Un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares o de sociedades con las que están relacionados (once de ellos anuncian que no se inhabilitarán cuando se discuta el tema). Estos son algunos de los datos que surgieron tras revisar las declaraciones de patrimonio de los 155 elegidos para la Convención Constitucional y cruzarlas con los registros del Diario Oficial, el SII y la Dirección General de Aguas. Los resultados –y las explicaciones que dieron a CIPER los convencionales que podrían presentar un conflicto de interés– se plasmaron en este reportaje y en las 155 fichas que lo acompañan con datos de cada constituyente.
De las 155 personas que integrarán la Convención Constitucional, 37 tienen participación en sociedades comerciales dedicadas a asesorías jurídicas y financieras; 12 en sociedades del rubro inmobiliario; 11 poseen sociedades ligadas a la agricultura y ganadería; nueve registran sociedades dedicadas al comercio; ocho figuran en empresas del mundo financiero y otros tantos tienen intereses en educación, comunicaciones, minería y salud. Y al menos 21 no transparentaron en sus declaraciones de patrimonio la existencia de sociedades comerciales que figuran como vigentes y sin término de giro en el SII.
Entre los casos llamativos figura una de las integrantes de la lista Independientes por la Nueva Constitución que declaró una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Ella explicó a CIPER que la crearon sus padres para comprar una propiedad en el extranjero. Otro convencional, que postuló en la Lista del Pueblo, es un próspero empresario con negocios en el rubro de la educación. Él dijo a CIPER que está dispuesto a inhabilitarse si se discute el lucro en esta área.
Al menos 12 de los convencionales tienen concesiones o derechos de uso de agua asociados a su nombre, al de sus familiares directos o de una sociedad con la que están relacionados. La mayoría de ellos no consideran necesario inhabilitarse cuando se discuta el futuro del agua en el país. Quien presenta más derechos asociados es director y accionista de una sociedad con dos proyectos hidroeléctricos que suman un volumen de 3.533 litros por segundo. Él dijo que la empresa pretende enajenar esos derechos y que estudiaría inhabilitarse si, al momento del debate en la convención, la compañía sigue en posesión de ellos.
Otros cinco constituyentes tienen vínculos con grupos económicos o asociaciones empresariales. Solo uno de ellos, el ex senador Felipe Harboe (PPD) –cuya esposa preside la asociación de dueños de malls– proviene de las filas de la oposición.
Para esta investigación revisamos las 155 declaraciones de patrimonio que presentaron los constituyentes al inscribir sus candidaturas. Esa información la cruzamos con antecedentes disponibles en el Diario Oficial, en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Dirección General de Aguas (DGA). Este escaneo a los convencionales constituyentes permite trazar un mapa de los eventuales conflictos de interés que podrían presentarse cuando comience a operar la convención. Tal como lo ha señalado el cientista político Claudio Fuentes, probablemente uno de los puntos más relevantes del debate sobre el reglamento de la convención será el de los criterios para que un convencional se inhabilite, ya sea por sus propios intereses o por los de aquellos que financiaron su campaña electoral.
Entre los miembros de la lista Vamos por Chile (37 escaños, derecha y centroderecha) las actividades económicas que más se repiten son “consultoría y asesorías” (14 casos) y “agricultura y ganadería” (8). En la Lista del Apruebo (25 escaños, centroizquierda), el rubro más reiterado también es “consultorías y asesorías” (7) y le siguen las sociedades de giro financiero (3). En la lista Nueva Constitución (11 escaños, independientes de centroizquierda), los intereses están más diversificados: rubro inmobiliario (2), comercio (2), educación (2) y finanzas (2).
Las sociedades de los integrantes de los pactos Apruebo Dignidad (28 escaños, izquierda) y Lista del Pueblo (27, independientes y dirigentes sociales) son bastante menos que las de otras listas (15 en total en Apruebo Dignidad y 8 en la Lista del Pueblo). Pero las actividades de igual forma se concentran en “asesorías y consultorías”.
