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DECLARACIONES INDICAN QUE PARA FICHAR MILITANTES SOCIALISTAS SE OFRECÍAN DESDE PENSIONES DE EXONERADOS HASTA PLANCHAS DE ZINC
13.07.2021
Los registros del Servel indican que San Ramón es, por lejos, la comuna donde el PS tiene más miembros: 3.451. Esa inusual masa de militantes comienza a encontrar explicación en la investigación que lleva la Fiscalía contra el derrotado alcalde Miguel Ángel Aguilera, quien salió del PS cuando fue denunciado por nexos con narcos. Ex funcionarios de San Ramón declararon que les exigían integrarse al PS para tener empleo. Algunos dijeron que les pedían inscribir en el partido a otras personas y recorrer las calles buscando apoyo político para el alcalde. Los nuevos fichados se comprometían a votar por los candidatos del “aguilerismo” en todas las elecciones, incluidas las internas socialistas.
La investigación del Ministerio Público sobre el recién derrotado alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, contiene declaraciones que no solo pueden ser valiosas para una indagatoria penal, sino también para entender cómo opera a nivel municipal el “clientelismo” político. Trabajadores de la Municipalidad de San Ramón han declarado ante la Fiscalía que se les exigió militar en el Partido Socialista para acceder o mantener el empleo. Algunos testimonios también indicaron que les pedían fichar a nuevos militantes del PS. Para incentivar esas inscripciones, relataron, se ofrecían desde pensiones de exonerados hasta planchas de zinc, entre otras ayudas sociales. A cambio, los fichados debían comprometerse a participar en todas las elecciones –incluyendo las internas del partido–, en las que se les entregaba una planilla con los candidatos que debían marcar.
Las declaraciones consignadas en la investigación que la Fiscalía lleva adelante desde 2017, cuando un reportaje de TVN denunció los nexos de Aguilera con narcos contratados en la municipalidad, comienzan a develar por qué el PS tiene una abultada cantidad de militantes en San Ramón. Según cifras del Servel, al 31 de mayo de este año, San Ramón es, por lejos, la comuna donde el PS registra la mayor cantidad de inscritos: 3.451. Lo sigue su vecina El Bosque (1.916), donde también operó el andamiaje clientelista instalado por Aguilera, y Copiapó (1.499).
La inusual “masa” socialista de San Ramón ha sido un factor desequilibrante en varios procesos políticos y permitió a Aguilera ascender hasta convertirse en vicepresidente socialista. La cartera de votantes que manejaba el ex alcalde, especialmente en las elecciones internas, le dieron el poder para timbrar el pasaporte a cualquier dirigente que pretendía escalar en el partido. Antes de caer en desgracia, Aguilera consiguió poner a varios de sus cercanos en el Comité Central socialista, incluyendo a su hermana, Mónica Aguilera, a la que también ungió para que accediera al cargo de consejera regional (Core).
De hecho, cuando el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier, enfrentó serios problemas para conseguir las firmas para inscribir su postulación, el andamiaje instalado por Aguilera alcanzó la meta en pocos días. En esos momentos el alcalde era una estrella brillante en el PS y planificaba dar el salto a la Cámara de Diputados.
Aunque el Partido Socialista ha informado que “depuró” su padrón en San Ramón después de que se conocieron las acusaciones contra el ex alcalde, las elecciones primarias de gobernador en la Región Metropolitana mostraron que la colectividad sigue siendo beneficiada por la maquinaria que montó Aguilera: el candidato socialista, Álvaro Erazo, se midió con Claudio Orrego (DC) y Helia Molina (PPD) y, a pesar de que a nivel regional quedó tercero, Erazo arrasó en San Ramón: obtuvo 1.405 votos, versus 359 de Orrego y 184 de Molina.
En el PS indicaron a CIPER que a noviembre de 2020 habían eliminado de sus registros a 2.500 militantes de San Ramón, producto de una auditoría al padrón. Esto podría significar que la cifra total de la militancia en algún minuto pudo rozar las 6.000 personas en esa comuna.
Para medir el peso de la estructura instalada por Aguilera en el PS, CIPER seleccionó las 25 comunas con más inscritos en ese partido –según los registros del Servel– y calculó el porcentaje que representan esos militantes respecto del padrón habilitado para votar en ellas. En ese ranking, San Ramón solo es superado por Tierra Amarilla (Atacama), donde el 4,44% de los electores de la comuna militan en el PS (569 de 12.798). En San Ramón el 4,21% de las personas habilitadas para sufragar son miembros de partido (3.451 de 81.793). El promedio del porcentaje de militantes del PS respecto del padrón total de electores en estas 25 comunas es 0,85%.
