Carta de la directora (s) de Sename y respuesta de CIPER
12.07.2021
Enviado por Sabine Lee
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Estimado Pedro Ramirez,
Director
CIPER
En relación con el reportaje publicado en Ciper el 22 de junio, titulado “Sename: cuatro de los ocho organismos que se adjudicaron licitación para diagnosticar a menores vulneran la Ley”, le informamos que este servicio entregó una respuesta a los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, Diego Muñoz y Javier Herrera, quienes nos contactaron para su ramo “Taller de Periodismo Avanzado”, bajo la tutela de Pedro Ramírez, sin especificar que dicho reportaje sería publicado en Ciper o en algún otro medio de comunicación.
Tal como se explica en la respuesta enviada por escrito a los estudiantes, de la cual solamente extrajeron una parte mínima, para participar en los concursos las personas jurídicas deben estar acreditadas previamente como organismos colaboradores. Entre los requisitos para acceder a esa acreditación, los miembros de sus directorios deben cumplir lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Ley 20.032, siendo estos los únicos requisitos contemplados en la legislación vigente. Entre ellos no hay ninguno relacionado con el número máximo de directorios en los que pueden participar sus miembros. Si una persona jurídica cumple todo lo que contempla la Ley para acreditarse como organismo colaborador, Sename no puede actuar de manera arbitraria y negárselo.
Del mismo modo, si un organismo colaborador cumple con todos los requisitos legales necesarios para participar en un concurso público de proyectos DAM, el servicio no puede excluirlo en base a razones que no están contempladas en la Ley.
Por ello, aunque se detecte que hay directorios similares, si son organismos colaboradores diferentes, con distinta personalidad jurídica, Sename no puede impedirles que participen y eventualmente se adjudiquen un concurso, pues debe darse estricto cumplimiento al principio de legalidad que rige a todos los órganos del Estado.
Por ello, solicitamos que el título del reportaje sea corregido, y se incluya la explicaciónrespectiva sobre los requisitos para las licitaciones, ya que entre los organismos colaboradoresque se ad¡adjudicaron los DAM ninguno vulneró la Ley vigente.
Además, solicitamos que se corrijan los errores en las cifras de atendidos anualmente, ya que algunas de las principales cifras que se entregan en el reportaje son incorrectas. Cuando señalan que estos programas se aplicarán “a casi 3.000 niños a nivel nacional” por un monto anual de $5.600 millones anuales, se hace un cálculo erróneo.
El Estado destina 5.600 millones de pesos anuales para la elaboración de 3.000 diagnósticos mensuales, no para atender a 3.000 niños. Es decir, son 36.000 prestaciones diagnósticas anuales, que incluyen:
Revisión documental y antecedentes generales.
Diagnóstico comprehensivo e integral del niño.
Diagnóstico social del niño (personal, de salud, económico y social).
Diagnóstico familiar para evaluar habilidades para el cuidado (considera entrevistas a terceros, familias a cargo del cuidado, visita domiciliarias, entre otros).
Elaboración de informe para el tribunal.
El mismo error se repite cuando afirman que un organismo que ganó varias de las licitaciones contará con “$3.654 millones al año para diagnosticar a 2.012 niños”. En realidad se trata de
2.012 prestaciones diagnósticas mensuales, es decir 24.144 prestaciones anuales, que incluyen lo que ya se explicó previamente.
Sin otro particular, se despide
Fabiana Castro Brahm
Directora (s)
Servicio Nacional Menores
RESPUESTA DE CIPER
El reportaje al que hace alusión la carta de la directora (s) del Sename, Fabiana Castro Brahm, efectivamente fue reporteado y escrito por dos alumnos de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica en la sección de la asignatura Taller de Periodismo Avanzado que el suscrito dirige. CIPER lo publicó como una colaboración, atendiendo al interés público en el tema abordado por el artículo.
La ley prohíbe que una entidad colaboradora del Sename ejecute programas de diagnóstico de menores y, al mismo tiempo, de protección. Esto, porque se paga una subvención por cada menor atendido, y la norma busca evitar que se aumente de manera artificial el número de niños, niñas y adolescentes enviados a un programa de protección solo para generar más ingresos a las entidades colaboradoras. No obstante, los autores del reportaje detectaron que de las ocho instituciones que ganaron la licitación para realizar diagnósticos, al menos cuatro tienen en sus directorios a personas que participan en directorios o tienen cargos ejecutivos en organismos que ejecutan programas de protección. De esta forma, se han creado instituciones “espejo”, una suerte de “multi-rut”, para burlar la ley.
Los autores del reportaje, al igual que todos los alumnos de la asignatura Taller de Periodismo Avanzado de la UC, tienen instrucciones expresas de contactar a las fuentes informándoles que sus declaraciones pueden ser publicadas y que no se trata de un trabajo interno de la universidad. De hecho, en la última década diversos reportajes realizados por alumnos y alumnas de ese curso han sido difundidos en medios de comunicación y han obtenido importantes distinciones (como el Premio Periodismo de Excelencia y el Premio Etecom).
