Encuesta del INDH muestra que ciudadanos confían más en Carabineros que en ese instituto

La encuesta encargada por el INDH estuvo lista en enero, pero solo se publicó ayer, tras las consultas de CIPER. El 26% de los encuestados dijo que recurriría a Carabineros en caso de sufrir una vulneración de derechos y el 16% mencionó al INDH. Un 14% señaló que el instituto “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que implica una caída de 26 puntos respecto de la encuesta anterior (2018). El deterioro de la imagen de la entidad se conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual incumplimiento del instituto a su obligación legal de enviar dos informes al sistema internacional de protección a los DD.HH. En tanto, la asociación de funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría una contratación excesiva de asesores que ganan entre $1 millón y $4 millones mensuales.

La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020, encargada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) muestra un severo deterioro de la imagen y conocimiento de esa entidad entre los ciudadanos. Esto, a pesar de que el sondeo –realizado por la Universidad Católica– se realizó después del estallido social de finales de 2019 que puso los temas de derechos humanos entre los más relevantes de la agenda. Entre otros aspectos adversos para el instituto, apenas el 14% respondió que el organismo “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que representa una caída de 26 puntos respecto del sondeo de 2018, cuando el 40% hizo suya esta mención.

Los resultados de la encuesta, según se desprende del acta del consejo del INDH del 12 de abril pasado, se entregaron en enero al instituto. Pero la encuesta fue difundida cinco meses después, cuando se publicó en la web del INDH al final de este martes 22 de junio. Durante ese día, CIPER había hecho averiguaciones sobre la demora en su difusión (vea aquí la encuesta completa).

A la desmejorada imagen del INDH que muestra la encuesta, se suma la denuncia de que el instituto no cumplió con su obligación legal de entregar dos informes al sistema de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país. En detalle, estaba previsto que comunicara en febrero y marzo, respectivamente, el avance o retroceso en temas relativos a la discriminación contra la mujer y a la tortura, lo que no habría hecho. El antecedente quedó expuesto en una carta de auto despido, fechada el 30 de abril último (vea esa carta), suscrita por Mariela Infante, quien tenía la responsabilidad nominal de preparar estos informes. La ex funcionaria explica en la carta que su labor fue sometida a la supervisión de un asesor, lo que –según su versión– redundó en falta de instrucciones y fechas claras, situación que impidió cumplir con los informes.

CIPER consultó al INDH por esta eventual omisión de los dos informes a los que el instituto está obligado por ley, y la respuesta fue que la entrega de esos informes previos no es una obligación, y que el Instituto sigue siendo parte del proceso.

La intervención de asesores en distintas unidades del INDH ha generado roces entre la dirección del instituto y la asociación de funcionarios y funcionarias de la entidad. Hace pocos días la asociación denunció ante la Contraloría que la contratación de asesores de confianza del director superaría el límite de 5% del presupuesto que se puede dedicar al ítem de contrataciones a honorarios o bajo el Código del Trabajo. Se trata, según los antecedentes expuestos por la asociación, de 19 asesores que reciben entre $1 millón y $4 millones mensuales (ver planilla con pagos a asesores). Pero la unidad de comunicaciones del INDH envío un informe a CIPER en el que señala que los asesores de confianza son solo siete y que se gasta en ellos el 3,7% del presupuesto autorizado.

La asociación de funcionarios también denuncia que el INDH ha suspendido la labor de los observadores que vigilan el actuar policial durante las manifestaciones. Esto se habría producido después de una denuncia de Carabineros contra una funcionaria del instituto acusada de entorpecer la operación policial. Y también tras la decisión de las autoridades del INDH de revisar los protocolos destinados a regular la labor de los observadores y asegurar su comportamiento neutral.

Estas situaciones, que hasta ahora no fueron explicadas en detalle al consejo institucional, se suman a la decisión de mantener en reserva hasta este martes 22 la encuesta de 118 páginas encargada a la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Pontificia Universidad Católica.

MENOS CONFIANZA Y MÁS DESCONOCIMIENTO

Los negativos resultados para la imagen del INDH que muestra la encuesta recién difundida, marcan un duro revés para la labor del organismo que dirige Sergio Micco (DC). Una de las respuestas más duras es aquella en que los consultados mencionaron las características que atribuyen al instituto. Solo el 14% señaló que el organismo “protege los derechos humanos de todas las persona en Chile”, lo que implica una baja de 26 puntos en relación al sondeo anterior (2018).

Además, apenas el 12% indicó que el INDH “protege a todas las personas”, lo que significa una baja de 7,7 puntos respecto de 2018 (cuando esa respuesta marcó 19,7%).

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos,

Otra respuesta inesperada después del estallido social es que las personas que declararon no conocer al INDH subieron 10,2 puntos entre 2018 y 2020, pasando de 12,2% a 22% (2020).

Frente a la consulta respecto de la institución a la que recurrirían en caso de sufrir una vulneración de derechos, los encuestados manifestaron más confianza en Carabineros que en el INDH. El 26% indicó que recurriría a la policía uniformada y el 16% al INDH.

Respecto de la situación general de los derechos humanos en Chile, el sondeo arrojó que el 83% considera importante vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, pero sólo un 7% consideró que eso ocurre en Chile. Nueve de cada 10 consultados estima que se violaron los derechos humanos durante el estallido social y la mitad de los encuestados cree que la desigualdad está en la base del descontento y de las movilizaciones que motivaron las protestas de 2019.

OBSERVADORES EN REVISIÓN

El Instituto Nacional de Derechos Humanos dejó de realizar desde marzo operaciones de observación del actuar policial en las manifestaciones ciudadanas, denunció a CIPER el presidente de la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras de ese organismo, Luis Guerrero. Por su parte, el vocero del INDH, Carlos Bellei, matizó que sólo existe un proceso de actualización de los protocolos que deben regir estas acciones.

El retiro de los observadores del INDH de las manifestaciones comenzó a gestarse el 19 de marzo, durante una protesta realizada en Plaza Italia, convocada para exigir la libertad de detenidos tras el estallido social. Ese día funcionarios de Carabineros empezaron a operar en las cercanías de la calle Santiago Bueras. La observadora del INDH Selene Aguilera, apostada en esa zona junto a otros colegas, evaluó que el proceder policial incumplía los protocolos existentes y decidió grabar a uno de los uniformados, quien le arrojó gas irritante al rostro.

Luis Guerrero

Con posterioridad, Selene Aguilera relató su versión de los hechos en una entrevista otorgada a Piensa Prensa (ver video), en la que uso duros calificativos para referirse a la acción policial. Carabineros replicó el 14 de abril enviando un oficio al INDH, en el que sostuvo que denunciaría lo sucedido ante la Contraloría debido a la actitud no neutral de la observadora de derechos humanos . En detalle, aquel oficio (ver documento) relataba que tras detener a un individuo que lanzaba piedras, los policías debieron usar armas químicas para replegarse, pero que en el marco de esa acción tres observadoras del INDH no respetaron una distancia adecuada para el correcto proceder del personal aprehensor. La institución alegó que una funcionaria incluso pateó una lacrimógena en dirección a la policía.

El oficio, firmado por la directora del departamento de Derechos Humanos y Familia de la policía uniformada, la generala Karina Soza, concluyó que las representantes del INDH actuaron alejadas de los principios y directrices de neutralidad para la observación de manifestaciones, contenidos en acuerdos internacionales a los que Chile adhirió (ver, como referencia, directrices de la OEA).

El oficio de Carabineros deja en evidencia que la policía revisó las publicaciones en redes sociales de la funcionaria del INDH, para acusar una animadversión de la observadora hacia la policía, lo que causó molestia entre los trabajadores del instituto, que lo consideraron una intromisión en la vida privada.

Una ex funcionaria a contrata del instituto, la abogada y actual constituyente, Manuela Royo, señaló a CIPER que vivió una situación similar, en la que Carabineros revisó sus redes sociales para probar que ella participó en una manifestación. La abogada, quien trabajó entre 2018 y 2019 en el INDH de Temuco, cuenta que durante el estallido social fue objeto de un requerimiento presentado por la policía uniformada ante la Contraloría: “Yo estaba en la calle con una pañoleta verde feminista y Carabineros le dijo a mi jefe que yo estaba en las marchas sin las vestimentas del instituto”, recuerda Manuela. La Contraloría desechó la acusación ya que el hecho ocurrió fuera de su horario de trabajo.

Selene Aguilera

El consejero del INDH Yerko Ljubetic comentó a CIPER que el oficio enviado por Carabineros en referencia a la actuación de la funcionaria Selene Aguilera causó malestar en la institución y solidaridad con la afectada. El vocero del INDH, Carlos Bellei, adelantó que el INDH está preparando una respuesta para Carabineros: “Esos descargos están en la línea de defender la labor de observación, porque es fundamental para el libre derecho de reunión pacífica y también para la supervisión del ejercicio de la función policial en el control del orden público, con pleno respeto a los derechos humanos”, dijo.

