CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 Las últimas normas y el inicio de la transición
06.05.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
06.05.2022
En los últimos días las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional comenzaron a terminar la votación de propuestas de normas y la próxima semana deberían concluir las deliberaciones en el pleno, para dar paso al trabajo de las nuevas comisiones de Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias.
La última tarea de las comisiones temáticas será justamente visar las normas transitorias que luego se analizarán en la comisión que se creó exclusivamente para esa tarea. Ya se definieron las áreas sobre las cuales se pueden presentar propuestas hasta este domingo 8 de mayo, las que luego se votarán y se enviarán a la Comisión de Normas Transitorias. Además de deliberar sobre esas propuestas, la comisión recibirá aportes y sugerencias de los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), funcionarios públicos y académicos, entre otros. Las normas deberán aprobarse por 3/5 de los 33 integrantes de la comisión y finalmente superar el quórum de 2/3 en el pleno.
Son aquellas que tienen una vigencia temporal y regularán la implementación de la nueva Constitución, si se aprueba en el plebiscito de salida. Entre las más debatidas en los últimos días están las que norman la transición desde el actual sistema político al que se propone implementar.
Respecto al Poder Legislativo, diría que hay una opinión mayoritaria en el sentido de que se debe respetar el periodo por el cual los actuales diputados fueron electos, así como el de aquellos senadores que culminan sus mandatos en 2026. En cuanto a los senadores que acaban de asumir y deberían seguir en ejercicio hasta 2030, la situación es más incierta. Una alternativa es acortar su mandato a la mitad e implementar la Cámara de las Regiones a partir de 2026, pero también podría buscarse una transición escalonada.
La convencional Marcela Cubillos inició otra discusión al plantear en la Comisión de Sistema Político que las normas transitorias deberían incluir también la duración del periodo presidencial, pues a su juicio el Poder Ejecutivo también sufriría cambios sustantivos. Con esto abrió la puerta para acortar el mandato del Presidente Gabriel Boric. Su propuesta llamó la atención, pues ella fue una de las convencionales de derecha que antes de la segunda vuelta de 2021 pidió garantías de que no se acortaría el mandato presidencial. En todo caso, es poco probable que se apruebe una iniciativa de ese tipo, mientras es casi seguro que a Boric no se le permitirá una reelección inmediata, pese a estar contemplada en la propuesta constitucional.
Aún no. Este viernes 6 el pleno deliberará sobre la propuesta emanada desde la Comisión de Sistema Político. Como te conté la semana pasada, es su última oportunidad en el pleno y, si quedan vacíos, deberán ser llenados por el Congreso. Aún quedan temas importantes por aprobarse, como la forma de elección del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, así como las leyes en las que participará esta última.
Hay bastante incertidumbre, pero incluso los optimistas dicen que el resultado será estrecho. El convencional Fuad Chahín acusó que para conseguir los votos, la izquierda negoció con los escaños reservados y cedió en la restitución de tierras indígenas, algo que es desmentido por algunos de los aludidos.
Se aprobó un artículo que dice que el “Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. Además, señala que la restitución de tierras será el mecanismo preferente de reparación. Se trata de una de las demandas más sentidas por los representantes de pueblos originarios, especialmente de los mapuche, que habían reclamado que los derechos obtenidos hasta ahora no servían sin tierra y también habían remarcado que la restitución es la salida razonable al conflicto que se vive en la macrozona sur.
Esa norma era parte del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, que incluía otro artículo que arrastraba una larga controversia: las condiciones de las expropiaciones. Se aprobó que el propietario será indemnizado por el “precio justo” del bien expropiado, que el pago se realizará antes de la entrega del bien y que se podrá reclamar en tribunales.
La derecha reclamó que se debilitaba el derecho de propiedad porque no se explicita que se pagará el precio de mercado y en efectivo y al contado, mientras que en la izquierda la convencional María Rivera se quejó de que esto inviabiliza la “recuperación del cobre y de las tierras mapuche”. No sé tú, pero yo tiendo a pensar que no es mala señal que los extremos queden disconformes.
Tuvo un desempeño mixto. En el lado exitoso, se aprobó la creación de múltiples instituciones, lo que incluye la ratificación de algunas que ya existen (Tribunales Ambientales, Ministerio Público, Banco Central, Contraloría), la autonomía constitucional de instituciones que no la tenían (Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Niñez) y la creación de otras nuevas. En esta última categoría destacan la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional del Agua y la Corte Constitucional.
