Fraude al fisco: ex fiscalizador del SII acusado de liderar banda que concretó estafa por $411 millones

El mecanismo era sencillo: reclutaban personas de bajos ingresos y abultaban sus declaraciones de renta para que recibieran millonarias devoluciones de impuestos, luego acompañaban a estas mismas personas a cobrar los cheques de la Tesorería y se quedaban con el 90% del dinero. La querella presentada por el SII acusa a un ex fiscalizador del organismo, Patricio Aguilera, de liderar la red junto a su hermano Gonzalo, ex candidato a concejal por Andacollo, en la Región de Coquimbo.

Patricio Aguilera Godoy y Gonzalo Aguilera Godoy. Desde marzo de 2019, esos nombres están sobre el escritorio de la fiscalía regional de La Serena, identificados como los presuntos cabecillas de una red que defraudó al fisco por $411 millones. La investigación, aún desformalizada y tramitada en el Juzgado de Garantía de la misma ciudad, nació por una querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de ellos y de otros 18 contribuyentes. Patricio Aguilera trabajó en el SII hasta julio de 2018, cumpliendo funciones de fiscalizador.

La historia de los hermanos Aguilera Godoy se sitúa en Andacollo (Coquimbo), ciudad por la que Gonzalo Aguilera Godoy intentó ser concejal (Evópoli) en las últimas elecciones municipales. De acuerdo con la acusación del SII, ambos se repartieron funciones para reclutar contribuyentes, crear o restablecer sus contraseñas de la página web del SII, generar declaraciones de renta artificialmente abultadas, aprobarlas, y luego quedarse con cerca del 90% de cada devolución.

Mientras el ex funcionario del SII (Patricio Aguilera) hacía las gestiones para saltar el control interno de la institución, ocupando su computador o el de otros trabajadores -sin consentimiento- para formular y aprobar declaraciones, su hermano Gonzalo era el encargado de reclutar a las personas que serían utilizadas para ello.

En algunos casos, Gonzalo Aguilera las acompañó a cobrar el cheque que emite la Tesorería para cada devolución, quedándose con la mayoría del dinero y dejándoles cerca del 10% de los fondos a los contribuyentes. Por este motivo, las 18 personas que fueron reclutadas para cometer los ilícitos también figuran en la querella del SII como posibles miembros de la red.

Patricio y Gonzalo Aguilera habrían manipulado las declaraciones de renta de los contribuyentes de los años tributarios 2013, 2014, 2015 y 2016. Solo en una ocasión la Tesorería objetó una devolución indebida, por lo que los hermanos también fueron acusados de delito tributario frustrado.

CIPER se contactó con los hermanos Aguilera Godoy para conocer su versión de los hechos. Mientras Gonzalo adujo que no tenía conocimiento de esta investigación en su contra, Patricio declinó referirse a ella antes de defenderse en tribunales. Su abogado tampoco contestó nuestras llamadas.

LAS HUELLAS DE PATRICIO AGUILERA

La querella ingresada en la fiscalía regional de La Serena, firmada por el director del SII, Fernando Barraza, detalla claramente las responsabilidades que le cabe a cada uno de los acusados:

-“Es preciso consignar que en el diseño y ejecución de las maniobras que permitieron la obtención de la totalidad de las devoluciones, participó de forma inmediata y directa el querellado Patricio Juan Carlos Aguilera Godoy, quien se desempeñó como funcionario Fiscalizador en la IV Dirección Regional La Serena de este Servicio, hasta el día 26 de julio de 2018, actuando en conjunto con su hermano, el querellado Gonzalo Alejandro Aguilera Godoy, generando un perjuicio fiscal total que (…) asciende a la suma total de $411.355.926”.

La reconstrucción de estos hechos, revisada por CIPER, señala que Patricio Aguilera utilizó su cargo para obtener o recuperar la clave de internet de los contribuyentes reclutados por su hermano Gonzalo, quien buscaba personas, generalmente, de bajos ingresos y con poco conocimiento sobre el sistema tributario.

