron perseguidas: “Cabe hacer presente que la Fiscalía Militar indagó sobre vínculos con civiles que hubieren hecho el ‘encargo’ del material de guerra, no estableciéndose nada en ese sentido”, respondieron en ese tribunal.

CIPER también identificó procesos en los que se dio a entender que el robo de armamento era una constante que se reiteró. Por ejemplo, eso pasó en la trama de un carabinero que había sustraído distintos fusiles en 2016 desde la Subcomisaría de Cerrillos. Uno de sus cómplices civiles dijo que el policía ya había robado con anterioridad. “Mi amigo (…) me contó que él había robado en más de dos oportunidades pistolas desde el interior de la comisaría donde trabajaba y que no había pasado nada, así que no tenía nada de qué temer”.

CIPER consultó por este caso al Segundo Juzgado Militar de Santiago, pero no se refirieron al tema.

En 2013, ocurrió algo parecido en el polvorín donde se guardaban los explosivos, tiros y demás municiones del Regimiento Reforzado 1 Calama. Uno de los condenados en el juicio dijo que el cabo con el que estaban coludidos les mencionó que antes ya había sustraído especies con otros soldados. Hasta el cierre de esta edición, el Primer Juzgado Militar de Antofagasta no respondió a CIPER si es que había seguido esta pista.