Uf, varias cosas. Primero, también hubo instituciones rechazadas, que vuelven a comisión. Entre las nuevas están el Consejo del Medio Ambiente, la Agencia del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de la Fe Pública, la Agencia Nacional del Consumidor y el Consejo de Pueblos Indígenas. En cuanto a las existentes, se rechazaron el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Alta Dirección Pública.
Además, se rechazaron varios de los artículos que definían la estructura o las atribuciones de algunas instituciones. En algunos casos, como el Ministerio Público o el Banco Central, si es que no se logra un acuerdo, regirían las reglas actuales fijadas en sus leyes orgánicas. En cuanto a las instituciones nuevas, si no hay acuerdo es posible que el detalle quede en manos del actual Congreso, porque hay quienes asumen que ya no hay tiempo de negociar. Como sea, hubo molestia en algunos sectores porque se rechazaron cambios relevantes en los que se suponía que había acuerdo.
Hay algunos puntos más sensibles. Por ejemplo la Corte Constitucional, en que hay que ajustar detalles relevantes para que este nuevo órgano que reemplaza al Tribunal Constitucional quede bien afinado.
También se rechazaron los artículos sobre reformas constitucionales, por lo que es muy probable que para cambiar la Constitución se opte sólo por un quórum de 4/7 y se descarte la alternativa de plebiscitos ratificatorios cuando no se alcancen los 2/3 para modificar los capítulos sobre sistema político, forma de Estado, principios y derechos fundamentales, y reforma y reemplazo de la Constitución.
Por último, un punto que ha pasado desapercibido es que en casi todos los casos se rechazó la forma de designación de las autoridades, que en general incluía una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. La idea era disminuir la discrecionalidad política y darle más independencia a los órganos autónomos, por lo que también se reformaba dicho consejo, lo que fue rechazado. Eso implica repensar completamente los nombramientos de las autoridades o definitivamente dejarle esa tarea al Congreso.
Si algo hubo esta semana fue plenos. El lunes se votaron dos informes de Principios Fundamentales. Entre otras cosas, se ratificó que los tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile, los principios internacionales de DDHH y el derecho consuetudinario en la misma materia forman parte integral de la Constitución. También se aprobaron nuevos derechos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, y niños, niñas y adolescentes.
Manteniendo su registro de alto consenso y aprobación, la Comisión de Forma de Estado consiguió un alto porcentaje de aprobación del informe que incluía autonomías presupuestarias para los territorios. Entre lo más significativo, se aprobó que el sistema tributario se funde en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, además de tener entre sus objetivos la disminución de la desigualdad y la pobreza.
Se contempla también que los tributos puedan ingresar a las autonomías territoriales y no sólo al erario público, y que se definirá una fórmula de distribución fiscal que compense entre entidades territoriales. En la misma línea, habrá impuestos a favor de entidades territoriales y transferencia fiscal interterritorial. Otro cambio es que los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda, aunque no para gasto corriente.
Este informe también incluye consideraciones ecológicas, como el cobro de tributos a actividades que afecten el medio ambiente, el deber del Estado de proteger la función económica y social de la tierra, o el fomento del comercio local. En educación se constitucionaliza que cada región deberá tener al menos una universidad y un centro de formación técnica.
Por último, la Comisión de Sistemas de Conocimiento mantuvo una tasa alta de rechazo, pero logró aprobaciones importantes. Se ratificó que los medios de comunicación públicos deberán ser públicos, descentralizados e independientes del gobierno. Además, se crearon un Consejo Nacional de Bioética y una Agencia Nacional de Protección de Datos.
Sí, hubo comisiones que avanzaron en temas muy relevantes. La díscola Comisión de Medio Ambiente aprobó un informe que deliberaron hasta las 5 de la mañana del martes para lograr que sea visto por el pleno este sábado 7 de mayo. Los grupos más “estatistas” volvieron a perder algunas de sus demandas, pero anunciaron que insistirán en el pleno. Aún así, está por verse cuánto de lo aprobado logra conseguir los 2/3, porque varios artículos mantienen el espíritu original.
