“Creer que la legalización de la marihuana puede derrotar al narco es un disparate. Pero tiene otras cosas buenas”

Durante casi 10 años la politóloga uruguaya Rosario Queirolo ha estado estudiando el impacto de la legalización de la marihuana en su país, donde el Estado es un actor central. Aquí explica las ventajas que tiene ese modelo sobre la experiencia norteamericana que deja todo en manos del mercado. Pero llama a no abrigar esperanzas incorrectas: legalizar la marihuana no es la solución para el narcotráfico. Ni siquiera lo debilita. Incluso puede copar la agenda pública con un debate que le interesa más a las clases medias altas que a los sectores populares, donde el verdadero problema no es la marihuana, sino la pasta base. Pero tal vez sea un primer paso para que Latinoamérica deje de ser el lugar más violento del planeta.

Cuando en Chile se piensa en la legalización de la marihuana uno de los argumentos más fuertes y repetidos es que va a servir para controlar el narcotráfico. ¿Es más seguro Uruguay después de legalizar la marihuana?

-No. Esa fue la fantasía también en el origen de la legalización en Uruguay: que iba a tener efecto en reducir los crímenes relacionados a las drogas. Y eso es un disparate.

¿Por qué?

-Primero, porque todo lo que conocemos sobre marihuana indica que no es una sustancia que psicoactivamente lleve a las personas a cometer delitos. Al contrario, en general la gente queda más tranquila. Segundo, no es una droga cara ni genera tanta dependencia y entonces no se le pueden atribuir muchos delitos a los consumidores que no tienen su dosis; y tercero, no es el principal negocio de las bandas. Cuando los narcos entran en conflicto no es por el mercado del cannabis si no por otras sustancias u otras cosas. No hay que olvidar que la mayoría de las bandas no solo venden drogas, si no que pueden traficar armas, se vinculan con los robos en barrios o con el robo de autos para vender sus piezas, o se dedican a la trata de blancas. Entonces, creer que la legalización de la marihuana puede reducir la violencia o derrota al narco es un disparate. Pero tiene otras cosas positivas. Y el problema es que, como se le pide mucho a la legalización, no vemos los efectos buenos que sí produjo.

¿Cuáles por ejemplo?

-Que muchos usuarios de marihuana se desvincularon del mercado ilegal. Y eso es bueno porque el narco vendía el prensado paraguayo, que estaba lleno de pesticida y anda a saber qué más, y eso prácticamente desapareció de Uruguay. Los usuarios, además, al proveerse en farmacias o clubes de cannabis o con autocultivo, dejaron de relacionarse con personas que están vinculadas a la ilegalidad, sea un dealer o quien sea.  Y eso, sobre todo cuando eres menor, cambia tu situación vital. Hay estudios etnográficos que muestran cómo te afecta la vinculación con el mundo narco. No solo por el consumo, sino por quiénes empiezan a ser tus amigos, quienes tienen tu número de teléfono, etc. Si cortas esa red, como sociedad estás ganando mucho. O sea, esto no hay que mirarlo solo desde qué pasa con los narcos, si no qué pasa con los ciudadanos que son usuarios.

Cuando el prensado paraguayo desapareció, me imagino que quienes lo vendían se dedicaron a vender otra droga, ¿no? O sea, no se retiraron.

-Si bien no hay estudios científicos que muestren aún, sabemos por el trabajo que hemos hecho de entrevistas, que muchos se pasaron a otro negocio. Perdieron el mercado de la marihuana, pero no por eso dejaron de ser poderosos y violentos.

Durante este periodo de la legalización de la marihuana aumentaron los homicidios en Uruguay. Sorprende mucho que hoy sea el cuarto país con más homicidios en Sudamérica ¿Se vincula esto con la legalización?

-No tiene nada que ver. Antes de la legalización se argumentaba, especialmente en algunos artículos académicos de EE.UU. que al legalizar la competencia iba a tensionar los mercados ilegales y estos aumentarían la violencia. Tal vez pensando en eso algunas farmacias no quisieron vender marihuana. Los dueños temían que los atacaran los dealers o quienes vendían en el barrio. Pero nada de eso pasó. Hoy hay robos a los clubes de cannabis y también robos de plantas a los autocultivadores, pero no hay nada que se pueda leer como “narcos contra la legalidad”. Por eso es difícil pensar que el aumento del delito tenga algo que ver con la legalización. La violencia existe porque esos grupos, pese a la legalización, siguen siendo poderosos.

¿Entonces que aumenten los homicidios durante la legalización es sólo una mala coincidencia?

