CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 Primera estación: los presos de la revuelta
09.07.2021
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
09.07.2021
Sería poco decir que la primera semana de la Convención Constitucional fue intensa. Fue una montaña rusa de emociones, oscilando entre el simbolismo y el caos. Pero ya está: el domingo se instalaron los convencionales pese a las protestas y la represión que tuvieron lugar en los alrededores del ex Congreso Nacional, en parte gracias a la templanza de la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, quien dirigió la ceremonia 😉.
Ese mismo domingo los convencionales eligieron a la académica mapuche Elisa Loncon como su presidenta y al abogado Jaime Bassa como vicepresidente. El lunes debían empezar a sesionar, pero la logística no estaba lista. Los convencionales reclamaron que faltaba desde internet hasta papel en el baño. Eso generó retraso y tensión con el gobierno, pero el miércoles sesionaron y, en un pleno accidentado por la falta de reglas, decidieron ampliar la mesa con otros siete integrantes, dos de ellos de pueblos originarios. Además, se crearon comisiones de reglamento, ética y presupuesto.
Calma y tiza. Todavía faltan varios pasos antes de entrar al fondo, como elegir a los nuevos integrantes de la mesa y definir las reglas de la Convención. Este jueves los constituyentes se abocaron a un tema que ha rondado el proceso desde sus inicios: los presos del estallido social. Si bien no es un asunto relativo a la Constitución, muchos de los convencionales estiman que el proceso constituyente nació gracias a las personas que salieron a la calle a manifestarse a partir del 18 de octubre de 2019 y que por lo tanto no pueden quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran procesos abusivos contra quienes fueron detenidos.
La mayoría de los convencionales considera que es su deber hacerlo y no contraviene normas. Y aunque a una minoría sí le parece una transgresión, te recuerdo que hace algunos meses había convencionales que incluso amenazaban con que la Convención no sesionaría mientras hubiera presos. El que hayan aprobado un texto político dentro de esa instancia es un cambio en una dirección menos extrema. La declaración que se aprobó hace un emplazamiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero dice expresamente que no pretenden “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”, uno de los temas más sensibles.
105 de los 155 constituyentes aprobaron una declaración dirigida a los “órganos constituidos” respecto a lo que denominan prisión política y militarización de Wallmapu (territorio mapuche). En lo que fue la primera medición de alianzas, originalmente había dos propuestas: una suscrita mayoritariamente por socialistas, comunistas y frenteamplistas, y otra apoyada por La lista del pueblo y los convencionales indígenas. En una votación inicial no hubo mayoría absoluta, pero luego de negociar, todos aprobaron la primera. El corazón de las declaraciones era parecido –de hecho me comentaron que en algún momento trabajaron una propuesta común–, pero la que perdió tenía un tono más radical en su introducción, no explicitaba el límite respecto de los poderes constituidos e incluía la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación.
Que se aceleren los proyectos de ley de indulto, de reparación de víctimas de violaciones a los DD.HH. y que el gobierno retire las querellas por seguridad del Estado (algo que agrava las penas de los delitos). Respecto a Wallmapu, además de la desmilitarización del territorio, solicitan que el indulto comience a correr desde 2001, para beneficiar a quienes consideran presos políticos mapuche, entre otras cosas (acá puedes leer la declaración completa)
El proyecto fue presentado en diciembre pasado por los senadores Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PP) y consiste en un indulto general por razones humanitarias. No beneficia sólo a los presos actuales, sino a todos a quienes hayan sido imputados por una serie de delitos –desde daños hasta homicidio frustrado– ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, incluso si son parte de investigaciones que no han sido formalizadas por la Fiscalía. Un detalle importante es que este proyecto no utiliza el término “presos políticos” (acá lo puedes leer completo).
Los organismos responsables han dado distintas cifras. Según la información que la Fiscalía entregó en el Senado, ellos registraron más de 38 mil casos tras el estallido social, de los cuales el 59,3% corresponde a delitos vinculados a disturbios (se desglosan en la gráfica que ves más abajo), 23,4% a violencia institucional y 6,5% a causas en que las víctimas son agentes del estado.
Sólo el 34% de los casos se encontraba vigente en enero de este año y la gran mayoría (más de 16 mil casos) habían sido archivados, mientras que en un 12,7% había sentencias condenatorias (4.822 casos). Respecto a los presos, en mayo de este año, la Fiscalía informó que sólo había 25 personas cumpliendo prisión preventiva.
El comunicado de la Fiscalía buscaba demostrar que las personas detenidas no son simples manifestantes ni menos presos políticos, sino que han cometido delitos graves. Mencionaban a un imputado por homicidio consumado, tres por homicidios frustrados, tres por lanzamiento o activación de bombas molotov, dos por robos con intimidación o violencia, siete por incendio, tres por porte ilegal de armas y cuatro por robo en lugar no habitado. Al menos dos de esos presos fueron liberados en junio, luego de ser absueltos y tras cumplir 11 y 15 meses de detención preventiva, por lo que si consideramos los datos de la Fiscalía, hoy no serían más de 23 las personas que cumplen prisión preventiva.
