Muerte de Emilia Herrera en Panguipulli: los correos desatendidos por el gobierno que buscaban evitar la escalada del conflicto

A comienzos de enero, vecinos del sector del desagüe del lago Riñihue, en Panguipulli, comenzaron a enviar correos a la Intendencia de Los Ríos solicitando colaboración ante las tomas iniciadas por el Lof Llazkawe. CIPER tuvo acceso a nueve de esos mensajes. A inicios de febrero informaron que miembros del Lof estaban dispuestos al diálogo y pidieron a la intendencia que intermediara. Pero eso no ocurrió. El conflicto escaló hasta que dos semanas después fue asesinada Emilia Herrera Obrecht. Tres guardias del condominio están en prisión preventiva imputados por su muerte.

Créditos foto de portada: rioenlinea.cl

Antes de que un proyectil disparado presuntamente por Francisco Jara Jarpa –guardia del condominio Riñimapu que quedó en prisión preventiva imputado por homicidio calificado– asesinara a la integrante del Lof Llazkawe, Emilia Milén Herrera Obrecht, vecinos de los alrededores habían enviado una serie de correos a la Intendencia de Los Ríos. En ellos relataban el temor que sentían por el conflicto y la violencia que se acrecentaba en el sector del desagüe del lago Riñihue, en Panguipulli, pero también informaron que había disposición al diálogo por parte de miembros del Lof. Por ende, solicitaron a la autoridad que intercediera para instalar una negociación. Pero ese requerimiento no fue atendido, desaprovechando la oportunidad de desactivar una crisis que siguió escalando hasta cobrar la vida de Emilia Herrera el 16 de febrero pasado.

La tensión en la zona del conflicto entre comunidades mapuche y el Estado chileno ha seguido creciendo. En las últimas 24 horas se produjeron al menos tres ataques incendiarios. El más grave de ellos fue la quema de dos viviendas en el fundo Miraflores, en Lautaro, donde la propietaria relató que fue encañonada por los agresores.

La escalada ha motivado protestas contra el gobierno por la falta de políticas efectivas para detener la violencia, desde quienes exigen “mano dura”–como los manifestantes que este martes 22 se congregaron frente a la Intendencia de La Araucanía bajo la consigna de que el presidente Sebastián Piñera “se ponga los pantalones”– hasta quienes piden abrir una vía concreta de diálogo y negociación. Respecto de esta última opción, CIPER constató que la autoridad desestimó abrir un diálogo en la zona donde se emplaza el condominio Riñimapu, a pesar de que vecinos de los alrededores le informaron que la contraparte mapuche estaba dispuesta a conversar.

CIPER accedió a nueve correos electrónicos fechados entre el 6 de enero y el 17 de febrero de 2021 –un día después del asesinato de Emilia Herrera– en los que en una primera instancia se contactó a Daniela Krauss Binder, asesora jurídica de la Intendencia de Los Ríos, y luego fue copiado el intendente regional, César Asenjo Jerez.

En los primeros mensajes, se alertaba a la autoridad de la violencia creciente, agresiones, robos, y se pedía mayor resguardo policial. Pero en uno de los correos, enviado el 3 de febrero, se informó a Krauss y Asenjo que había disponibilidad de miembros del Lof a conversar. “Dicha respuesta y conversación creemos que no nos corresponde a nosotros ni a los otros privados que nos encontramos en la zona afectados, pero sí a las autoridades dentro de sus atribuciones. Por ello quisiera pedir a ustedes tener a bien el generar un acercamiento a ellos”, se informó a la autoridad.

Nada de eso vino por parte de la Intendencia de Los Ríos. CIPER recogió testimonios que indican que nadie se acercó al Lof para tratar de instalar una mesa de conversación u otra instancia de diálogo. Menos ahora, luego del asesinato de Emilia Milén Herrera Obrecht.

“NO QUEREMOS QUE ESTO ESCALE”

En el sector del desagüe del lago Riñihue los conflictos territoriales abarcan una diversidad de temas, desde la reivindicación de la propiedad ancestral hasta la eventual explotación industrial del sector. La familia Matte, a través de Colbún, su empresa de generación de electricidad, pretende instalar aguas abajo del desagüe una central hidroeléctrica que contaría con una “capacidad máxima de 170MW de potencia instalada”, según describió la empresa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este proyecto aún se encuentra en proceso de calificación.

