CIPER ACADÉMICO / ENSAYO
La condena de los indiferentes: cómo la política tradicional sucumbió ante la organización de los territorios
02.06.2021
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CIPER ACADÉMICO / ENSAYO
02.06.2021
Antes de la elección, la mayoría de los especialistas afirmaba que la derecha conseguiría una ventaja en la Constituyente porque iba en una sola lista. Sergio Toro y Juan Pablo Luna sugirieron, contracorriente, que podía ser bueno para la izquierda no coordinarse. Tuvieron razón. En esta columna, y echando mano a su trabajo de campo, Sergio Toro junto a Macarena Valenzuela ahondan en cómo los independientes lograron derrotar a las elites económicas y políticas y llevar a actores sociales a la constituyente. Proponen como elemento clave la acumulación de rabia en las poblaciones sometidas a distintos tipos de “violencia gradual” y donde destacan las zonas con crisis hídrica y ambiental. Sugieren que el 18/O fue el momento en que las luchas locales se encontraron, se potenciaron con otras causas y se volvieron un discurso nacional, capaz de desafiar a las elites. Este triunfo, explican, es consecuencia de “un trabajo lento, gradual y sistemático de disputa social contra un Estado que olvidó a Chile y fue actor y cómplice de la contaminación de los territorios, el acaparamiento del agua y la precariedad territorial.”
Cuando la pandemia vaciaba las calles de Concepción y los rastros de la confrontación social aún se mostraban en la ciudad, un grupo de personas se reunió en la plaza principal para presentar su proyecto político a la Convención Constitucional. Era un grupo pequeño, con lienzos pegados en el odeón y frases como “la Constitución es nuestra” y “Asamblea Popular. El planteamiento de aquellas personas era colectivo, bien lejos de la lógica personalista a la que estábamos acostumbrados. Se notaba, además, una organización distinta a la tradicional pues los objetivos personales se coordinaban de buena manera con el interés grupal de sus integrantes.
La curiosidad académica nos hizo seguir la trayectoria de algunas candidaturas independientes. Gran parte de ellas eran de gente joven, de poco conocimiento mediático, pero con un destacable trabajo de activismo social y ambiental. Meses después, varios de estos grupos inscribieron sus listas ante el Servicio Electoral. Fueron inscripciones sobrias que marcaron un hito en la política chilena, cual fue la convergencia del activismo de base con los mecanismos formales de la competencia electoral. Luego, en las elecciones de mayo, Asamblea Popular, la misma lista que se había presentado en la plaza de la ciudad, obtuvo uno de los escaños en el distrito 20, al igual que otras dos listas independientes (Lista del Pueblo e Independientes del Biobío).
Este triunfo de la organización social se repitió de norte a sur del país. Sin duda, el desempeño de los independientes dio un golpe de cátedra sobre quienes auguraban un desastre electoral producto de la dispersión de alternativas. Fue así como los 48 escaños conseguidos por listas independientes, repartidos en 22 de los 28 distritos del país, representaron el resultado más notable de la noche del 16 de mayo.
¿Qué claves explican el triunfo del mundo social en la elección de convencionales? En esta columna sostenemos que el éxito electoral de las listas independientes no responde a un fenómeno coyuntural, sino más bien a la coordinación de un conjunto de personas con trayectorias de trabajo y activismo en zonas donde el Estado ha tenido una actuación dual de despreocupación ante el abuso industrial y de represión a las demandas sociales. Su éxito, en consecuencia, es el resultado de un movimiento de demandas que comenzó en las regiones y territorios, mucho antes que el 18 de octubre.