En cuatro años, Miguel Ángel Aguilera pasó de relucir en la testera del PS a estar a punto de ser formalizado por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y aunque esquivó –con un certificado médico– la audiencia de formalización programada para el pasado lunes 5 de julio, no pudo evitar su derrota electoral. El domingo 11 se repitió la elección municipal en 65 mesas de San Ramón, debido a irregularidades en la votación del 15 y 16 de mayo donde inicialmente se impuso Aguilera. En esta nueva elección parcial perdió la alcaldía estrechamente ante Gustavo Toro (DC).
Testimonios contenidos en el expediente judicial de la causa que lleva el Ministerio Público develan el mecanismo que utilizó Aguilera para fortalecerse al interior del PS y mantenerse en la alcaldía casi sin contrapeso desde 2012.
“Recuerdo que era una instrucción permanente para nosotros el fichar gente en el municipio como militante del Partido Socialista”, se lee en la declaración de Francisca Molina, ex directora del programa Chile Crece Contigo en la Municipalidad de San Ramón y militante del PS. Su testimonio es uno entre decenas que han prestado ex funcionarios municipales en la investigación y que CIPER pudo revisar.
Fuente: Servel
Hay varios tópicos que se repiten en estas declaraciones: la obligación de inscribirse en el PS para mantener el trabajo, la exigencia de participar en actividades políticas para fortalecer el apoyo al alcalde y de fichar a nuevos militantes socialistas, los pagos a trabajadores “fantasmas” (vea el reportaje “Ex colaboradores de alcalde Aguilera declaran que su campaña recibió aportes de narco y que municipio pagaba a trabajadores falsos”) y sobornos de empresas para adjudicarse licitaciones. Las declaraciones indican que las actividades incluían hacer propaganda electoral en horario laboral y votar en elecciones internas del PS, locales y nacionales, con una plantilla donde les señalaban los candidatos que debían marcar.
Cinco testigos citados en el caso, todos ex funcionarios de la municipalidad, declararon en 2017 ante la PDI que se les obligó a militar en el PS para mantener el trabajo. Pese a que no practicaban una militancia activa, denuncian que sus jefaturas los obligaban a votar en “elecciones internas, municipales y nacionales”, y en algunos casos les pidieron también que consiguieran adherentes para el partido.
Entre estas declaraciones se cuenta la de un ex funcionario que trabajó en 2016 en la mantención de áreas verdes, quien aseguró que fue obligado a votar. El joven de 20 años relató a la PDI: “Cuando estaba trabajando, don René Moreno (aún funcionario municipal) me hizo firmar unos papeles para pertenecer y apoyar al partido de don Miguel Ángel Aguilera. Además, tuve que votar en estas elecciones”.
En esas elecciones municipales de 2016, Aguilera se reeligió con un sorprendente 70,3% (15.590 votos), muy por encima de sus contrincantes Claudia Lange (UDI, 5.386 votos) y Lorenzo Morales (independiente, 1.215).
Municipalidad de San Ramón.
Un ex funcionario declaró que era militante del Partido Socialista, “pero no de manera voluntaria”. En diciembre de 2016, dijo, “don Carlos Adema nos obligaba a firmar para ser parte de este partido político, amenazándonos con quedar sin trabajo si es que no lo hacíamos, razón por la cual lo hice. Sin embargo, jamás participé de actividades electorales ni de campañas políticas, como tampoco vi a mis compañeros de trabajo”.
Carlos Adema era el jefe de la Dirección de Operaciones del municipio, la misma donde en marzo de 2017 fue empleado Jorge Pinto Carvajal, el narcotraficante de la población La Bandera cuya contratación detonó la investigación penal.
Otro ex trabajador del Programa de Mejoramiento de Áreas Verdes aseguró en su declaración que fue inscrito sin su consentimiento: “En el año 2014 doña (…), funcionaria municipal, me inscribió engañado en un partido político el cual desconozco, ya que jamás se me dijo que sería militante”.