La instalación de este proyecto, cuya maquinaria cubriría gran parte del ancho del cauce en un determinado sector, es rechazada por el Lof Llazkawe, que se instaló en el lugar del desagüe a fines de noviembre de 2020. Según su vocero, Andrés Roldán Manquel, decidieron iniciar lo que ellos denominan “recuperación territorial” a través de la toma de terrenos tras mantener conversaciones con distintas autoridades que no atendieron sus requerimientos:

–Hablamos desde el intendente hasta un concejal. Aquí no faltó nadie que venga a ver nuestra problemática: agua, espacio, acceso a las playas… Todo eso está documentado. Siempre fue nuestra intención el diálogo, pero no se puede, no se avanza, es todo lento. Nadie resuelve nada. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de al final, como se dice, tomar el toro por las astas y empezar a hacer el control–, indicó Roldán.

La instalación del Lof, alegando propiedad ancestral y la protección de la tierra, provocó preocupación y temor en el condominio Riñimapu y entre otros propietarios del sector. Aquello quedó de manifiesto en los mismos correos que se enviaron a la Intendencia de Los Ríos, los que comenzaron el 6 de enero de 2021. “No queremos que esto escale y llegue a otros puntos y es por ello que quisiera ponerme en contacto con ustedes desde ya para buscar apoyo”, se leía.

Lago Riñihue

PETICIÓN DESOÍDA POR LA INTENDENCIA

En la audiencia del pasado viernes 19 de febrero el juez Felipe Muñoz fue tajante respecto del grupo de supuestos guardias que había llegado hace un par semanas al condominio. “Este es un grupo que está destinado a la comisión de delitos contra las personas”, dijo en referencia a los tres hombres que quedaron en prisión preventiva, dos de ellos imputados por homicidio calificado y el tercero como encubridor: Francisco Jara Jarpa, Cristian Larenas Cisternas y Carlos López Aguayo. De hecho, el magistrado dijo que le extrañaba que el Ministerio Público no hubiera formalizado a los implicados por asociación ilícita.

Uno de los testimonios claves para decretar la prisión preventiva de los tres imputados fue el de un testigo cuyo nombre se mantiene en reserva. Este describió cómo Jara Jarpa disparó el 16 de febrero hacia el grupo de integrantes del Lof que se acercaba a la portería; uno de esos disparos habría asesinado a Emilia Milén Herrera Obrecht. Él dijo que estos nuevos guardias habían llegado enseñando sus armas y diciendo que “tenían hambre de ser utilizadas”, según leyó el juez Muñoz.

Antes de que se desbordara la situación en el desagüe del lago Riñihue, la Intendencia de Los Ríos fue informada de la escalada de tensión. El 6 de enero, cuando se envió el primer correo a la abogada de la intendencia, Daniela Krauss, respondió que se contactaría vía telefónica. Luego vino otro correo, en el que se señaló que ya habían notificado a Carabineros, luego de haber sufrido el levantamiento de cercos.

Hasta el 31 de enero no hubo nuevos intercambios, al menos en la cadena de mensajes a la que accedió CIPER. Ese día, un correo dirigido a Krauss indicó que ya había pasado bastante tiempo y no habían recibido la llamada prometida. El 3 de febrero de 2021 otro mensaje informó que integrantes del Lof Llazkawe estaban abiertos al diálogo.

“Por ello quisiera pedir a ustedes tener a bien el generar un acercamiento a ellos, quizás de la Intendencia en conjunto a un representante de Conadi de la región y buscar la forma que depongan dichas tomas, el generar problemas en la zona y buscar una solución dentro de las posibilidades y herramientas que el Gobierno tiene actualmente”, se lee en el correo.

CIPER consultó a la Intendencia de Los Ríos por las medidas que habían tomado en medio de este conflicto. Ninguna apuntó al diálogo, sino a reforzar la vigilancia policial y presentar denuncias ante el Ministerio Público. De manera escrita, el intendente Asenjo informó que la situación “se abordó de inmediato solicitando a Carabineros de la región que tomara acciones según los conductos regulares que los rigen”.