En efecto, en varios lugares del país las protestas contra la erosión industrial comenzaron los noventa sin que los medios de comunicación les prestaran una debida atención. Es más, estas demandas sólo lograron visibilidad nacional gracias a la revuelta social del 18 de octubre. Esta nacionalización de las demandas locales ayudó a que las organizaciones sociales validaran su trabajo en los territorios. Más aún, el momento social del país sirvió como una ventana de encuentro y reconocimiento de los mismos colectivos que ahora integran una convención constitucional altamente representativa de la realidad del país. En las siguientes cuatro secciones proponemos una secuencia de eventos que explicarían lo vivido el pasado 15 y 16 de mayo.[1]
En una columna anterior “Sobre la violenta normalidad a la que los chilenos no quieren volver” ensayamos el concepto de violencia gradual del Estado (usando el término de Rob Nixon) como causa fundamental del estallido social. En esa oportunidad sostuvimos que, desde la instauración del modelo neoliberal, el Estado y el mercado estructuraron un tipo sociedad que segregaba a sus habitantes y que mostraba una realidad cotidiana altamente corrosiva para quien la sufría. Esa sociedad se construyó sobre periferias y territorios que incubaron rabia contra el Estado y vulnerabilidad ante el mercado, dos condiciones sociales que se propagaron sin ningún tipo de contención social ni política.
Estas sensaciones de rabia y vulnerabilidad han sido muy bien documentadas en las zonas urbanas. Los escándalos del Servicio Nacional de Menores (SENAME), el trato policial en las poblaciones o las políticas de segregación residencial son ilustraciones evidentes de la violencia estatal hacia los sectores más vulnerables de la población. En el mismo sentido, las innovaciones crediticias o la meritocracia como ficción del ascenso social representan realidades que han sido muy bien documentadas por investigaciones y columnas académicas. La relación de las personas con Estado y los efectos del mercado en la ciudadanía, han sido muy bien documentados en documentos, columnas y entrevistas por Tomás Moulian[2], Vicente Espinoza[3], Emmanuelle Barozet[4], Kathya Araujo[5], Juan Pablo Luna[6] y tantos otros.
No obstante, el resentimiento no sólo se configuró en la periferia de la Región Metropolitana. También, y mucho antes incluso, esa sensación se presentó con fuerza en los territorios regionales del país. La instalación de industrias contaminantes, la degradación de las tierras producto de los monocultivos, la instalación de hidroeléctricas en territorios ancestrales, la erosión de los mares y el acaparamiento de las aguas, son ejemplos de una violencia gradual que las empresas y el Estado llevaron a cabo con una connivencia exasperante para sus poblaciones. Esto, lamentablemente, se acentuó en los gobiernos de la Concertación. Solo como recordatorio a quien lee esta columna, entre 1991 y 2011 se instalaron en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví el terminal de ácido sulfhídrico (1991), las termoeléctricas Nueva Ventanas (2006) y Campiche (2008) y el terminal de Gas Natural Licuado (2010). De igual manera, en los periodos de Aylwin y Frei en Alto Biobío, se cometió un daño irreparable al impulsar la construcción de la Central Ralco, que inundó más 3.500 hectáreas de terreno indígena de las comunidades Ralco Lepoy y Quepuca Ralco.
Es así como la impotencia de los territorios se transformó en rabia local. El estallido para estos territorios comenzó mucho antes que el 18 de octubre. Más bien se expresó en la lucha de las hermanas Quiltremán, en la revuelta en Aysén, en los enfrentamientos en Freirina o en el estallido ambiental de Quintero. En una investigación que desarrollamos con Plataforma Telar, el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos y CNN, una pobladora de Quintero señala lo siguiente: “nosotros fuimos pioneros en los estallidos a nivel nacional. La plaza de la Dignidad salió de aquí po. Esa plaza se llamaba Plaza del Deportista…Nosotros fuimos los primeros en tomarnos la plaza y acampar acá casi por tres meses. Hacíamos ollas comunes, le dábamos a la gente. Nos trajeron mucha ayuda. También hicimos operativos médicos. Todo salió de acá. O sea, esto de tomarse los espacios públicos salió de Quintero.”
El resentimiento se transformó en acción y encontró su máxima expresión nacional en octubre del año 2019. Además, junto a esto se fortaleció el trabajo colectivo en diversas zonas del país. Las luchas atomizadas se encontraron con un espacio común. Las personas que reivindicaban diversas causas en diversos lugares comenzaron a conocerse y a encontrar puntos de acuerdo y solidaridad. La protesta reforzó esta dinámica. Desde el estallido, la violencia de carabineros y la represión estatal, convocó a diferentes cuadrillas médicas para atender a los heridos, así como también convocó a grupos y piquetes jurídicos para resguardar los derechos en la detención.
En las poblaciones y territorios se organizaron grupos de cabildo para activar conversación política. Precisamente, de estos grupos, resurgieron las ollas comunes en los momentos más álgidos de la pandemia.
Las protestas contra la erosión industrial comenzaron los noventa sin que los medios de comunicación les prestaran debida atención. Es más, estas demandas sólo lograron visibilidad nacional gracias a la revuelta social del 18 de octubre
De la misma manera, se activaron grupos fuertemente legitimados por la población para oponerse a proyectos inmobiliarios, así como otros de protesta ambiental que comenzaron a recorrer zonas donde nunca había llegado una manifestación. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) que desde el año 2010 trabaja para recuperar el agua de la industria extractiva y minera. Este grupo, cuyo vocero es ahora el nuevo Gobernador Regional de Valparaíso, en los últimos años logró conectar con grupos ambientalistas locales en todo Chile, grupos que se organizaron para denunciar las malas prácticas de acaparamiento de aguas de grandes empresas. Esto es, precisamente, lo que documentó un reportaje de CIPER sobre el abuso de Andrónico Luksic en el Valle del Elqui.
Ante la ausencia de partidos, los colectivos se transformaron en los catalizadores de las demandas. En una columna anterior llamada “Chile en el punto de quiebre: la nueva organización ciudadana en momentos de ruptura con el Estado” ensayamos precisamente eso, la organización de la ciudadanía fuera del Estado y de las instituciones representativas. Ese trabajo colectivo se produjo por la negación de las jerarquías, con individuos que aspiraban personal y solidariamente a una sociedad basada en la equidad. La ciudadanía, desde las bases, configuró una sociedad que no sólo rompió con el Estado y sus gobiernos, sino que también se rebeló ante su manera de ejercer la autoridad.
De esa rebelión se fortalecieron los movimientos. Marchas, asambleas y petitorios se convirtieron en alternativas viables de vida política. Colectivos y coordinadoras desarrollaron tácticas con vocerías de alta rotación para evitar capturas personalistas sobre los objetivos de reivindicación. De la misma manera, ocuparon repertorios violentos y pacíficos de protesta. Intervenciones como acampadas, ollas comunas, funas, desobediencias civiles, fueron parte de esos repertorios no convencionales de manifestación política. Todo aún lejos de la estructura tradicional de la política. Esto, hasta el plebiscito de octubre del 2020.
No fue fácil para las coordinadoras y colectivos legitimar un proceso que definían como viciado por el acuerdo de los partidos. El pacto de noviembre les era disonante con el trabajo de base y de construcción colectiva que habían generado. Es más, el escepticismo de estos grupos se trasladó también al campo de los significados en que no era igual una convención constitucional a una asamblea constituyente. “¿Pacto social con ese cartel?” señalaba una entrevistada “… Hay que reivindicar una asamblea constituyente que sea verdaderamente una discusión plural y democrática, lo otro -la convención- queda a tutela de los partidos”, nos escribía una integrante de un movimiento social de Valparaíso a principios del 2020.
El cambio de sintonía para entrar a las reglas del juego institucional se produjo por virtud propia y defecto de los adversarios. Virtud propia porque fueron capaces de escuchar a sectores de la población que tenían sus expectativas puestas en el proceso constitucional y estaban dispuestas a empujar un cambio de modelo a través de la convención. Pero también se produjo por defecto de los adversarios, pues el discurso deslegitimador del proceso fue absorbido mediáticamente por la elite económica y política que representaba, precisamente, todas las prácticas de abuso que estos movimientos buscaban erradicar.