CIPER, por su parte, consultó a Carabineros sobre este tema, pero la institución, a través de su Departamento de Comunicaciones, se remitió a lo declarado el 20 de abril por el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Esteban Díaz Urbina: “Cuando hay personas que, atribuyéndose alguna otra autoridad o trabajo, interrumpen el trabajo de Carabineros, lógicamente tenemos que actuar y tenemos que colocar los antecedentes ante las autoridades que corresponda”.

LA RESOLUCIÓN 58

Fue en ese contexto que el director del INDH, Sergio Micco, creó el 30 de marzo una comisión ad hoc para actualizar “los protocolos de observación de la función policial en manifestaciones públicas”. Aquella instancia quedó integrada por los funcionarios y asesores Marcelo Jara, Paulina Ortega, Sonia Lahoz, Carlos Bellei y Yamil Musa, este último el mismo que estuvo a cargo de supervisar la elaboración de los informes internacionales, sobre la discriminación de la mujer y la tortura, que nunca se enviaron.

El oficio firmado por Micco no prohibió las misiones de observación, pero señaló que estas debían ser autorizadas por la mencionada comisión (ver oficio). De hecho, la dirección del INDH desmintió que la institución haya abandonado el trabajo en terreno, detallando que se han realizado a nivel nacional 38 observaciones a manifestaciones de diversa índole y 168 visitas a comisarías, hospitales, centros del Sename y recintos penitenciarios. Según el vocero del INDH, Carlos Bellei, por un problema de capacidad, simplemente no es posible observar todas las manifestaciones.

Sin embargo, organismos de derechos humanos de la sociedad civil señalan que no han visto en terreno a los observadores del INDH durante las manifestaciones que se han realizado los viernes en el sector de Plaza Italia. Para la vocera de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna, es grave que el INDH no esté monitoreando el comportamiento de Carabineros durante las protestas.

El dirigente gremial del INDH Luis Guerrero admitió que existe un proceso de revisión de protocolos institucionales pensando en el resguardo de la seguridad de los funcionarios, pero expresó su temor de que las normas que se establezcan limiten las facultades que tienen los observadores.

LOS INFORMES QUE NO FUERON

Por ley, el INDH debe enviar a distintos órganos del sistema de Naciones Unidas informes sobre cómo Chile cumple o no con los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos. Este año correspondía elaborar dos reportes previos al examen final y periódico que rinde el país ante el sistema multilateral (vea un ejemplo de informe).

El primero de estos documentos debía ser enviado el 1 de febrero al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El segundo debía entregarse en marzo al Comité Contra la Tortura (CAT).

En ambos casos, el encargado de esta tarea era Yamil Musa, quien fue nombrado jefe de gabinete de Sergio Micco. El INDH también estuvo ausente de una reunión para revisar la cuestión previa respecto de la situación de los migrantes en Chile.

En el acta del consejo del INDH del 12 de abril se menciona este asunto. Ese día la consejera Consuelo Contreras (ex directora del Instituto), reclamó que no se había presentado informe para el examen que realiza el sistema de Naciones Unidas sobre el respeto a los derechos de los migrantes: “El comité se reunió la semana pasada para el examen a Chile, vía Zoom, y el INDH estuvo ausente, un área donde el instituto ha hecho mucho trabajo y donde tiene mucho que decir (…) al no estar presente el INDH en la sesión, no se realizó la presentación de la opinión del Instituto ante el comité. Se debe analizar cómo la persona encargada en el Instituto de las Relaciones Internacionales está haciendo su trabajo, ya que hay una ausencia total, teniendo el deber por mandato legal de colaborar con los órganos de Naciones Unidas”.

La respuesta del director del INDH, Sergio Micco, consta en la misma acta. Aseguró “sentirse sorprendido”, porque “no se notificó de esta reunión. Como se sabe, el Instituto ha hecho un trabajo importante en materia de migración, el INDH ha emitido diversos pronunciamientos al respecto y colaborado con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales a favor de los derechos de los migrantes. Por ello no hay excusa en una omisión como la que habría tenido lugar. Por el momento no hay una persona encargada de relaciones internacionales desde el cambio del Jefe de Gabinete”. Micco cerró su intervención sobre este asunto señalando que “averiguará lo que ocurrió e informará al consejo”.

