CIPER ACADÉMICO / ANÁLISIS
Autodefensas: causas del auge de los civiles armados en México
05.04.2021
En el marco de la guerra contra el narcotráfico en México, la ciencia política ha sostenido que los grupos de civiles armados conocidos como “autodefensas” son una señal de debilitamiento del Estado. Es decir, los entienden como antagónicos a las autoridades. Este artículo sugiere lo contrario: la multiplicación de actores violentos en México lejos de implicar el fracaso del Estado, responde a una transformación de la organización y regulación de la violencia por las autoridades públicas. Un punto crucial para entender este complejo mapa de violencia es empezar por reconocer que los grupos de civiles armados en México no buscan derrumbar el sistema político, sino integrarse a él. Esto nos permite discutir los estudios que promueven las teorías del Estado fallido, para, al contrario, asumir que las relaciones entre crimen y autoridad pública no son un juego de suma cero: la ganancia de uno no implica la derrota absoluta del otro, plantea el autor.
Créditos fotos: Romain Le Cour Grandmaison, Todos los Derechos Reservados.
Esta columna usa los datos de la tesis doctoral del autor («Drug Cartels, Autodefensas, & the State: from Political Brokerage to Patronage Wars in Michoacán, Mexico», no publicada, Universidad de la Sorbona Paris-1). En esa investigación se hizo un trabajo de campo de 15 meses en Michoacán, entre 2012 y 2017, concentrado en la zona de la Tierra Caliente y de la Siera. El autor realizó más de 70 entrevistas semi-estructuradas con miembros de las Autodefensas, miembros de la organización criminal “Los Templarios”, autoridades locales, activistas políticos y periodistas, así como extensas conversaciones con habitantes. También se usan datos de los trabajos de investigación realizados desde 2018 en el estado de Guerrero.
TRANSPARENCIA: El autor no trabaja, comparte o recibe financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, no deben transparentar ninguna militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico investigador.
“No hay que ir en contra del Gobierno, hay que trabajar con el Gobierno. O por lo menos pretenderlo. Si vas en contra del Gobierno, si retas al Gobierno, pues el Gobierno te mira derechito a los ojos y te dice: “Órale pues…”. Y ahí mismo te carga la chingada”
Entrevista con un líder de las Autodefensas de Michoacán en el municipio de Buenavista, enero 2015.
En enero del 2014, la carretera que recorre el valle de Apatzingán, en la Tierra Caliente de Michoacán, estaba sellada por una sucesión de barricadas que funcionaban como retenes. En el primero, protegido por bolsas de arena y techitos de lámina, civiles armados vestían playeras en las cuales se leía en letras mayúsculas: “Autodefensas de Michoacán”. Su armamento era variado. Convivían viejas escopetas con modernos rifles de asalto AR-15. Algunos hombres llevaban pasamontañas, chalecos antibalas y ropa militar. Día y noche revisaban vehículos, cajuelas y conductores.
Después de este retén, se encontraba el del ejército mexicano y luego otro de la Policía federal. Los agentes y soldados llevaban equipo de guerra, y sus puestos de observación – fortines fuertemente protegidos – contrastaban con los puestos de revisión improvisados de las Autodefensas.
Esta repartición espacial podría sugerir que las Autodefensas[1] y las fuerzas públicas quedaban perfectamente separadas. Cada una en su retén, unidas por la ruta compartida. Sin embargo, en la práctica no era así. Era común, por ejemplo, ver civiles ayudando a los policías a revisar los documentos de identidad de los transeúntes. En estos casos, el documento quedaba validado o vetado por el Autodefensa a partir de un estudio rápido del rostro, del apellido o del lugar de residencia de la persona, que estaba categorizado en un segundo: amigo o enemigo.
Las autodefensas son ilegales (ver recuadro). No hay norma que permita a grupos de civiles pasearse armados por la vía pública y hacer que los ciudadanos se identifiquen. Lo que revela la colaboración a plena luz entre civiles armados – ilegales – y agentes públicos es entonces la complejidad del poder y de las soberanías superpuestas en Michoacán y en varias regiones de México. Demuestra, por ejemplo, como los representantes del Estado no siempre saben leer los documentos de identidad producidos por el Estado mismo. Los revisan, pero no saben interpretarlos acorde a las dinámicas conflictivas locales[2]. No conocen los habitantes y menos aún sus nombres, apodos o caras. Entonces, la ayuda de personajes locales – en estos casos armados – es indispensable a la realización de tareas sumamente gubernamentales como los controles de identidad y de circulación.