La posición del Sename sobre el tema abordado en el reportaje quedó expuesta en el siguiente párrafo que recogió los argumentos que ahora reitera en su carta la directora (s) de esa institución pública:
“Desde la oficina de comunicaciones del Sename explicaron que ellos solo fiscalizan que una misma institución acreditada no desarrolle ambas líneas de acción. ‘Aunque se detecte que hay directorios similares, si son organismos colaboradores diferentes, con distinta personalidad jurídica, Sename no puede impedirles que participen y eventualmente se adjudiquen un concurso’, indicó el servicio”.
El reportaje consigna la posición de al menos dos de las entidades colaboradoras del Sename cuestionadas por estas prácticas, las que reconocieron que a raíz de la promulgación de esta ley se vieron obligadas a crear una nueva entidad para seguir ejecutando programas de protección en paralelo a programas de diagnóstico. Tal revelación deja de manifiesto que la ley tiene un vacío que debe ser subsanado y en virtud del cual se está vulnerando la normativa, razón por la cual CIPER no considera que deba corregir lo publicado. Pero el Sename, conforme a su respuesta institucional consignada en el reportaje y que ahora reitera en su carta la directora (s), en lugar de hacer presente y divulgar este vacío que permite burlar la ley, a objeto de que sea corregido, se limita a cumplir con la letra de la norma sin hacer público algún cuestionamiento.
Esta actitud –conformarse con un cumplimiento meramente administrativo– contrasta con las declaraciones de dos juezas de familia y un ex director del Sename que en el mismo reportaje expresaron que este es un problema grave que debe corregirse. La insuficiencia de la respuesta del Sename queda expuesta también al compararla con la declaración que dieron los encargados de la nueva institucionalidad que reemplazará a ese servicio, quienes, frente a la información expuesta en el artículo, dijeron que mejorarán la fiscalización y aumentarán los requisitos para asegurar que las normas no sean burladas, lo que quedó reflejado en el siguiente párrafo del reportaje:
“Va a cambiar radicalmente, sin perjuicio que son convenios que están en curso, pero todo colaborador tendrá que volver a acreditarse. Los requisitos son mucho más altos y exigentes que antes. Van a mostrar estados financieros, quienes componen el directorio y certificados de declaraciones juradas de que las personas no se encuentran inhabilitadas para trabajar con niños”, explicó Pilar Hernández, abogada y coordinadora del área jurídica del nuevo servicio.
Finalmente, respecto del número de atenciones que se ejecutan con el presupuesto destinado a programas de diagnóstico, efectivamente el reportaje no especificó que se trataba de las cifras mensuales, lo que ha sido corregido.
Pedro Ramírez
Director de CIPER
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Creo q hay un problema con los incentivos. Si se paga por niñe o adolescente internad@, es natural q no haya interés en dar de alta a nadie. Si el pago fuera condicionaado por resultados, probablemente serían más efectivos en su gestión.
Ximena Contreras Maturana | 09.09.2021
Creo que mientras el SENAME nodeje de ser un negocio . Será imposible controlar las irregularidades que dañan finalmente a los jóvenes que tienen la mala suerte de llegar la lnstitución.
Se violan derechos fundamentales de estos niños c/día a vista y paciencia de la autoridad.
El Ministerio de Justicia es un fantasma. Se han ignorado investigacones. Con sus respectivos informes.
Solo ruego a Dios tenga misericodia a los jóvenes y se encarcelen a los que "roban" el dinero. ( Han demostrado que hay varias formas de hacerlo,a partir de las licitaciones " fraudelantas" (aparentemente legales).
Enrique Villegas Meza | 30.08.2021
Toda observación que ayude a mejoramientos es valida, solo que debemos no apresurar a la nueva administración de los niños vulnerados.
En Chile se aplica con fuerza el cumplimiento de los Derechos "fundamentales"(leyes fundamentales y constitucionales) de los niños, no prestando la debida atención a los "Derechos naturales"(propios de su naturaleza, además de la obligatoriedad por parte del Estado garantizar el disfrute de los niños.
Los señalado esta explicito desde las Naciones Unidad y Derechos Humano
Es un margen muy amplio el por atender , mejorar y cambiar .
Quienes hemos atendido por mas de treinta años esta demanda social-infantil, creemos que la administración de hoy debe ser apoyada sin presiones, no procurar cambios y sanciones inmediatas, no perdiendo que todo lo que se decida repercutirá en niños que ya han sido muy vulnerados.
No defiendo subvenciones, ya que que durante los mas de treinta años de atención y residencia de estos niños, NUNCA hemos postulado o solicitado recurso económico alguno
