A 40 días del cierre de la COP 26: algunos conceptos discutidos en Glasgow que Chile podría incluir en la nueva Constitución

La discusión internacional sobre cómo enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental, puede empujar a la Convención Constitucional a elevar los estándares de las normas sobre estas materias que se incluyan en la propuesta para una nueva Carta Magna. Se trata de incorporar principios discutidos en la reciente cita de Glasgow y en concordancia con acuerdos internacionales como Escazú, que garantizan la implementación plena de los derechos de acceso a información ambiental y participación pública en la toma de decisiones, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo sostenible.

A mediados de noviembre pasado finalizó la COP 26, la cumbre anual de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático que reunió a más 40.000 personas después de haber sido aplazada por más de dos años producto de la pandemia. El encuentro ocurrió en un momento clave para el planeta: el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) destaca la urgencia de actuar para evitar superar el peligroso límite de 1,5°C.

El proceso que vive Chile, que acaba de iniciar su discusión constitucional y despacha por estos días las primeras iniciativas tratadas por los convencionales, le permite en una coincidencia excepcional poder incluir el tema ambiental en su nueva Carta Magna, abordando la discusión tanto en el pleno como en su comisión especializada de “Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico”.

Cristina Dorador, científica y convencional independiente, cree que la naturaleza debe ser parte del centro de una nueva Constitución que se defina como ecológica; mientras que Martín Arrau, agricultor y constituyente elegido en el pacto de Chile Vamos, considera que se debe tener mucho cuidado con entregar este tipo de títulos y que se debe revisar en detalle cada propuesta relacionada a estas materias.

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Diciembre ha sido un mes movido en la Convención Constitucional. Sus cinco meses de funcionamiento coinciden con la redacción de las primeras propuestas de norma y capítulos que deberán discutirse antes de ser incluidos en el borrador final. Temas cruciales, como el derecho al agua, el uso de recursos naturales y el cambio climático, ya están siendo abordados por los convencionales, quienes cuentan con varias hojas de ruta que podrían guiar sus lineamientos. Una de ellas son las conclusiones y compromisos aprobados en Glasgow en noviembre pasado, durante la cumbre anual de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático.

La COP26 comenzó con la urgencia de haberse retrasado dos años como consecuencia de la pandemia. En estos 24 meses los fenómenos ambientales y los informes de especialistas —como el del IPCC— demostraron que las ambiciones climáticas tienen que aunar voluntades y apurar la discusión con el objetivo de mantener la temperatura del planeta en el límite 1,5ºC.

Apenas dos semanas antes de su inauguración, la Convención Constitucional estaba lista para comenzar a redactar la propuesta de nueva Constitución, profundizando las discusiones a través de siete comisiones. Una de ellas, bautizada “Comisión de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico”, tuvo como primer debate la elección de su nombre, pues algunos convencionales querían que se limitará a “medio ambiente”. El tema no es menor, porque en ella se discutirá el estatus que tendrán recursos naturales y esenciales, como el agua, o cuáles serán los estándares ambientales que se aplicarán en el territorio chileno.

Cristina Dorador, convencional por el distrito 3, cree que discutir estos temas en contexto de cambio climático tendrá un impacto evidente en el texto final:  “El agua, por dar un ejemplo, va a ser aún más escasa o también va a depender de la zona geográfica. Sin embargo, no podemos seguir de la misma manera en que estamos, porque finalmente se está convirtiendo en una suerte de resistencia a la extinción de lugares donde ya la gente probablemente va a tener que migrar en el futuro por la falta de agua”, dice la convencional.

Su visión coincide con una de las discusiones que se tomó la COP26. Durante la primera semana del encuentro el sentimiento compartido en los pasillos del Scottish Event Center era el pesimismo. Al encuentro se llegó con el Artículo 6 del Acuerdo de París en estado crítico; la promesa incumplida de los US$ 100.000 millones que los países ricos debían entregar a los países en desarrollo desde 2020 y una lista de temas urgentes para mantener la meta de 1,5ºC en la temperatura planetaria.

