Cartas: Ejército de Chile, de mal en peor

Señor director:

Leyendo el reciente informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar” (2022) cabe la legítima pregunta de si acaso el ex Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, no debería haber renunciado por el contenido de este, más que por la citación de la ministra Rutherford en los graves casos de desfalcos en la institución que comandaba. En pasajes de este texto se hacen afirmaciones temerarias que alcanzan niveles de irrealidad que rayan en lo vergonzoso.

Basta revisar en la introducción (página 8) cuando de entrada se intenta entregar contexto a las graves violaciones a los derechos humanos posteriores a septiembre de 1973, señalando que no eran los únicos responsables, y que no se hacía parte del mea culpa a las actuaciones de organizaciones “que no pertenecían al Ejército, tales como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada por el Decreto Ley 521 de 14 de junio de 1974, que dependía directamente de la Junta de Gobierno como expresamente lo indica su decreto de creación, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada por Decreto Ley 1878 de 12 de agosto de 1977”. 

Frente a esto se anteponen las sentencias de la Corte Suprema en las que se ha condenado a una centena de oficiales generales y personal del cuadro permanente que cumplieron funciones a través de las denominadas “comisiones de servicio” en los mencionados cuerpos represivos; vale decir, con pleno conocimiento de sus superiores jerárquicos y, por ende, de la institución que representaban.

Pretender hacer un revisionismo a estas alturas de la responsabilidad histórica del Ejército respecto a los crímenes de sus funcionarios me sitúa en la vereda de aquellos que creemos que las cuestiones de doctrina y enseñanza no han cambiado en nada.

Este documento, que tiene la pretensión de apoyar la formación castrense de los oficiales del Ejército de Chile, emite el tufillo rancio del intento de exonerar a las instituciones de las FF. AA. de su responsabilidad, sin perjuicio de las aseveraciones que este informe pueda hacer reconociendo operaciones criminales tremendas, tales como el asesinato del general Carlos Prats y su señora doña Sofía Cuthbert en una capital extranjera, o el paso de la “Caravana de la Muerte” en varias ciudades del país.

Ciertamente el informe (p. 47) insiste en obviar el carácter organizativo, planificado y sistemático de los crímenes del régimen, sosteniendo lo siguiente: “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar.”

Al general Martínez habría que recordarle que los delitos por los cuales han sido condenados miembros del Ejército no son errores, que lo menos relevante en este balance es la afectación al deber ser militar, que se sigan entregando como credenciales de verdad y reconciliación los datos entregados por la Mesa de Diálogo (con creces desvirtuados por los procesos judiciales) resulta indignante, y que si se hace un acto de reconocimiento institucional por las atrocidades cometidas debe ser de manera total y sin medias tintas.