Al menos 115 niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado figuran como víctimas de Explotación Sexual Comercial

Más de un centenar de menores de edad que debían estar bajo tutela del Estado, en centros del Sename y ahora en residencias de Mejor Niñez, aparecen como víctimas de explotación sexual comercial. Sus casos están relatados en 98 querellas interpuestas por el Programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial. La reciente denuncia del alcalde Daniel Jadue, quien informó de un nuevo caso ocurrido en una residencia de Mejor Niñez de su comuna, y el informe aprobado por la comisión de diputados que investiga estos abusos, resaltan nuevamente la urgencia de adoptar medidas que efectivamente protejan a los menores de edad que sufren estas agresiones.

Hasta el 18 de febrero pasado el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) que se encontraban bajo tutela del Estado, en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. Son 115 los menores que figuran como víctimas en estas acciones judiciales. El problema volvió a cobrar notoriedad porque el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recién denunció un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, la entidad que reemplazó al Sename hace apenas cinco meses para asegurar una mayor protección a los menores. De hecho, esa “residencia familiar” de Recoleta fue inaugurada hace solo nueve meses, presentada como “un nuevo modelo proteccional” en reemplazo de los centros del Sename.

La denuncia de Jadue vuelve a poner al centro del debate si la creación de Mejor Niñez es la solución para los graves abusos que han sufrido los menores bajo el sistema del Sename, una de las principales promesas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Esto, porque el caso relatado por el alcalde involucra a la nueva institución a cargo de los niños, niñas y adolescentes que requieren protección. En Mejor Niñez confirmaron a CIPER que una de las querellas ya presentadas por el Programa Mi Abogado incluye este caso de Recoleta.

CIPER comparó el personal que trabajaba en el Sename en su último mes de funcionamiento -septiembre del 2021- con el personal de Mejor Niñez en su primer y cuarto mes desde su puesta en marcha. El contraste entre el último mes del Sename con el primer mes del nuevo servicio arrojó que se mantuvo al 93% de los funcionarios, un porcentaje que se redujo al 71% tras cuatro meses de funcionamiento (enero del 2022).

María Pilar Villarroel, jueza del Tercer Juzgado de Familia, asegura que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no de capacitar al personal antiguo. Esto, porque a su juicio no es lo mismo un profesional con experiencia en niñez y adolescencia traumatizada, en explotación sexual comercial infantil y con estudios en estas materias, que un funcionario con una capacitación o una inducción de una semana.

Frente a las críticas por mantener a funcionarios de un sistema que prácticamente “normalizó” la vulneración de derechos de los menores, la directora de Mejor Niñez, María José Castro, dijo que, antes del traspaso al nuevo servicio, el Sename realizó un proceso de evaluación a los funcionarios con perfiles definidos por Mejor Niñez y que ese fue el filtro que se tuvo para volver a contratarlos.

Dentro de los principales cambios implementados por el nuevo servicio se encuentra la reconversión de los centros masivos en residencias familiares más pequeñas, donde ahora el límite de niños, niñas y adolescentes que habitan el lugar fluctúa entre 10 y 15 personas. Desde el servicio señalan que el propósito de estas residencias es entregar una atención más personalizada que permita acompañar de mejor forma a los NNA. Sin embargo, tras cinco meses de funcionamiento, ya hay un caso de explotación sexual comercial dentro de residencias de este tipo.

Esta semana el tema volvió a hacerse un espacio en la agenda pública no solo por la denuncia del alcalde Jadue, sino también porque el martes 8 de marzo la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados aprobó las principales conclusiones del informe sobre abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado, tras cuatro meses de trabajo.

Entre los principales problemas detectados por la comisión se encuentra la inexistencia de políticas en materia de prevención de la ESCNNA, la negligencia en materia de protección, la falta de exhaustividad por parte de los Tribunales de Familia y del Ministerio Público, fallas de coordinación y priorización por parte de las instituciones que deben tomar acciones ante estos hechos y problemas en el enfoque de los programas que atienden a menores que sufren explotación sexual.

LAS CIFRAS DE LA BRISEX

Desde 2012 hasta 2021, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) contabiliza 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado. El número se dispara a 545 si se consideran los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. Respecto a esta última cifra, más del 90% de las víctimas (494) corresponden a niñas, la mayor parte de ellas de entre 13 y 16 años.

La cifra anterior es acotada ya que solo corresponde a las denuncias ingresadas en la Brisex, sin considerar las recibidas por otras reparticiones de la PDI.

CIPER accedió a siete querellas presentadas por la Defensoría de la Niñez sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo la tutela del Estado. En cuatro de estas, los NNA habían abandonado el hogar en el que residían y fueron captados por explotadores sexuales afuera de las dependencias, en dos casos la responsabilidad recayó en funcionarios de trato directo y otro involucró el abandono de la residencia forzado por otros NNA del hogar, quienes concertaban citas con personas en el exterior a cambio de dinero y drogas.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explica que la dinámica de la explotación sexual comercial al interior del Sename y del actual servicio Mejor Niñez ocurre principalmente fuera de los hogares: “Suele tratarse de sujetos adultos que empiezan a circundar la residencia y a procurarse conexiones con los niños que allí están para cometer los delitos”.

Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

Respecto al nivel de sofisticación de estas redes de explotación, en la PDI señalan que no han logrado detectar organizaciones criminales complejas: “Habitualmente son chicos que salen del hogar, que están institucionalizados, que viven mucha vulnerabilidad social, con muchas dificultades a nivel familiar y que, al salir de los centros, caen en estas situaciones de explotación sexual donde ellos participan de actividades recreativas y reciben beneficios materiales o económicos a cambio de tener relaciones sexuales con adultos”, señala el comisario de la Brisex, Maximiliano Castro.

Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, también existen casos intra residenciales. Según la información a la que accedió CIPER, hasta el momento hay tres querellas en las que figuran funcionarios de trato directo involucrados en la explotación de menores: dos en residencias de Protección Lactantes y Preescolares del antiguo Sename y otro en una Residencia de Vida Familiar a cargo de Mejor Niñez.

FALTA DE FUNCIONARIOS ESPECIALIZADOS

De acuerdo con la información contenida en las querellas a las que accedió CIPER, en 2020 se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia la residencia del Sename en la que vivían en Antofagasta y, mientras se encontraban afuera, terceros que rondaban el hogar las forzaban a actos de carácter sexual a cambio de dinero y drogas. En 2021, en el sur del país, la situación se repetía para otras dos jóvenes. Una de ellas, además, confesó que en ocasiones la obligaban a grabar vídeos pornográficos.

Esta situación se repite en la mayoría de las querellas y la coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios que trabajan en las residencias es clave para prevenir los abandonos y la consecuente vulneración de los derechos de los NNA. La encargada del programa enfatiza que las personas que trabajan al interior de las residencias deberían notar cuando un niño, niña o adolescente vuelve al hogar bajo los efectos del consumo de drogas, manejando dinero o con artículos nuevos, como ropa y teléfonos, pero sostiene que “no se ve esa mirada preventiva en los funcionarios”.

Sobre este mismo punto, la directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes: «Lo que se está haciendo es acompañar a los equipos técnicos con capacitaciones permanentes y con capacitación en terreno, que es lo que nosotros llamamos la asistencia técnica. La idea es tener equipos que también estén acompañando la intervención, que estén entendiendo cuál es la problemática desde el terreno».

PROTECCIÓN

Para abordar este y otros hechos constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, en 2019 el Sename implementó las circulares N°5 (para Organismos Colaboradores) y N°6 (para Organismos de Administración Directa). Estas normas son sucesoras de las circulares 2.308 y 2,309, respectivamente, y tienen el propósito de establecer los procedimientos internos frente a posibles vulneraciones al interior del servicio.

El problema es que, según cuenta la coordinadora del PMA, dicho sistema no contaba con datos precisos y actualizados, porque muchas veces se levantaban informes donde se describían abusos sexuales sin especificar si existía un pago de por medio, lo que generó que se perdieran los datos de explotación sexual comercial.

Mejor Niñez heredó estas circulares y, según la información entregada por el nuevo servicio, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de marzo del 2022, se activaron 1.644 circulares por indemnidad sexual, de las cuales 202 son por explotación sexual comercial.

En julio de 2021, Mónica Jeldres, jueza titular del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, solicitó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile y en defensa de todos los niños, niñas y adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Pudahuel, por la violación grave y sistemática de los derechos fundamentales de los NNA bajo la tutela del Estado.

La magistrada Jeldres, que lleva años investigando y trabajando en torno a esta temática, se mantiene crítica respecto a los avances del servicio. “En materia de salud mental la oferta es inexistente. En el acuerdo nacional por la infancia se ha comprometido, entre otras cosas, la creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI), pero aún no se han creado. No existe una oferta para los niños en explotación sexual infantil, una oferta que debería ser especializada, con profesionales idóneos y con un equipo multidisciplinario”, sostuvo ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

Mónica Jeldres, jueza titular del Segundo Juzgado de Familia de Santiago.

La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, que ha trabajado con jóvenes víctimas de ESCNNA desde hace 20 años, explica que el trabajo en salud mental es crucial porque las menores han vivido vulneraciones desde que nacieron y han normalizado estas situaciones. “A veces son hijas de prostitutas o incluso han experimentado el abuso sexual en la primera infancia. Entonces, cuando les empiezan a pagar no ven la diferencia. La mayoría ha vivido situaciones dolorosas y creen que esa es la vida que les tocó, que no hay otra”.

Denisse Araya recuerda un caso en el que, tras un arduo trabajo de acompañamiento, una joven pudo tomar conciencia de que había sido explotada sexualmente. Al momento de reaccionar colapsó y golpeó a las tres personas que la acompañaban, entre ellas, la misma directora de la ONG: “Muchas veces he visto que cuando las niñas toman conciencia de lo que han vivido, vomitan. Lo he podido ver en millones de niñas desde el 2001, cuando comenzamos a trabajar”.