Ha avanzado poco en el Senado, pero este miércoles la Comisión de Constitución decidió oficiar a distintas instituciones para precisar la cantidad de personas detenidas. También asistieron los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, quienes reclamaron que el proyecto era una “amnistía encubierta”. La comisión decidió consultar con expertos.
Conversé con algunos abogados que me explicaron que un indulto beneficia a personas que tienen sentencias ejecutoriadas, mientras que la amnistía abarca distintos estados procesales. Por lo que te conté más arriba, el proyecto efectivamente se parece más a una amnistía, pues beneficia a personas imputadas.
No está directamente relacionado con el trabajo de la Convención, pero recordarás que uno de los combustibles del estallido fue la desigualdad que existe en el país, un tema que también fue importante en las campañas de los convencionales. Pues bien, esta semana se conoció que producto de la pandemia la desigualdad se incrementó radicalmente: hoy el 10% más rico de los chilenos gana 417 veces más que el 10% más pobre. Sí, leíste bien. Si quieres saber más, puedes leer mi historia robotizada:
Esta semana conversé con Adolfo Millabur, convencional constituyente que fue electo en un escaño reservado del pueblo mapuche por la lista Identidad Territorial Lafkenche. Fue alcalde de Tirúa durante cinco periodos.
Parece muy simbólico para los pueblos originarios lo que pasó el domingo con la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención, ¿cómo lo evalúa usted?
Es simbólico y tiene un tremendo significado en términos de que hay una señal de dar un paso hacia adelante. Se abre una puerta que es esperanzadora respecto a lo que estamos viviendo como proceso político en Chile.
Llamó la atención que hubiera dos candidatas de pueblos originarios. ¿Cómo se interpreta esa división?
Hay que tomarlo como que hay diversidad. Somos una nación y hay distintas individualidades. En lo colectivo quedó claro que Elisa contó no sólo con el apoyo de los mapuche sino de todo el pueblo de Chile, como se reflejó en la votación. Las primeras naciones somos diversas, tal como la nación chilena es diversa y eso se expresa en la composición de la convención. En ese sentido creo que no hay que sorprenderse porque así va a ser el debate permanentemente.
¿No tenemos que esperar que los representantes de pueblos originarios actúen como un bloque?
Lo ideal es que actuemos en colectivo, pero siempre hay que tener presente que somos diversos, somos naciones distintas, y así se va a expresar también en el debate que viene hacia adelante. Las fuerzas siempre van a estar en el objetivo común que tenemos, que es la plurinacionalidad, la interculturalidad, la discusión respecto a la distribución y al control del poder.
¿Con eso se refiere a un cierto grado de autonomía?
Cuando nosotros hablamos de plurinacionalidad va consigo discutir la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, en este caso, de las primeras naciones. Tiene que quedar garantizado de qué manera se va a discutir la autodeterminación y la autonomía, que son una aspiración de nosotros como nación, pero que también ya están en el ordenamiento internacional en materia de leyes. La declaración de Naciones Unidas, que es la más avanzada, así lo consigna y no podemos quedar nosotros en ningún caso con menos de lo que ya está establecido en el ordenamiento internacional.
¿Cuál es el sello que podría dar a la dirección de la Convención el que existan dos personas de pueblos originarios en la mesa?
Reflejaría lo que estamos hablando en la teoría, que la plurinacionalidad se va haciendo cada vez más presente. Cuando hablemos de la distribución del poder, las primeras naciones tendrán que tener sus espacios garantizados para poder participar y estar en todas las instancias de deliberación que vengan en adelante cuando ya quede aprobada la nueva Constitución.
¿Estamos hablando de cupos reservados en el Congreso?
Del tema de la representación no sólo en el Congreso, sino que también en el Ejecutivo, a nivel regional, a nivel local, en todas las instancias que son colegiadas del poder del Estado.
¿Ha habido diálogo con la derecha en estos días?
No he visto diálogo, por lo menos de mi parte y de los otros pueblos originarios, con el sector más conservador del país. Y tampoco hemos intentado eso porque creemos que tenemos suficiente fuerza para hacer alianzas con los sectores más disponibles para reconocer el derecho que le asiste a cada nación, que son 10 más la nación chilena. Somos 11 naciones que estamos cohabitando y tenemos que establecer reglas de convivencia interna. Y tengo la impresión que los sectores más conservadores, de derecha, nunca han estado dispuestos a eso. Entonces, no sé si será necesario hacer alianza con ellos o discutir estos temas con ellos.
Considerando que el conflicto en la Araucanía es con agricultores, terratenientes y empresas vinculadas a la derecha, tener acercamientos podría darle más legitimidad a lo que se decida finalmente.
Lo que pasa es que cuando la contraparte no te reconoce ni respeta tus derechos, es muy difícil. Hay una historia, que ha sido una constante, de este sector en contra de los intereses nuestros. Entonces no hay que ensayar experiencias recorridas que han sido un fracaso.