Hacia una transición alimentaria

Al medio de un proceso de profundos cambios en el país, lo/as autore/as de esta columna para CIPER invitan a incorporar un sistema de alimentos más justos, igualitarios y atentos a sus efectos sobre el medioambiente. «Considerando esta década crítica para la humanidad, es imperioso comprender que no podemos seguir produciendo, distribuyendo y consumiendo nuestros alimentos de la manera en que lo hemos estado haciendo», advierten antes de compartir medidas concretas de mejora.

La década 2020-2030 es crucial para lograr sobrevivir al calentamiento global y a la crisis climática [1]. En tiempos donde el mundo se levanta aturdido tras el duro golpe de la pandemia y la amenaza de una nueva guerra global, los últimos reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) nos hacen un llamado imperioso a no perder de vista la emergencia climática. Parte importante de los desafíos de adaptación versan sobre la manera en que producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. Los sistemas alimentarios contribuyen con al menos un tercio de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero globales [2]. Y si bien nunca antes habíamos producido tantos alimentos, la distribución de estos alimentos sigue siendo desigual, generando barreras para que todas las personas puedan acceder a una alimentación adecuada [3].

En las últimas décadas nuestro país ha situado a la agricultura en el corazón de su modelo de desarrollo bajo el icónico slogan de la campaña «Chile, potencia alimentaria». La liberalización del comercio y el auge de las exportaciones agrícolas han permitido impulsar el crecimiento económico más allá de la minería. El sector silvoagropecuario genera un aporte en torno al 4% del PIB —una cifra menor respecto a otras industrias pero en línea con países cuyo nivel de desarrollo es similar al nuestro—, pero su encadenamiento con otros sectores productivos significa un aporte real cercano al 15% del PIB. Su crecimiento ha traído consigo un aumento de ingresos en los hogares y una disminución de la pobreza rural, en conjunto con otras mejoras que han modernizado la producción [4], pero también ha tenido importantes impactos ambientales y sociales.

•Entre los impactos ambientales de la vocación agropecuaria chilena, surgen en los últimos años la degradación y contaminación de suelos y cuerpos de agua por el uso de fertilizantes y pesticidas, así como la pérdida de biodiversidad derivada del cambio de uso de suelos [5]. Chile está en una situación de riesgo hídrico severa [6] y los problemas son tanto de escasez como de una débil gobernanza de las aguas, en un escenario en que la agricultura requiere del 70% del agua dulce para la producción de alimentos [7]. 

•En cuanto a impactos sociales, notamos el cambio en los patrones de consumo y de la homogeneización de las dietas. A la vez, se han ido perdiendo tradiciones culinarias y productivas, y la distribución de alimentos de calidad a lo largo del territorio nacional es desigual, resultando en la coexistencia de múltiples formas de malnutrición que afectan más a las poblaciones de clases bajas y de zonas rurales. 

Considerando esta década crítica para la humanidad, es imperioso comprender que no podemos seguir produciendo, distribuyendo y consumiendo nuestros alimentos de la manera en que lo hemos estado haciendo. Así como se releva la necesaria transición energética en nuestra agenda-país, proponemos una transición alimentaria hacia sistemas alimentarios justos, ecológicos y democráticos  [8]. Ofrecemos a continuación enfocarnos en algunos puntos clave al respecto, que sin duda no busca ser una lista exhaustiva, pero permite algunas entradas al debate:

1. Esta transición debe reconocer y respetar los derechos humanos y de la Naturaleza, entre los cuales destacamos el derecho a la alimentación adecuada. Internacionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, en vigor desde 1976) reconoce explícitamente este derecho (art. 11), ya consagrado en las constituciones de quince países de América Latina y el Caribe. En nuestro país, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) presentó una iniciativa popular de norma en esta línea, la cual logró reunir más de quince mil firmas necesarias para ser debatida, y esperamos sea aprobada en el pleno de la Convención Constitucional como parte de nuestra nueva Carta Magna. El derecho a la alimentación aboga por que las personas puedan acceder física y económicamente a alimentos sanos, nutritivos, seguros y suficientes, de manera estable en el tiempo. Además, estos alimentos deben ser culturalmente apropiados tanto para el grupo humano que los consume (dimensión colectiva), como también para la persona en función de sus necesidades alimentarias específicas (dimensión individual). Por último, la gobernanza de los bienes naturales necesarios en la producción de alimentos (tierra, agua, semillas, entre otros) debe garantizar la disponibilidad de alimentos suficientes no sólo para las generaciones presentes sino también para las futuras.

2. Considerando la situación de riesgo hídrico, se requiere una nueva gobernanza hídrica que se haga cargo no sólo de la situación de escasez hídrica sino también de la concentración de los derechos de agua y de la distribución justa de estos. Debemos priorizar el agua para consumo humano y para la regeneración de caudales ecológicos, a la vez que se asegure a las pequeñas propiedades campesinas el acceso adecuado para poder continuar produciendo alimentos. Un primer paso para ello es generar planificación hídrica en base a cuencas hidrográficas, que contemplen los impactos a mediano y largo plazo del cambio climático en Chile.  