Del otro lado del Atlántico, Chile comenzaba a redactar su Constitución, incluyendo en el debate grandes temas en los que no existe consenso aún, pero que han logrado un piso transversal, como el expresado en la declaración de emergencia ambiental y climática, publicada en octubre, y que logró 137 votos a favor, solo 3 en contra y 9 abstenciones.

Los convencionales aprobaron en el pleno que la futura Carta Fundamental debe “reconocer que la nueva Constitución se escribe en un contexto de Emergencia Climática y Ecológica, por lo cual, debe tener presente, en todas las comisiones y propuestas que elabore, las garantías de educación ambiental, prevención, precaución, no regresión, mitigación, adaptación y transformación, para enfrentar la crisis climática y de los ecosistemas”.

Más allá de la formalidad, este paso marca un precedente, pues en el actual texto constitucional sólo hay una referencia al ambiente: el artículo 19 Nº 8 determina “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Este giro en la mirada con que se podrá abordar de manera transversal el asunto ambiental podría poner el foco en la flora nativa, actividades extractivistas o cómo se definen recursos naturales como los glaciares. Mientras en Glasgow los líderes mundiales de los países que representan el 85% de los bosques del planeta asumieron el compromiso de «detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra» para 2030, en Chile la discusión internacional podría empujar a que la Convención eleve el estándar, sobre todo después del cuestionado liderazgo de nuestro país durante la COP 25 y su negativa a firmar el Acuerdo de Escazú.

Para Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y profesor de la Universidad de Chile, es esperable que la nueva Constitución vaya más allá del párrafo de referencia que existe en la actualidad y “contenga, como uno de sus ejes ordenadores, precisamente la protección del medio ambiente y una reflexión sobre cuál es la relación que vamos a tener con la naturaleza, intentando salir de la relación destructiva que tenemos hasta el momento”.

Costa también es el autor del libro “Por una Constitución Ecológica”, publicado en septiembre pasado, donde propone que la Carta Magna debe tener, como uno de sus centros, la protección del medio ambiente y, como uno de sus nortes, la búsqueda de la armonía entre las actividades de la sociedad y la naturaleza. “Lo que se ha venido hablando es que deben existir normas en las distintas partes de la Constitución que den cuenta de esta intención de armonía y también de esta preocupación central y, por lo tanto, que tenga principios como el principio de acción climática, el principio de protección ambiental, principio de justicia ambiental, justicia intergeneracional, buen vivir y que tenga derechos como el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho de acceso al agua, los derechos de acceso a la participación, a la justicia y a la información”, dice Costa.

Se trata de principios con los que el nuevo texto tendría concordancia con acuerdos internacionales como Escazú, que garantizan, por ejemplo, la implementación plena y efectiva en Latinoamérica y el Caribe de los derechos de acceso a la información  ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

Costa también hace el vínculo con los temas que se han conversado en la última COP 26, pues para el abogado “va a ser la manera en la cual la Constitución establezca la relación que va a existir entre Chile y los temas de cambio climático. Y parte de las propuestas que se han hecho desde distintas organizaciones han sido la de establecer un principio de acción climática que contenga tanto la obligación del Estado de mitigar los gases de efecto invernadero, que es, en el fondo, cumplir con su obligación internacional, como la obligación de adaptarnos al cambio climático, que es la manera en la cual el Estado, y la comunidad en general, debe protegerse de los efectos de la crisis climática y ecológica que ya estamos viviendo y se van a agravar”.

Para el abogado, dentro de la nueva Constitución también se debe dar “una discusión sobre el principio de transición justa y, por lo tanto, la idea de que no sean las mismas personas que ya fueron dañadas por causa de la crisis climática -por ejemplo, por las termoeléctrica en el caso de las zonas de sacrificio-, las que ahora serán dañadas por las soluciones a la crisis climática. Entonces, que no se instalen otros tipos de proyectos industriales de nueva tecnología, pero igualmente dañina, en esos mismos lugares. Y también que no sean los mismos que se beneficiaron de la crisis climática los que ahora se benefician de esa transición”.

La participación chilena en esta cumbre internacional estuvo dividida entre observadores, delegaciones oficiales y negociadores. Isabella Villanueva, presidenta de la Ceus Chile, consiguió acreditarse como ONG Observadora y ha seguido las negociaciones del Artículo 6 del Acuerdo de París, un tema en el que trabaja desde Santiago. “Yo creo que tenemos un poco la obligación ética, el imperante de tener una Constitución que esté a la altura de las necesidades de hoy y con eso me refiero a una crisis climática, ecológica, social, económica, etcétera”, dice Villanueva.