Uno de los testimonios que indican que se les exigía inscribir nuevos miembros en el PS, es el de una ex trabajadora que renunció a la municipalidad en diciembre de 2017: “No participo de ningún partido político, sin embargo, debo señalar que estoy inscrita en el Partido Socialista, porque tuve que apoyar a don Miguel Ángel Aguilera, sin embargo, tenía que buscar más adherentes, cosa que realizó mi marido”.
El testimonio de un funcionario del área de la salud municipal indica que perdió el trabajo por negarse a estas exigencias: “Mientras trabajé en el Cesfam, todo el personal contratado en los programas era obligado a afiliarse a partidos políticos y a hacer campaña. De esto sé, porque a mí me obligaron, pero como no quise participar me despidieron. El sujeto que me obligó fue Francisco Andrés Olguín, quien además me indicó que yo estaba ocupando un cupo de él”.
Francisco Andrés Olguín fue jefe de gabinete de Aguilera y se hizo conocido tras revelarse que asistía a trabajar a la municipalidad con una tobillera electrónica, ya que cumplía condena por manejar autos robados. El mismo Olguín era una de las principales cartas del “aguilerismo” para integrar el Concejo Municipal de San Ramón en las elecciones de este año, pero el 3,3% de los votos que obtuvo no le alcanzó.
En su declaración, el ex funcionario del Cesfam agregó que familiares de Olguín figuraban empleados en la salud municipal, pero que “no iban a trabajar y cobraban sueldo”.
Miguel Ángel Aguilera junto a Francisco Olguín.
Francisca Molina, la encargada del programa Chile Crece Contigo en la municipalidad, llegó a ese cargo en 2014, cuando era presidenta de la Juventud Socialista de San Miguel. Renunció en 2016 y en su declaración señaló que tuvo conflictos debido “a la costumbre que existía en ese municipio, de manera obligatoria, referida a que las personas contratadas destinaran parte de su jornada de trabajo a hacer trabajo político, actividad que se llamaba ‘barrer las calles’, un trabajo que se traducía en hacer gestiones con los vecinos para establecer lazos políticos para el alcalde, mientras se repartía el diario comunal”.
La ex funcionaria agregó: “A su grupo cercano (de Aguilera), entre los que me encontraba, nos obligaban a hacer encuestas telefónicas a los vecinos en donde se preguntaba por sus preferencias políticas, esta labor debía ser mantenida en secreto y no ser comentada. El ‘barrido de calles’ o ‘puerta a puerta’ lo tenían que hacer obligatoriamente todos los trabajadores, médicos, educadoras de párvulos, sin distinción. Para eso siempre había recursos de movilización, los pasaban a buscar y los dejaban en ciertos lugares. Yo a esto me opuse tenazmente, prohibiéndole a mi equipo directo que lo hiciera, lo que me valió un conflicto directo con el alcalde”.
CIPER pudo constatar que esa práctica se mantuvo. En un reportaje publicado en enero de este año identificamos dos call center que operaban fuera de la municipalidad y a los que eran llevados funcionarios en horario laboral. Allí debían hacerse pasar por encuestadores de una consultora inexistente para medir el apoyo electoral que concitaba Aguilera para la reciente elección municipal.
La indagatoria de la Fiscalía también incluye el testimonio de Luis Rodrigo Campos, quien en su declaración destacó que fue militante del PS durante 26 años y que conoció por dentro la estructura de campaña y financiamiento montada por Aguilera en San Ramón. En su relato sostuvo que Aguilera fue conformando una “red clientelar” con funcionarios y vecinos de la comuna que se integraron al Partido Socialista, bajo un sistema que se habría iniciado en 2008, cuando Mónica Aguilera, hermana del alcalde, “era analista del programa de reconocimiento a los exonerados políticos”.
Miguel Ángel Aguilera.
En la declaración que Luis Rodrigo Campos prestó en 2017, contó que los residentes de San Ramón inscritos en el PS recibían “beneficios de distinta índole», incluyendo hasta facilitar el trámite a personas que estaban postulando a pensiones para exonerados políticos, siempre que se inscribieran en el partido y se comprometieran a votar por los candidatos del “aguilerismo”:
“En cuanto a estos beneficios, puedo señalar el caso de las pensiones de exonerados, de las que solo en San Ramón deben ser unas 500 personas, cifra que también es poco usual para la realidad de la comuna. Acá, por lo que yo sé, en el año 2008, cuando Mónica Aguilera era analista del programa de reconocimiento a los exonerados políticos, comenzaron a trabajar las nóminas. Las revisaban, las filtraban por comunas, extraían todas las de San Ramón, y se les visitaba en sus casas, comprometiéndose a favorecerlas en el trámite, con gestiones del Partido Socialista y del propio Aguilera, a cambio de que firmaran la ficha de militantes socialistas. Se les decía que con su afiliación aseguraban recibir su pensión, entre otros beneficios previsionales, pero que tenían que estar disponibles cada vez que se les fuera a buscar para ir a votar en elecciones partidarias, locales y nacionales, además de sufragar por los candidatos que se les dijera, según plantilla previamente entregada”.