Como consecuencia, el plebiscito fue un momento épico que trascendió la propia capacidad de los colectivos, pero que, sin embargo, generó aún más coordinación y trabajo.
El plebiscito, en efecto, fue una manifestación de soberanía popular que demostró que las luchas en territorios y poblaciones tenían un sentido político, que era quitar el poder de las manos de los de los siempre.
Lo que ocurrió ese día fue relevante para seguir avanzando. Chile se había configurado sobre ejes y convencimientos distintos. Los sectores populares se movilizaron como nunca lo habían hecho. También lo hicieron aquellos sectores ubicados en zonas de alta contaminación ambiental. Por otro lado, en clave de generación política, los menores de 40 años, es decir, aquella generación que no estaba en edad suficiente para involucrase en los procesos de transición de los noventa, trasladaron su fuerza de participación -generalmente basada en la protesta- a la manifestación de preferencias electorales.
En cambio, las generaciones formadas políticamente por un escenario de partidos tradicionales y bajo el clivaje autoritarismo-democracia, se retiraron del proceso electoral en una proporción importante. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de votación por edad para la segunda vuelta presidencial y el plebiscito de octubre.
% Participación por rango etáreo
El largo proceso de resistencia se jugaba, en parte, con la conformación de la convención constitucional. Cualquier repaso por la prensa y redes sociales antes de la elección, mostraba un fuerte cuestionamiento a la dispersión de propuestas de las listas de independientes. Particularmente, se señalaba que la sobreoferta de listas y candidatos provocaría efectos mecánicos que incidirían en la sobrerrepresentación de la derecha y una posterior baja legitimidad del proceso. El temor de que Vamos por Chile alcanzara el tercio necesario para vetar ánimos transformadores, se amplificó rápidamente con algunas predicciones de expertos, la aparición permanente en prensa, el dominio de la conversación en Twitter y el levantamiento de fondos de campaña.
Uno de los problemas de esa amplificación fue la concentración de la discusión pública en los distritos más ricos de la Región Metropolitana. En informes de trabajo realizados con Daniel Alcatruz para www.plataformatelar.cl, mostramos esta centralidad en el financiamiento de campañas y la instalación de los temas de discusión. En ambos casos esta centralidad se observa de manera desmedida en los distritos 10 y 11. Mucho ruido, poca representación fue el título de estas entradas que se muestran a continuación.
Seguidores en Twitter a candidaturas convencionales por distrito (En miles)
Diagrama de Sankey de donación general y de directores de empresa por distrito
La centralidad mediática en dos distritos ocultó el verdadero fenómeno político que se estaba gestando con las organizaciones e independientes en el resto de Chile. A pesar de la poca experiencia electoral, estas listas comprendieron mejor que los viejos partidos las posibilidades del sistema electoral. A diferencia de los pactos tradicionales que usaron la antigua estrategia de usar personalidades fuertes y mediáticas para levantar escaños, las listas provenientes del mundo social actuaron coordinadamente como bloque, con pesos electorales homogéneos y con trabajo territorial diferenciado. Así, la suma de todos los votos detrás de un solo proyecto colectivo, fueron más fuertes que la frecuente captura personalista de la clase política.
Por otro lado, en poblaciones y territorios afectados por la violencia gradual del Estado, los votos por las listas independientes no sólo fueron un voto que rechazaba la política tradicional, sino que también se configuró un entorno de preferencias que estaba a favor de la lucha social como objeto político. En un análisis entregado por el Desconcierto[7], se mostró una correlación entre el voto independiente en la elección de convencionales y la pobreza multidimensional para RM, en que las comunas más pobres eran precisamente las que tenían mayor preferencia por estas listas. También usted puede hacer un ejercicio simple con los resultados que entrega el SERVEL en territorios de “sacrificio ambiental” como Tocopilla, Quintero, Puchuncaví o Mejillones, para observar cómo las listas territoriales movilizadas tuvieron un alto impacto electoral.