“Es desde ahí, que comienzan a realizar una serie de denuncias, solicitando al ejecutivo en la zona que realice gestiones, lo que es analizado por las distintas instituciones de Gobierno y concretando acciones según las denuncias y la competencia frente a estas”, señala la respuesta del intendente.

Acorde a información proporcionada por la intendencia, de ahí en adelante se tomaron cuatro denuncias, “las que están en manos del Ministerio Público y que son materia de investigación”. También se hicieron reuniones vía Zoom con “abogados y propietarios de la zona”, realizando además “sobrevuelo de drones, coordinado con Carabineros para conocer los alcances del conflicto y verificar situaciones que se fueron dando en el transcurso del tiempo”.

En noviembre de 2020, según los detalles entregados por la 5^a Comisaría de Panguipulli a la Intendencia de Los Ríos, se hicieron cinco rondas por el sector; en diciembre de 2020, 21 rondas y cinco visitas, “tomándose 3 denuncias: dos por los delitos de daños, y una por el delito de hurto”; en enero de 2021, 24 visitas “sin recibirse denuncias durante ese mes”.

Panguipulli

“En febrero, tras una videoconferencia realizada con el encargado de macrozona sur Cristian Barra, donde participaron el intendente César Asenjo; el jefe de la Defensa, general Guillermo Sánchez; el jefe de zona de Carabineros, general Claudio Valencia; y la jefa regional de PDI Los Ríos, prefecta Consuelo Peña, y los equipos jurídicos de las respectivas instituciones, se realizó el 9 de febrero una visita a la zona por parte del Intendente Asenjo y general de Carabineros. En la instancia se entrevistaron con cuidadores del lugar, conociendo la seguridad que estaban implementando”, informaron en la intendencia (ver comunicado).

El vocero del Lof, Andrés Roldán, dijo a CIPER que ninguno de sus integrantes participó en hurtos o desórdenes:

–Eso es falso. O sea, lo que ellos deben denunciar es cuando nosotros abrimos el acceso a la playa. Nosotros sacamos un portón, cortamos unos cercos e hicimos que la playa fuera libre y pública–, afirmó Roldán.

CIPER consultó también a la Intendencia de Los Ríos por los correos, preguntando, en particular, por la solicitud de los vecinos del sector que pedían la intervención del gobierno para instalar un diálogo. En otra respuesta escrita, la intendencia indicó que la decisión fue ponerse “en contacto directamente con el abogado que se atribuía la representación del condominio Riñimapu, siendo parte de las distintas reuniones y contactos adoptados hasta la fecha”.

La intendencia confirmó que la abogada Krauss también tomó contacto con uno de los vecinos que envió correos. Y aunque su respuesta demoró más de 20 días, en la intendencia indicaron a CIPER que descartaban una “tardanza en la comunicación con los miembros del condominio, dado que desde noviembre se estaban realizando acciones enfocadas en la seguridad de la zona, disponiendo además este ministerio, por medio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, vuelos de drones, que desde diciembre han realizado monitoreo en el sector”.

Respecto de eventuales acciones para abrir un diálogo, en la Intendencia de los Ríos dijeron a CIPER que éstas “son acciones particulares, que se resolvieron por medio de una acción jurídica civil, donde el Tribunal estableció una medida de protección para el condominio, además de denegar la solicitud de desalojo de cabañas que se encuentran en usurpación”.

“El accionar del tribunal da cuenta de que esa era la vía de acción ante los hechos, sin embargo, estas acciones fueron analizadas por los abogados de Intendencia y Macrozonasur, instancia donde se definió que no existía legitimación activa para realizar algún tipo de acción. Pese a esto se siguió apoyando la zona con seguridad y visitas periódicas, incluso de autoridades, donde el Intendente César Asenjo, junto al jefe de zona de Carabineros, general Claudio Valencia y altos funcionarios de la institución en Los Ríos, asistieron al condominio para conocer en terreno las características de la zona”, agrega la respuesta de la intendencia.

Apenas siete días después de esa visita del intendente Asenjo y del general Valencia, el conflicto cobró la vida de Emilia Herrera.