INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR LA CÓNYUGE Y LA INDAGATORIA TIENE CARÁCTER RESERVADO
Fiscalía investiga al director general de la PDI por compra de un departamento de $398 millones
25.05.2021
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INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR LA CÓNYUGE Y LA INDAGATORIA TIENE CARÁCTER RESERVADO
25.05.2021
La PDI confirmó a CIPER que el jefe de policía civil, Héctor Espinosa, está citado a declarar ante la Fiscalía de Magallanes. El director general es investigado por la compra de un inmueble en Las Condes, el que fue adquirido por su esposa en 2018 por $398 millones. En esa operación se pagaron $254 millones al contado –mediante vales vista– y los $143 millones restantes fueron cubiertos con un préstamo bancario. Espinosa figura como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio. Ahora debe explicar ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el origen del dinero.
El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, está citado a declarar ante el Ministerio Público en el marco de una investigación desformalizada por la compra de un bien raíz que hizo su cónyuge. El jefe policial –que dejará su cargo en junio próximo– deberá explicar ante la Fiscalía el origen de los $398 millones con los que se compró la propiedad en abril de 2018.
CIPER revisó las escrituras de la compraventa de este bien raíz y en ellas quedó registrado que $254 millones fueron pagados al contado mediante vales vista y los restantes $143 millones fueron aportados mediante un préstamo hipotecario del que Héctor Espinosa figura como codeudor y fiador solidario. Este último antecedente debió ser incluido en la Declaración de Intereses y Patrimonio del jefe de la PDI, pero Espinosa no lo hizo.
CIPER consultó a la PDI por esta situación. La respuesta por escrito de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la institución consignó que Espinosa está citado a declarar “en una causa que tiene el carácter de secreta, de conformidad con el artículo 301 del Código Procesal Penal, encontrándose a la espera de la confirmación de la fecha y lugar donde será entrevistado”.
La misma respuesta de la PDI indicó que está citado por la Fiscalía de Magallanes. CIPER consultó al Ministerio Público por los antecedentes que motivaron esta investigación, pero no obtuvo respuesta.
Fuentes de la policía civil y de la Fiscalía indicaron a CIPER que la indagatoria está en manos del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el mismo que investiga el mega-fraude en Carabineros. Lo que se pesquisa, indicaron, es un eventual lavado de activos. Por esta razón, lo que se pedirá a Héctor Espinosa es que justifique el origen de los dineros involucrados en la compra.
El inmueble adquirido por la cónyuge de Espinosa y que encendió las alarmas en la Fiscalía está ubicado en un barrio residencial de importante desarrollo inmobiliario en la comuna de Las Condes. La compra fue realizada el 30 de abril de 2018 a la inmobiliaria Almagro, e incluyó un departamento, dos estacionamientos y dos bodegas.
La escritura de la compraventa examinada por CIPER consigna que Héctor Espinosa -presente el día de la transacción- se constituyó en fiador y codeudor solidario del préstamo de $143 millones cedido a su esposa por el Banco de Chile. También establece que el director general de la PDI cuenta con la “expresa facultad de administración” para representar a su cónyuge “en todo lo concerniente al contrato contenido en este instrumento”. Espinosa no incorporó en su declaración patrimonial el pasivo de $143 millones que permitió la adquisición del inmueble. CIPER consultó formalmente a la PDI por qué su director general no lo hizo.
En su respuesta, la PDI indicó que los antecedentes no se incluyeron en la declaración de Espinosa porque la compra la hizo su esposa, quien también es funcionaria en otra repartición pública, y ella sí los registró en su declaración:
“Respecto al inmueble que no estaría incluido en la última declaración de patrimonio e intereses del Director General, éste fue adquirido por su cónyuge lo que sí fue declarada en su Declaración de Patrimonio e Intereses, no siendo incluida en la del Director, por cuanto, él tiene únicamente la calidad de codeudor solidario, no siendo propietario de dicho bien raíz”, dice la respuesta de la PDI (véala aquí).
La normativa señala que todo pasivo superior a 100 UTM debe incluirse en la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos. Por esta razón, al convertirse en codeudor y fiador solidario, Espinosa tendría que haber declarado estos antecedentes. A la fecha de la compra, las 100 UTM equivalían a $4,7 millones. Pero, fuentes de la PDI indicaron a CIPER que la ley que regula las declaraciones de intereses y patrimonio no es taxativa respecto de que un codeudor deba declarar como pasivo el préstamo que está avalando.
El precio total de la operación fue de 14.753UF (equivalente a $398.399.306 a la fecha de la compra). La cónyuge de Héctor Espinosa pagó 9.432 UF ($254.707.670) por medio de vales vista y el Banco de Chile, representado por dos de sus empleados, cubrió lo restante por medio de un préstamo de $143.691.636.
Según los antecedentes recabados por CIPER, esta transacción habría estado incluida en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta última entidad pública está facultada para emitir informes al Ministerio Público cuando detecta o es informada de movimientos financieros de funcionarios públicos que involucren un alto volumen de dinero que requieren una justificación.
En este caso, la información habría sido entregada al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. En el contexto de esta investigación, aún desformalizada, Campos habría enviado oficios a distintos conservadores de bienes raíces –entre los que se cuentan los de Constitución, Concepción, Valparaíso y Santiago–, consultando por la existencia de todas las propiedades que figuran a nombre de Héctor Espinosa y su cónyuge.
La PDI informó a CIPER que los $254 millones que no fueron cubiertos por el préstamo bancario en la compra del departamento en Las Condes, fueron financiados con la venta de otras propiedades de la esposa del jefe policial:
“Aquella parte del precio que se pagó al contado, y fue debidamente documentada con vales vista emitidos a la orden del vendedor, cuyo origen proviene de la venta de propiedades de su cónyuge”, señala el comunicado de la PDI.
Esta última explicación es, precisamente, lo que Espinosa tendrá que acreditar ante el fiscal Campos.
En su respuesta, la PDI no entregó más detalles sobre las propiedades que habrían sido vendidas por la esposa de Héctor Espinosa. CIPER comprobó a través de los registros del Conservador de Bienes Raíces de Concepción que en la actualidad ella figura con dos propiedades en esa ciudad, una que adquirió en 1992 y otra que recibió como herencia en 2008.
Respecto de las propiedades del jefe policial, su última declaración de intereses y patrimonio publicada por la PDI, fechada en marzo de 2021, incluye tres bienes raíces ubicados en Valparaíso, adquiridos el 7 de agosto de 2015 como copropietario: un departamento, una bodega y un estacionamiento. Por esos bienes pagó $58.053.846, $5.994.096 y $1.190.657. Además, la declaración registró como pasivo un crédito hipotecario con la mutualidad de Carabineros por $45.993.588.
En su declaración de 2020, Espinosa anotó una propiedad agrícola emplazada en Constitución –su ciudad natal-, comprada el 22 de marzo de 2019 por $7.279.862. Este terreno no volvió a aparecer en su declaración del 2021.
Puedes escuchar este reportaje aquí:
*Audio realizado por CarolinaPereira.de