Patricia Muñoz es tajante al afirmar que “el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud. Muchas veces los abandonos están asociados directamente a temas relacionados con el consumo de drogas o por situaciones que afectan a su salud mental. Y si esto no es atendido debidamente, es difícil contenerlo”.

Una de las soluciones que ha ofrecido el nuevo servicio es la reducción del volumen de NNA en los hogares, mediante la instalación de Residencias de Vida Familiar. La directora de Mejor Niñez explica que estos lugares tienen un tope de 15 menores y cuentan con 27 profesionales de distintas áreas. Aunque enfatiza que están haciendo todo lo posible por prevenir estas situaciones y proteger a los menores, la jueza María Pilar Villarroel estima que los cambios implementados no son suficientes:

-En estos momentos, las residencias están con la misma problemática que tenían los CREAD (centros) masivos, pero ahora en escala reducida. Los funcionarios están sobrepasados, están teniendo los mismos problemas de maltrato y hay denuncias de abuso sexual y violación. Es decir, se reprodujo a escala menor lo que pasaba en los otros hogares masivos, principalmente porque no basta con dejar a los niños y niñas en jaulas de oro, sino que el personal tiene que ser altamente capacitado -, dice la magistrada.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció un caso de explotación sexual en una residencia administrada por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename).

LA DIFICULTAD DE PERSEGUIR

Desde 2014 hasta 2019, dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en una Residencia para Lactantes y Preescolares (RLP) de Hualpén (Bío Bío). En la misma comuna, pero en otra RLP, la situación se repitió para otros dos niños entre junio de 2018 y febrero de 2020. Ambos casos cuentan con querellas, pero ninguno tiene formalizados.

De las 98 querellas que ha presentado el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. A juicio de Patricia Muñoz, esta deficiencia se debe al trabajo de la Fiscalía y de las policías, que ejecutan las diligencias que los fiscales instruyen. La defensora de la Niñez considera que la demora es preocupante no solo porque implica impunidad para estos delitos, sino porque queda abierta la posibilidad de mantener a los niños expuestos si los agresores no son perseguidos y sancionados efectivamente.

La magistrada María Pilar Villarroel también apunta hacia la capacitación de las policías y del Ministerio Público. La jueza cuenta que en ocasiones ha visto cómo se normaliza la explotación sexual que viven las jóvenes, porque ellas se refieren a sus agresores como pololos, aunque les duplican la edad, lo que para algunos tribunales de familia, policías y fiscales no reviste tanta gravedad.

Otro factor que impide mejorar la persecución penal es que el relato de la víctima suele ser insuficiente para que la Fiscalía proceda con la formalización. El comisario Castro cuenta que a veces los niños, niñas y adolescentes prefieren no denunciar ni ser partícipes de los procesos investigativos. “Cuando queremos entrevistar a la víctima, muchos chicos ya no quieren cooperar porque no se sienten víctimas. A veces sucede que llegan a los centros mal física y/o emocionalmente, entonces cuentan lo que les pasó en ese momento, pero cuando llegamos a hacer la entrevista deciden no cooperar, ya sea porque no se perciben como víctimas o porque no quieren involucrar a otras personas”.

Abordar el tema con la víctima no es tan simple y Denisse Araya lo ha observado a lo largo de su trayectoria: “Cuando acoges a una niña en esta situación, jamás te va a decir ‘estoy en explotación sexual’ o ‘me estoy prostituyendo’. Lo va a esconder porque tiene vergüenza y siente que es su culpa. Ellas jamás piensan que los que las rodean son los culpables, se sienten como las únicas responsables. Además, el proxeneta, el abusador y todos los involucrados les han hecho entender que esa fue su opción, su decisión. Hay una manipulación muy grande porque son chiquillas que no han recibido afecto de ningún tipo”.

Otra dificultad es que el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como tal en el Código Penal. Lo que está tipificado es la promoción o facilitación de prostitución infantil. Y, según explica la jueza Villarroel, ese delito “tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar. Por lo tanto, el éxito que puede tener el Ministerio Público al momento de investigar estos delitos es bajísimo”.

Actualmente, hay un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal para incluir los delitos de proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Jueza María Pilar Villarroel

En el Ministerio Público no cuentan con cifras que permitan dimensionar el problema. En diciembre del 2021, tras un oficio despachado por la Comisión Investigadora sobre ESCNNA de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el que se solicitó el número de denuncias, la Fiscalía respondió que “el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), fuente primaria de datos del Ministerio Público, no permite obtener un registro específico que dé cuenta de si la víctima se encontraba bajo la protección del Estado al momento de su victimización”.

-Acá hay un desafío para el Ministerio Público de indagar la explotación sexual comercial con mucha mayor profundidad, hay un desafío país, y también desde la prevención del delito, de evitar que este tipo de comportamientos se produzca. Pero, sobre todo, hay un desafío de que este tipo de hechos no se produzcan en los lugares que están destinados por el Estado para proteger a niños que han sido vulnerados en sus derechos-, concluye Patricia Muñoz.