Carta del alcalde de San Ramón en respuesta al reportaje de CIPER sobre contratados en su municipalidad con antecedentes penales

La siguiente es una carta enviada por el alcalde de San Ramón en respuesta a nuestros reportaje “San Ramón: Contraloría detecta 61 contratados con antecedentes penales impedidos de ejercer cargos públicos”, publicado el 4 de septiembre pasado. En esta carta el alcalde acusa a CIPER de ser parte de “una verdadera campaña mediática de desprestigio en su contra”, debido a los reportajes que hemos difundido desde 2017 sobre sus eventuales vínculos con personas con antecedentes penales que han sido empleadas en la municipalidad, así como sus relaciones con un concejal que fue destituido por faltas a la probidad y los antecedentes sobre la compra de una casa en La Reina que no declaró oportunamente.

En su carta, el alcalde señala que CIPER no consultó a la municipalidad antes de publicar el reportaje del pasado 4 de septiembre. Eso no es cierto. El 3 de septiembre CIPER se comunicó con un funcionario del área de comunicaciones de la municipalidad, a quien se le formularon las consultas por teléfono. El funcionario quedó de gestionar las respuestas de sus superiores. Al día siguiente volvimos a llamarlo y a escribirle, y contestó que aún no tenía la respuesta. Ese último contacto tuvo lugar a las 17:00 y el reportaje fue publicado casi cinco horas más tarde. Habríamos agradecido que el alcalde y sus subalternos del área de las comunicaciones hubiesen mostrado el mismo nivel de detalle que exhibe ahora esta carta para responder las consultas que CIPER hizo oportunamente.

El alcalde Aguilera destaca que el reportaje está basado en un pre-informe, por lo que se trata de un proceso que está en curso. El artículo de CIPER indica expresamente, desde la bajada y el primer párrafo del texto, que se trata de un pre-informe.

Además, el alcalde indica que por recomendación de sus abogados ha dejado que “las instituciones funcionen”, pero que eso “no puede significar que este medio continúe haciendo imputaciones falsas”, y sostiene que “el principio de inocencia consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, debe ser compatible con un uso responsable de la libertad de expresión”. Sobre el particular, cabe destacar que Aguilera ya recurrió a la justicia, la que falló a favor de CIPER.  El 12 de septiembre de 2018 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazo un recurso interpuesto por Aguilera contra CIPER, en el que argumentaba prácticamente lo mismo que ahora reproduce en su carta: una campaña de desprestigio basada en supuestas imputaciones falsas y tendenciosas. La corte consideró que prima el derecho a la libertad de expresión y lo obligó a pagar los costos de ese proceso (vea aquí ese fallo).

Hoy, después del reportaje publicado por CIPER a inicios de septiembre, el alcalde Miguel Ángel Aguilera enfrenta un proceso de destitución luego de que tres concejales lo acusaran de “notable abandono de deberes” ante el Tribunal Electoral Metropolitano (vea aquí esa noticia).

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Santiago, 23 de septiembre de 2020

Señor

Pedro Ramírez

Director de CIPER Chile

Presente

De mi consideración:

A raíz del reportaje publicado en el diario electrónico del Centro de Investigación Periodística Ciper Chile, con fecha 4 de septiembre de 2020, denominado «San Ramón: Contraloría detecta 61 contratados con antecedentes penales impedidos de ejercer cargos públicos”, me dirijo a UD. con el fin de ejercer el derecho de aclaración y rectificación que me concede el título IV de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

A través de dicho reportaje y otros anteriores de este mismo medio, se ha intentado instalar en la opinión pública la grave idea de que en mi calidad de alcalde estaría vinculado a actos de corrupción y al narcotráfico. Desde ya, señalo que todo ellos es absolutamente falso, tendencioso, e injurioso. Este medio ha sido cómplice con su falta de objetividad y falta de rigor periodístico de una verdadera campaña mediática de desprestigio, que a la fecha no tiene ningún respaldo judicial.

