Baquedano, el Ejército y la disputa por la memoria

El Ejército y el alcalde de Santiago condenaron la violencia de pintar de rojo la estatua del general Baquedano. La autora recuerda que el municipio ha borrado intervenciones visuales hechas a la fachada del GAM en el marco del estallido social y se pregunta si ello no constituye también un acto vandálico, pues “en ambos casos se trata de pintura sobre símbolos e historias desplegadas en el espacio público”. La pregunta nos lleva a un tema de fondo sobre los monumentos y memorias que se consideran “oficialmente aceptables”, y por lo tanto “dignos de resguardo”; y aquellos que no.

El viernes 16 de octubre, a dos días del aniversario del llamado ‘estallido social’ de 2019, un grupo de manifestantes pintó de rojo la estatua del General Manuel Baquedano en la plaza del mismo nombre, popularmente renombrada ‘Plaza Dignidad’. Las reacciones no se hicieron esperar: en menos de 24 horas, la estatua fue vuelta a pintar en su color original, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, declaró en medios de prensa que le parecía un “mal augurio” que “ya hayan violentado el monumento del General Baquedano”[1]. Luego, el departamento comunicacional del Ejército emitió un comunicado[2] en el que condenó el hecho, solicitando al Consejo de Monumentos Nacionales “agotar las medidas para que se proporcionen mayores estándares de seguridad al monumento” o su traslado “para que quede bajo protección y resguardo del Ejército de Chile”.

Esta preocupación del Ejército por un monumento nacional es extraña tomando en cuenta que durante la dictadura esta misma institución utilizó sitios declarados monumentos históricos – la Oficina Salitrera Chacabuco en Sierra Gorda, por ejemplo – como centros de detención, tortura y ejecución. Pero además llama la atención la condena a la violencia que hace el Ejército en el último párrafo del comunicado -“por el camino de la violencia y el vandalismo, el país no logrará sus aspiraciones de progreso”- tomando en cuenta que hasta ahora esta institución nunca ha pedido perdón por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura[3] y que mantuvo en sus cuarteles imágenes y placas alusivas al general Manuel Contreras[4], fallecido ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional, hasta que la Corte Suprema le ordenó retirarlas[5].

Más de fondo, la pintura del monumento a Baquedano y la reacción del Ejército y el alcalde de Santiago plantean preguntas respecto a qué consideramos patrimonio y qué protegemos como monumento, con qué fin, y el rol de la materialidad en las disputas por la memoria e identidad en el espacio público. El catalogar la pintura a Baquedano como un acto vandálico me lleva a preguntarme si, bajo esa lógica, el borrar con pintura intervenciones visuales, murales y mosaicos –tal como lo ha hecho la Municipalidad de Santiago sucesivas veces con la fachada del GAM– sería también un acto vandálico, dado que el gesto es el mismo[6]. En ambos casos se trata de la pintura sobre símbolos e historias desplegadas en el espacio público. El manejo municipal de ambas situaciones demuestra, sin embargo, que hay ciertos sitios, símbolos y memorias que son oficialmente aceptables y, por tanto, dignas de resguardo, y otras que no (volveré sobre este punto más adelante). En esta columna discutiré sobre los alcances de estas preguntas y cómo las intervenciones a los monumentos representan también una disputa por la historia que queremos contar y celebrar.

LAS DECISIONES PATRIMONIALES NO SON INOCUAS

El artículo 1° de la Ley 17.288 («Ley de Monumentos Nacionales,» 1970) define a los monumentos nacionales como “los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológias, paleontológicas o de formación natural […] cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo”. El Consejo de Monumentos Nacionales es la entidad encargada de decidir qué se declara monumento y qué no, y de la tuición y protección de estos sitios.

Esa definición con la que opera el consejo tiene, a mi modo de ver, dos características principales. Por un lado, es una definición tautológica, pues el Consejo protege monumentos que son tales porque el Consejo los declara monumentos. Luego, y como consecuencia de lo anterior, esta definición refleja el centralismo – y arbitrariedad – de las decisiones sobre a qué se le otorga valor suficiente dentro de la ‘historia y cultura nacional’ como para separarlo del resto de los objetos y lugares cotidianos, endosándoles la categoría de ‘monumento’. En las discusiones sobre la nueva ley de patrimonio, diferentes organizaciones han manifestado su preocupación respecto a estos temas. El Frente por el Patrimonio – agrupación de diferentes organizaciones relacionadas al tema, incluyendo la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, la Asociación Nacional de Trabajador@s del Patrimonio, la Red Sitios de Memoria y la Comunidad Historia Mapuche, entre otros – ha demandando de hecho un incremento en la participación ciudadana sobre las decisiones respecto a qué se considera patrimonio y la conservación del mismo.

Esta demanda por participación pone en evidencia que las decisiones patrimoniales no son inocuas, y por tanto los monumentos nacionales oficiales tampoco. Al declarar un sitio como monumento se le endosa un valor a lo que éste representa, posicionando ciertos eventos o personas en una jerarquía sobre qué se considera más o menos importante dentro de la historia y cultura nacional. Es más: este valor está generalmente anclado a la materialidad del sitio (Araoz, 2013), convirtiéndolo en una ‘cápsula de memoria’ o ‘cápsula conmemorativa’. Volviendo al General Baquedano, el comunicado del Ejército afirma que “resulta sorprendente e incomprensible que el monumento que el propio Estado de Chile erigió en reconocimiento a su ejemplar carrera militar y vida personal dedicada a la patria, su memoria sea vulnerada por la actitud de algunas personas que vuelcan su resentimiento y frustración, sobre símbolos que representan a cada uno de los chilenos”. Lo anterior demuestra hasta qué punto una afrenta a la materialidad de la escultura es considerada una ofensa a la persona en sí y a su rol en la historia, lo que a su vez es tomado como un símbolo relevante para todos los habitantes del territorio. Sin embargo, si recordamos el rol que cumplió Baquedano en la ocupación militar de la Araucanía en la década de 1860 y posteriormente en la Guerra del Pacífico, podemos concluir que su figura es relevante para la historia de los vencedores, mientras que para otras y otros es un recordatorio constante de los gestos de colonización interna a través de los cuales se anexaron los territorios que componen actualmente Chile.

Otro ejemplo que refleja hasta qué punto los monumentos nacionales oficiales narran una memoria particular y la posicionan como historia nacional – es decir, de todas y todos – son los monumentos ubicados a lo largo de la Ruta 5. Siendo la carretera más larga de Chile, cruza los 2/3 del territorio, esta ruta atraviesa cerca de 30 sitios que han sido declarados monumentos nacionales. Casi todos ellos se ubican de Copiapó hacia el norte, o de Concepción hacia el sur. En el desierto encontramos geoglifos precolombinos y oficinas salitreras; en el sur el Viaducto del Malleco y las iglesias de Chiloé. Generalmente, las descripciones de estos monumentos representan la ‘Chilenidad’ como una “exitosa fusión entre las tradiciones culturales europeas e indígenas” (CMN, n.d.), exaltando los avances modernos traídos por los europeos y relegando lo indígena a un pasado arcaico (lo mismo que ocurre dentro de la definición de monumentos nacionales al mencionar los ‘restos de los aborígenes’).

Resulta curioso, nuevamente, que estas narrativas homogeneizantes que patrimonializan lo indígena (Campos, 2016; Earle, 2002) se den en monumentos ubicados justamente en aquellas regiones que actualmente, de acuerdo al Censo 2017, cuentan con las proporciones más altas a nivel nacional de población auto-identificada como perteneciente a pueblos originarios o indígenas. Adicionalmente, estos monumentos valoran sitios que tuvieron una relevancia particular en la anexión – e imposición de soberanía central – en territorios que originalmente no pertenecían al Estado chileno: las salitreras producto de la Guerra del Pacífico, o el puente del Malleco como herramienta para mover la frontera desde el Río Biobío hacia el Malleco durante la ocupación de la Araucanía. En esta monumentalización, se enaltece a los vencedores y se los posiciona como héroes de la nación, y con ello se silencian y omiten las memorias y experiencias de los vencidos. Se impone una narración en que los pueblos indígenas se representan como minorías dentro de sus propios territorios. Y esto demuestra hasta qué punto el monumento es una materialización de relaciones de poder.

CUESTIONAR LA MEMORIA

Las intervenciones a monumentos que hemos presenciado durante los últimos doce meses en diferentes ciudades del país (y del mundo) ponen de manifiesto demandas por la re-territorialización de la memoria, por dotar de valor a obras y sitios con los cuales las comunidades se sientan representadas o de manifestar voces que están silenciadas dentro de la historia oficial.

En este contexto, el reemplazo de la estatua del conquistador español Francisco de Aguirre por Milanka, la mujer Diaguita, en La Serena (Octubre, 2019); la intervención del Discóbolo (‘el pilucho’) del Estadio Nacional para vestirlo como una manifestante feminista; el reemplazo del busto del político conservador Abdón Cifuentes por el de Pedro Lemebel en las afueras de la Casa Central de la Universidad Católica; y el derrocamiento de estatuas de Pedro de Valdivia y Cristóbal Colón en Temuco, Cañete, Arica y otras ciudades son parte de este mismo fenómeno. Las reacciones institucionales y de los medios frente a estas intervenciones, catalogándolas como actos vandálicos, demuestran hasta qué punto la materialidad es tomada como sustituto de personas o eventos, y por tanto cómo una intervención material es efectivamente una intervención a la memoria hegemónica.

Estas disputas en torno a qué se exhibe en el espacio público y de qué manera, plantean también interrogantes sobre la naturaleza de los monumentos en sí. ¿Existe realmente una división entre lo material y lo inmaterial? ¿Deben estos sitios ser resguardados y conservados como símbolos estáticos? ¿Qué historia(s) se valora(n) – y fetichiza(n) – y por qué? Siendo las identidades y memorias dinámicas y cambiantes, ¿hasta qué punto se protegen estos sitios, impidiendo su uso actual y con qué fin? Creo que la pintura a Baquedano y la pintura de la Municipalidad de Santiago sobre las intervenciones del GAM – o el restablecer los colores originales de la estatua de Baquedano – no son lo mismo. Las intervenciones que hemos presenciado este último año buscan visibilizar las historias y memorias excluidas de la narrativa oficial. Entonces, el volver estos sitios a su estado ‘original’, es continuar excluyéndolas. Sobre todo en el contexto del proceso constituyente que está viviendo el país, la reapropiación del espacio público a través de intervenciones a monumentos, y las reacciones que generan, fomentan discusiones de primera relevancia en torno a memorias colectivas, participación ciudadana, reterritorialización de la historia y la memoria, y lo que se valora o no en el espacio público.

NOTAS Y REFERENCIAS

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