CIPER tuvo acceso a las identidades de los avales que Evópoli no quiso transparentar en las elecciones de mayo y noviembre de 2021. Se trata de tres empresarios que pusieron sus firmas para que el partido accediera a créditos de campañas: Gabriel Héctor Berczely, ex director de Fasa, sancionado en 2015 por colusión; Patricio Fernández Cox, fundador del grupo Kinza Capital, accionistas del Hotel Sheraton, y Javier Álvarez Pérez, empresario naviero dedicado al transporte marítimo para salmoneras.
En la campaña para la elección de alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores regionales de mayo 2021, Evópoli fue el partido que más créditos contrajo con el Banco Estado: $350 millones en total. Y para las elecciones posteriores, realizadas en noviembre del mismo año, donde se eligieron parlamentarios, cores y al Presidente de la República, el monto solicitado fue de $84 millones. En total, para las campañas del año pasado, Evópoli pidió $434 millones.
Para todos sus préstamos, el banco solicitó al partido que presentara avales. Es decir, personas naturales que, en virtud de su patrimonio, respaldaran con su firma que el pago de esos créditos se llevaría a cabo. Con esto, el banco aseguraba que, si los reembolsos por los votos obtenidos que el Estado dispone para partidos y candidatos no alcanzaba a cubrir la deuda, un aval con solvencia suficiente se hiciera cargo del pago.
CIPER reveló en julio de 2021 que ni candidatos ni partidos estaban obligados a transparentar ante el Servel la identidad de los avales dispuestos a apoyar sus créditos de campaña. Y 25 de ellos, consultados por este medio, tampoco quisieron hacerlo como ejercicio de transparencia para ese reportaje. Esto implicaba que, si un partido o candidato no lograba pagar su deuda, los avales, en los hechos, se convertían en sus financistas, sin que se conocieran sus nombres. Este vacío en las normas del financiamiento político fue corregido por el Servicio Electoral (Servel), después de la publicación del reportaje de CIPER, y ahora los avales sí deben ser informados ante el organismo.
Evópoli fue el único partido que recibió la consulta de CIPER sobre sus avales que declinó informar quiénes eran, señalando que estas personas habían pedido especialmente la reserva de sus identidades. Pero, obligado ahora a informar al Servel, CIPER accedió a la identidad de sus avales para la campaña de mayo de 2021 a través de una solicitud vía Transparencia hecha a ese servicio. Según explicó el Servel, dos empresarios avalaron préstamos de esa elección: uno es Gabriel Héctor Berczely, ex director de Fasa, Corona y Lápiz López, quien debió enfrentar cargos de la SVS por el caso Colusión. El otro es Patricio Fernández Cox, fundador de Kinza Capital, grupo ligado a los hoteles Sheraton, Crowne Plaza e Intercontinental. Ambos son reconocidos financistas de candidatos del partido y cercanos a sus dirigentes.
Tras enterarse de que el Servel había informado a CIPER los nombres de sus avales para la elección de mayo, Evópoli accedió a proporcionarnos la identidad de empresario que garantizó el monto solicitado para la votación de noviembre: Javier Álvarez Pérez, integrante de varios directorios y ligado al rubro de transporte marítimo, terrestre, socio de Kinza en la reestructuración de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción y ex miembro del Comité Ejecutivo de la Sofofa. Tanto Berczely como Álvarez están ligados al think thank del partido, Horizontal.
El marco legal de financiamiento a campañas fue reformado luego de que las revelaciones de los casos Penta, SQM y Corpesca, dejara al descubierto la estrecha relación que existía entre los partidos políticos, candidatos y empresarios. Las investigaciones delataron que grupos económicos entregaban no solo recursos para candidatos en época de campañas, sino también para el funcionamiento de partidos y hasta para objetivos personales de parlamentarios. Los cambios a la normativa prohibieron que empresas o personas jurídicas financiaran la política, y solo personas naturales, con límites en sus aportes, están hoy habilitados para hacerlo.
La figura del aval de campañas -que hasta la última elección era un factor desconocido para la opinión pública en la trama de financiamiento político-, abre un espacio para que deudas de campañas puedan ser finalmente saneadas por estas personas naturales con alto patrimonios.
A través de su secretaria general, Luz Poblete, Evópoli explica que ese no es su caso. Precisa que no ha sido solo con reembolsos de campañas que ha ido pagando los créditos que solicitó en 2021, sino que además el partido ha utilizado recursos propios para ir liquidando esas deudas.
“En las elecciones nunca es fácil encontrar quién las apoye, menos con la cantidad de elecciones que tuvimos en 2021”, dice la dirigenta. “Para un partido pequeño como el nuestro, es muy importante que ellos nos puedan servir de avales y poder pedir los créditos correspondientes”.
– ¿Ellos han debido pagar parte de esos créditos?
– No han necesitado cubrir las deudas, no hubo ni un peso que ellos pusieran.
Desde el partido enviaron a CIPER documentos sobre las liquidaciones de esas deudas en los que se constata que existen abonos para los créditos obtenidos en mayo. Según explicaron, de los $350 millones ingresados a sus cuentas a través de créditos con mandato -aquellos préstamos en que el reembolso por voto se deposita directamente al banco- el reembolso solo alcanzó para cubrir una parte: $153 millones, más intereses. Y el partido, con sus recursos propios, agregan, debió pagar los $196 millones restantes, cuyos comprobantes fueron mostrados a este medio.