Con la contraseña en mano, utilizaba el computador que se le asignó como fiscalizador para ingresar fuera de plazo los formularios N° 22 (declaraciones de renta), agregando en ellos información falsa, como supuestas participaciones en sociedades comerciales o retiro de utilidades inexistentes, que sustentaban la solicitud de devolución de impuestos.

Utilizando las claves de otros trabajadores del SII, Patricio Aguilera accedía al sistema “Atención Renta y/o Plataforma de Recepción de Renta” y aceptaba las declaraciones artificialmente abultadas. Una vez liberadas, solo restaba esperar que la Tesorería emitiera los cheques o depositara en la cuenta de cada contribuyente las millonarias devoluciones de impuestos. De los 16 casos, 15 giraron cheques y solo una persona recibió un depósito en su cuenta privada.

Las personas reclutadas se quedaban con una parte de la devolución y entregaban la mayoría a Gonzalo o Patricio Aguilera. Todavía no está claro si estas personas tenían conocimiento del ilícito, o si fueron engañadas por los hermanos.

Lo que sí se logró esclarecer, es que Gonzalo Aguilera acompañó al menos a tres personas a un banco para girar el cheque emitido por la Tesorería, quedándose con el 90% del efectivo retirado en el mismo acto.

CIPER consultó con el SII cuándo y cómo se percató que un funcionario suyo estaba, presuntamente, coordinando estos eventos. En su respuesta, la institución indicó que fue a comienzos de 2018, “como parte de los procesos de revisión normales que realiza el SII en el marco de sus labores de fiscalización”, cuando obtuvo la primera pista.

Primero detectó que nueve personas habrían obtenido devoluciones indebidas de Impuesto a la Renta por los años tributarios comprendidos entre 2012 y 2017. Y en junio de 2018 se inició una auditoría por estos casos.

Paralelamente, instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades que les cabrían a sus funcionarios en estos hechos. Ese proceso “concluyó en octubre de 2018 con la destitución de Patricio Aguilera Godoy, -quien renunció al SII en pleno proceso de investigación interna, en julio de 2018-, medida disciplinaria de la cual la Contraloría General de la República tomó razón en enero de 2019”, agregó el organismo.

A la luz de todos los antecedentes recabados en la auditoría y en el sumario, el SII presentó ante el Juzgado de Garantía de La Serena la querella criminal revisada por CIPER, dirigida contra el ex funcionario Patricio Aguilera, su hermano Gonzalo, y los contribuyentes que habrían obtenido las devoluciones fraudulentas.

EL CASO DE JONNY

Jonny Ramírez, de 36 años, está contratado por la Municipalidad de Andacollo como instructor deportivo desde 2010. Por ese trabajo recibe una remuneración de $280 mil y no tiene otros ingresos. Sin embargo, en 2017, recibió dos devoluciones de impuestos por un total de $21.183.282. El 90% de la cifra se la pasó a Gonzalo Aguilera, quien lo acompañó a cobrar el cheque de su primera devolución.

Jonny es uno de los contribuyentes que figura en la querella del SII como posible miembro de la red liderada por los hermanos Aguilera, aunque afirma que no tenía conocimiento del ilícito al momento de obtener el dinero.

Su caso fue el primero que alertó al municipio, a tribunales y al SII: el 16 octubre de 2019 la Municipalidad le informó que había llegado un acta de embargo de la Tesorería Regional de Coquimbo, que decretaba la confiscación de sus honorarios mensuales. Cuatro días después, fue hasta el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo para contar su versión sobre el origen del embargo.

Allí detalló que, en 2017, una amiga (también querellada por el SII) le comentó “que un señor, que se dedica a la política y que habría obtenido importantes votos en las elecciones de concejal, estaba postulando gente para un beneficio estatal, para lo cual necesitaba el RUT de las personas. Entregué mi número de RUT, y al cabo de un tiempo llegaron dos cheques que en total sumaban como 20 millones de pesos. Para cobrarlos fui acompañado por un señor llamado Gonzalo y (…) recibí $300.000 por cada cheque”.

El ex candidato a concejal es, precisamente, Gonzalo Aguilera, quien postuló en las elecciones municipales de 2016 por el pacto de Chile Vamos, apoyado por Evópoli. Obtuvo 345 votos y quedó fuera del concejo municipal.

