“La discapacidad no es un atributo ciudadano que te haga merecedor de un escaño reservado”

Gabriel Salinas es ciego desde la infancia, doctorado en Ciencias Sociales y candidato a doctor en Filosofía. A diferencia del trato que a su juicio se debe dar a los pueblos originarios, cree que no corresponde asegurar escaños reservados para discapacitados en la Convención Constituyente: “Son los valores universales de la democracia los que deben cimentar el trabajo de la Convención y no los intereses de tal o cual corporación (…), de tal o cual colectivo de personas identificadas a una patología, minusvalía o déficit físico, sensorial o cognitivo. Perder de vista esa vocación universalista, entraña el peligro de abrir la puerta a manifestaciones corporativistas, de cuyos efectos perniciosos han sido víctimas muchas democracias”.

El martes 27 de octubre de 2020, en la Comisión de Constitución del Senado se discutía acaloradamente la inclusión de escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente. Como parte del mismo proyecto de ley, también se intentaba zanjar la participación de personas con alguna discapacidad. En diciembre de 2019, la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto que les aseguraba un 10% de los escaños. Sin embargo, diez meses después la discusión seguía entrampada en el Senado. La abogada María Soledad Cisterna, enviada especial del secretario general de la ONU sobre discapacidad y accesibilidad, llamaba a que el Congreso diera una señal clara “de inclusión y participación de las personas con discapacidad” en la Convención. Acorde con aquello, la centroizquierda apoyaba la idea de establecer una cuota, mientras que, desde la derecha, intentaban rebajarla o derechamente eliminarla[1].

Finalmente, en la madrugada del 30 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por tres votos a favor y dos en contra la inclusión de un 5% de personas con discapacidad en las listas de candidaturas para la Convención Constitucional[2]. Sin embargo, como la indicación era parte del proyecto que buscaba la incorporación de pueblos originarios, el que finalmente fue rechazado por la sala del Senado, todo quedó nuevamente en tierra de nadie. Y hasta ahora, las voces desde el propio mundo de la discapacidad son variadas.

Gabriel Salinas Álvarez, ciego desde la infancia, sociólogo, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Bruselas y candidato a doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, no está de acuerdo con los escaños reservados para la gente con discapacidad. “Pueblos originarios y discapacidad son temas distintos y la discusión de ambos en la misma jornada creo que no benefició a ninguno de los dos”, adelanta. “Debieron ser tratados por separado, porque, entre otras razones, la discapacidad no es un atributo ciudadano que te haga merecedor de un escaño reservado”.

Aunque inicialmente los dichos de Salinas pueden resultar controversiales, tiene razones de fondo para afirmar aquello. En 1995 fue parte del primer grupo de profesionales que organizó y puso en marcha el Fondo Nacional de Discapacidad (Fonadis), donde fue encargado del Departamento de Estudios hasta 1998. En la actualidad reconoce que le gustaría ser candidato a convencional, pero se da cuenta de que, como independiente, las condiciones administrativas son muy difíciles de satisfacer.

-Usted afirma que la discapacidad no es un atributo ciudadano y que, por ende, no debiera tener escaños reservados. Sin embargo, el tema fue discutido en conjunto con los escaños para pueblos originarios en el Senado. ¿Por qué considera que la discapacidad no es un atributo ciudadano y el ser parte de un pueblo originario sí lo es?

-La legitimidad de la presencia de los pueblos originarios en la Convención Constituyente no merece duda alguna, pues se trata de ciudadanos que, a pesar de preexistir a la república en el territorio del actual Chile, han sido privados de sus derechos más fundamentales, por razones de orden político, económico, cultural, etcétera. Su presencia en la instancia suprema de la soberanía ciudadana es un derecho inalienable que, por lo demás, ni en el mejor de los casos, reparará mínimamente el daño que la república les ha infligido. La discapacidad, por su parte, no es una cualidad ciudadana, ni una condición étnica, ni un atributo social cultural que distinga a un segmento de la población, cuyos intereses particulares deban expresarse políticamente mediante una representación en la Convención Constituyente. No pretendo, en absoluto, ignorar o minimizar la importancia y la extensión de las necesidades de las personas con discapacidad. Al contrario: pienso que el espacio en el cual dichas necesidades pueden encontrar respuestas es en aquel cubierto por los distintos dispositivos del Estado en conformidad con políticas sectoriales, cuyo ámbito institucional no es una Convención Constituyente, sino el conjunto de los servicios públicos que componen la administración estatal.

-¿Qué opina de lo que se ha hecho hasta ahora en esta materia desde el ámbito público?

-Aunque insuficientes, no han sido pocos los progresos legislativos y reglamentarios que han permitido mejorar el acceso de las personas discapacitadas a mejores niveles de rehabilitación, de inserción laboral, de educación, salud, cultura; en suma, de integración social. Sin embargo, se está muy lejos de las metas sugeridas por las recomendaciones de los organismos ad hoc de Naciones Unidas. La reflexión sobre los múltiples aspectos de la discapacidad no ha sido ni diligente ni exenta de tropiezos, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, se puede afirmar que van quedando atrás las concepciones discriminatorias que reducían el problema de la discapacidad a una cuestión fundamentalmente médico-sanitaria o psicosocial. Las evidencias recogidas por variadas disciplinas de las ciencias sociales, la psicopedagogía y otras ramas de la educación, dan un fundamento sustancial a una nueva manera de considerar la discapacidad que obliga a abandonar los viejos paradigmas de las personas consideradas “normales” y aquellas afectadas por un “hándicap”. La evidencia internacional hoy nos habla de mayor o menor autonomía de los individuos y de las habilidades que deben desarrollar para controlar y manejar la dependencia suscitada por la minusvalía.

-Suena contradictorio que alguien pueda manejar la minusvalía, dado que uno entiende que la minusvalía misma es la que genera una dependencia en el individuo.

-Los estudios han determinado que la minusvalía es más una situación de falta de autonomía que una anormalidad. Si asumimos que todos dependemos de algo, ya sea por nuestro origen social, gustos, y que nadie es totalmente autónomo, entonces la minusvalía deja de estar encapsulada. El problema es que nosotros tenemos que manejar nuestras dependencias, orientarlas, y sacarles partido, porque así vamos a ser más libres y más autónomos. La discapacidad efectivamente coarta la autonomía, así que uno tiene que aprender a manejar esas dependencias. Te pongo un ejemplo corriente: una persona ciega tiene problemas severos de acceso al espacio público y urbano. Si éste es hostil, como Santiago, es complicado, y para superar esa dificultad hay dos elementos: el primero es de orden personal. La persona ciega tiene que aprender todos los gestos de movilidad para desplazarse sin riesgo y lograr lo que se propone. Pero al mismo tiempo ese esfuerzo depende de lo que la sociedad hace del espacio público. Santiago mejoraría mucho si es que se suprimieran las barreras urbanas a las personas con discapacidades. En la medida que el espacio público lo permite, la dependencia de las ayudas técnicas se neutraliza.

-¿Qué se está haciendo mal hoy en Chile para lograr mayores grados de autonomía de la gente con discapacidad?

-En el Metro, por ejemplo, cuando se inauguraron nuevas líneas en los años ‘95 y ‘96, no estaban previstos ascensores para las personas en silla de ruedas. Se decía que eran sumamente caros y, sin embargo, posteriormente, hubo que acondicionar el espacio para los ascensores. Eso es mucho más caro después y los ministerios competentes saben lo que se debe hacer para la supresión de barreras a la discapacidad. Sin embargo, acá en Chile, la reglamentación del Ministerio de Vivienda no obliga, sino que recomienda que se tomen disposiciones que hagan más expedita la movilidad de las personas con discapacidad. De lo que se trata es que la sociedad tome las disposiciones para que la ciudad no esté llena de barreras. Una ciudad sin barreras arquitectónicas hace una vida mejor para todos, incluso para el que se quebró el pie en un partido de fútbol dominical.

-¿Qué cree que se debiera hacer en materia de políticas públicas?

-Es un abanico amplio que incluye el acceso a la información, el desarrollo urbano, los transportes públicos, la vivienda, la educación, la formación artística, técnico-profesional, etcétera. En educación, por ejemplo, cada comuna y distrito escolar, debiera tener un dispositivo de personal preparado en discapacidad, capaz de ayudar al maestro común y corriente del aula que tiene uno o dos niños con discapacidad, para que éste los pueda sacar adelante junto al resto de sus compañeros. Eso evitaría “las escuelas especiales”, que persisten debido a que la discapacidad se considera como un mundo aparte del resto de la sociedad. Y, lamentablemente el efecto se ve en que la cantidad de personas discapacitadas que inician la educación es muy mayor a las que la terminan.

Gabriel Salinas Álvarez.

-¿Por qué, entonces, parte de la solución no puede estar en que “el gremio de la discapacidad” se organice y tenga escaños reservados para el proceso constituyente, tal como se ha discutido en la Cámara de Diputados y el Senado?

-En España hace un tiempo se hablaba del “mundo de los ciegos” y cómo, en función de aquello, desarrollar ayudas técnicas. Por ejemplo, se inventó un aparato de escribir para ciegos, con un teclado Braille, irreprochable desde el punto de vista tecnológico. Pero había que comprarlo y no era barato. Luego ibas a una oficina y tu aparato no era compatible con los demás. O no podías entrar al computador de tu colega porque no sabías ocuparlo. En cambio, luego se inventaron softwares muy simples capaces de vocalizar lo que aparece en la computadora. Yo, por ejemplo, leo mucho y la mayor parte lo escaneo yo mismo en un escáner común y luego mi software vocaliza el texto. Mi amigo o compañero de trabajo puede ocupar mi computador y yo el de él gracias a este simple software, compatible con todos los sistemas. Ahí ves una diferencia de óptica del problema, pues la solución no abunda en crear situaciones más especiales para los ciegos. Si esto lo llevas a lo macro, las asociaciones de ciegos no han resultado porque el nexo es la discapacidad, estableciendo una especie de mundo particular que es “el mundo del ciego”. Otra cosa es decir que en la sociedad hay ciudadanos que tienen necesidades especiales debido a su origen social, de salud, genético, etcétera, y que cada una de estas necesidades debe ser satisfecha. De esta forma, la sociedad no se transforma en la simple sumatoria de necesidades particulares con los ciegos por allá, los sordomudos en otro lado, los tetrapléjicos en otro, los pobres en otro y así, suma y sigue.

-¿Es un problema de visión integradora, entonces?

-Y de cómo se reparten los recursos en la medida que esa visión integradora de verdad se toma en serio. Pues, si bien hay que partir de la base de que la discapacidad es un factor que está igualmente distribuido en la sociedad, tan cierto como eso es que cuando hay pocos recursos y no tienes acceso a ellos, ésta se transforma en una carga insostenible. Y acá se llega a un problema social fundamental: las sociedades priorizan los gastos e inversiones en base a criterios, fundamentalmente, económicos o políticos más que sociales. Un ejemplo es que esta sociedad pone más dificultades a la posibilidad de resolver los problemas de la movilidad de la gente en el Metro que el cambiar el stock de tanques o aviones de las Fuerzas Armadas.

-En un mundo cada vez más tecnológico, es decir, al alcance de la mano y sencillo “para todos”, ¿de qué forma la esfera de lo laboral privado replica la segregación para la discapacidad?

-En la formación profesional hay muchas áreas laborales y de trabajo que se desarrollan gracias a los procesos tecnológicos y que están al alcance de los ciegos, pero las condiciones de trabajo en la empresa misma -donde los criterios de rentabilidad y productividad obedecen a necesidades estrictamente económicas-, hacen muy difícil que personas discapacitadas puedan entrar a ese ritmo. Gran parte de las iniciativas que se proponen incorporar a personas discapacitadas generalmente terminan en puestos de segunda clase. No se los prepara en trabajos difíciles debido a que los procesos son costosos. Entonces, es más fácil ponerlos en trabajos que no requieren esfuerzos tecnológicos. Y la gente también lo acepta. Resulta difícil que los ciegos lleguen a estos procesos tecnológicos, cuando la educación sigue sobre los rieles de “la educación especial”, que es segregadora. En cambio, cuando se ha dado la experiencia de una educación integrada, donde los chicos ciegos, sordomudos o con otra discapacidad son incorporados con otros niños desde pequeños, el peso de la dependencia disminuye extraordinariamente.

-Qué le diría a un empresario al que la Constitución de 1980 le ha asegurado durante ya 40 manejar su negocio en términos de ganancias y pérdidas, en el estricto sentido económico, y que podría considerar que una intromisión en este ámbito, para asegurar la inclusión de discapacitados, sería un ataque a la libertad de empresa[3].