3. Transitar hacia modelos de producción agroecológica o regenerativa. El «Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de la alimentación» (CIPER, 2020) ha recibido el apoyo de más de ochenta organizaciones y 220 personas. Éste marca una clara senda para la protección de la agricultura familiar en Chile, relevando su fundamental tarea en la producción de alimentos, la preservación de ecosistemas, especies y culturas campesinas. ¿Y qué producir? Desde 1955, la producción de cereales y legumbres ha disminuido de manera sustancial priorizando la fruticultura de exportación [9]. Esto nos hace más vulnerables a vaivenes externos y limita la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos que habitan Chile. La soberanía alimentaria releva el derecho de los campesinos a definir qué, cómo y dónde producir, promoviendo la protección de los ecosistemas, de los bienes comunes como la tierra, el agua y las semillas, y de la vida digna de los y las campesinas (La Vía Campesina, 2003).

4. Reenfocar las políticas públicas de distribución de alimentos hacia la promoción de circuitos cortos de valor y de sinergias locales en la producción y consumo de alimentos. El fortalecimiento de ferias libres y almacenes de barrio debieran ser apoyados como espacios clave para la promoción de dietas saludables a precios justos. Planificar y acortar los circuitos de valor permitirá acercar a los productores y consumidores en tanto ciudadanos con derechos, pero también ayudará a disminuir las emisiones de carbono asociadas al transporte.

5. Avanzar hacia sistemas de manejo de residuos orgánicos domiciliarios que funcionen a escala municipal. La Dirección de Gestión Ambiental de la comuna de La Pintana es un buen ejemplo de cómo diseñar políticas públicas a escala local para el manejo de residuos orgánicos generando beneficios para toda la comunidad. A través de la separación de los residuos de alimentos desde origen, el municipio realiza el tratamiento de los residuos en plantas de compostaje municipal que utilizan diversas técnicas, entre ellas, la lombricultura (vermicompostaje) produciendo humus para fertilizar áreas verdes. El centro de la DIGA sirve también como planta de reciclaje de plásticos y cartones, y como un centro de educación ambiental abierto a la comunidad. Como ésta, existen varias experiencias a nivel nacional y latinoamericano que nos ayudan a guiar nuestra acción de manera decidida y urgente.

6. Por último, es urgente garantizar los derechos de los y las campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, sobre todo, de migrantes en situación irregular. Hace décadas, los y las asalariados agrícolas trabajan en condiciones de alta precariedad e irregularidad sin recibir apoyos institucionales que cambien decididamente estas problemáticas. La participación de los campesinos a través de sindicatos y cooperativas para la protección de sus intereses y la defensa de sus derechos debe ocupar un lugar central en esta transición. 

El nuevo gobierno y el proceso constituyente nos ofrecen dos horizontes, uno a mediano y otro a largo plazo, sobre los cuales diseñar e implementar una nueva agenda alimentaria. La nueva administración tendrá como una de sus principales tareas implementar la nueva Política de Desarrollo Rural (PNDR), cuya visión de desarrollo va más allá de la agricultura primaria, pero que debe ser fortalecida a través de instrumentos que permitan integrar políticas intersectoriales y empoderen a los gobiernos locales hacia una gobernanza democrática de los bienes naturales. A su vez, es importante que el Estado asuma un rol más activo en la planificación del sector silvoagropecuario y alimentario, estableciendo carteras de política pública orientadas a mitigar los impactos ambientales de la agricultura y a enfrentar los determinantes sociales de  la malnutrición en nuestro país de manera colectiva. Por su parte, la Convención Constitucional tiene la oportunidad de trazar nuevos modos de habitar nuestro país, que sean respetuosos de la Naturaleza y de todos los seres que interdependemos de ella. 

La transición de los sistemas alimentarios ya ha comenzando en algunos territorios, con diversas expresiones locales. Desde la agricultura familiar campesina hasta las comunidades pesqueras tradicionales, incluyendo territorios de los pueblos originarios y prácticas regenerativas y agroecológicas en distintos predios, hay ejemplos que nos enseñan que podemos producir nuestros alimentos de manera responsable para con la Naturaleza y con la Humanidad que es parte de ella.

Debemos avanzar hacia el fortalecimiento y apoyo de las prácticas y estrategias de las organizaciones de base que estén trabajando por sistemas alimentarios más justos, ecológicos y democráticos. Los desafíos que tenemos como país son claros, debemos superar el modelo agroindustrial extractivista y desconcentrar la propiedad de las aguas y de las tierras. Dada la emergencia climática y los desafíos de esta década no podemos seguir sosteniendo las consecuencias ecológicas y sociales de este sistema alimentario.

NOTAS Y REFERENCIAS: