Acuerdo comercial con Europa pone en jaque las demandas constituyentes

En paralelo a la revuelta popular y el proceso constituyente, el gobierno de Chile está negociando la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AA) que mantiene con la Unión Europea desde 2003. Este proceso no ha recibido la suficiente atención en el debate público pese al gran impacto que tendrá en la vida de quienes habitan Chile y en la posibilidad de consagrar las demandas de los movimientos sociales en una nueva Constitución.

Las negociaciones iniciadas en noviembre de 2017 continúan en la actualidad pese a que a fines de octubre de 2019, 45 eurodiputados de tres grupos parlamentarios suscribieron una carta enviada por Miguel Urbán, del partido español Podemos, a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, denunciando “la militarización del país y la represión de las movilizaciones” y exigiendo “que la UE haga valer la cláusula de democracia del AA que se mantiene con Chile, donde se establece el respeto de los Derechos Humanos fundamentales”^[i]. Sin embargo, la UE decidió continuar las negociaciones en vez de exigir la protección de los Derechos Humanos de la población de su contraparte.

El subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, afirmó que “La nueva Constitución, de existir, va a respetar los acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y, por lo tanto, eso es algo que está fuera de discusión y por eso es tan importante esa norma. Cuando uno va a explicar el proceso fuera de Chile tiene que decir que el país va a permanecer en el fondo con una política de apertura comercial y de bienvenida a la inversión extranjera”^[ii].

LA DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS

El cultivo de paltas consume grandes volúmenes de agua, al igual que otros productos primarios que se exportan a la UE. Pero en la propuesta de modernización del AA, pese a que existen iniciativas de protección al medio ambiente, éstas no son vinculantes. El capítulo de comercio y desarrollo sostenible para la modernización no establece ningún mecanismo para sancionar a empresas que contaminan el medio ambiente o afecten la biodiversidad. Tampoco en el capítulo sobre solución de controversias se incluyen los daños ambientales, sino que solamente se propone un panel de expertos que puede dar recomendaciones.

Tal como sucede con las paltas, la extracción de litio también utiliza mucha agua. En el marco del cambio climático la UE ha apostado a la transición hacia un modelo bajo en emisiones de carbono, donde la eléctromovilidad es un factor clave para reducir los gases de efecto invernadero y descontaminar las ciudades. El litio es uno de los metales con una demanda en aumento debido a su uso en la fabricación de baterías recargables, un componente indispensable en la fabricación de vehículos eléctricos.

Chile es el principal proveedor de este metal a la UE y el AA vigente establece un arancel cero para el comercio de productos de litio, por lo tanto, no hay margen para una mayor liberalización en un acuerdo modernizado. Sin embargo, según el estudio de impactos de la Comisión Europea, el estatus de “material estratégico” que tiene el litio legalmente en Chile, su extracción no es concesionable para empresas extranjeras, puede entrar en conflicto con el capítulo de protección de la inversión extranjera propuesto por la UE^[iii].

LONCO CALFUNAO: "A NINGUNA AUTORIDAD ANCESTRAL SE LE HA CONSULTADO DE MANERA FORMAL”

Los productos del sector forestal representan un 9% del total^[iv] de las exportaciones a Europa. La propuesta de la UE para la modernización del AA destaca la importancia del manejo forestal sostenible y el papel del comercio en la consecución de este objetivo, y alienta a la conservación y la gestión sostenible de los bosques y el comercio. Pero no se establece medidas vinculantes para su implementación, fiscalización ni mitigación de las prácticas ya existentes.

El Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile en 2008, y que el capítulo de comercio y sostenibilidad insta a cumplir; establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado consulta ni se han reunido con autoridades tradicionales mapuche reconocidas por las comunidades.

Juana Calfunao, lonco de la comunidad Juan Paillalef en la comuna de Cunco en la Región de la Araucanía, indica que existe una asimetría de trato. Consultada sobre el fomento a las plantaciones, la autoridad tradicional es clara: “Respecto a la modernización del acuerdo entre Chile y la UE en el territorio mapuche a ninguna autoridad ancestral se le ha consultado de manera formal. Las consecuencias son catastróficas. Se genera un despojo total culturalmente y la muerte de la biodiversidad la que conlleva que exista un exterminio del pueblo mapuche”.

Al ser consultado respecto de la invitación de los pueblos originarios a las reuniones informativas de “Cuarto Adjunto”, Felipe Lopeandía, el jefe negociador de Chile, responde en la entrevista realizada el 24 de septiembre de 2020: “Nosotros tratamos de que sea lo más inclusivo posible, lo más abierto, pero efectivamente ellos [representantes del pueblo mapuche] no han concurrido… Probablemente ellos desconfían un poco de la instancia, no les parece interesante y por lo tanto ahí quizás nosotros tenemos que tomar un poquito más la iniciativa al respecto”.

UPOV-91: LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS EN EL ACUERDO

En el capítulo de propiedad intelectual, se establece que las partes protegerán los derechos de los obtentores vegetales de conformidad con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) según su última versión revisada en marzo de 1991^[v]. La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que protege los intereses de los fitomejoradores al considerarlos como ‘creadores’ de las variedades vegetales.

Por los compromisos comerciales Chile ya debería haber ratificado la UPOV-91, pero no lo ha hecho debido a la resistencia de las organizaciones sociales. Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) afirma que si el UPOV-91 se implementa, se criminalizará la práctica campesina de custodia e intercambio de las semillas tradicionales, así como la pérdida de la libertad para decidir y producir, además del encarecimiento de la producción al tener que comprar las semillas a las grandes empresas que dominan este mercado y sus productos asociados.

Por otra parte, los monocultivos requieren más plaguicidas que el cultivo tradicional y muchos de los plaguicidas provienen de Europa. Desde la entrada en vigencia del AA la importación de químicos desde la UE incrementó un 135%^[vi] y durante los últimos 20 años, en el caso particular de los plaguicidas, han aumentado un 469% según la FAO. En Chile están permitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 1.379 nombres comerciales de plaguicidas, concentrados en 400 ingredientes activos, de los cuales 103 han sido clasificados como altamente peligrosos. De esos, 51 provienen de la Unión Europea a pesar de que 24 de ellos están prohibidos en territorio europeo^[vii]. Asimismo, según un informe de 2019 de la asesoría técnica parlamentaria “Regulación de Plaguicidas” elaborado para la Comisión de Agricultura en el marco de la discusión del “Proyecto que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad”, de los 579 ingredientes activos permitidos en Chile, 92 no están permitidos en la Unión Europea.

María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas sostiene que el tratado con la UE ha aumentado la comercialización de estos productos por lo que los exportadores de plaguicidas serían uno de los sectores que se verían más beneficiados: “Los tratados de libre comercio son una muy mala noticia para las abejas, para los consumidores y para quienes pretendemos que se proteja la biodiversidad en nuestro país. Entonces es ganancia para algunos y pérdida para el país”.

“LOS CHILENOS ESPERARÍAN UNA OLEADA DE DEMANDAS”

La UE es el principal inversor en Chile, con un 33% del monto total de inversiones extranjeras directas en el país. Las inversiones se concentran en el sector de energía, servicios financieros y transporte, comunicaciones, seguros, y áreas de protección social como las AFP.

Un punto central de la modernización es la inclusión de un capítulo de protección a la inversión extranjera, la UE busca establecer de manera permanente un Sistema de Corte de Inversión, ICS por su sigla en inglés^[xviii], un cambio respecto al actual modelo, el Sistema de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS) . Las cláusulas de protección a la inversión son usadas por los inversores extranjeros para demandar a los Estados cuando consideran que un cambio en las políticas del país receptor afecta sus legítimas expectativas de ganancias, aunque se trate de políticas que busquen proteger la salud pública, los derechos laborales o el medio ambiente.

En cuanto al cambio de mecanismo, Felipe Lopeandía detalla: “No hemos tenido una historia de juicio o de litigio con empresas europeas en el pasado. Entonces, el temor es que creemos un ente al respecto que no tenga mayor uso en la práctica.” Sin embargo, la postura chilena es “tener un análisis lo más abierto posible con respecto a una instancia como ésta”.

El fondo de inversión italiano Generali es dueño de la AFP PlanVital que tiene 1.693.025 afiliados en Chile. En 2007 Generali demandó al Estado libanés, argumentando que este no habría brindado la protección plena y seguridad que le correspondía según el tratado de inversión suscrita entre los dos Estados. Ante cambios en el sistema de pensiones que afectasen las expectativas de ganancias de los inversionistas europeos, con el acuerdo modernizado, Generali podrá demandar al Estado chileno también.

La empresa española, Sacyr, que administra cuatro empresas de gestión del ciclo integral del agua en Chile, brindando servicios a más de 150.000 habitantes^[ix], demandó en 2018 al Estado de Panamá en relación con una ampliación del canal de Panamá. Así como podría suceder con el fin de las AFP, si la desprivatización de las aguas se materializa a futuro, existe la posibilidad de que el Estado chileno, con base en el acuerdo modernizado con la UE, se enfrente a demandas de parte de empresas europeas como Sacyr.

El profesor de Derecho de Inversión de la Universidad de York, Canadá, Gus van Harten, señala: “Los chilenos esperarían una oleada de demandas atacando cualquier reforma que interfiera con las prioridades de negocio de multinacionales,” afirma consultado por la posibilidad de que Chile sea demandado en un escenario donde el Estado recoge las demandas ciudadanas tales como el cambio del sistema de pensiones o la desprivatización de las aguas. “Desprivatización: ahí mismo podrás esperar reclamos. [Los mecanismos de protección de inversión] están diseñados para eso”.

Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que sus propuestas no son contrarias al ejercicio de soberanía de Chile en medio de un proceso constituyente. En una respuesta escrita a las autoras, mediante la oficina de prensa, afirma que “la Unión Europea está negociando la protección a la inversión con sus socios comerciales respetando plenamente su derecho a la autodeterminación, y apoyando su proceso interno de democratización. Provisionando protección de inversión balanceada, apuntamos a proteger a inversores y sus inversiones establecidas en el exterior contra una variedad limitada de prácticas del Estado receptor”.

El proceso constituyente que se abrió tiene un espíritu profundamente democratizador, de recuperación de derechos de todo tipo, reflexiona Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicidas. Al respecto la periodista indica que: “La modernización del AA va en el sentido contrario. Son procesos que en el fondo son incompatibles por representar intereses incompatibles. El proceso chileno busca ampliar los derechos de las personas y de los territorios que habitan, en cambio la modernización busca asegurar los privilegios de los inversionistas europeos, a costa de esos derechos.”

En general los tratados tienen un plazo de vigencia de 15 o 20 años en que las partes no pueden salirse. Si se integra el capítulo propuesto por la UE en la modernización del acuerdo, reemplazaría automáticamente todos los tratados entre Chile y países europeos, además de extender su cobertura a los 7 países europeos con los que no tiene tratados, lo que dificultaría la retirada de Chile. La Unión Europea propone, mediante una cláusula de término, obligar a las partes a mantener los derechos de inversores extranjeros por 20 años más tras salir del acuerdo^[x].

NOTAS Y REFERENCIAS