Entre los intereses y patrimonio de los elegidos por la Lista del Pueblo, destaca el amplio abanico de sociedades del constituyente Fernardo Salinas Manfredini, que van desde negocios de la educación a las comunicaciones. Salinas era dueño del Diario Clever –que fue dirigido por la ex presidenciable del Frente Amplio, Beatriz Sánchez– y declaró varias sociedades relacionadas con el rubro de la cosmética, cuyo centro de gravedad está en Levinia Manfredini y Compañía, sociedad sostenedora de un centro educacional que imparte carreras como Estética Integral, Cosmetología y Maquillaje Social. CIPER le consultó si se inhabilitará en una eventual discusión sobre lucro en la educación:
-Esta área no está regulada (no tiene el estatus de Centro de Formación Técnica ni de Instituto Profesional), no tenemos ninguna ventaja y nos tenemos que financiar con los aranceles, por tanto tiene fines de lucro. Me tengo que inhabilitar cuando se discuta el tema de regular el lucro en la educación superior. Pero no tengo problema en que se regule. Muchas veces la educación se usa para lucrar y se hace un aprovechamiento de los estudiantes.
Fernando Salinas (vía Twitter)
Salinas registra el patrimonio más abultado entre los 27 convencionales de la Lista del Pueblo. El ingeniero civil declaró una casa en Las Condes, otra en Viña del Mar y tres propiedades en la Región del Maule. Los datos del SII indican que el avalúo fiscal de la propiedad de Las Condes es de $462 millones, el del inmueble de Viña Del Mar es de $108 millones y el de los tres bienes raíces del Maule suma $88 millones. También declaró un vehículo Lexus CT200 de 2017, avaluado en $17,5 millones.
Tammy Pustilnik, electa en la lista de Independientes por la Nueva Constitución (más conocida como Independientes No Neutrales), declaró una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Rimacorp Ltd. Ella lo explicó a CIPER:
-Esta es una sociedad legalmente constituida y cuyos movimientos se hacen en las declaraciones anuales ante el SII. La finalidad con que mis padres formaron esta sociedad hace varios años fue para poder comprar una propiedad en el extranjero para vivir su vejez.
SOCIEDADES NO DECLARADAS
En enero pasado los candidatos a la Convención Constituyente presentaron su declaración de patrimonio, en la que están obligados a transparentar todos sus bienes raíces, actividades económicas, sociedades, deudas, acciones y otros valores, para que la ciudadanía pueda fiscalizar posibles conflictos de interés. CIPER analizó las declaraciones de los 155 electos y las comparó con registros del Diario Oficial y el SII. Según ese análisis, 21 constituyentes poseen sociedades que no transparentaron en sus declaraciones.
CIPER los contactó y les preguntó por qué no lo hicieron. Las respuestas fueron variadas.
Luis Mayol (RN, lista Vamos por Chile) solo registró en su declaración una de las seis sociedades en las que figura en el Diario Oficial: Viña Selentia (agricultura). Las otras cinco, dedicadas a textiles, agricultura y actividad inmobiliaria, no figuran. Mayol -ex intendente de La Araucanía, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex ministro del mismo ramo-, aseguró a CIPER que “puede que existan sociedades aún en la lista del SII, pero están sin movimiento desde hace mucho tiempo y desactivadas, otras con término de giro y otras de las que dejé de ser socio”. Como en el registro oficial no hay constancia de su salida de las sociedades y en Impuestos Internos estas continúan vigentes, le solicitamos documentos que acreditaran su explicación, pero respondió que no alcanzaba a reunirlos porque debía contactar a su contador de la época.
Patricio Fernández, ex director de The Clinic y ahora constituyente electo como independiente en cupo del Partido Liberal, declaró participación en cinco sociedades (consultoras, editoriales, asesorías e inversión), pero otras dos quedaron fuera. Una es Comercial The Clinic (publicidad), que en los registros del SII aparece vigente. La otra es Agrícola Chacra Marín (cultivo de trigo, forraje, aceitunas, etc.). En esta última, participa a través de una sociedad familiar: Asesorías e Inversiones Fecha, donde está toda la familia Fernández Chadwick.
-(De) todas las sociedades que tienen que ver con The Clinic me salí desde el momento en que dejé de ser parte del clinic, hace más de un año. Respecto de Fecha, es una sociedad familiar de mi papá de la que formo parte. Pero con el tema de la Chacra Marín ya me empiezo a perder-, dijo Fernández, quien agregó que no maneja los detalles de sus sociedades, pero que no hay nada irregular en ellas.
La constituyente de la Lista del Pueblo, Elsa Labraña, no registró en su declaración la sociedad Consultora 7R (arquitectura, ingeniería, inmobiliaria). Ella explicó que no lo hizo porque es una sociedad reciente. Pero, los registros del SII indican que inició actividades en octubre de 2019. En todo caso, señaló que “ahora deberé incluirla”.
