Cartas: Ruidos que vuelven Providencia inhabitable

Señor director:

Providencia registra el 5,4% de todas las denuncias por ruidos molestos del país, aunque tiene el 1% de la población. Además, en esa comuna se da la mayor proporción de denuncias por ruido por habitante y por kilómetro cuadrado en Chile; todo esto, según los reportes comunales de la Biblioteca del Congreso Nacional (2017) y datos de la misma Municipalidad de Providencia (2020). Por su parte, el Mapa de Ruidos comunal elaborado por la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente en 2009 confirma las denuncias con mediciones tomadas en fuentes de ruidos. 

Los anteriores son hechos y no opiniones de una población aparentemente puntillosa, pues los ruidos constituyen la principal amenaza a la habitabilidad y seguridad comunales. Los expertos coinciden en que la emisión de ruidos peligrosos es un acto ilícito. Por eso, cabe la pregunta si el ruido es o no un crimen. Y sí que lo es.

El Ministerio del Medio Ambiente da cuenta en la resolución exenta 587 del 16 de junio de 2021, que el 3,7% de los accidentes isquémicos (derrame cerebral) se producen por ruidos. La evolución etiológica del ruido parte por la irritabilidad de las personas que lo padecen, afecta la concentración ya sea para estudiar o trabajar, produce insomnio, alza de presión y derrame cerebral. Como puede apreciarse, el ruido es más lento que una bala, pero igual de certero. Los accidentes isquémicos tienen una prevalencia nacional de 130 casos por 100.000 habitantes. y si volcamos la mirada hacia Providencia, donde viven 150.000 personas, la tasa de ruidos denunciados es cinco veces superior al promedio nacional, por lo que son estimables 36 derrames cerebrales anuales por este motivo. 

A las graves consecuencias en la salud, se suma el hecho de que los ruidos impiden a las familias hacer uso y disfrute de su vivienda. En este contexto, la protección municipal a los ruidos encubre una extorsión contra la pequeña propiedad privada. Así, forzadas por los ruidos, las familias terminan vendiendo la que otrora fue su casa soñada.

¿Cómo se llegó a tal inseguridad sonora en Providencia? Hay dos vías claras: una legal y otra ilegal. La legal ha sido la (des)planificación territorial por parte del municipio. Esto se refleja en sucesivas transformaciones del plano regulador y de las ordenanzas locales de la mitad norte de la comuna, de forma de incentivar la demolición de conjuntos habitacionales para ser sustituidos por un gueto de oficinas, hoteles y bares que desaloja a las familias. 

La vía ilegal no carece de sutileza, ya que ―por lo general― la Dirección de Fiscalización simula trabajar a través de inspectores que no cursan infracciones, ni tampoco ven o escuchan nada. Si después quien denuncia pide resultados, la narración de los hechos será alterada, y el ruido será calificado de permitido por tratarse de uno de carácter «doméstico» o de «jardinería», aunque sea industrial. Esta es una de las razones capitales de porqué la mitad norte de la comuna, la más poblada de Providencia, se ha tornado últimamente inhabitable. 

En el palacio consistorial de Pedro de Valdivia 963 pareciera ser que a nadie le importa que se transgreda la planificación comunal, o que el golpeteo permanente de los «cangos» (mil quinientos golpes por minutos en el concreto), de máquinas industriales para cortar cerámica (110 decibeles y cinco mil revoluciones por minuto), de las sopladoras de polvo (107 decibeles) y de motosierras forestales en un predio urbano (125 decibles) incidan en la salud de los vecinos y vecinas, a tal punto de ser considerados como «domésticos» o de «jardinería». 

¿Pretende la actual administración municipal que el uso de una motosierra forestal es un mero elemento de jardinería, tal como lo es mi tijera para podar rosas? Quienes padecemos con esos ruidos, tenemos claros los efectos en nuestra salud, comunicación familiar, trabajo y descanso. 

A todas luces se hace urgente y necesario detener el encubrimiento de ruidos ilegales, así como divulgar en las instancias fiscalizadoras de la Municipalidad de Providencia que el Gobierno de Chile determinó que esos ruidos producen lesiones y muerte. Así las cosas, pareciera que el plan de promoción de ilícitos sonoros en Providencia es una extorsión encubierta a las pequeñas propiedades familiares para forzar su venta a grandes empresas (de)constructoras y a cadenas de bares y restaurantes. 

Prueba de lo anterior es la petición presentada por 133 vecinos y vecinas de Providencia el 17 de marzo último (ingresada con el número 1853), donde piden ser escuchados por el Concejo Municipal de conformidad con la Ordenanza de Participación comunal, con el fin de poder plantear estos temas. La alcaldía resolvió, el 1º de abril último, rechazar esta petición con el argumento arbitrario de que no reúnen las cien firmas que exige la norma, cuando consta que el número fue superado. Tampoco se hizo una lectura atenta de los documentos, porque consta en ellos la pertinencia de los antecedentes presentados.

Pero no todo está perdido, puesto que sin esperar a que el tema se resuelva por recursos administrativos o judiciales, el Concejo Municipal puede pedir a la instancia competente corregir el no cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos y subsanar las dudas sobre la petición que han hecho los vecinos y vecinas de ser escuchados. Puede también el Concejo estudiar cambios de planificación territorial para detener el desalojo de familias en Providencia. Ojalá así sea para el bien de una comunidad que aspira a no seguir siendo víctima de ruidos ensordecedores desde tempranas horas de la mañana.

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