A pesar de que Sergio Micco planteó en el consejo del 12 de abril que la reunión con el organismo de la ONU para revisar el cumplimiento de Chile con los derechos de los migrantes “no se notificó”, CIPER tuvo acceso a dos correos electrónicos donde la asesora para Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Chile, notifica a Yamil Musa (actual jefe de gabinete de Micco) de la realización de estas. El primero está fechado el 16 de marzo y el segundo, el 1 de abril. En este último e-mail se señala que “en el marco del próximo diálogo constructivo de Chile ante el CMW, les recuerdo que el día martes 06 de abril entre las 16.15 y las 17.15 hrs. (hora Ginebra) se llevará a cabo la reunión pública, instancia en la cual es altamente valorada la participación del INDH”.

Otros correos electrónicos a los que CIPER tuvo acceso muestran como el 13 de enero, la entonces coordinadora del área del área de monitoreo y seguimiento de obligaciones del Estado del INDH, Mariela Infante, le escribe a Yamil Musa preguntando por las fechas de los informes que debía entregar el Instituto: “Te quería pedir si sería posible que nos compartas el calendario de los exámenes y listas de cuestiones del año 2020, para sobre esa base identificar los informes complementarios que debemos preparar en la unidad. De la información que hay en la página de ACNUDH, identifiqué que este año hay lista de cuestiones para CEDAW y CAT”.

La respuesta llegó recién el 23 de febrero, firmada por Paula Ballesteros, jefa de la unidad de estudios, indicando que no tenían información al respecto: “Me informé con Dirección y oficialmente no ha llegado ninguna solicitud de informe o indicación de fecha para los exámenes periódicos o listas de cuestiones internacionales. Incluso sobre Cedaw y CAT no nos ha llegado nada”. El plazo para entregar el informe sobre la situación en Chile de la discriminación hacia la mujer había vencido el 1 de febrero. Expertos en el área de los Derechos Humanos dijeron a CIPER que es obligación del INDH indagar sobre esos plazos.

Dos integrantes del consejo del instituto señalaron a CIPER que se está indagando qué sucedió con esos informes.

El INDH entregó una versión oficial a CIPER que señala que aún están a tiempo de participar del examen al Estado en estas materias: “Las contribuciones en la primera etapa de esta evaluación al Estado de Chile, si bien son posibles, no son obligatorias y en ningún caso implican que el INDH quede al margen del proceso, de no hacerlo. Menos aún, que el Instituto esté incumpliendo con su rol de seguimiento a las obligaciones internacionales del Estado.  El INDH si presentará sus respectivos informes alternativos/espejo a los Comités cuando corresponda.  En el caso del CAT, el Estado tiene plazo para contestar el Listado de Cuestiones Previas hasta el 10 de agosto de 2022. A partir de esta fecha, el INDH puede empezar a preparar su informe. En el caso de CEDAW, el Estado tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para contestar el Listado de Cuestiones Previas. A partir de ahí, el INDH puede empezar a preparar su informe”.

PLANILLA DE ASESORES

La actuación del ahora jefe de gabinete, Yamil Musa, en los informes que no se habrían enviado,  abrió un debate interno sobre la contratación de los asesores de la dirección del INDH, así como respecto de la definición de sus funciones y del gasto erogado en ellos.

El 18 de marzo de 2020 Sergio Micco firmó una circular que le otorgó mayores libertades para contratar asesores, cuyas remuneraciones no podían exceder, sin embargo, el 5% del gasto en personal de toda la institución (ver circular). Sobre este último punto, la asociación de funcionarios del INDH estimó que había un incumplimiento importante y el 10 de junio pasado lo denunció a la Contraloría (ver requerimiento).

“Según la información disponible en transparencia activa de nuestra institución, la planilla de asesores/as, y de colaboradores/as de los asesores/as, comprometería la responsabilidad administrativa del INDH, pues estaría excediendo el 5% del presupuesto anual 2021 asignado al subtítulo 21 (contrataciones código del trabajo, honorarios), cuyo monto total debiera ser $398.574.400”, señaló la agrupación en su escrito. En el registro en Excel que adjuntaron la suma del gasto atribuido a la contratación de estos asesores llega a $579,9 millones, unos $180 millones más de lo permitido, según los cálculos de la asociación.

No obstante, desde la Unidad de Comunicaciones del INDH enviaron un informe a CIPER que sostiene que los asesores de confianza del director son siete y no 19, y que el gasto en ellos corresponde al 3,7% del presupuesto institucional para ese ítem:

“El resto de los funcionarios que se menciona en la denuncia no son asesores/as porque pertenecen tanto a áreas permanentes de la institución, como a programas estratégicos temporales que son aprobados por el Consejo del INDH, debido a la contingencia nacional, cuando se presenta la propuesta anual de ‘Planes y Programas’” (revise aquí el informe enviado por el INDH).

Puedes escuchar esta investigación aquí:

*Audio realizado por CarolinaPereira.de