Manuela Royo (independiente en cupo del Partido Igualdad) aparecía como una de las dueñas de Rayún Ingeniería y Construcción Limitada. Ella señaló que se formó en 2015 para armar invernaderos en comunidades mapuche, pero que hace años se desligó de ese proyecto. Poco después de esa primera declaración a CIPER, volvió a contactarnos para enviar el comprobante de la modificación societaria que realizó el pasado miércoles 26 de mayo ante el Ministerio de Economía y que selló su salida.
Hernán Larraín Matte
Otro constituyente que reconoció no haber declarado sociedades es Hernán Larraín Matte (Evópoli). Desde 2013 es socio, junto a sus hermanos, de Inversiones La Locomotora. La sociedad es administrada por sus padres: Hernán Larraín (actual ministro de Justicia) y Magdalena Matte (empresaria y ex ministra de Vivienda). A través de esa sociedad participa en otro negocio familiar: Inversiones y Asesorías L & M.
-Voy a precisar en todo lo que sea necesario, actualizar la declaración de patrimonio y a dejar la historia de las sociedades que existieron y que están con término de giro-, aclaró a CIPER.
Elegido como independiente en un cupo de la UDI, Alfredo Moreno Echeverría es hijo del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme. Él declaró solo dos de las cinco sociedades que registran su participación: Infocus Advisors (asesoría financiera) y AMC Consultores (inversiones). A través de esta última, participa en las otras tres sociedades que no declaró: Inversiones Internacionales AMC, Servicios y Arriendos Rotortec y Comercial y Editorial Santiago.
AMC Consultores es la misma sociedad familiar del ministro Alfredo Moreno que fue denunciada a los tribunales tributarios por supuestamente haber pagado una boleta que sirvió para financiar una campaña electoral del senador Iván Moreira (vea el reportaje de CIPER “La lista que el mundo político quería enterrar: los involucrados en platas ilegales que figuran en los Tribunales Tributarios”). La misma sociedad es la que se hizo cargo del fideicomiso de US$61 millones del ministro Moreno cuando en 2018 ingresó al gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
Alfredo Moreno Echeverría justificó su decisión de no declarar algunas de sus sociedades amparándose en una interpretación de la Ley sobre Probidad en la Función Pública: “La declaración la hice cumpliendo estrictamente con la ley. La letra e) del artículo 7 establece la obligación de declarar las acciones de que soy titular en sociedades o empresas constituidas en Chile. Tal es el caso de las acciones de las que soy titular en AMC Consultores (2,146%). Como esas acciones no me hacen controlador de la sociedad, ni influencio en la administración o en la gestión de ella, por ley no debo incluir nada más”.
Los registros del Diario Oficial indican que ha realizado gestiones en representación de AMC Consultores, pues ha concurrido en esa calidad a efectuar trámites notariales relacionados con la sociedad, incluyendo cambio de estatutos y aumentos o disminución de capitales de las sociedades que no puso en su declaración.
Según el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, los constituyentes sí debieron haber declarado todas las sociedades en las que tienen algún tipo de interés: “Todas las normas de declaraciones de patrimonio e interés se tienen que entender de manera extensiva, entonces una persona que participa de una candidatura, debe declarar todo interés que tenga en una empresa. En este caso el candidato debe declarar cualquier interés en cualquier empresa, no solamente en empresas matrices. Lamentablemente en la realidad, lo que ocurre es que se declara el interés en la compañía principal, y no se declara la participación de esa empresa principal en otras compañías”.
Uno de los constituyentes que exhibe más conexión con el mundo de las grandes empresas, especialmente con el Grupo Matte, es Bernardo Fontaine Talavera, electo en un cupo independiente facilitado por RN. Actualmente es director en Bicecorp, Banco Bice, y Bice Vida (todas controladas por el Grupo Matte). Según la información de la web de Bice Corp, también es director de Loginsa, el mayor operador logístico del país, cuyo presidente ejecutivo es Fernando Ovalle, quien figura entre los controladores de Instagis (la empresa de Big Data para campañas políticas) y de la aplicación de seguridad Sosafe. Hasta 2019 Fontaine fue director de Coca Cola Embonor (controlada por la Familia Vicuña).En su declaración de patrimonio, Fontaine mantuvo bajo reserva los nombres de las empresas de las que es director. CIPER rastreó los directorios en los que participa en las web de las empresas.