Aparecen las capas de colaboración que existen en México entre actores violentos, públicos y privados, legales e ilegales. Las Autodefensas de Michoacán fueron un caso paradigmático para observarlas. Se crearon para luchar contra el dominio de una organización criminal – los Caballeros Templarios – en febrero del 2013. Hasta junio de 2015, los civiles armados se expandieron hasta contar con alrededor de 15,000 miembros[3]. Estuvieron a punto de controlar territorialmente más de la mitad del estado de Michoacán durante un periodo en el cual el gobierno federal osciló entre pasividad, represión y finalmente colaboración activa con la creación de una Comisión especializada. A través de ésta, entre 2014 y 2015 el gobierno federal condujo un proceso inédito de institucionalización de grupos armados ilegales al crear una fuerza de policía para integrarlos al cuerpo del estado[4].
En este texto no analizaremos la historia de las Autodefensas de Michoacán, sino el papel cada vez más importante que juegan este tipo de grupos en el mantenimiento del orden en México, en particular en los estados del sur. En efecto, desde el auge de las Autodefensas en Michoacán[5], se han ido creando cada vez más grupos similares a lo ancho del país, ilustrando los vínculos que unen el Estado mexicano con grupos civiles armados[6].
Comunidad de Ostula, Michoacán. Febrero del 2015.
AUTODEFENSAS: VIOLAR LA LEY PARA HACERLA RESPETAR
¿Qué nos dice la multiplicación de estos grupos de las dinámicas de violencia y del papel del Estado en México? La cuestión central es la dimensión política de las autodefensas, analizando la forma en que se relacionan con los gobiernos federales, estatales y locales.
Nuestra hipótesis central es que la razón de ser de las autodefensas en México es de convertirse en intermediarios, interlocutores y aliadas de las autoridades para el mantenimiento del orden y el control territorial a nivel local.
De hecho, mi tesis doctoral demuestra como en el país los actores violentos no-estatales no buscan derrocar el sistema político, sino obtener o conservar una posición ventajosa dentro de él, aunque sea a través del uso de la coerción. Esto vale también para los carteles de la droga, pero la ruptura que marcan las Autodefensas yace en la reivindicación abierta de colaboración con el Estado. Como sucedió en Michoacán a partir de 2013, las armas sirven también para ser vistos por el Estado, forzarlo a intervenir y llevarlos a sentarse con sus líderes para dialogar.
Así, los jefes de las Autodefensas presentaban a la auto-justicia como un imperativo. Si el Estado no “hace su trabajo” contra el crimen organizado y la corrupción, se tiene que hacer por cuenta propia. Al mismo tiempo, sin embargo, exigían la colaboración del Gobierno federal para derrocar al cartel de los Caballeros Templarios. Lo expresaba un miembro de las Autodefensas en un video:
“Yo no soy ningún criminal. No estoy aquí porque me divierte. Estoy aquí por necesidad, porque quiero vengar a mi familia, ver caer a los Templarios y terminar con esta organización que tanto daño le hizo a todos aquí, a los niños, las mujeres, los ancianos […]. Nosotros, no somos nadie. No estamos aquí para hacer la guerra, solo queremos que el Estado haga su trabajo y termine con ellos…”[7]
Aquí aparece el oxímoron de las Autodefensas: violan la ley para hacerla respetar[8]; critican la ineficiencia, el distanciamiento, la corrupción y el autoritarismo del Estado, pero piden su intervención. De forma paradójica entonces, estos grupos armados ilegales terminan poniendo el Estado en el centro del tablero político.
DEL RESPALDO POPULAR A RESPALDO PÚBLICO
Para avanzar hacia la legitimidad, los grupos de autodefensa suelen reivindicar su autoctonía. Los miembros son originarios de los municipios en los cuales se levantan en armas, trabajan para su propio territorio, y marcan así una diferencia fundamental con “la gente de fuera”.
Una de las primeras tareas consiste generalmente en delimitar su perímetro de acción a través de retenes que separan social y territorialmente el interior del exterior. Son barricadas en las entradas y salidas de los pueblos. Para los habitantes, el tránsito obligatorio por ellas materializa la estructura de vigilancia y construye un espacio dentro del cual la gente se conoce y se reconoce, como lo explicaba un líder de las Autodefensas en Michoacán:
“Si todo el mundo se conoce y todo se sabe, se supone que se impiden ciertas prácticas. Si conozco a tu familia y tú a la mía, y que no estás directamente protegido por un grupo fuerte, vas a pensarlo dos veces antes de hacer cualquier pendejada [estupidez]. Entonces aquí todo el mundo se vigila, para bien o para mal. Conoces el dicho, ¿verdad? “Pueblo chico, infierno grande”.[9]
Las prácticas de auto-justicia, control social y protección deben brindarle reconocimiento y legitimidad local al grupo. Pasan por la construcción de un feudo dentro del cual el primer objetivo es “vigilar y limpiar” la sociedad[10], ir en contra de los que son considerados como enemigos de la comunidad, castigarlos, multarlos, reeducarlos, expulsarlos y en algunos casos matarlos.
