Redistribuir el poder para que exista un nuevo Chile

Si votamos por los mismos de siempre, dicen los autores de esta columna de opinión, “corremos el riesgo de que la nueva Constitución no cambie en nada nuestra vida y sea un traje a la medida para la élite política de los últimos 40 años”. Por eso, sostienen que deben buscarse mecanismo para “redistribuir el poder” y dejar que “las mayorías se expresen”. Es imperioso eliminar los “candados contra-mayoritarios”, como el fallo del Tribunal Constitucional que eliminó las nuevas atribuciones del Sernac, e incorporar mecanismos complementarios de la democracia representativa, como cabildos, iniciativas populares de ley o de revocación de mandato.

Corremos el riesgo de que la nueva Constitución no cambie en nada nuestra vida y sea un traje a la medida para la élite política de los últimos 40 años. Esto puede pasar si votamos por los mismos de siempre: los boleta falsa, los coludidos y los vinculados a redes de narcotráfico. Si les permitimos ganar, este país seguirá apellidándose Walker, Matte y Angelini, pero con nuevos cerrojos. Para impedir que eso suceda, debemos redistribuir el poder a fin de que las mayorías se expresen.

HACER CAMBIOS: CONTRA LA CANCHA Y EL CERROJO DE GUZMÁN

Lo cierto es que la Constitución que escribiremos tiene que ser completamente distinta, una donde realmente se garanticen los derechos sociales y se establezca un nuevo modelo de desarrollo.

Basta con mirar la Constitución de 1980 para constatar que enlistar derechos no implica que se garanticen de forma efectiva. Sin ir más lejos, Quintero y Puchuncaví son un ejemplo: sus habitantes viven en zonas de sacrificio con altas concentraciones de industrias contaminantes, pese a que en la Constitución está consagrado el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Misma suerte corren las pensiones, la mayoría de ellas hoy son inferiores al salario mínimo, aunque el derecho a la seguridad social también está consagrado en nuestra Carta Fundamental.

No es de extrañarse que esto Jaime Guzmán lo supiera perfectamente cuando le puso los cerrojos a la Constitución. El ideólogo gremialista advirtió que, si “los adversarios” al modelo llegaban a gobernar, se verían forzados a seguir una acción no tan distinta a la anhelada por él, puesto que la “cancha” impondría márgenes muy reducidos para quienes pretendan hacer cambios. Dicho de otro modo, la Constitución que hoy tenemos garantiza que una eventual mayoría contraria al modelo no pueda hacerle transformaciones.

Claramente aquí el problema es la “cancha”, ese tejido de mecanismos que impiden que las fuerzas políticas y sociales puedan hacer reformas sustantivas al modelo, como las leyes orgánicas constitucionales, el Tribunal Constitucional (TC) que opera como una tercera cámara o la iniciativa exclusiva del presidente para presentar proyectos de ley en las materias más sensibles del actual orden económico y social.

Así, hoy vemos que parte importante de lo que requiere la nueva Constitución es eliminar estos candados, que son mecanismos contra-mayoritarios que permiten que una minoría pueda constreñir la voluntad de las mayorías. Ejemplo de ello son el fallo del Tribunal Constitucional contra las nuevas atribuciones para el Sernac, o los polémicos dos tercios que impidieron que en el Senado se consagrara el agua como bien de uso público.

Estos son los cerrojos de Guzmán que queremos sacar, pero nos quedamos cortos si es solo eso lo que buscamos cuando en el país se vive una profunda crisis de legitimidad de la política y hay un amplio rechazo a los partidos tradicionales, manchados por la corrupción y las redes clientelares, lo que ha hecho más difícil que instituciones como el Congreso empujen transformaciones en la línea de aumentar las facultades parlamentarias como contrapeso del Ejecutivo.

Acá el desafío está en mejorar la calidad de la democracia representativa y añadir elementos como mecanismos de participación y deliberación democrática.

LOS EXCLUÍDOS COMO PROTAGONISTAS DE LAS TRANSFORMACIONES

Hemos sido testigos de que estos últimos años los partidos han dejado de actuar como mediadores entre la diversidad social y la decisión política. A raíz de ello es que urge que los excluidos de la política tradicional entren a estos espacios de decisión y los transformen.

En efecto, es esencial que las mujeres, las clases populares, los pueblos originarios, las personas en situación de discapacidad, las disidencias sexuales o el millón de chilenos en el extranjero, tengan una representación ecuánime en los distintos poderes del Estado.

A modo de ejemplo, un parlamento con paridad de género podría ser más propenso a aprobar una ley de aborto gratuito y universal que uno donde tres de cada cuatro parlamentarios son hombres. O un parlamento elegido con campañas donde el financiamiento de empresas y grandes fortunas fuera prohibido también sería más abierto a reducir las grandes desigualdades que aquejan al país.

A esto se suma que, como complemento a la democracia representativa, hay que aceptar nuevas formas de mediación política por parte de actores de la sociedad civil, como los cabildos, las asambleas y los movimientos sociales.

Lo anterior supone la incorporación de mecanismos de democracia participativa destinados a mejorar la representación, con iniciativas populares de ley o revocación de mandato, junto con otros mecanismos de participación, especialmente dirigidos a abrir los espacios institucionales necesarios para garantizar que la ciudadanía pueda participar del proceso de toma de decisiones públicas, a través de los gobiernos locales y la organización territorial.

Para materializar estas transformaciones necesitamos que la redistribución del poder político, económico y social cuente con mecanismos institucionales que establezcan las condiciones para que las reformas sean efectivas y eviten que la concentración del poder económico anule la democracia. Es fundamental restringir la cancha donde las élites económicas, como SQM o Corpesca, puedan incidir y cooptar la política.

La nueva constitución debe establecer las condiciones que garanticen una participación política igualitaria a lo largo de la sociedad y del territorio, evitando que los distintos modos de acumulación distorsionen la formación de las voluntades populares. De esta forma podemos asegurarnos que la nueva constitución no sea, como muchos temen, letra muerta.