La campaña de Bernardo Fontaine estuvo respaldada por Desafío Levantemos Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Multigremial de los empresarios. Fue el tercer candidato que más aportes privados recibió para su campaña: $132 millones (vea el reportaje de CIPER). Fue conocido como uno de los partícipes de la “cocina” que introdujo cambios para moderar la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet en 2014, luego de una negociación entre el oficialismo y la derecha realizada en la casa de su hermano, el ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine (vea reportaje de CIPER). Otro de sus hermanos, Arturo, fue director del CEP.
Otro cercano al Grupo Matte, pero por lazos familiares, es el constituyente electo Hernán Larraín Matte, dirigente del partido de centro derecha Evópoli. Su bisabuelo fue el fundador de la CMPC, la papelera.
Bernardo Fontaine
Alfredo Moreno Echeverría es otro de los constituyentes que podría tener buena llegada con el mundo empresarial. Su padre, actual ministro de Obras Públicas, fue asesor de Penta en medio del escándalo de las platas políticas y ex presidente de la CPC. Su campaña estuvo en el top ten de las que recibieron mayores aportes privados ($96,9 millones).
Probablemente el convencional que mejor representará a los grandes agricultores será Luis Mayol Bouchon (elegido en cupo de RN). Ex intendente de La Araucanía y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Es uno de los accionistas relevantes de Copeval (a través de su sociedad matriz en los negocios agrícolas: Viña Selentia), empresa líder en distribución de insumos agrícolas. Mayol fue durante años socio del estudio jurídico del actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.
El único constituyente de un partido opositor que exhibe, por ahora, buena llegada en el mundo empresarial es Felipe Harboe (PPD). Su esposa, Katia Trusich, ex subsecretaria de Economía, es la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales (la gremial de los malls), directora de Cementos Biobío y de Essal (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos). Además, integra el consejo asesor de la CGE (Compañía General de Electricidad). El ex senador Harboe señaló en su declaración de patrimonio que se inhabilitará en las discusiones que se crucen con las actividades de su cónyuge.
CONSTITUYENTES CON AGUA
El catastro realizado por CIPER arrojó que al menos 12 constituyentes poseen derechos de aguas inscritos a su nombre, o bien de sus familiares directos o de sociedades con las que están relacionados. Esto, según los registros públicos de la Dirección General de Aguas (DGA), de extractos publicados en el Diario Oficial y de las declaraciones de los propios constituyentes (*).
El caso más significativo es el de Raúl Celis Montt (Vamos por Chile), director y accionista de Schwager Energy, empresa que posee derechos que en conjunto acumulan 3.533 litros por segundo (l/s) en Lautaro (Región de La Araucanía), para generación hidroeléctrica.
Consultado por CIPER, Celis afirmó que no podrá ejercer como director de esta empresa mientras funcione la convención. Y aunque no descarta inhabilitarse en algún debate, considera que no enfrentará un conflicto de interés en esta materia específica:
-Los derechos de agua se refieren a dos proyectos de centrales hidroeléctricas de pasada: Los Pinos y Cóndor. Y Schwager ha dicho que no va a perseverar en ellos. Lo más probable es que se enajenen, porque Schwager ha concentrado su prestación de servicios a la minería. Y en esa tarea no requiere derechos de agua. Cuando hablemos de los derechos de aguas (en la convención) habrá que ver si se mantienen los proyectos en manos de la empresa o fueron enajenados. Pero, evidentemente, si noto que puede existir algún grado de incompatibilidad, me voy a inhabilitar.
Repartidos entre Cunco (La Araucanía) y San Fernando (O’Higgins), el constituyente de Vamos por Chile, Luis Mayol Bouchon, posee derechos de aguas que suman 778,12 l/s, inscritos a su nombre o de sus sociedades Viña Selentia Limitada y Agrícola Santa Amalia Limitada. En su declaración de patrimonio, Mayol solo incluyó los derechos que posee a su nombre y de la Viña Selentia, los que suman 176 l/s.
Luis Mayol
Mayol dijo a CIPER que los derecho que declaró, los utiliza para labores agrícolas y que no se inhabilitará: “Soy agricultor y la tierra funciona con agua o no produce alimento. Si me tengo que abstener por eso, creo que cada vez que se trate el tema de las pensiones tendrán que abstenerse quienes tienen plata en las AFP. No creo que corresponda, si no sería muy grande el abanico de abstenciones. Yo no tengo derechos especulativos, ni para vender ni para comprar, tengo justo lo necesario para hacer producir las tierras”.