Municipio de Apatzingán, Michoacán. Enero del 2014.
Simultáneamente, lo que se busca es producir un nuevo marco para el uso de la violencia. Establecer reglas que distingan lo que se puede hacer, de lo que no. Es común que se denuncien las violencias ejercidas contra las mujeres o la extorsión como prácticas moralmente intolerables. La búsqueda del reconocimiento local pasa entonces por el restablecimiento de un orden moral que busca separar buenas y malas conductas.
Paradójicamente, este orden moral justifica el uso de la violencia para la protección de la comunidad y se funda en ella para asentar la legitimidad de las autodefensas, incluso dentro de las redes locales que las apoyan logística y económicamente.
En efecto, es común que las autodefensas cuenten con el respaldo de varias elites locales. En el caso de las Autodefensas de Michoacán, eran los agro-industriales de la región (limoneros, madereros, bananeros y aguacateros) así como empresarios y comerciantes importantes. Luego, figuras centrales del caciquismo local, capaces de apoyar a los grupos armados y sobretodo de conectarlos con personajes públicos clave: políticos, diputados y oficiales de las fuerzas armadas o policías a nivel estatal y federal. Finalmente, figuras más o menos importantes del narcotráfico local que aportaron hombres, armas, dinero y capacidades de control territorial para derrocar a los Templarios, primero, y ocupar su lugar, después. Traficantes cazando traficantes. Actualmente en la sierra de Guerrero observamos el mismo tipo de configuraciones.
Los grupos de autodefensa buscan garantizar condiciones aceptables de seguridad y estabilidad para obtener el respaldo moral, social y financiero de la población, lo cual luego les permite presentarse frente a las autoridades como actores confiables y responsables, potenciales aliados en la co-gestión del orden y de la seguridad.
SOCIOS TURBULENTOS DEL ESTADO
Estas formas de territorialización pueden parecer contradictorias. Al mismo tiempo que se cierran los territorios, se busca la apertura del diálogo hacia fuera. De hecho los grupos construyen espacios paradójicos, simultáneamente próximos y alejados de los centros de poder, conectados por nuevos canales de interacción entre lo local y el Estado.
Para abrir esta interlocución con las autoridades, las autodefensas pueden presionarlas a través de los medios – convocando conferencias de prensa y usando las redes sociales para transmitir sus mensajes -, así como cortar rutas, ocupar espacios simbólicos en ciudades, retener soldados o arrestar a Presidentes municipales. Pero también tienden a “ofrecerle” servicios al Estado, que yacen en un conjunto de habilidades y recursos claves.
Las primeras son competencias de inteligencia local – social y geográfica – como en el ejemplo introductor. Puede ser el conocimiento del territorio, un recurso indispensable para desplazarse en la sierra, y que no poseen las autoridades. En este sentido, las fuerzas armadas, cuando colaboran con autodefensas, compensan ciertas de sus carencias prácticas de conocimiento local. También sirve para arrestar líderes criminales, mantener el orden social, reprimir ciertas formas de movilización y asegurarse de que no cualquiera llegue al poder. En estos ámbitos, la acción de las fuerzas públicas pasa por la colaboración con civiles armados, que se convierten en guías de inestimable valor.
Aniversario del levantamiento en armas en Tepalcatepec, Michoacán. 24 de febrero del 2015.
Luego, a través de la colaboración con grupos de autodefensa, el Estado puede mejorar su legitimidad local o por lo menos garantizarse una presencia territorial aceptada por la población, al menos por un tiempo. En Michoacán, por ejemplo, a partir del otoño 2013, las fuerzas públicas podían apoyar militarmente a las Autodefensas cuando éstas tomaban el control de municipios anteriormente dominados por los Templarios, para luego instalarse con ellas en el territorio, brindar ayuda a los habitantes, antes de progresivamente recuperar el mando de la seguridad local.
Así, al oscilar entre la presión y la colaboración, las autodefensas consolidan su papel de aliadas e interfaces indispensables al mantenimiento del orden, mientras el Estado consolida su presencia territorial, su conocimiento de las dinámicas locales de violencia y su capacidad a ser aceptado por la población.
Patrulla de Autodefensas con la policía michoacana en el municipio de Aquila, 2017.