Para tal efecto, requiero a UD. difundir en la oportunidad y de acuerdo a las formalidades legales, la siguiente aclaración y rectificación:

1. En la publicación antes referida, se difundió el Preinforme 181/2020 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, documento que es a la fecha, confidencial y reservado. Como se indica en su propio nombre, dicho documento es de carácter preliminar y no se encuentra terminado. La Ilustre Municipalidad de San Ramón, ha enviado todos los antecedentes que han evacuado las direcciones involucradas en las observaciones y que le ha parecido pertinentes para desvirtuar dichas conclusiones, y no fue consultada al momento de realizar dicho reportaje.
2. En relación a la filtración de dicho antecedente de carácter preliminar y confidencial, se han ejercido todas las acciones legales correspondientes, con el fin de determinar y sancionar a los funcionarios públicos que han dado origen a dicha filtración y difusión, entre ellas la querella interpuesta ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 4562-2020.
3. En el reportaje, además se expresaron diversos hechos falsos que se refieren a mi persona de manera injuriosa y calumniosa, ocasionando por un lado, desinformación, y por el otro, un grave daño a mi reputación, a la de la Municipalidad que represento, sus funcionarios, trabajadores y sus vecinos. Entre ellas las siguientes:

i) No es efectivo que se estén desarrollando investigaciones en contra de mi persona por “vínculos con narcotraficantes”. Prueba de ello, es que no existe resolución ni de tribunales ni del Ministerio Público que lo acredite. Dicha idea, es una construcción falsa y tendenciosa basada en reportajes sensacionalistas de otros medios que la preceden. La investigación vigente, dice relación con un asunto distinto: la presunta responsabilidad que se me imputa en la contratación de trabajadores prestadores de servicios o funcionarios contratados a honorarios que tenían antecedentes penales. Tal como ya ha indicado mi defensa formalmente en dichas investigaciones, ello no es efectivo y se han acompañado antecedentes para fundarlo. Pese a las insistencias y presiones mediáticas, no he sido formalizado y siquiera citado en dicha causa.

ii) En este sentido, ha sido el propio Fiscal don Leonardo Zamora de la Fiscalía Metropolitana Centro Sur, quien entrevistado en Chilevisión el día 26 de Diciembre de 2019, expresó que respecto de mi persona no existía ninguna investigación sobre vínculos o nexos con narcotraficantes como lo aseveró usted en su medio^[1].

iii) Las personas cuya contratación se cuestiona, fueron parte del programa de empleo cuyo objeto de creación se basó en la absorción de cesantía para personas con problemas de empleabilidad y reinserción laboral que data del año 2000. Trece años después, al asumir como alcalde de la comuna,  junto al concejo municipal hemos continuado ese programa en las mismas condiciones con la habitualidad que se realizaba, por ajustarse a las necesidades que requieren los vecinos de la comuna. Además, se han realizado todos los esfuerzos necesarios para corregir las falencias que se han ido detectando.

iv) Las personas cuya contratación se cuestiona, no eran funcionarios municipales de planta ni contrata y sus contrataciones se adecuaban a las propias recomendaciones jurídicas municipales de la época en este municipio, incluso criterio del mismo Órgano Contralor que hoy las cuestiona, y de ello, se da cuenta en el oficio N°6504 de fecha 07 de junio de 2018.

v) El medio indica en el párrafo veintitrés “una de las aristas de esas indagatorias es la compra de una casa en La Reina, por la cual Aguilera pagó $100 millones en efectivo, luego de que Ciper revelara esa adquisición, la contraloría le solicitó al alcalde que aclarara el origen de esos recursos y envió los antecedentes a la fiscalía y al CDE”.

vi) Dicha expresión tampoco es efectiva, no se ha realizado una compra por dicha suma en efectivo y la Contraloría no me ha requerido aclarar el origen de los fondos y no podría hacerlo, ya que no forma parte de sus competencias. Lo que sí ha hecho, es un requerimiento totalmente distinto por la no declaración oportuna de un patrimonio. Si bien no existe una investigación formal por estas materias, he puesto a disposición del Ministerio Público de manera voluntaria y hace más de un año, una serie de antecedentes con el objetivo de despejar esas dudas. Como es un hecho público, no se ha formalizado ninguna investigación respecto a esta imputación, más mediática que real.

vii) En mi calidad de político, he asumido que los ataques personales son parte del juego, y por recomendación de mis abogados he dejado que las instituciones funcionen. Pero ello, no puede significar que este medio continúe haciendo imputaciones falsas y sin ningún sustento. Además, les recuerdo que el principio de inocencia consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, debe ser compatible con un uso responsable de la libertad de expresión que se les ha entregado en uso de sus funciones.

Saluda atentamente a UD.

Miguel Ángel Aguilera Sanhueza

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Ramón

^[1] Ver aquí.