-Hay una correlación, no una causalidad. Además, los homicidios venían aumentando desde antes. Lo mismo pasa con el consumo de cannabis en adolescentes: venía creciendo desde 2007 ¿Por qué creer que la legalización podría interrumpir esa tendencia? Esa es una forma naif de pensar. La regulación no es para los menores pues para ellos sigue siendo ilegal. Diría que, si se quiere que el consumo entre los menores caiga, hay que hacer campañas y programas de educación para atrasar la edad del primer consumo. Me parece que esos argumentos son demasiado exigentes con una política pública que tiene otros aspectos positivos.

EL ORIGEN DE LA POLITICA

En México, quien impulsa la legalización es la elite. No es una política ciudadana y de hecho es rechazada por la mayoría. ¿Qué ocurrió en Uruguay?

-La legalización en Uruguay tuvo un origen distinto al de Canadá o los Estados de EE.UU. donde se legaliza como resultado de iniciativas populares. En Canadá fue el partido de gobierno que lo puso en su plataforma electoral y cuando llegó al gobierno, cumplió. En Uruguay, la legalización no estaba en el programa del Frente Amplio que llevó a Pepe Mujica al gobierno. Este tema surgió después, en 2013, cuando hubo una serie de crímenes muy violentos en zonas donde no pasan esas cosas. La prensa vinculó estos crímenes con drogas. Y aunque después se supo que no tenían que ver con drogas, ya se había instalado ese marco conceptual y la gente salió a la calle a pedir más seguridad. Entonces Pepe Mujica armó un gabinete de seguridad y de ahí salió lo que se llamó la estrategia para la convivencia y la seguridad ciudadana, donde la primera medida era legalizar la marihuana. Pero la gente se opuso. Y de hecho por eso comencé a investigar este tema con otros colegas politólogos, María Fernanda Boidi (directora de Insights Research & Consulting) y José Miguel Cruz (director de Investigación del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center). A los tres nos parecía muy raro que un gobierno sacara una ley que tenía un 66% de la población en contra. O sea, puedes aumentar los impuestos a pesar de la oposición de las personas porque no tienes más remedio, pero no legalizas el cannabis con esa desaprobación.

¿El Frente Amplio pagó un costo electoral?

-No. Era una política impopular, pero nadie se movilizó por ese tema. No penetró en la agenda pública.  El Frente Amplio salió reelecto y asumió Tabaré Vázquez que estaba en contra de esta ley y la tuvo que implementar. Y los uruguayos poco a poco se fueron moviendo hacia la adhesión. Ahora, digamos que hay una mayoría muy pequeña a favor de la legalización. Eso se explica porque la gente vio que no pasó nada raro, que los dealers no atacaron las farmacias, que nadie apedreó a los consumidores, ni las calles se llenaron de zombis como algunas personas pensaban. Solo ves más gente que antes fumando cannabis en la calle. Antes lo veías en estadios, en recitales, en la playa y ahora, es más. Entonces como que hay una especia de normalización y la gente dijo “bueno, tan grave esto no es”.

¿Qué pasó en los sectores populares?

-Bueno, la verdad es que las farmacias que venden marihuana son pocas y están en barrios de nivel socioeconómico medio y medio alto. Por otra parte, la opción de ser miembro de un club de cannabis[1] no es barata. O sea, hay clubes de elite con variedades sofisticadas, como clubes de vinos. Pero para la gente con muy bajos ingresos no hay opciones. Y tampoco les sirven las farmacias, porque tienes que registrarte, dar tus datos, y se sabe que cualquier cosa que presione a la gente a tener que hacer trámites, deja a muchas personas excluidas. Y aquí te tienes que registrar, ir al correo, dejar tu dirección con una cuenta de la luz o del agua. La gente que vive en un asentamiento (poblaciones) no tiene eso y tampoco se va a tomar el trabajo de cumplir con el papeleo. Es en esas zonas donde todavía sigue existiendo el prensado paraguayo.

¿La marihuana es un problema para los sectores populares?

-Los reclamos de las madres de adolescentes que viven en asentamientos, siempre están relacionado con la pasta base, nunca con el cannabis. Y sus peticiones tienen mucho más que ver con programas de rehabilitación que con cualquier discusión sobre legalización.

¿Te parece que el debate sobre la legalización del cannabis compite en la agenda pública con la búsqueda de estrategias para encarar la pasta base? Lo digo porque a los mexicanos les ha tomado unos 5 o 6 años esta legalización. Y el debate se presenta como si esa política resolviera algo importante, pero la forma en que el narco impacta en los sectores populares, no se resuelve con esto, porque está situado en otro espacio, tiene otras características.