La ingeniera civil hidráulica cree que es necesario abordar estas múltiples crisis y participar de instancias como las negociaciones climáticas que se abrieron en la COP 26. “Para eso es importante respaldar la idea de una Constitución ecológica que se ha venido empujando desde diferentes sectores de la sociedad civil desde el 15 de noviembre de 2019”, dice Villanueva, quien asegura que hay varios principios y artículos mínimos que debieran ser considerados:  “Uno de ellos es el principio de justicia intergeneracional o equidad intergeneracional, porque obviamente creemos que esta cuestión, sobre todo cuando lo vemos desde la perspectiva de una Constitución que es un mandato de largo plazo, va a durar varias décadas. También creemos que la naturaleza como sujeto de derecho es fundamental y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no sólo libre de contaminación, como aparece actualmente en el artículo 19”, asegura la fundadora de Ceus.

Martin Arrau, convencional por la región de Ñuble y militante de la UDI, discrepa con la idea de calificar la Constitución con términos como “ecológica” o “socioecológica”: “A mí me preocupan todos estos slogans o declaraciones de una Constitución ecológica, feminista, indigenista, plurinacional, en fin, porque se desconoce qué implicancia tienen estas declaraciones en la práctica, pero sí generan muchas expectativas en ciertos grupos de interés y en la población en general. Por eso, creo que hay que entrar en un articulado antes de hacer juicio de valor de estas declaraciones, que obedecen a preocupaciones muy válidas de ciertos grupos de la ciudadanía, pero hay que tener mucho cuidado y ver efectivamente cuál es el detalle de cada una de ellas, porque dentro de las personas que las proponen, incluso hay diferencias bien profundas”, dice Arrau.

Desde la otra vereda, Elisa Giustinianovich, convencional del distrito 28, sostiene que es natural que se abarquen temas ambientales con estos enfoques y definiciones, pues son parte del bagaje personal y político que acompaña a los convencionales. “Ha sido fundamental la participación dentro de la convención de muchísimas personas que venimos de movimiento socio ambientales o eco feministas populares, en cuanto a tratar de portar esas experiencias de las luchas, de las resistencias territoriales, donde se ha sentido muy fuerte la amenaza y todos los efectos nocivos que tiene la industria extractivista en nuestros territorios”, dice Giustinianovich, quien es parte de la comisión sobre “Forma de Estado”, donde se discuten, entre otras cosas, la equidad y justicia territorial.

Giustinianovich dice que muchas de estas propuestas ya se venían entretejiendo y varios principios ecosistémicos, perspectiva ecológica, derechos de la naturaleza y socio ambientales, ya han quedado plasmados en el reglamento y además se ha creado una comisión especial para tratar estos temas. Ella valora “dar este debate abierto y de cara a la ciudadanía, con toda la complejidad que comprende. Estamos hablando de cómo podemos repensar la actividad económica humana en pos del buen vivir, poner nuevamente la centralidad en el buen vivir de las comunidades y cómo podemos repensar un modelo económico que ponga nuevamente la vida en el centro. Entonces, desde ahí hay muchísimas propuestas que ya están siendo vertidas principalmente en esa comisión, pero sin duda también están atravesando los debates de todas las comisiones”, dice la convencional de Magallanes.

Parte de estas propuestas ha sido, por ejemplo, la que se incluye en la iniciativa presentada por los convencionales Bessy Gallardo, Luis Barceló, Eduardo Castillo, Felipe Harboe, Agustín Squella, Fuad Chahín, Miguel Ángel Botto y Rodrigo Logan, que “incorpora normas constitucionales al capítulo I de la Nueva Constitución”.  En su artículo 13 se lee: “La especie humana es parte de la naturaleza y es deber del Estado, de la sociedad y de toda persona proteger el ecosistema, su biodiversidad, el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural del país, y promover acciones contra las causas y los efectos del cambio climático”.