EL ESTADO: JUEZ Y PARTE EN LA REGULACIÓN DE LA VIOLENCIA
El Estado se despliega territorial y socialmente a través de grupos armados ilegales. Las interacciones, sin embargo, no van sin roces y conflictos, sobre todo porque los líderes generalmente buscan obtener un respaldo político que incluya un margen de autonomía local.
Primero, el respaldo puede tomar la forma de un reconocimiento tácito. En Michoacán como en Guerrero, las autodefensas obtienen la autorización, generalmente informal, de mantener retenes en las rutas y llevar armas ligeras. El trato se hace en el campo, sin acuerdos públicos. En casos particulares, el respaldo se hace oficial y el Estado puede incluso buscar la integración de los grupos ilegales a las fuerzas públicas, como en Michoacán entre 2014 y 2015. Fue uno de los procesos de cooptación de grupos armados más emblemáticos de la historia reciente mexicana.
Luego, para los miembros, y sobretodo los jefes de las autodefensas, el apoyo público puede convertirse en capital político. Ser autodefensa representa entonces un eje de movilidad social. En Michoacán, en varios casos, figuras de los grupos obtuvieron un puesto político a nivel local o estatal (presidentes municipales, líderes sindicales, diputados, jefes de la policía), sacando ventaja del prestigio y de los contactos acumulados dentro de las Autodefensas.
En estos procesos, el Estado asume un rol de juez y parte en el cual el factor fundamental no es tanto la ley que las categorías de amigo y enemigo. En Michoacán, cuando empezó a operar la Comisión federal para la legalización de los grupos, los que no se “alinearon” con sus requisitos se convirtieron en enemigos, y tanto sus líderes como sus miembros recibieron castigo similar al de los criminales que perseguían juntos anteriormente.
Así, vemos que la violencia es un recurso político que no se puede usar de cualquier manera. Los grupos de autodefensa, el Estado – y muchos otros actores – reprimen ciertas prácticas violentas mientras apoyan otras. La clave, en general, es que los grupos no alteren radicalmente el orden político existente, y cuando esto sucede, se reprime. En este contexto, las autoridades asumen un papel central al reivindicar no su monopolio de la violencia, el cual no les importa compartir, sino su capacidad final de categorización entre amigos y enemigos.
La regulación de la violencia es entonces una co-construcción que se negocia permanentemente, de forma más o menos violenta, entre grupos privados y autoridades públicas. Por su disposición a dialogar y negociar abiertamente, las autodefensas resultan ser un aliado atractivo para el Estado, a pesar de los múltiples conflictos y procesos de dominación que tienden a alimentar nuevos ciclos de violencia.
CONCLUSIÓN
Los grupos de autodefensa son parte de las interfaces violentas que existen en México entre la política local, regional y nacional, en un contexto en el cual el control de los canales de intermediación es cada vez más fundamental para la conservación u obtención del poder.
Aquí, y a pesar de la heterogeneidad que existía dentro de los mismos grupos michoacanos entre 2013 y 2015, o de los que se crean cada vez más en Guerrero o en Veracruz, el objetivo es tener el monopolio de la definición de las reglas de uso de la violencia a nivel local, una etapa esencial para la acumulación de poder político, capital económico, prestigio y movilidad social.
Para lograrlo, los grupos no buscan hacerle competencia al Estado, sino atrapar su mirada para convertirse en su aliado: ser visto, para ser reconocido como actor violento, pero confiable. En este contexto, el término “autodefensa” se convierte cada vez más en una marca. Un label, un sello, una etiqueta que sirve para construir un estatus de interlocutor armado legítimo. Entonces, la seguridad no es sinónimo de ausencia de violencia, sino de regulación de ésta por actores armados privados articulados con fuerzas e instituciones públicas.
Autodefensas ilegales y el uso de la ambigüedad jurídica
Los grupos de autodefensas están ligados con procesos históricos de formación del Estado mexicano[11]. Dentro de la colaboración entre las autoridades y actores privados para el mantenimiento del orden podemos mencionar las “guardias blancas”, creadas en la post-revolución mexicana, así como las Defensas rurales, milicias situadas bajo la autoridad del ejército y que contaron hasta 120 000 miembros en su apogeo del fin de los años setenta[12].
Luego, el segundo eje de análisis yace en las Policías comunitarias, definidas por el artículo 2º de la Constitución Mexicana. Éste reconoce a las comunidades indígenas el derecho de “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”, lo cual integra tareas de seguridad pública[13]. Estos movimientos conocen un auge en los años noventa, en particular en el estado de Guerrero donde se crea la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Luego se multiplican en la década 2010, incluso en Michoacán dentro de la región de la Meseta p’urhépecha[14].