Martín Arrau García Huidobro, también de Vamos por Chile, solo incluyó en su declaración de patrimonio los derechos de agua que recibió por herencia de su madre, y que corresponden a acciones en el Río Ñuble. Pero, de acuerdo con los registros de la DGA, también tiene 199 l/s concedidos a su sociedad Picton Explotación Agrícola, en la que participa junto a un hermano.
Arrau descartó enfrentar un conflicto de interés y afirmó que no se inhabilitará: “Por supuesto que no, vamos a aportar todo ese conocimiento y esa experiencia a la discusión, somos los que tenemos más experiencia. Es como que un profesor y un estudiante no puedan hablar de educación, o un médico no pueda hablar de salud”.
Katia Trusich, esposa del constituyente Felipe Harboe (Lista del Apruebo), compró en 2015 cinco derechos de agua subterráneos ubicados en la Región de Valparaíso. Los derechos suman 38,5 l/s, y sus escrituras se encuentran en el Conservador de Bienes de La Ligua.
El resto de los constituyentes que registran derechos de agua a título personal, a nombre de una sociedad en la que participan o que tienen familiares directos inscritos en el registro de la DGA, son Harry Jürgensen (Vamos por Chile), Angélica Tepper (Vamos por Chile), Manuel José Ossandón (Vamos por Chile), Fuad Chahín (Lista del Apruebo), Patricio Fernández (Lista del Apruebo), Malucha Pinto (Lista del Apruebo), Benito Baranda (Nueva Constitución) y Jennifer Mella (Apruebo Dignidad).
NOTA DE LA REDACCIÓN:
(*) CIPER sólo pudo acceder a los derechos de aguas registrados en el Catastro Público de Aguas de la DGA, a información disponible en el Diario Oficial y a los que transparentaron los propios constituyentes en sus declaraciones de patrimonio.
Algunos derechos de agua que se adquieren por compraventa no quedan inscritos en la DGA, por lo que la única forma de conseguir sus escrituras es a través del Conservador de Bienes Raíces local. Otros derechos no consignan su fecha de resolución ni número de rol, y solo indican su fecha de inscripción. La ausencia de una base de datos única, que los agrupe a todos, dificulta esta búsqueda y no permite conocer con exactitud cuántos constituyentes (y personas naturales y jurídicas en general) poseen este tipo de títulos.
CIPER se contactó con la DGA y le consultó por este problema. Esta es parte de su respuesta:
“La Dirección General de Aguas lleva el Catastro Público de Aguas (CPA), pero –como ya se ha informado- no es una fuente de información válida. Sus registros distan significativamente de la verdadera tenencia y uso de los derechos, porque la mayoría de los titulares no pueden inscribirlos directamente al necesitar previamente un procedimiento de regularización o perfeccionamiento para adecuarlos a los requisitos del Código de Aguas. En tanto que los que pueden, lo realizan voluntariamente. Esta situación se advirtió en el informe “Diagnóstico de la gestión del agua en Chile” del Banco Mundial (2011)”.
No cabe dudas que revisando capciosamente los nombres de los delegados, existen terribles conflictos de intereses, la corrupción es más que evidente.
A quién realmente sirven?
Leopoldo Letelier | 02.06.2021
Seré muy ingenuo, si pregunto: porqué fueron candidatos conscientes de tener conflictos de interés?
Esto desperfila el carácter de la Constituyente .
Isaac Rodríguez | 31.05.2021
En el Reglamento de la Convención debe quedar establecido que los constituyentes deben declarar todos sus bienes, sin omitir ninguno, que de no ser así y se descubre un conflicto de interés cuando ya esté funcionando la Convención, se debe inhabilitar por decisión de mayoría. No debiera sorprenderme la 'caradura' de algunos, pero bueno, si se postularon fue precisamente para defender sus privilegios.
antonio pinto fuentes | 31.05.2021
Interesante articulo que transparenta a "algunos lobitos" con piel de oveja. Gracias
Vanesa | 29.05.2021
A la generalidad de la adultez chilena formada en las ultimas decadas. ¿ Se habra agotado en Chile las reservas morales de su gente , y especialmente de aquellos que buscan ubicarse en lugares estrategicos y de influencia? ... Saludos afectuosos a Elsa Labraña . Grande .