EL AGUA EN LA CRISIS CLIMÁTICA

 Todas las partes que participaron en la cumbre mundial saben de la importancia del agua en la discusión climática. Ya en la segunda jornada de la COP 26, más de cien países se comprometieron a salvar y restaurar los bosques. En una sala ambientada como si el encuentro fuese en medio de la naturaleza y no en un centro de eventos del puerto escocés, se recibió a los delegados internacionales para dar inicio a un discurso en defensa de la biodiversidad, destacando también el rol clave que cumple el agua en la lucha contra el cambio climático.

Definir el estatus del recurso hídrico en el texto constitucional es una de las discusiones previstas más importantes durante los próximos meses, lo que ha generado algunas reacciones de parte de quienes poseen derechos de aprovechamiento de agua y consideran que no debe ser la Constitución la que defina su uso.

Isabella Villanueva cree que al tema del agua hay que mirarlo desde varias perspectivas: “No tenemos agua y no solamente por el cambio climático. El estudio de escenarios hídricos demuestra que el 44% es una mala gobernanza a causa de esta mega sequía que estamos viviendo en Chile. La crisis climática solo va a exacerbar esas dificultades en torno al acceso al agua. Pero hay un problema de gestión que hay que solucionarlo y ahí obviamente la Constitución juega un rol fundamental”. Para la directora de Ceus, el derecho y la gobernanza van de la mano, aunque hay una parte importante que no pasa por la Constitución: la legislación actual.

Aunque Isabella Villanueva espera que la Constitución se apruebe y se implemente, reconoce que “es un tema que toma años y el problema hídrico lo estamos viviendo ahora y estamos años atrasados en la solución. Entonces, por ahí el rol de la legislación también juega un papel fundamental. O sea, no porque vayamos a tener una muy buena y ambiciosa Constitución en temas hídricos, nos podemos olvidar que hoy tenemos un código de agua que por ninguna parte nos está dando solución y eso también hay que cambiarlo”.

Villanueva cree que se trata de dos carriles igual de importantes que deben ser recorridos de forma paralela y con la misma urgencia. “Así que el rol de la nueva Constitución es obviamente crear todo este paragua para una nueva gobernanza hídrica y para un escenario hídrico de un nuevo Chile”, dice Villanueva.

El convencional Martín Arrau concuerda en parte con esta afirmación, pues desde su mirada “hay que ser muy serios en esto y entender que ciertas cosas deben estar en la Constitución, otras deben ser leyes o ciertas regulaciones, y otras ya vienen siendo las políticas públicas propias desarrolladas por cada país. Y por eso que en el contexto constitucional, si bien se pueden abordar ciertas situaciones, hay otras que obedecen a las políticas públicas que deben impulsar todos los países, como los acuerdos climáticos, por ejemplo, para reducir emisiones . Eso no obedece a cambios constitucionales, sino más bien a políticas públicas y compromisos de mediano y largo plazo de esas mismas políticas. Y en algunos casos tienen su homologación en leyes, pero no he visto a nivel constitucional”.

Con respecto al agua, para el convencional de la UDI este recurso debería quedar establecido en un rango constitucional, como bien nacional de uso público, y también priorizar el consumo humano y el saneamiento: “Eso serían dos grandes avances desde el punto de vista hídrico y quizás estudiar la posibilidad de dar un mandato al legislador de avanzar en algunos otros temas, pero a rango legal y no constitucional”, dice Arrau.

El cierre de la COP 26 estuvo lejos de cumplir con las expectativas de los expertos climáticos que llegaron a Escocia. Después de 13 días de negociaciones se avanzó lento hacia algunas de las metas más esperadas, como cerrar el libro de reglas de París, lo que significa que para 2024 todos los países deben comunicar los datos detallados sobre las emisiones, lo que será referencia para evaluar futuras reducciones. También se consiguió un acuerdo sobre las nuevas reglas del mercado de carbono y se creó un régimen de comercio estructurado entre países.

Lo que no se logró fue el plan que querían los países en desarrollo, dentro de los que se encuentra Chile, para crear mecanismos de financiamiento de pérdidas y daños por efectos del cambio climático. Sin embargo, la nueva Constitución podría aumentar la ambición y fijar sus propios desafíos ambientales.