-Que lo más probable es que en lo inmediato no va a tener un beneficio monetario. Y que la vida no se define solo por lo monetario. Pero hay otro tipo de empresario que cree en la filantropía que, en muchos casos se expresa a través de la Teletón. Ésta señala que el empresario tiene un gesto de generosidad y que se despoja de parte de su riqueza, sin mencionar que todos esos aportes tienen resarcimiento monetario, una ganancia en marketing y en volumen de ventas. Ahí radica la manipulación mediática de Don Francisco. El empresario debiera entender una verdad absoluta y esta es que una sociedad más justa y más solidaria es menos violenta. Parte de eso nos ha enseñado el 18 de octubre de 2019.

–En un proceso de Convención Constituyente, ¿cómo abordaría el tema de la discapacidad?

-En nuestro país, los problemas relacionados con la discapacidad siguen siendo demasiado tributarios de lo que acontece en el espacio privado y este es un tema que recorre toda la Constitución de 1980. Las medidas que adoptan los poderes públicos, en este terreno son estrictamente subsidiarias. Creo que, en la discusión constitucional, debe ocupar un lugar fundamental el hecho de que los incentivos económicos estén a la misma altura de otros valores. Por ejemplo, en la Constitución actual se garantiza la libertad de empresa. También se garantiza que las familias y padres decidan la educación de sus hijos y que podamos elegir el sistema de salud donde nos podemos curar. Eso puesto así, significa que parte considerable de la sociedad que no tiene los recursos ni los medios, realmente no puede elegir. El caso de las familias de las poblaciones marginales ¿Qué pueden escoger en materia de educación? En cambio, los hijos de gente rica de barrios pudientes sí que pueden elegir. Entonces, esa premisa libertaria de la Constitución tiene que agregar que “todos los individuos del país, por el solo hecho de ser ciudadanos de este país, tendrán la posibilidad de acceder a los mismos bienes públicos, educación, salud, sin depender del origen social, étnico, discapacidad, etcétera”.

-Eso sumaría a la discapacidad junto al resto de los ciudadanos que tienen dificultad para la autonomía que usted mencionaba al principio, donde nos incluimos, de una u otra forma, todos.

-Exacto. Porque en Chile es la beneficencia privada, la caridad del gran público y la eficaz simbiosis de algunas ideas filantrópicas con el marketing de las grandes empresas, lo que suple la carencia de políticas públicas para atender las necesidades de las personas discapacitadas. De ahí que no exista un verdadero debate de ideas en esta materia. El mejorar las condiciones de vida de los discapacitados pasa por pensar y acostumbrarse a la idea de que toda mejora en las condiciones de vida de las personas discapacitadas constituye una mejoría de la situación de toda la población.

-Entonces, ¿qué cree que la nueva Constitución debería obligar concretamente?

-Creo que en el capítulo de los Derechos y Deberes ciudadanos debería explicitar y asegurar que los individuos son iguales ante la ley y que, para evitar que unos sean más iguales que otros, los sistemas que inciden en aquello deben estar presentes para todos. Debería concebir que numerosos ciudadanos manifiestan necesidades especiales que deben ser satisfechas como una obligación. Esto no significa que los discapacitados tengan más o menos derechos que el resto, sino que la sociedad funcione de manera que todos los individuos, aquejados o no de discapacidad o de otras particularidades sociales y sanitarias, tengan acceso a todos los bienes públicos.

-¿Quiénes, entonces, debieran ser los futuros constituyentes capaces de representar las necesidades de la discapacidad, de las capacidades diferentes y las particularidades sociales que una sociedad siempre contiene?

-Los sujetos que integren la Convención Constituyente deben ser ciudadanos que puedan hacer suyos los intereses generales de la mayoría de sus conciudadanos, enriqueciendo el patrimonio democrático con una experiencia personal desinteresada. Son los valores universales de la democracia los que deben cimentar el trabajo de la Convención y no los intereses de tal o cual corporación, de tal o cual agrupación profesional o religiosa, de tal o cual colectivo de personas identificadas a una patología, minusvalía o déficit físico, sensorial o cognitivo. Perder de vista esa vocación universalista, entraña el peligro de abrir la puerta a manifestaciones corporativistas, de cuyos efectos perniciosos han sido víctimas muchas democracias.

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