Es así como la convención consiguió el objetivo de integrar las visiones de un país fragmentado por el centralismo. Por primera vez en un órgano colegiado en Chile, los problemas territoriales se hicieron visibles en la deliberación democrática nacional. Todo eso gracias a un trabajo lento, gradual y sistemático de disputa social contra un Estado que olvidó a Chile y fue actor y cómplice de la contaminación de los territorios, el acaparamiento del agua y la precariedad territorial.
Pues bien, mientras el optimismo resuena porque la convención representa el sentir de Chile, es importante considerar que, en las zonas cercadas por la injusticia territorial, el sentimiento de esperanza también es un sentimiento de urgencia. Un ejemplo es que el mismo día de la elección y por enésima vez en el año, la concentración de material particulado en Las Ventanas y la Greda superó la norma establecida. De igual manera en el sur, lejos de la resonancia de los medios, los habitantes de una zona forestal cerca de Nacimiento mantienen disputas por el agua que no llega a los hogares. O en el norte, en la región de Coquimbo, la población sigue conviviendo con más de 300 relaves abandonados o inactivos.
Entre 1991 y 2011 se instalaron en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví el terminal de ácido sulfhídrico (1991), las termoeléctricas Nueva Ventanas (2006) y Campiche (2008) y el terminal de Gas Natural Licuado (2010). Y en los periodos de Aylwin y Frei en Alto Biobío, se cometió un daño irreparable al impulsar la construcción de la Central Ralco, que inundó más 3.500 hectáreas de terreno indígena de las comunidades Ralco Lepoy y Quepuca Ralco
En esta lógica territorial, uno de los recuerdos más vivos fue una observación de campo que hicimos con Javier Henríquez en una pequeña localidad llamada Charrúa. Charrúa es pequeño caserío de muy pocos habitantes que repentinamente fue cercada por cables de alta tensión gracias al nuevo logro chileno de exportar energía. “No sé si era lindo, pero al menos podíamos dormir” fue la respuesta de una lugareña cuando cruzamos unas palabras sobre cómo era la localidad antes del cableado. En esa oportunidad fuimos seguidos por dos camionetas de la empresa durante todo el trayecto. En este caso, apenas fue un sutil amedrentamiento que esconde una realidad mucho más dura para activistas y lugareños que se resisten a la instalación de empresas parecidas y que hace que las comunidades tengan dudas sobre muertes como la de Macarena Valdés y varios otros.
Como consecuencia, la famosa frase que la convención constitucional representa a Chile no es simplemente una observación de tendencias dentro del hemiciclo. Es más bien la vuelta a las solidaridades colectivas. La vuelta a las bases desde los territorios con una ciudanía mucho más crítica y mucho más alerta. En consecuencia, la razón de la representación de Chile en la Convención Constitucional es que muchos y muchas de sus integrantes han sido testigos o protagonistas de las historias de injusticias cometidas en los territorios. Conseguir la equidad y dignidad para los territorios es, sin duda, un imperativo ético para esta nueva etapa que enfrenta el país.
[1] Los títulos de esas secciones llevan el nombre de cinco canciones del cantautor Tata Barahona.
[2] Moulian, Tomás. (1998). El Consumo me Consume. Santiago: LOM Ediciones.
[3] Espinoza, Vicente. (1998). Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987. EURE (Santiago), 24(72), 71-84. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611998007200004
[4] Barozet, Emmanuelle. (2006). El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación social en Chile. Revista de Sociología, (20). doi:10.5354/0719-529X.2006.27531. También puede ver columnas en CIPER como ésta.
[5] Araujo Kathya, Sujeto y neoliberalismo en Chile: rechazos y apegos, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. doi: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.70649. También puede ver columnas en CIPER como ésta.
[6] Luna, Juan Pablo (2018). En vez del Optimismo. Crisis de Representación Política en el Chile Actual. Catalonia.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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