💧 La comisión reformuló el estatuto del agua, consignando que prevalecerá el “derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas”, que el agua será incomerciable y que se entregará para usos específicos y justificados. Propone también un manejo integrado de cuencas, administrado por los Consejos de Cuencas, conformados por representantes del Estado, usuarios y la sociedad civil. Se reconoce y garantiza el uso tradicional para los pueblos originarios.
💡 En el estatuto de la Energía se establece que la matriz energética deberá basarse en energías renovables y de bajo impacto ambiental, mientras que el estatuto de los minerales señala que el Estado tendrá el monopolio en materia de hidrocarburos, litio y tierras raras, y en cuanto al cobre se contempla que el Estado “explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”. Es probable que en las normas transitorias se insista en la nacionalización.
💎 Uno de los temas que se redujo bastante fue el modelo económico. Si bien se mantienen los principios y objetivos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico, y la idea de que el Estado debe fomentar la innovación, mercados locales y la economía circular, otras propuestas como el Consejo de Planificación quedaron descartadas. También se suprimió que la ley pudiera reservar al sector público la provisión exclusiva de ciertos bienes o servicios por interés general y las prioridades en las relaciones comerciales internacionales. Otras materias como gasto público y consumidores están presentes en la nueva propuesta pero de manera más acotada.
🍲 También sufrió modificaciones la norma sobre soberanía alimentaria. Cuando se discutió en el pleno la idea de que el Estado debía preservar las semillas, recibió varias críticas y terminó siendo descartada. Mismo destino sufrió el inciso que buscaba garantizar que los pueblos tuvieran derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios. Lo que sí se aprobó es que el Estado debe asegurar la soberanía y seguridad alimentaria promoviendo la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen “el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.
No, otra que terminó de revisar su informe devuelto por el pleno fue Derechos Fundamentales.
🏥 La comisión aprobó que en el Sistema Nacional de Salud podrán participar tanto prestadores públicos como privados y que a través de la ley se determinará cómo se integrarán estos últimos. A diferencia de la normativa anterior, la nueva propuesta no contempla una prohibición explícita a perseguir fines de lucro. También se determinó que podrán existir seguros privados voluntarios, cuya finalidad sólo será complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud.
📚 Sobre derecho a la educación, la comisión aprobó que el sistema público será de carácter laico y gratuito, financiado directamente por el Estado a través de aportes basales y que constituye el eje de todo el sistema de educación. En cuanto a la libertad de enseñanza, se aprobó que padres, madres y apoderados puedan elegir el tipo de educación respetando la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y se garantiza constitucionalmente la libertad de crear y gestionar establecimientos educativos considerando los principios de la educación y de conformidad a la ley. El Estado podrá financiar establecimientos educacionales no estatales que se rijan por los principios de la educación, con la prohibición de toda forma de lucro.
💪 La nueva propuesta sobre trabajo decente busca garantizar que toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. La normativa además dice que trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, y que toda persona tiene “derecho a igual remuneración por igual trabajo». Sobre la subcontratación, uno de los puntos que generó varias dudas entre los convencionales, la normativa aprobada define que deberá ser regulada por ley para evitar la precarización laboral. Además, se prohíbe la precarización laboral y/o el trabajo forzoso, humillante o denigrante.
Sobre el trabajo también se aprobaron nuevos incisos sobre libertad sindical. Se especifica que sólo se podrán establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que afecten la vida, salud o seguridad de la población. Respecto al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, se consigna que son socialmente necesarios e indispensables, y se define que el Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados.
🏠 Respecto a la vivienda, la comisión mantiene la idea de que el Estado podrá participar en su diseño, construcción, rehabilitación y conservación. En uno de los incisos modificados se plantea que en el diseño se deberá considerar a personas con bajos ingresos económicos o especialmente vulnerados en sus derechos. También se propone la creación de un Sistema Integrado de Suelos Públicos con facultades para uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social. Sobre los terrenos privados, la norma dice que el Estado tendrá facultades para adquirirlos conforme a la ley.
👴 👵 En cuanto a las pensiones, a lo ya aprobado se agrega que el Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes con certeza respecto del monto recibido, y que las organizaciones sindicales y de empleadores podrán participar en la dirección de este sistema, según señale la ley.
Sí, esta semana publiqué un nuevo reportaje sobre los Pandora Papers 👇
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