I+D y nueva Constitución

Un sistema de gobierno y financiamiento de la investigación y desarrollo que nazca desde las regiones, fomente la colaboración y descentralice decisiones proponen en esta columna para CIPER dos investigadores con amplia experiencia en el área y al tanto de las prácticas vigentes al respecto hoy en el país. «Aumentar el financiamiento de la I+D al 1% del PIB, como está contemplado en el programa de gobierno de Gabriel Boric, no la convertirá en un motor de cambio social ni desarrollo sustentable. Lo que necesitamos como país es modificar las lógicas mercantilistas que dominan el sistema de I+D chileno», explican a continuación.

¿Se imaginan de qué manera se habría resuelto la discusión en torno a explotación del litio en el norte de Chile si hace diez años se hubiese implementado un sistema de gobierno y financiamiento de la Investigación y el Desarrollo (I+D) en el que las regiones elaboran e implementan programas de largo plazo a través del trabajo conjunto de autoridades políticas (los gobiernos regionales), universidades e institutos tecnológicos; articulado todo ello con otras instituciones estatales (como la Corfo) y con la participación de la sociedad civil y el sector privado?

No es posible dar una respuesta fehaciente a dicha pregunta, pero creemos que un sistema que nazca desde las regiones, legitimado democráticamente y que fomente el trabajo colaborativo entre distintas instituciones hubiera articulado hace ya varios años un plan de desarrollo que incluyera entregar valor agregado a la explotación del litio, respetando a las comunidades y el medioambiente, y rechazando así las decisiones centralistas.

Por ello, sostenemos que Chile necesita un nuevo sistema de gobierno y financiamiento a la I+D, basado en la democratización de la toma de decisiones, la regionalización y el respeto a los territorios, así como el reconocimiento de la plurinacionalidad. Estos elementos serán muy probablemente los ejes de la nueva Constitución y lo que podría denominarse como el nuevo estado democrático chileno.

Taxativamente nos permitimos afirmar que aumentar el financiamiento de la I+D al 1% del PIB, como está contemplado en el programa de gobierno de Gabriel Boric, no la convertirá en un motor de cambio social ni desarrollo sustentable. Más dinero no cambiará las lógicas centralistas y neoliberales que caracterizan al sistema de I+D chileno. En cambio, lo que necesitamos como país es modificar los mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones y se distribuyen los fondos, alterando así fundamentalmente la hegemonía mercantilista, según la cual los fondos para I+D son concursados y asignados mayoritariamente a investigadores individuales, concentrados en unas pocas universidades. Creemos que el futuro del país, de sus regiones, sus pueblos y su medioambiente no pueden seguir siendo siempre concursados, sino que requieren de decisiones legitimadas democráticamente y ancladas en las regiones, con una visión de desarrollo de mediano y largo plazo.

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Antes de presentar algunas propuestas concretas, queremos señalar sólo dos aspectos que muy probablemente estarán presentes en la nueva Constitución y que alterarán sustancialmente al actual rol de la I+D.

El primero es el de la plurinacionalidad. El sistema de investigación —y, ciertamente, también todo el sistema educativo— deberá replantearse su relación con los pueblos originarios (PP. OO.). La comunidad académica deberá enfrentarse al desafío de visibilizar sus problemas y perspectivas, así como su valor cultural, incorporando los conocimientos ancestrales y abordando el problema de la justicia histórica. Ello, ya no como una opción individual de algunos investigadores, sino como un deber y una política del nuevo Estado democrático de Chile. Esto involucra en particular a las ciencias sociales y humanidades, pero es una responsabilidad que se traslada también a las implicancias éticas, medioambientales y culturales que surgen desde y como parte de la investigación que se realiza en el ámbito de las ciencias naturales, la medicina, las ingenierías y otras áreas del conocimiento que están directa o indirectamente entrelazadas con los PP. OO., sus conocimientos ancestrales y los territorios que éstos habitan.

Muy relacionado al punto anterior, la sociedad chilena deberá preguntarse cómo se vincula la I+D a la diversa y extensa realidad territorial del país. ¿En qué regiones del país se realizará qué tipo de investigación? Lo planteamos nuevamente en términos concretos: ¿cómo se explica que en la zona más rica de Chile, el Norte, que cuenta con extensas reservas de cobre y litio, no exista al menos una universidad o institución caracterizada por realizar investigación de alto nivel? Por lo demás, el norte de Chile no es solamente un lugar de enorme riqueza de minerales; más importante aún, es el territorio ancestral de los pueblos que reconocerá la Constitución. Existen allí graves problemas de escasez hídrica, un enorme potencial de energías renovables, y una extensa herencia cultural y arqueológica desprotegida, por mencionar solo algunos elementos generales que requieren de un abordaje sistemático, mancomunado y complementario.