-Sí. Pero por algún lado hay que empezar. Si vas a empezar a hablar de legalización de drogas, de terminar con la discriminación de los usuarios, de cómo des-estigmatizar, este es el lugar más fácil para hacerlo. Me parece que como estrategia de política pública es la correcta, y lo es a nivel internacional, por todo lo que hablamos: porque es una sustancia mucho menos riesgosa, con bajo nivel de adicción (de hecho hay estudios que dicen que genera menos adicción que el alcohol). Todo eso hace que sea como un lugar fácil para entrar. Ahora, es un problema que con eso se desatiendan otros problemas. Pero creo que a veces el decir que va a solucionar un montón de cosas que sabemos que no puede solucionar, puede ser una estrategia para que la legalización del cannabis avance. Y tal vez se justifica si, como ocurre en México, te das cuenta de que la guerra contra la droga no funciona, y tienes que, poco a poco, ir moviendo la agenda.

¿Cómo ha sido la experiencia uruguaya en eso? ¿Se ha movido hacia adelante, hacia legalizar otras substancias, o se quedó tranquila con esto?

-Está buena esa pregunta. Hace un par de años algunos se preguntaron eso acá, ¿habría que seguir con otras drogas? Pero ese paso es fuerte y si vas a tomar esa decisión debes tener mucha evidencia porque otras sustancias son más riesgosas: tienes que oír a los epidemiólogos, los neurólogos, los médicos. Yo creo que hasta que no haya un avance mayor a nivel internacional, Uruguay no va a ir más adelante. Menos ahora con el actual gobierno que es de centro derecha. Hace unos meses, el entonces ministro del interior pidió tener acceso a las personas que estaban registradas como autocultivadores o que eran miembros de los clubes. Esos datos son anónimos. Finalmente se resolvió que el ministerio no podía tener acceso a los datos, pero ese pedido dejó claro que todavía hay gente que piensa que todo autocultivador es un criminal y que toda persona en un club también. Todavía pasan esas cosas en Uruguay como para pensar en debatir otras sustancias.

Lo que preocupa es que en Latinoamérica las cárceles están llenas de microtraficantes y muchas presas son mujeres pobres que se dedican a esto porque no tienen otra opción. En esas historias hay una violencia sistémica porque ninguno de nostros elegiría vender pasta base salvo que estuviera contra las cuerdas.

-Exacto Y me parece que antes de hablar de legalización de otras drogas empecemos a hablar de eso, de descriminalización. Hablemos del sentido que tienen estas penas tan duras para gente que se dedica al microtráfico, sobre todo cuando los terminas mandando a la cárcel. Porque en la cárcel todo empeora. Ahí te vinculas mucho a las redes de tráfico y no sales más. Entonces creo que en la agenda debiese estar primero la legalización del cannabis, después descriminalizar el uso o disminuir las penas que se les da a las personas que incurren en el delito relacionado con el microtráfico de otras drogas.

¿QUIÉN SE QUEDA CON EL NEGOCIO?

Hablemos de los modelos de legalización. En México no querían hacer un modelo estatal como en Uruguay, pero sí un sistema con grados de justicia social, donde las poblaciones indígenas y campesinas, que producen marihuana y que han sido criminalizadas, tengan beneficios de ese negocio. Pero entraron los canadienses y americanos a hacer lobby y esa idea se ha ido diluyendo. Por los resultados que has visto, ¿qué forma de legalización es mejor?

-Ese es el gran tema hoy: cómo se hace esto. Desde la academia y las políticas públicas eso es lo que se está discutiendo en muchos países. Hace un par de meses hubo un workshop en la universidad de Zúrich porque Suiza está pensando también en la legalización y entonces van hacer experiencias piloto, legalizando en algunas localidades. Y quieren probar diferentes modelos con más o menos Estado. Un artículo muy importante de Jonathan Caulkins y otros colegas 2015[2] ordena las opciones disponibles. Por un lado está el prohibicionismo más absoluto con penas para el consumo, la tenencia, el tráfico, etc. y por otro lado la legalización más comercial que es la gringa. Y entremedio identifica las middle gound options, donde uno puede ubicar el modelo uruguayo. Hoy no creo que haya un investigador serio en este tema que defienda el lado comercial o el prohibicionismo.

¿Qué problemas tiene transformar la marihuana en un mercado?

-La evidencia de EE.UU., aún más que la de Canadá, muestra que cuando sacas el genio de la lámpara es imposible meterlo después adentro.

¿Eso quiere decir que una vez que hay empresas vendiendo marihuana lo que quieren es expandir su consumo y van a hacer todo lo posible porque todos fumemos todos los días?