Frente al Tribunal Tributario y Aduanero, Jonny también contó que la primera vez que enfrentó un problema por esta situación fue en junio de 2018, cuando, obedeciendo un mensaje que aparecía cada vez que iniciaba su sesión en la página web del Servicio, fue hasta la oficina regional del SII.

En ese lugar fue entrevistado por un funcionario y una abogada de la institución, quienes le consultaron por las devoluciones de impuestos que recibió, las que no calzaban con sus verdaderos ingresos.

En la declaración jurada que emanó de esa conversación, Jonny afirmó que nunca ha pertenecido a alguna sociedad comercial ni ha hecho retiro de utilidades de alguna empresa; identificó a Gonzalo Aguilera como un “amigo de confianza” que le “realizaba los trámites de las devoluciones”, que conocía su clave digital del SII y al que le entregó cerca de nueve millones de pesos del primer cheque. También reconoció que Patricio Aguilera estaba involucrado en el proceso para obtener sus devoluciones de impuestos.

–A mí me pidieron un favor, y yo hice ese favor de recibir esta plata. Me dijeron que recibiera la plata, cobrara el cheque y que ellos me iban a dar una cantidad en efectivo (…) Yo de verdad hice esto sinceramente por el dinero– concluyó Jonny.

Todo lo que ocurrió entremedio, fue clarificado por el SII en la querella: Patricio Aguilera ingresó la primera declaración de renta de Jonny Ramírez el 12 de octubre de 2017, solicitando una devolución por $9.554.654, basándose en un supuesto retiro de utilidades de una empresa en la que el contribuyente jamás tuvo participación. El formulario fue ratificado el mismo día por el propio Aguilera, quien utilizó la clave secreta de otra funcionaria para este trámite. Un día después, el 13 de octubre, Aguilera aprobó la declaración en su calidad de jefe del Grupo de Fiscalización.

Finalmente, la Tesorería emitió un cheque por más de $10 millones el 26 de octubre de 2017, cobrado por Jonny -en compañía de Gonzalo Aguilera- el 8 de noviembre de 2017.

Con la declaración del año tributario 2016 se siguieron los mismos pasos. El cheque fue por $10.147.550 y Jonny lo cobró el 31 de octubre de 2017. En ambas ocasiones se quedó con cerca del 10% de los fondos y entregó el resto a Gonzalo Aguilera.

CON CARGO A LOS CONTRIBUYENTES

Además de las eventuales responsabilidades penales de los involucrados, queda otro punto por resolver. ¿Quién debe pagar el perjuicio fiscal provocado?

El SII tiene clara su postura: tanto en la causa penal como en la tramitada por el Tribunal Tributario y Aduanero, sostiene que todos los querellados deben reponer los $411 millones defraudados, incluyendo los 18 contribuyentes “arrastrados” por los hermanos Aguilera.

El Tribunal Tributario y Aduanero cuestionó esta posición, afirmando que el SII dirige el cobro del perjuicio en contra de las personas reclutadas “amparado en la formalidad de que en los sistemas aparecían efectuando las declaraciones y solicitudes de devolución”, en circunstancias que “ya le constaba que en verdad era de la autoría de su jefe de grupo” todas las acciones dirigidas a engañar el sistema.

Consultado por CIPER, el SII reafirma que, bajo su perspectiva, resulta difícil creer que los contribuyentes pasaron sus datos personales, giraron cheques a su nombre y entregaron parte de ese dinero sin saber que estaban participando de una ilegalidad:

– El cobro de estas devoluciones irregulares, salvo en un caso (en que la devolución se hizo a través de un depósito en la cuenta corriente del contribuyente), se realizó a través de un cheque nominativo a nombre del respectivo contribuyente, por lo que los contribuyentes que obtuvieron estas devoluciones indebidas en los años tributarios 2012 a 2017, debieron cobrar el documento personalmente. Asimismo, en las declaraciones juradas prestadas por los involucrados durante el proceso de recopilación de antecedentes, estos reconocieron que estaban al tanto de que las devoluciones no les correspondían. Incluso señalaron que se encontraban concertados con el objeto de obtener dicha devolución.