Considerando sólo estos dos aspectos proponemos las siguientes reformas que apuntan a generar un nuevo gobierno de la I+D en Chile:

• Democratizar y descentralizar la toma de decisiones: creemos que es necesario redistribuir el poder político en el ámbito de las decisiones ligadas a la I+D. Las autoridades políticas regionales, elegidas y legitimadas democráticamente, deben ser involucradas activamente en las toma de decisiones. Lo mismo vale para la sociedad. De parte de las universidades, es inaceptable que aquellas estatales (y todas las demás que se declaran como «públicas») no cuenten en su mayoría con gobiernos triestamentales, donde estén representados académicos, estudiantes y funcionarios. No es posible hablar de descentralizar y generar un progreso inclusivo sin una democratización efectiva de la toma de decisiones.
• Implementar un sistema de «financiamiento basal colaborativo»: el punto anterior está directamente relacionado con la pregunta respecto a cómo distribuir los fondos para la investigación; esto es, el poder financiero. Proponemos un mecanismo de financiamiento que no esté basado en la asignación de fondos concursables a investigadores o instituciones individuales Por ejemplo, en 2021 el 59% de los proyectos de investigación Fondecyt regulares fueron asignados a investigadores asociados a instituciones de la Región Metropolitana. En contraste, el presupuesto de la nación debe establecer fondos basales colaborativos regionales, que requieran que las regiones formulen proyectos de mediano y largo plazo en los cuales confluyan todas las instituciones de I+D regionales —esto es, tanto universidades como institutos tecnológicos—, definiendo áreas y tipos de investigación, así como la formación de nuevos investigadores (doctorandos).
• Crear una carrera digna e igualitaria para los trabajadores del conocimiento: quienes realizan investigación son trabajadores que debieran tener contratos y condiciones laborales dignas. Ellas y ellos crean el conocimiento que debe impulsar el desarrollo de Chile. Es hora de generar un estatuto académico específico que sea aplicable a todas las instituciones del sistema de I+D que reciban fondos basales del Estado, que cree bandas de sueldo regulados, y que defina etapas y las evaluaciones requeridas para la progresión en la carrera académica. En ese sentido, las universidades chilenas debieran generar no solamente políticas institucionales de género —y así salir así del «desierto con incipientes oasis» en el que se encuentran en dicha materia—, sino también apuntar a incentivar y proteger a investigadores LGTB y pertenecientes a los OO. No es aceptable que en las universidades estatales se paguen sueldos de más de $10 millones brutos mensuales, muy superiores a los $5 millones que el presidente electo Gabriel Boric ha mencionado como el sueldo máximo que debiera recibir un trabajador del Estado (esto es, diez veces el sueldo mínimo). Desde una perspectiva ética y democráctica, no es viable que las instituciones de I+D exijan más dinero mientras los sueldos no tienen límites hacia arriba pero hacia abajo mantienen a investigadores en formación que realizan trabajo altamente especializado remunerado mediante becas o a honorarios (sin cotizaciones sociales) o a profesores part-time con contratos semestrales —o, en el mejor de los casos, anuales—, todos ellos sujetos a decisiones puramente discrecionales de autoridades académicas o administrativas de turno.

Estas reformas deben ser implementadas en su conjunto. Una política científica al servicio del país y de sus pueblos debe apuntar a un nuevo gobierno de la I+D, generando así una política y práctica investigativa dialogante, anclada en problemas regionales particulares, pero también nacionales y globales; que esté al servicio del desarrollo social y económico regional y nacional, aunque sin desconocer la dimensión global del campo científico; que incorpore activamente en las preguntas de investigación las implicancias y posibilidades de la plurinacionalidad, en conversación abierta con los problemas de la sociedad.

Nunca es deseable cerrar una columna con advertencias fatalistas, pero debemos advertir que, de entregarse más dinero al sistema de I+D sin abordar las reformas y elementos aquí mencionados, existe el serio riesgo de que los fondos basales terminen siendo entregados a un pequeño círculo de instituciones concentradas casi en su totalidad en Santiago; que no se fomente la colaboración inter-institucional y menos aún el desarrollo regional; que sean las autoridades y la elite académica de cada institución la que decida qué hacer con dichos fondos, aumentando así la concentración del poder político y financiero al interior de dichas instituciones y de algunas disciplinas.