-Sí. Tenemos el ejemplo del alcohol y el tabaco, que funcionan igual y tienes que poner restricciones y regulaciones para controlar el daño. O sea, no es que el mercado no genere algunos beneficios, pero puede llevar a que las empresas traten de vender cada vez más. Ellos van diversificando todo el tiempo: en los muchos estados de Estados Unidos venden flores o extractos o aceites o comestibles mientras que en Uruguay sólo se puede vender flores. Entonces hay galletas con THC, brownies o chocolates, cada vez inventan algo distinto y le ponen el papel más lindo. Es el mercado tratando de vender algo como cualquier otro mercado. Eso es muy difícil de desmantelar después que lo generaste. Piensa en lo que costó desmantelar parte de la industria del tabaco. ¿Por qué dejarle tanto espacio a lo comercial? Creo que ese asunto es muy importante que se considere en México. Por supuesto, era imposible que en EE.UU. la legalización se organizara de otra manera, porque ellos piensan en el mercado ante todo y nunca van a dejar que el Estado se meta a regular nada de forma muy demandante. Además, muchos estados pensaron la legalización como una manera de ganar recursos a través de los impuestos. Esos recursos deben destinarse a proyectos de rehabilitación de adictos o a proyectos educativos, pero a la larga eso hace que cuando el estado tiene las cuentas débiles empiece a apoyar al movimiento por la legalización del cannabis. Eso es muy distinto a la legalización en Uruguay, donde lo que hicimos tiene que ver con que somos un país muy estatista. O sea, votamos en contra de la ley de las privatizaciones de las empresas públicas; y la electricidad y el agua siguen en manos del Estado. Aquí hubiese sido impensable un sistema comercial porque tenemos ese marco estructural. En Canadá en un momento se pensó en algo como lo que hicimos nosotros, porque el Estado es importante en algunas dimensiones, pero las corporaciones terminaron básicamente arrasando.

Nadie tiene fuerza contra las corporaciones hoy

-No, porque además de los impuestos están las fuentes de trabajo que se crean. Entonces me imagino la presión que hay en México, que es un mercado muy grande, con muchos consumidores y por su ubicación es más fácil comercializar desde ahí que desde Uruguay. En los debates que he visto es muy impresionante como, cuando algunos países empiezan a pensar que el modelo uruguayo tiene más sentido, los defensores del mercado empiezan a agarrarse de las cosas que no funcionan en la regulación uruguaya, -que es verdad que no funcionan- y empiezan a generar desconfianza en el Estado. En el workshop para la legalización en Suiza algunos decían “bueno, pero en Uruguay, hay muchas regulaciones, está el registro y no le puedes vender a los turistas, y hay un máximo legal de cannabis que se puede comprar y hay un máximo de potencia”. Y claro, todas esas regulaciones a veces generan efectos secundarios negativos, como por ejemplo que se genera un mercado gris, porque con todas las regulaciones no alcanzas a cubrir la demanda y además empujas a algunos a saltarse las regulaciones. Y nadie quiere ese mercado gris. Pero si miras las investigaciones de Beau Kilmer y de Rosalie Pacula[3]  que están siguiendo el impacto de las legalizaciones en EE.UU., se ve que cuando el lucro es todo, las empresas siempre van a querer tener una sustancia con mayor potencia que se venda más y ahí, cuidado, porque no es lo mismo vender un cannabis con un THC de 9% o 15% que empezar a vender vaporizadores con THC de 35%. No te van a matar pero vas el efecto es muy distinto, no sólo a corto plazo sino posiblemente a largo plazo, y esto último es algo que no sabemos.

Cuando empieza esa competencia es muy difícil frenarla.

-Por supuesto. Por eso Beau Kilmer dice, como no podemos volver a meter al genio adentro de la lámpara, un país que va a empezar este proceso es mejor que vaya de menos a más: que comience con más protecciones y regulaciones y con un Estado atrás. Y después se puede ir abriendo, dependiendo de lo que ocurre. Lo que estamos tratando de hacer ahora es generar evidencia sobre los impactos que las distintas políticas tienen en algunas variables que te importan como, por ejemplo, la salud pública. Hay que empezar a mirar niveles de consumo, pero también, con más detalle, ver si la gente está usando marihuana más días o consume marihuana más potente. Y tienes que empezar a ver indicadores de desorden generado por el consumo, o sea los que consumen ¿pueden seguir con su vida? O están consumiendo al punto que eso empieza a tener impacto en el rendimiento académico, laboral, en tus relaciones familiares. Después hay cuestiones relacionadas con el crimen, con accidentes de tránsito. Hay toda una batería de indicadores que estamos ahora tratando de definir. Sobre eso hay unos trabajos de Magdalena Cerdá[4], epidemióloga, quien ha mirado el consumo de adolescentes en EEUU y ha encontrado que, en algunos estados sí aumentó, más allá de lo que ya venía ocurriendo. Nosotros en Uruguay estamos comparando el impacto del consumo adolescente después de la legalización, a través de la técnica “Control Sintético” que compara con Chile y Argentina. Y lo que muestra es que no hay diferencias significativas, o sea que los adolescentes en Uruguay no aumentaron más su consumo después de la legalización que los adolescentes chilenos y los argentinos que no tuvieron legalización. Ese resultado te indica que puede ser que esta forma de legalizar, con el Estado atrás, funciona mejor y no genera un aumento del consumo adolescente, como sí ocurrió en Colorado y en otros estados de EE.UU.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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