Depresión y malestar social en Chile (II): lo que falta por saber

Chile no sólo presenta una depresión superior al promedio mundial. Además, ésta se reparte de una manera muy asimétrica: mientras en el mundo hay 2 mujeres deprimidas por cada hombre deprimido, la proporción en Chile es de 5 a 1. En la primera parte de esta serie se analizaron algunos hallazgos de los y las investigadoras del MIDAP para entender la depresión como un fenómeno multi causal. En este texto los académicos de MIDE UC se enfocan en lo que no sabemos y en la necesidad de construir indicadores que nos provean de datos confiables para mover la frontera del conocimiento.

(Juan Pablo Jiménez es psicoanalista, y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.

Alex Behn es psicólogo y PhD. en Psicología Clínica de Columbia University, Nueva York. Director de Investigación del MIDAP.

Jorge Manzi es psicólogo y PhD. en Psicología de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Director del Centro de Medición MIDE UC.

Paulina Flotts es psicóloga y Doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora Ejecutiva de MIDE UC).

La pandemia nos ha enfrentado como especie a un estado de incertidumbre prolongado, como en pocas ocasiones ha ocurrido, especialmente en una escala global. Esta incertidumbre se ha referido tanto a la naturaleza del problema como a su origen, y también muy especialmente en relación con las medidas que permiten mitigarlo, curarlo o prevenirlo en el futuro.

La incertidumbre no es un estado psicológico placentero, y de hecho, el sicólogo social León Festinger la consideró la base de la motivación que los seres humanos tendríamos para compararnos con otros. En su teoría de la comparación social, sostuvo que cuando carecemos de buenos estándares para resolver una incertidumbre, estaremos motivados a buscar la comparación con otros, especialmente con quienes son cercanos a nosotros.

En estos meses de pandemia hemos visto múltiples manifestaciones de esta búsqueda de información en otros, lo que en algunos casos ha tenido efectos benéficos, especialmente cuando aquellos que nos rodean disponen de buena información y nos ayudan a entender lo que está pasando.

En otros casos, ha tenido efectos riesgosos, especialmente cuando las personas entran en burbujas informativas que se basan en ideas falsas o conspirativas acerca del origen, naturaleza y enfrentamiento de la pandemia. En definitiva, si las sociedades no somos capaces de transmitir la información que se requiere para entender esta pandemia de manera clara, consistente, efectiva y fundada, quedamos expuestos a los vaivenes de las distintas redes sociales -presenciales o virtuales- a las que recurrimos cotidianamente las personas.

Las sociedades contemporáneas han apoyado el desarrollo científico bajo el supuesto de que ese tipo de conocimiento, que se basa en procedimientos universalmente aceptados, y que genera un conocimiento público, es la mejor base para tomar decisiones en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, como lo demuestra la historia reciente, el conocimiento científico no necesariamente se adopta como base de las políticas públicas. Ello responde a diversas causas, entre las cuales está la eventual colisión entre este tipo de conocimiento (el científico) y las convicciones o intereses de quienes tienen que tomar decisiones, la desconfianza o rechazo del conocimiento científico por parte de sectores de la opinión pública (como se ha hecho evidente recientemente en la politización de temas como el cambio climático y la vacunación) y, en algunos casos, la falta de evidencia suficiente o concluyente de parte de la ciencia.

Tal como hemos podido apreciar en estos tiempos de pandemia, la existencia de líderes políticos y de sectores de la opinión pública que rechazan las orientaciones basadas en la ciencia, se han transformado en verdaderas barreras a la contención del virus y han incrementado el riesgo para los países involucrados.

La adopción de políticas públicas que directamente contradicen el conocimiento científico es la manifestación potencialmente más riesgosa de la disociación entre ciencia y política. Sin embargo, hay una expresión más frecuente de esa disociación, que se basa en fundar las decisiones primaria o exclusivamente en las convicciones y percepciones de los tomadores de decisión o en las preferencias de la opinión pública.

Esto ocurre naturalmente cuando no existe el conocimiento de base científica, pero también cuando ese conocimiento existe, pero no se refleja en la visión de los líderes y la opinión pública. En nuestra última encuesta Foco Ciudadano de MIDE UC pudimos constatar este fenómeno, al consultar la percepción que las personas tenían acerca de problemas de interés público, y donde existe fuerte presión para adoptar decisiones de política pública. Uno de ellos es la migración, donde observamos que un porcentaje muy alto de los encuestados sobreestimaron de manera sustantiva la cantidad de migrantes en nuestro país[1]. De hecho, aunque las cifras oficiales indican que en nuestro país hay un 7,8% de inmigrantes, la percepción subjetiva es que ese porcentaje es de un 33%. Naturalmente cuando se sobrestima de esa manera la verdadera cifra, aumenta la percepción de amenaza y la opinión pública se inclina hacia políticas más restrictivas o punitivas con respecto a la inmigración.

Es importante aclarar que este tipo de distorsiones se observó en varios temas, tales como la brecha salarial entre hombres y mujeres, el nivel de corrupción en nuestro país, así como el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas educacionales.

En la anterior columna de esta serie, donde abordamos el tema de la depresión, mostramos cómo el trabajo del Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión (MIDAP) había generado importante evidencia acerca de este mal, que es uno de los que mayor costo social produce entre todos los problemas de salud física y mental (vea la columna «Depresión y Malestar social en Chile (I): Lo que sabemos»). Esta investigación ha contribuido a desmitificar visiones simplificadas de la depresión, mostrando su naturaleza multidimensional, que abarca desde bases biológicas hasta condiciones socioeconómicas y culturales. Más aún, los estudios realizados muestran que la depresión se distribuye de manera muy desigual entre hombres y mujeres, pues mientras lo usual internacionalmente es que existan 2 mujeres deprimidas por cada hombre deprimido, la proporción en Chile es de 5 a 1.

Sin este dato, y acudiendo solo a los supuestos o intuiciones de los tomadores de decisión o de la opinión pública, podríamos equivocar totalmente lo que en este caso es evidente: que necesitamos investigar las razones por las cuales la depresión se distribuye de manera tan asimétrica entre hombres y mujeres en nuestro país, y que la política de salud mental debe focalizarse especialmente en las mujeres.

En el ámbito de la salud mental una herramienta fundamental para poder avanzar el conocimiento científico y generar evidencia útil para la toma de decisiones, es la existencia de instrumentos de medición que permitan estimar de manera precisa, fundada y con pertinencia cultural, los distintos rasgos, comportamientos y manifestaciones del funcionamiento psíquico normal y patológico. Chile ha carecido de una política nacional que asegure la existencia de instrumentos adecuados, actualizados y validados en nuestro país en el ámbito psicológico y psiquiátrico. Como consecuencia de ello, no solo nos arriesgamos a desconocer antecedentes esenciales para las políticas de salud mental (como el ejemplo de la depresión antes mencionado), sino que incluso los profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, etc.), se ven enfrentados a la necesidad de emplear instrumentos que no cuentan con el adecuado respaldo técnico. Como todos sabemos, la medición de atributos psicológicos es rutinaria en muchos ámbitos donde se toman decisiones fundamentales para el futuro de las personas, como es la selección de personal en contextos laborales, el peritaje psicológico en contextos judiciales, la identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales, la priorización de pacientes para la atención en salud mental, por nombrar casos familiares para la mayor parte de los lectores de esta columna. No son consecuencias menores las que derivan de estas mediciones, por lo que es un imperativo ético y profesional contar con un respaldo sólido.

La insuficiencia de instrumentos de medición que hayan sido sometidos a los filtros técnicos que los estándares internacionales en medición aconsejan, nos han motivado a establecer una alianza entre dos centros académicos: el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión (MIDAP) y el Centro de Medición de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC). Nuestro compromiso es contribuir con nuestras capacidades académicas y con nuestro sentido de responsabilidad social, para que en nuestro país se establezcan las condiciones para que al menos los instrumentos de medición que se emplean para tomar decisiones con altas consecuencias para personas y grupos, cuenten con evidencia que respalde los tres pilares de todo instrumento de medición[2]: que sus puntajes sean suficientemente precisos (confiabilidad), que sus puntajes puedan ser interpretados de manera clara y usados de manera coherente (validez) y que sus puntajes sean aplicables de manera justa a personas de distintos grupos (ecuanimidad).

Con esto nos referimos, especialmente a mediciones psicológicas que dan lugar a decisiones tan relevantes en la via de las personas, tales como establecer si un niño debe o no asistir a una escuela especial, la imputabilidad de una persona acusada de un delito, o la selección de una persona que está postulando a un puesto de trabajo, por nombrar situaciones de uso frecuente, y donde la solidez técnica de los instrumentos de medición es crucial.

Nuestra convicción es que contar con buenos sistemas de evaluación en salud mental no es un lujo. Al contrario, es una necesidad básica para tomar mejores decisiones profesionales y de política pública que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas y en el tejido social de nuestro país.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.