Cartas: Informes de DD.HH en dictadura y perspectiva de género

El pasado 11 de septiembre se conmemoraron 48 años del Golpe de Estado que marcó el inicio de la dictadura cívico-militar en Chile. Este año, para recordar el momento más doloroso del Chile reciente, como Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades de Chile (ODEGI) quisimos honrar las historias de las mujeres cuyos derechos humanos fueron violados durante la dictadura. Sin embargo, luego de buscar exhaustivamente casi no encontramos información.

Hasta hoy, prácticamente todo lo que conocemos sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura proviene de las declaraciones de las víctimas, familiares y testigos plasmadas en las tres comisiones de verdad que se han realizado. A pesar de su aporte invaluable, estas instancias son un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se construye y procesa la  información con escasa o nula perspectiva de género.

En la actualidad, existe un amplio consenso —y los mismos informes lo reconocen— en que las cifras oficiales de mujeres víctimas de la dictadura distan enormemente de la realidad. Y la deuda por visibilizar las atrocidades a las que fueron sometidas hoy sigue pendiente.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocido como Informe Rettig) es el caso que mejor ilustra esta invisibilización: solo un 6 por ciento de las víctimas identificadas son mujeres, y temas vinculados a violaciones y vejaciones sexuales fueron solo abordados descriptivamente.

Cuando el informe fue desarrollado, la sociedad chilena era considerablemente más conservadora que la de hoy y aún menos consciente de las inequidades de género estructurales del patriarcado. De ahí que asumir la tortura sexual como una práctica sistematizada de violencia política sexual contra las mujeres, era una verdad incómoda y brutal que se optó por no conocer. Esto nos tiene que servir de recuerdo: los datos y la información jamás son ajenos al contexto del que fueron creados. Que no se haya clasificado no quiere decir que no ocurrió.

El Informe Valech subsanó en parte esta invisibilización e incluyó un capítulo dedicado a mujeres víctimas de violencia político sexual, además de reconocer las violaciones y vejaciones sexuales como un método de tortura sistemático contra las mujeres en dictadura. Un 12,5 por ciento de las personas declarantes fueron mujeres, la mayoría de ellas víctimas de violencia sexual. Las organizaciones feministas de ese entonces fueron actoras clave para avanzar hacia el reconocimiento de los temas de género en el informe. Esta experiencia nos deja una segunda lección: la sociedad civil es fundamental para influir en los procesos de recolección de testimonios, datos e información. Debemos cuestionar el contexto en que estos datos son producidos y preguntarnos sobre cómo la forma en que se distribuye el poder puede sesgar los resultados.

Como sociedad tenemos la deuda de organizar y recolectar los testimonios faltantes desde una perspectiva de género. Pese a los avances que se han logrado gracias a la constante lucha de agrupaciones de derechos humanos y familiares y de organizaciones feministas por conocer la verdad y hacer justicia, estamos lejos de conocer la cifra real de mujeres que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, y más aún de tener datos sobre víctimas de la comunidad LGBTIQ+. El desafío de subsanar esta deuda, requiere inevitablemente que se rompan los pactos de silencio de autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas; se levante el secreto que pesa sobre las declaraciones, testimonios y documentos del informe Valech 1 y que se creen instancias de calificación permanente para víctimas de violaciones de derechos humanos.

Desde ODEGI, creemos que la sistematización, la recopilación y el acceso a estos datos desde una perspectiva de género, son una manera fundamental para reconstruir nuestra memoria y conocer la verdad de las personas víctimas y sus responsables. El acceso a la verdad es la única vía que tenemos para hacer justicia, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición.

Jacinta Girardi

Marcela Saavedra

Carolina Miranda

Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI)