Los principales desafíos de los y las constituyentes mapuche

El autor de esta columna aborda las tareas que tienen por delante los y las constituyentes mapuche. Destaca la inclusión de una nueva generación de líderes, pero le preocupa la baja participación de electores de ese pueblo indígena. Una primera lectura, dice, es que los programas de los candidatos no sintonizaron con los potenciales votantes por falta de definiciones concretas sobre plurinacionalidad y/o autogobierno, entro otros temas. Para reencantar a la “masa”, sostiene, los convencionales deben abrir espacio a la participación y recoger las propuestas históricas de organizaciones y comunidades, y tener una actitud pedagógica y clara sobre lo que puede esperarse de este proceso, sin generar falsas esperanzas.

El autor es investigador adjunto del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), doctorante de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y becario ANID.

Los resultados de las elecciones constituyentes, para el caso mapuche, generaron distintos motivos de alegrías y expectativas. La primera, es la elección de una autoridad tradicional como la machi Francisca Linconao, quien obtuvo un 7,17% de la votación total, con 15.621[1] votos a su haber. La machi, quien sufrió prisión preventiva en el caso Luchsinger Mackay para luego ser liberada, se ha transformado en una figura emblemática en este último tiempo, ya que fue una de las primeras autoridades ancestrales en utilizar el Convenio 169 de la OIT a su favor, con el fin de acceder a plantas medicinales necesarias para su labor. Su candidatura apoyada por distintos grupos mapuche y no mapuche puede explicar -en parte- su alta votación, además de llevar un trabajo comunitario de muchos años en su sector.

Por otro lado, las mujeres destacaron por tener altas votaciones. En el caso del sector Williche, por ejemplo, la paridad de género benefició a los hombres, siendo Victorino Antilef (par alternativo por corrección de género de Carmen Caifil) quienes obtuvieron un 3,44 % (7.494 votos); y Alexis Caiguán (par alternativo por corrección de género de Carmen Jaramillo) con un 2,89% (6.294 votos). Estos dos wentru (hombres) tienen una trayectoria como dirigentes y educadores, conociendo la educación mapuche y la educación formal.

Algo similar ocurrió con el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, y su par Millaray Painemal, quienes obtuvieron el 5,64% (12.288 votos). Millabur y Painemal tienen sendas trayectorias políticas. Él ha sido electo como alcalde en una de las comunas con mayor conflicto entre el Estado y comunidades mapuche. Además, lideró la organización Identidad Lafkenche, que agrupó a comunidades desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos, con el fin de incidir en la Ley de Pesca. Allí generaron condiciones para tener zonas de protección para las comunidades mapuche que vivían de la pesca. Por su parte, la experiencia de Painemal a través de organizaciones icónicas, como ANAMURI, ayudaron a consolidar el dabate de la mujer como actor político. Esta lamngen (hermana) ha participado en múltiples elecciones a lo largo de su vida, por lo que ya era rostro conocido para varias personas mapuche.

Mención aparte merece Elisa Loncon, quien asumió la presidencia de la Convención Constitucional. Ella posee una trayectoria política y académica de largo tiempo. Ya en la década de los 80`, en sus tiempos de estudiante, abrazó la causa de la defensa de la lengua, pasó por organizaciones como Ad Mapu y posteriormente el Consejo de Todas las Tierras, asumiendo vocerías. Se ha especializado como lingüísta, en terminos académicos, y ha generado trabajo con distintas organizaciones que están en la línea de la revitalización lingüística del mapuzungun. Su presencia mediática ha ayudado a plantear una serie de temas relevantes para los mapuche.

Asimismo, aparece una nueva generación de mujeres. Ejemplo de ello, son dos abogadas: la primera es Natividad Llanquilleo, con un 6,02% (13.124 votos), y la segunda es Rosa Catrileo, con 4,8% (10.448 votos). La primera lamgen se destacó como vocera de los presos políticos en la huelga de hambre en el 2010, mientras que la segunda es parte de la Comunidad de Historia Mapuche. En ambos casos se trata de mujeres que vienen de procesos de organizaciones políticas y han ejercido su profesión en la Región de la Araucanía.

Sin duda, los siete constituyentes mapuche parecen un equipo capaz de sobrellevar la carga de redactar una nueva Constitución. Cuentan con diversas experiencias organizacionales, y conocimientos que van desde la kimün (o conocimiento mapuche) hasta la política y las leyes. Uno desea que estos equipos se afiaten con un programa común, que sea capaz de establecer los puntos más relevantes a discutir en un proceso tan breve como va a hacer la Convención Constitucional (9 meses, más 3 meses de prórroga).

Otro aspecto auspicioso que se proyecta para este grupo de constituyentes es que la gran mayoría de las listas mostró una apertura a la plurinacionalidad. De acuerdo a un informativo rotulado ¿Quiénes mencionan la Plurinacionalidad para la nueva constitución?, generado por el CIIR en la red social de Instagram[2], la lista Independientes No Neutrales (en un 100%), Unidad Constituyente (96%), Lista del Pueblo (89%), Apruebo Dignidad (86%), escaños reservados (82%) y Otros Independientes (80%), se mostraron a favor de ello. Solo la lista de Chile Vamos no incluyó el concepto de Plurinacionalidad. La fuente utilizada fueron los programas entregados al Servel. Se puede agregar como nota que la mayoría de las listas no presentan una definición estratégica, pero ya el hecho de incorporar el concepto abre un paso importante para que se considerare en el debate de la Convención.

ASPECTOS CRÍTICOS Y DESAFÍOS

Pese a que existía un padrón de 1.239.295 personas de los Pueblos Originarios habilitadas para sufragar, de acuerdo al SERVEL -para el caso mapuche la cifra era de 1.063.980 electores inscritos- el total de votos válidamente emitidos fue de 217.884, equivalente a un 91,94% de la votación efectiva. Los votos nulos fueron 4.620, es decir 1,95%; los votos en blanco llegaron a 14.485, un 6,11%; y el total de votos (contando válidos, nulos y en blanco) fue de 236.989.

En términos concretos, votó un 22% de la población mapuche habilitada, es decir un 78% no hizo uso del voto de escaños reservados o no participo de la votación. Una primera conclusión es que los programas de los constituyentes mapuche no lograron encantar a la gran masa mapuche. Sin duda la falta de difusión fue un factor a considerar, quizás por no contar con el dinero suficiente para hacerlo extendidamente, pero esto, al mismo tiempo, nos indica que las organizaciones no generaron plataformas o fueron muy restringidas para establecer tendencias al interior del Pueblo Mapuche.

Por otro lado, se podría decir que los intereses de la masa mapuche no estuvieron representados en los programas de los candidatos, lo que pudo llevar a que muchos prefirieron votar por constituyentes no indígenas. Llama la atención que los votos nulos y blancos suman un 8,02% de las preferencias (19.105 votos), más de lo que obtuvo cualquier constituyente electo. Por lo tanto, la participación y la captación de las masas mapuche sería un primer punto a tratar por los constituyentes indígenas. Ese grupo representa al 77,71% que no votó por constituyentes indígenas y que, además, está en desencanto con las propuestas políticas, las que muchas veces no tienen nada que ver con su realidad urbana o rural.

Agregaría que algunas personas, por lo general de la tercera edad -las que más votan- reniegan de su identidad mapuche por discriminación, y pese a que en algunos locales les ofrecieron escoger la papeleta verde (para votar por candidatos que postulaban a los escaños reservados a pueblos originarios), muchos no quisieron considerarla. En otros locales, en cambio, ni siquiera contaban con esa papeleta.

Si bien casi todas las listas mostraron un progresismo en sus propuestas para los pueblos originarios, es decir, incluyeron en sus programas el concepto de plurinacionalidad, la falta de una definición estratégica se hace necesaria para no entramparse en este punto. Los apoyos están entre el 80% al 100%, salvo el caso de Chile Vamos, pero esta falta de definición en términos concretos implica que, al momento de discutir el fondo del concepto, esto cambie la balanza.

Para Chile los casos concretos y más cercanos de donde se han implementado derechos indígenas en las constituciones son Bolivia y Ecuador. Las bases han sido las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas[3], tanto de la ONU y la OEA, y el Convenio 169 de la OIT. Este último rige en Chile desde el 2009. Autores como Rodolfo Satavenhagen, James Anaya, Bartolome Clavero y Héctor Díaz-Polanco[4], los dos primeros Relatores de Naciones Unidas en materia Indígenas, quiénes además visitaron Chile y establecieron documentos de recomendaciones[5], establecen que las bases del reconocimiento a los pueblos originario o indígenas ya no son cosas de un Estado Nacional.

Tanto las declaraciones como el convenio referido garantizan los derechos colectivos, siendo el más complejo el de la autodeterminación, ya que encierra un aspecto propio de la cultura originaria y ello debe quedar contemplado en la nueva relación que desea construir el Estado con los pueblos originarios. Por lo tanto, quienes legislen deben tener una visión clara y concreta de los pueblos y establecer demarcaciones que no existían en un Estado uninacional.

La libre determinación implica definiciones políticas hacia el Estado, así como definiciones internas, es decir, definiciones construidas por el pueblo originario. Cuando se habla de lo plurinacional hay que pensar de qué manera los pueblos originarios pasan a ser parte el Estado, y la Constitución debe salvaguardar sus derechos colectivos e individuales.

Esto no acaba aquí, pues debe llevarse a los poderes del Estado para debatir las cuotas de participación en las instituciones y la incidencia en decisiones. Ello implicará tener una panorámica de las leyes a intervenir para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, lo referido a escaños reservados serán discusiones concretas que pueden ir del Ejecutivo al Parlamento, pero también puede llegar a los municipios. Mecanismos como las consultas a los pueblos originarios tendrán que ser de carácter vinculante. En ese sentido, las incidencias a considerar son demasiadas, porque hay que pensar en los aspectos sectoriales que administra cada ministerio de la república, sin contar que esto afecta directamente a proyectos de inversión que puedan vulnerar derechos ambientales y humanos.