El testimonio de Luis Rodrigo Campos agregó que él vio cómo se fichaba a vecinos de San Ramón a cambio de la entrega de diversas especies, como canastas familiares, planchas de zinc u otras ayudas sociales. Siempre “con el mismo compromiso de ir a votar cuando se les requiera”. Cerró su declaración contando que en abril de 2017 le rompieron el vidrio trasero de su camioneta, luego de que denunció en Facebook que la concejala María Jopia (PS) recibía sobresueldo, mediante boletas de honorarios, para financiar su campaña electoral.
CIPER consultó al Partido Socialista si estaba en conocimiento de denuncias de este tipo referidas a su militancia en San Ramón. La colectividad contestó que “no tenemos registro de que haya habido denuncias previas al conocimiento público de los hechos”. La respuesta agregó que tras la auditoría de una comisión interventora definida por la mesa directiva del PS, que operó entre julio de 2019 y noviembre de 2020, se realizó un proceso de limpieza del padrón en San Ramón. Ese proceso, indica la misma respuesta, culminó con la salida voluntaria o expulsión de 2.500 militantes, además de congelar los fichajes de nuevos miembros en esa comuna hasta la fecha.
Respecto de si el PS ha recibido información que indique que el círculo de Aguilera aún mantiene control sobre sus bases en la comuna, el partido informó que “ya no hay influencia, pues las medidas de dar facilidades para ratificar permanencia o renuncia, han permitido que sólo queden inscritos quienes adscriben voluntariamente a la militancia”.
OPINIÓN DE INVESTIGADORES ACADÉMICOS: UNA MUESTRA DE “NEO-CLIENTELISMO”
Para la cientista política, académica de la U. de Valparaíso y ex militante del PS, Javiera Arce, lo que ocurre en San Ramón es una muestra de neo-clientelismo: “Para asegurarte lealtad dentro de los partidos ofreces trabajo. Es como el vasallo, que debe todo. Es usual en los partidos, sobre todo en sistemas donde no tienes financiada la política”.
Con esta fórmula, dice Javiera Arce, “vas construyendo poder interno a partir de cuánta pega puedes ofrecer a militantes o personas que vas a fidelizar. Dentro del PS, Aguilera tenía como un padrón de 4 mil o 5 mil personas, muy grande. Y era demasiado relevante. Si querías ganar una elección interna, tenías que contar con San Ramón”.
El académico de la UDP, Claudio Fuentes, explica que la construcción de redes clientelares de partidos es una práctica común en Chile, a nivel histórico, pero que en el caso de San Ramón ya no son solo “favores” o concesiones a la ciudadanía. A su juicio, los relatos contenidos en la investigación de la Fiscalía muestran “otro nivel, que tiene que ver con prácticas de cooptación donde el (puesto de) trabajo para una persona ya no es solamente un favor que le haces, como un subsidio, sino que el trabajo mismo depende de militar e ir a votar, generando condiciones para controlar ese voto”.
Según Fuentes, este caso es ilustrativo de que “los partidos tradicionales están bajo una crisis de representación brutal. No sé si tienen alguna forma de renovarse de estas prácticas. El tema más sustantivo es que perdieron su esencia y se convirtieron en máquinas de poder, más que en instancias de representación de intereses ciudadanos”.
Hugo Herrera, también académico de la UDP, cree que para poder erradicar esas prácticas clientelares es clave “re pensar el sistema municipal”, el que “en su conjunto es un área deficitaria en temas de transparencia y buena administración. Y es grave, porque es el área más relacionada con la ciudadanía”. Agrega que “no sería malo, al contrario, aprovechar el proceso constituyente para redefinir los municipios, dotarlos de mejores equipos técnicos, para que su personal sea de mejor calidad y que eso evite estas prácticas”.
Socio/a 3 años y 7 meses Socio/a 3 años y 5 meses