Respecto a las deudas adquiridas en la elección de presidente, parlamentarios y cores de noviembre pasado, el proceso de liquidación todavía no culmina y los $84 millones solicitados junto a sus respectivos intereses, todavía no han sido pagados.
AVALES EN RETAIL, HOTELES Y SALMONERAS
Gabriel Berczely fue uno de los ejecutivos de Farmacias Ahumada que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó en 2010 con una multa que, tras apelaciones, fue ratificada en $6,5 millones. La SVS formuló cargos al empresario y a otros siete ex directores de Fasa (Farmacias Ahumada), por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia que la ley establece para directorios de sociedades anónimas.
“Estos altos directivos no solicitaron información a la administración de Fasa, como debieron hacerlo”, señaló esa vez la superintendencia a través de un comunicado. Esto, agregó, a pesar de “que era de público conocimiento la gravedad de las acusaciones de colusión en contra de Fasa; que el directorio fue informado de la contratación de una asesoría legal especializada para su defensa en esta materia en junio de 2008; y que el directorio tomó conocimiento del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica -que denunció colusión- contra Fasa el 9 de diciembre de 2008”.
El empresario, ingeniero comercial y aval de Evópoli, participa también como director de Horizontal, el think thank ligado al partido que hoy preside el excandidato presidencial del partido, Ignacio Briones. En la campaña de mayo 2021, Berczely aportó a ocho candidaturas, todas de Evópoli, por un monto total de $10 millones, mientras que en la última, donde fue aval del partido por primera vez, aportó con $5 millones.
En su trayectoria empresarial, Berczely cuenta haber trabajado en el grupo Von Appen más de una década y formado parte de los directorios de Corona, Lápiz López y Kauffmann, entre otros. Por su origen húngaro, es además cónsul honorario de Chile en ese país. Según señaló el Servel a CIPER, el empresario respaldó dos créditos para Evópoli, sin especificar los montos.
En la misma situación está el fundador de Kinza Capital, el ingeniero comercial Patricio Fernández Cox, quien figura como aval de dos mandatos para el partido, según el Servel. Fernández y su socio Andrés Fuentes, son fundadores, junto a sus respectivas cónyuges, de Gamma Capital SpA -hoy Kinza Capital-, sociedad que a través de Whitesand S.A., posee acciones en Inversiones Hoteleras Holding SpA., el grupo económico detrás del Hotel Sheraton, Ritz Carlton, Crowne Plaza e Intercontinental. La sociedad en la que participa el aval de Evópoli administra el fondo de inversión Inversiones Hoteleras, cuyo principal aportante es Larraín Vial Corredora de Bolsa, que posee 41,6% de la propiedad, según registros de las Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Kinza Capital generó noticia en 2019 luego de que un fondo de inversiones privado estructurado por ellos y por Altis Principal Investments, firmara en enero de ese año un acuerdo vinculante para adquirir la mayoría en Blue Express, la empresa de logística y distribución perteneciente al Grupo Bethia (Falabella).
Parlamentarios Evópoli: Hotuiti Teao, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Keitel, Francisco Undurraga, Felipe Kast, Jorge Guzmán y Christian Matheson.
Según promociona en su sitio web, el portafolios de Kinza lo completa el Grupo Clínico de Inversiones, cuyo principal activo fue haber adquirido en 2014 el Sanatorio Alemán, emplazado en Concepción.
El directorio de esa clínica lo presidió en 2017 el tercer aval de Evópoli: Javier Álvarez Pérez, un empresario oriundo de la Región del Biobío que ha estado ligado a empresas de transportes, energía, minería, industria forestal, tratamiento de aguas y reducción de emisiones, entre otros.
Álvarez es socio de Fernández desde que el empresario penquista y el grupo Kinza compraron casi la totalidad del sanatorio. Y juntos también quisieron, pero sin éxito, adquirir Empresas Masvida. De hecho, Fernández Cox, en representación de Gamma, se reunió dos veces en febrero de 2017 con el entonces superintendente de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Pavlovic. El tema en esos encuentros, de acuerdo a lo registrado en la plataforma de la Ley de Lobby, fue “conversar sobre el estado de avance del proceso de asociación entre Gamma Capital y Empresas Masvida”.
También Álvarez forma parte de Blue Express y ocupa un lugar en el directorio desde que Kinzia y Atlis Principal Investments lo adquirieron a través de un fondo privado.
El empresario ha sido director en la Asociación de Clínicas de Chile, en Echeverría Izquierdo Soluciones Industriales S.A., en la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción, en la Sofofa, en Buses Hualpén y en Naviera Frasal. Esta última dedicada al transporte marítimo en el extremo austral de Chile y que, según el Linkedin del empresario, presta servicios a 25 naves que trabajan en salmonicultura.
Al igual que Berczely, tanto Álvarez como Fernández también fueron aportantes de campañas en los últimos comicios: entre las dos elecciones de mayo y noviembre 2021, Fernández aportó a 12 campañas el monto total de $24,5 millones; mientras que Álvarez inyectó recursos a 32 candidatos, por un total de $64 millones.