El tema del auto-gobierno, para el caso mapuche, se tendrá que discutir, y la regulación de las relaciones con los demás pueblos, también. Ello implicará una discusión profunda para los mapuche que no puede ser zanjada por las organizaciones del movimiento mapuche, pues deberá ser deliberado por la masa, por ese millón de mapuche en condiciones de votar.

Un último aspecto para considerar implica la posibilidad construir alianzas, ya que la lista de Chile Vamos, con 37 constituyentes, y la Lista Apruebo, con 25 constituyentes, son quienes representan a las antiguas estructuras partidarias. Tienen, además, fuertes lazos con la oligarquía chilena y pueden unirse en ciertos temas para salvaguardar los intereses de los partidos de ese sector. En conjunto, ambas listas suman 63 constituyentes, con lo que pueden logran en varios puntos los 2/3 necesarios para instaurar o vetar un tema en la Convención, sin considerar los constituyentes de la lista Apruebo Dignidad (28), los Independientes (48) y los escaños reservados para Naciones Originarias (17). Sin tener definiciones claras y concretas sobre los puntos a tratar por los bloques, esto se complica, sobre todo si no hay una base social que sirva de contrapeso y se manifieste públicamente.

Elisa Loncón y Jaime Bassa.

ACCIÓN POLÍTICA PEDAGÓGICA Y REENCANTAMIENTO DE LAS MASAS

En lo personal, creo que los programas de los y las constituyentes mapuche no se encuentran desconectados de la masa, pero necesitan dar definiciones concretas, que puedan ser inteligibles para el millón de mapuche en condición de votar, pues ellos serán el contrapeso social para cualquier alianza con los bloques.

Las definiciones concretas revelarán la posibilidad de formar alianzas, lo que ayudará a transparentar las discusiones, pues hay que pensar que un contrapeso social no solo funciona como un mecanismo de presión, también lo hace como un sector que aporta a la discusión y profundización de los temas. Los cabildos y trawün mapuche orientados a la discusión sobre la Convención Constitucional dejaron en claro que hay un interés en una democracia directa, en la cual la persona participa con su voto y su voz opinante, y ese es el mayor poder que podrían generar los y las constituyentes mapuche para posicionar sus temas, retroalimentarlos e incluso incluir algunos que no estaban dentro de sus programas.

En este marco, la acción pedagógica tendrá el desafío de llevar los puntos que se consideran una base para la autodeterminación y los derechos civiles de las personas de tal manera que sean entendibles por todos, es decir, que puedan graficarse en el cotidiano. La acción pedagógica de dar a conocer los puntos y construir reflexiones sobre ellos, abre un espacio para las voces opinantes. Al mismo tiempo, las organizaciones pueden acompañar y gestionar estos espacios de convergencias para aglutinar al mundo mapuche. Sin duda, se necesitan mecanismos que reúnan y proyecten a la sociedad mapuche sobre una realidad concreta, que vayan más allá de las representaciones discursivas, que estén en sintonía con las diversidades de mapuche existentes.

La pedagogía política y la reflexión sobre el futuro nos brindan la posibilidad de re-encantar y hacer responsables a las personas de su presente y futuro de forma individual y colectiva. No es solo escuchar debates, sino participar de ellos. Esto nos abre una nueva puerta para entender y construir democracia. Es por ello que los y las constituyentes deben ser concretos y no construir falsas esperanzas o sobre-ideologizar los puntos. La transparencia de lo que se puede ganar y lo que no, es vital en ese sentido.

Se debe señalar que la Constitución es la base para construir una nueva fisonomía del poder, pero no es el fin, no es el techo. Muchos de los temas planteados se desarrollarán en el largo plazo, y las personas deben saberlo con el máximo de claridad. Las definiciones generales de la Constitución deben hacerse carne en leyes y normas, en instituciones y participación, pero también hay que pensar que los que deben sostener toda esa tarea no son los y las constituyentes elegidos, sino el Pueblo, que con su diversidad está en condiciones de construir un mejor vivir para todos y de establecer las bases para una nueva convivencia social.

Por último, hay que agregar que existe una serie de insumos de los procesos de consultas indígenas, tanto para el reconocimiento constitucional como en aspectos sectoriales, en los cuales se expresan las visiones de los dirigentes de base, de comunidades y asociaciones mapuche. Pero, como señalaba anteriormente, todos estos debates se deben ampliar a los espacios públicos para construir nuevas formas culturales de vivir la política, de modo que se transforme en un elemento cotidiano de los seres humanos, y deje atrás la visión de que solo es la actividad de unos pocos. Así, la Constitución y sus logros se sostendrán en los pueblos y en las nuevas generaciones que vengan, defendiendo a los pueblos y los individuos de la misma forma en que pueblos e individuos la defiendan a ella.

NOTAS Y REFERENCIAS