Cuando se crean las Autodefensas en 2013, varios líderes – en particular el “doctor” José Manuel Mireles – reivindican una filiación con la Meseta, incluso a través del uso simultáneo de las apelaciones de “Policía comunitaria” y “Autodefensas” en sus discursos públicos.
Sin embargo, esta ambigüedad va más allá del vocabulario. Esconde diferencias fundamentales entre los grupos. Primero, las Autodefensas son formadas por rancheros mestizos. Salvo excepciones[15], los municipios movilizados entre 2013 y 2015 no integran comunidades indígenas. Segundo, como lo veremos en este texto, las Autodefensas mestizas representan una ruptura mayor en términos de acceso a capitales financieros y políticos si se compara con los movimientos indígenas. Tercero, y finalmente, los discursos de los líderes se pueden leer como la apropiación de un “label” político a pesar de no cumplir con sus requisitos: el uso del término de “Policía comunitaria”, vinculada con un marco jurídico existe, apoya la apertura de canales de interlocución e intermediación con las autoridades públicas, particularmente a nivel federal.
Editado por Karina García
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] Cuando hablemos de las «Autodefensas de Michoacán», usaremos una mayúscula. Usaremos el término « autodefensas », sin mayúscula, para referirnos a la práctica y la apelación genérica de este tipo de grupos que se encuentran por ejemplo en el estado de Guerrero o Veracruz en la actualidad.
[2]Para saber más acerca de estas dinámicas de “legibilidad”, vea: Le Cour Grandmaison, Romain, “Pueblo chico, infierno grande. Territorialidad e intermediación politica: las Autodefensas de Michoacán, in. Salvador Maldonado, (ed.), Michoacán. Violencia, inseguridad y Estado de derecho, Zamora, Colegio de Michoacán, 2019, p. 153-179.
[3]Ciertas fuentes indicaban hasta 25,000 miembros.
[4]Maldonado Aranda, Salvador, La ilusión de la seguridad. Política y violencia en la periferia michoacana, Colegio de Michoacán, Zamora, 2018.
[5]Para saber más acerca de este tema, ver : LE COUR GRANDMAISON, Romain, El rompecabezas michoacano: la institucionalización sin la gobernabilidad, Animal Politico, Junio 2015, disponible aquí.; Irene Alvarez Rodriguez, « Más que hombres armados. Revisitar el movimiento de autodefensas de Michoacán », Estudios sociologicos, vol. 39, n°115, p. 7-36, 2021 ; FUENTES DIAZ, Antonio, « Narcotrafico y autodefensa comunitaria en ‘Tierra Caliente’, Michoacán, México », Ciencia UAT, vol. 10, n°1, 2015, p. 68-82.
[6]Actualmente existirían alrededor de cien, activas en más de la mitad de los estados de la república.
[8]Ver el trabajo de Gilles Favarel-Garrigues y Laurent Gayer: “Violer la loi pour maintenir l’ordre. Le vigilantisme en débat”, Politix, vol. 3, n°115, 2016, p. 7-33 (23-24).
[9]Entrevista en Buenavista, septiembre 2015.
[10]Le Cour Grandmaison, Romain, “Vigilar Y Limpiar. Identification And Self-Help Justice-Making in Michoacan, Mexico”, Politix, vol. 3, n° 115, 2016, p. 103-125.
[11]Ver por ejemplo el trabajo de Nathaniel Morris, Soldiers, Saints, and Shamans: Indigenous Communities and the Revolutionary State in Mexico’s Gran Nayar, 1910–1940, University of Arizona Press, 2020.
[12]Ver el trabajo de Mariano Sanchez Talaquer, Legacies of Revolution: Popular Militias and the Rule of Law, disponible en https://sancheztalanquer.com/
[13]Articulo disponible en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
[14]Para un estudio completo de estas dinámicas, ver el trabajo de FUENTES DIAZ, Antonio, FINI, Daniele, (eds.), Defender al pueblo. Autodefensas y Policías Comunitarias en México, Puebla, Buenemerita Universidad Autonoma de Puebla – Ediciones del Lirio, 2018.
[15]La comunidad de Ostula, en la Costa de Michoacán, siendo una de las principales excepciones. Ver por ejemplo el trabajo de John Gledhill, “Los límites de la autodefensa indígena: el caso de Ostula, Michoacán”, in Daniel Míguez, Michel Misse y Alejandro Isla (eds.) Estado y Crimen Organizado en América Latina, pp. 93-110. Buenos Aires: Libros de la Araucaria, S.A, 2014.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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